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COHECHO PASIVO PROPIO – IMPUTACIÓN NECESARIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

COHECHO PASIVO PROPIO, IMPUTACIÓN NECESARIA, PRUEBA PERSONAL, PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE Y DENUNCIA TARDÍA.

Sumilla.

Los cuatro agravios expresados por el encausado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI han sido desestimados en esta instancia En primer lugar, no se acreditó la infracción del principio de imputación necesaria. En segundo lugar, no se aplicaron incorrectamente las disposiciones doctrinales instituidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, expedido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, con relación al análisis de la prueba personal. En tercer lugar, existió prueba de cargo suficiente, legalmente practicada y razonablemente valorada, respecto a la materialidad del delito y a la culpabilidad del agente delictivo. Y en cuarto lugar, la denuncia, producida cinco meses después del evento criminal, no influyó en el resultado final del proceso.

En la dosificación punitiva, la imposición de la pena privativa de libertad y de inhabilitación debe guardar una correspondencia proporcional. Por lo tanto, se ratifican los seis años de privación de libertad y, en cuanto a la pena de inhabilitación, se reduce de tres a un año.

Lima, seis de noviembre de dos mil dieciocho

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI contra la sentencia de fojas mil  ciento  treinta y seis,  del veintinueve de diciembre de dos mil  diecisiete, emitida por la Sala Penal  de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Puno, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública-cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano,  a seis años de pena privativa de libertad, a tres años de pena de inhabilitación y fijó como reparación civil la suma de dos mil soles, que el sentenciado deberá abonar a favor del agraviado.

De conformidad, en parte, con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA.

CONSIDERANDO

I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. El procesado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI, en su recurso de nulidad de fojas mil ciento cincuenta y ocho, solicitó que se le absuelva de los cargos incriminados o, alternativamente, que se declare la nulidad de la sentencia recurrida. En ese sentido, precisó los siguientes agravios:

1.1 En primer lugar, denunció  la infracción  del principio de imputación necesaria, pues la Sala Penal Superior no delimitó el espacio temporal en el que se suscitó el hecho

1.2 En segundo lugar, indicó que Lourdes Roxana Calsín Calsín no tiene la condición de agraviada, sino de coimputada, por lo que se incurrió en error en la aplicación de las disposiciones doctrinales del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, emitido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.

1.3 En tercer lugar, refirió que la declaración de Lourdes Roxana Calsín Calsín no fue corroborada con el Informe Administrativo Disciplinario número 293-2008-IGPNP-DIRINDES-R-PUNO/UI, del quince de octubre de dos mil ocho, ni con la Resolución de Sanción número 129-2009-IGPNP-DIRINDES-IR-PUNO/SEC, del seis de julio de dos mil nueve, los cuales no concluyeron que haya solicitado dinero u otra ventaja indebida. También señaló que los efectivos policiales José Palacios Caycho y William Franklin Sosa Gonzales no lo vieron cuando solicitó o recibió dinero y que en la testifical de Serafín Calsín Pacompia se apreciaron

1.4 En cuarto lugar, afirmó que la denuncia respectiva se formalizó luego de cinco meses de ocurridos los hechos instruidos, lo que le resta

II. IMPUTACIÓN FISCAL

Segundo. Conforme a la acusación escrita de fojas quinientos sesenta y nueve y al dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal (fojas veinticinco, en el cuadernillo supremo), los hechos penalmente relevantes fueron los siguientes:

1.1 Como antecedente, se postuló que el encausado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI, en su condición de jefe de la Sección de Delitos de la Comisaría de Puno, estuvo  a  cargo de la investigación preliminar seguida contra Bernardino Quispe Machaca, por el delito de aborto no consentido, en perjuicio de Lourdes Roxana Calsín Calsín.

1.2 En ese contexto, se remarcó que el procesado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI le solicitó a Lourdes Roxana Calsín Calsín que le entregara dinero, primero mil quinientos soles y después mil soles, con la finalidad de que pueda presenciar las manifestaciones ofrecidas por Bernardino Quispe Machaca. Además, se comprometió a entregarle copias de los actuados, le aseguró que “enviaría a la cárcel a su agresor” y que este le devolvería sus pertenencias, y le precisó que como era el “máximo” en el sector de investigaciones, no era importante la presencia de su abogado ni del representante del Ministerio Público.

1.3 La entrega de dinero de parte de Lourdes Roxana Calsín Calsín al imputado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI se produjo  el cinco de marzo de dos mil

III. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Tercero. Como  puede observarse,  en la presente impugnación subyacen cuatro cuestionamientos. En ese sentido, corresponde a este Tribunal Supremo, en observancia del principio de congruencia procesal, abordarlos de manera independiente y dilucidar si, desde una perspectiva fáctica y jurídica, resultan amparables o no.

A.  PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACIÓN

Cuarto. El primer  motivo  está relacionado  con el principio de imputación necesaria. Para ello, ha de partirse de la definición del “hecho”, entendido como un suceso histórico unitario o como un “acontecimiento concreto”, que debe ser explicitado para que pueda diferenciarse de otros sucesos similares.. Por su parte, el objeto procesal es el hecho atribuido al imputado. Contiene un elemento objetivo y otro subjetivo. “El hecho es la situación fáctica de la vida, de la cual surgen indicios de una acción punible. Éste es el elemento objetivo. Esa sospecha se dirige contra un imputado determinado. Éste es el elemento subjetivo del objeto procesal”1.

Un sistema procesal garante de los derechos fundamentales ofrece los máximos resguardos para asegurar que los imputados tomen conocimiento de la acusación formulada en su contra, a fin de que puedan ejercer  su derecho de defensa con eficacia.  Con  tal propósito, en la imputación se debe fijar detalladamente el hecho delictivo, sus circunstancias antecedentes, concomitantes y subsecuentes, y la norma jurídica aplicable.

A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral 3, literal “a”, reconoce que “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada, sin demora, en un idioma que comprenda y, en forma detallada, de la naturaleza de la acusación formulada contra ella”. Con similar posición, la Convención  Americana  sobre  Derechos Humanos, en el artículo 8, numeral 2, literal “b”, prescribe: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas: […] b) Comunicación previa y detallada de la acusación formulada”.

En sede nacional, el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales estipula que la acusación formulada por el fiscal, de acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe contener, entre otros aspectos: “2. La acción u omisión punible y las circunstancias que determinen la responsabilidad”.

El principio de imputación necesaria goza de reconocimiento en la jurisprudencia interna. Así, esta Sala Penal Suprema, en anterior pronunciamiento, estableció la doctrina siguiente:

La imputación […] supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables […]2.

De la misma forma, el Tribunal Constitucional instituyó la obligación de lo siguiente:

La acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no […] una acusación genérica e impersonalizada, que limita o impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa3.

Cabe anotar que no basta con la simple descripción factual, sino que también ha de precisarse la valoración jurídica que se efectúa del hecho. En esa línea, se requiere  superar un doble examen  de validación, en el que se incluye, de un lado, el juicio de subsunción entre el hecho denunciado y la norma penal invocada (con pleno respeto de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal) y, de otro lado, la sustentación probatoria correspondiente….. [ continúa]……

B.  SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN

Sexto. El segundo motivo está referido a la presunta incorreción en la aplicación de la doctrina regulada en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, emitido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, debido a que las declaraciones de Lourdes Roxana Calsín Calsín, en lugar de ser evaluadas bajo la perspectiva del “coimputado”, fueron ponderadas según la óptica del “testigo víctima”… [ continúa ]….

C.  TERCER MOTIVO DE IMPUGNACIÓN 

Octavo. El tercer motivo está relacionado con la aptitud de la prueba documental y personal de cargo. El acusado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI restó valor al Informe Administrativo Disciplinario número 293-2008-IGPNP-DIRINDES-R-PUNO/UI de fojas dos, del quince de octubre de dos mil ocho, a la Resolución de Sanción número 129-2009-IGPNP-DIRINDES-IR-PUNO/SEC de fojas doscientos nueve, del seis de julio de dos mil nueve, y a las declaraciones de los  efectivos policiales José Palacios Caycho y William Franklin Sosa Gonzales, y del testigo Serafín Calsín Pacompia…… [continúa]…..

D.  CUARTO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN

Decimotercero. El cuarto motivo alude a la formulación tardía de la denuncia policial. Este aspecto, sin embargo, en modo alguno afecta el mérito y la suficiencia de los elementos de juicio que se adjuntaron en el curso del proceso judicial y que sustentaron fácticamente la condena dictada contra el imputado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI.

Es oportuno señalar que, según el Informe Administrativo Disciplinario número 293-2008-IGPNP-DIRINDES-R-PUNO/UI de fojas dos, la queja promovida por la testigo Lourdes Roxana Calsín Calsín fue presentada el ocho de julio de dos mil ocho. A partir de ese momento, se dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario que culminó con la Resolución de Sanción número  129-2009-IGPNP-DIRINDES-IR- PUNO/SEC, de fojas doscientos nueve, del seis de julio de dos mil nueve. Asimismo, la investigación preliminar incoada por el Ministerio Público, conforme a la resolución fiscal de fojas cuarenta, se inició el diecinueve de noviembre de dos mil nueve. Esto refleja que, si confrontamos las fechas en que se solicitó y entregó el dinero (febrero de dos mil ocho y cinco de marzo del mismo año), con las que iniciaron las actuaciones policiales-administrativas y fiscales (ocho de julio de dos mil ocho y diecinueve de noviembre del citado año), solo transcurrieron cinco meses aproximadamente. Por lo demás, de parte de la testigo y denunciante Lourdes Roxana Calsín Calsín no existió una actitud  parsimoniosa,  pues  declaró  ante las autoridades policiales y fiscales.

Decimocuarto. Los cuatro agravios expresados por el encausado JAIME SIXTO PACHECO CONDORI han sido desestimados en esta instancia suprema. En primer lugar, no se acreditó la infracción del principio de imputación necesaria. En segundo lugar, no se aplicaron incorrectamente las disposiciones doctrinales instituidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, expedido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, con relación al análisis de la prueba personal. En tercer lugar, existió prueba de cargo suficiente, legalmente practicada y razonablemente valorada, respecto a la materialidad del delito y a la culpabilidad del agente delictivo. Y en cuarto lugar, la denuncia producida cinco meses después del evento criminal no influyó en el resultado final del proceso…… [Continúa]…….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA Y JURISPRUDENCIA. 

1.- VOLK, Klaus. Curso fundamental de derecho procesal penal. Buenos Aires. Editorial Hammurabi, 2016, p. 199.

2.- SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Nulidad número 956-2011/Ucayali, del veintiuno de marzo de dos mil doce. Fundamento jurídico tercero, literal IV.

3.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia número 4989-2006-PHC/TC Lima, del once de diciembre de dos mil seis. Fundamento jurídico décimo sexto.

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