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VIOLACIÓN SEXUAL : Nulidad de las sentencias por infracción de precepto procesal.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 595-2018
PUNO

Nulidad de las sentencias por infracción de precepto procesal

I. El Colegiado Superior, al extralimitarse en las facultades que tenía y anular el primer concesorio para la subsanación de un tema de fondo (imposición de pena) –lo cual evidencia que se encontraba afectada de nulidad–, además de remitir los actuados al Juzgado Penal (que incluso, en mérito a lo ordenado, realizó una audiencia complementaria que no se encuentra contemplada en las normas adjetivas), para que emitiera decisión, la cual fue apelada y elevada nuevamente al superior, cuyas decisiones confirmó el ente superior; lo cual evidencia la confirmación de una doble sanción (confirmò la cadena perpetua y la pena de treinta y cinco años).

II. De este modo, se aplicaron erróneamente las normas procesales respecto al procedimiento a seguir para la expedición de la sentencia de vista; en tal sentido, se produjo un motivo de nulidad absoluta, que alcanza a la sentencia de primera instancia, que ya se encontraba afectada de nulidad. En ese sentido, corresponde casar la decisión venida en grado, de acuerdo a la causal prevista en el numeral 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal (infracción de precepto procesal), al evidenciarse que las sentencias de primera y segunda instancia se expidieron vulnerando normas de carácter procesal. Así, el recurso casatorio debe estimarse y así se declara.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, doce de julio de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el encausado Yoni Wilber Cabrera Arhuata, contra la sentencia de vista, del cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 199 del cuaderno de apelación), que confirmó:

i) La sentencia condenatoria del dos de junio de dos mil diecisiete (foja 86 del cuaderno de debate) que, por mayoría, condenó al citado procesado como autor del delito contra la libertad-violación sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de las menores identificadas con las iniciales R. G. L. C. (nueve años) y L. C. C. L. (siete años), a cadena perpetua y fijó por concepto de reparación civil la suma de veinte mil soles (S/ 20 000), correspondiendo a cada menor agraviada la suma de diez mil soles (S/ 10 000), que deberá pagar el sentenciado.

ii) La Resolución –Auto de Adecuación de Pena– número 12, del seis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 156 del cuaderno de debate), que resolvió: “PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por la Superior Sala en el extremo del punto primero de la parte decisoria, en cuanto se ha impuesto a Yoni Wilber Cabrera Arhuata la pena de cadena perpetua, adecuando en este extremo el Juzgado Penal Colegiado en mayoría impone al sentenciado Yoni Wilber Cabrera Arhuata, treinta y cinco años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que deberá cumplir en el Establecimiento Penitenciario que determine la autoridad del INPE, con el descuento de su detención desde el veinticuatro de noviembre de dos mil quince y posterior prisión preventiva la cumplirá el veintitrés de noviembre de dos mil cincuenta; en lo demás queda subsistente la parte decisoria de la sentencia por mayoría, entre ellos persiste la ejecución provisional de la pena privativa de libertad impuesta en el punto quinto de la parte resolutiva de la sentencia, por lo que persistiendo en dicho extremo tal como se ha determinado se gire oficio al Establecimiento Penitenciario que la pena impuesta es treinta y cinco años así como se ha dispuesto la ejecución provisional en la sentencia originaria en el punto quinto para su cumplimiento [sic]”.

Intervino como ponente la señora jueza suprema Chávez Mella.

I. Procedimiento en primera y segunda instancia.

Primero. El señor fiscal adjunto provincial formuló acusación (foja 1 del cuaderno de debates) contra Yoni Wilber Cabrera Arhuata, como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de las menores de iniciales R. G. L. C. (nueve años) y L. C. C. L. (siete años), solicitando que se le imponga cadena perpetua y se fije como reparación civil la suma de quince mil soles (S/ 15 000), debiendo corresponder siete mil quinientos soles (S/ 7 500) a cada agraviada. Posteriormente, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se dictó el auto de enjuiciamiento (foja 16 del cuaderno de debates).

Segundo. Llevado a cabo el juzgamiento, el Juzgado Penal Colegiado, mediante sentencia del dos de junio de dos mil diecisiete (foja 86 del cuaderno de debates), condenó por mayoría a Yoni Wilber Cabrera Arhuata, como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de las menores identificadas con las iniciales R. G. L. C. y L. C. C. L., a cadena perpetua y fijó por concepto de reparación civil, la suma de veinte mil soles (S/ 20 000), debiendo corresponder diez mil soles (S/ 10 000) a cada agraviada.

El voto en discordia tenía como posición absolver al procesado Cabrera Arhuata de los cargos imputados (foja 80 del cuaderno de debate).

Tercero. Contra la mencionada sentencia, el procesado Cabrera Arhuata y el actor civil (Elsa Limachi Quilali) interpusieron recurso de apelación (fojas 114 y 122 del cuaderno de debates, respectivamente). Dichas impugnaciones fueron concedidas por auto del doce de junio de dos mil diecisiete (foja 127 del cuaderno de debate). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

Cuarto. Concluido el plazo de traslado, la Sala Superior emitió el auto del dos de agosto de dos mil diecisiete (foja 70 del cuaderno de apelación), en cuya etapa se declaró nulo el concesorio del doce de junio de dos mil diecisiete y, renovando el acto procesal, se dispuso reponer la causa al estado respectivo, a efectos de que el Juzgado Colegiado de Puno resuelva conforme a derecho, esto es, acorde a lo establecido en el artículo 392, numeral 4, del Código Procesal Penal, y ordenó devolver el proceso al juzgado de origen.

Quinto. En mérito a lo ordenado por la Sala Superior, el Juzgado Colegiado, mediante auto del veinte de octubre de dos mil diecisiete (foja 145 del cuaderno de debate), en uno de sus extremos, señaló como fecha para la audiencia complementaria el seis de noviembre de dos mil diecisiete. La referida audiencia se realizó en la fecha programada y contó con la asistencia de la representante del Ministerio Público, la defensa del actor civil, el acusado y su defensa, así como de un abogado en interconsulta (foja 153).

En ese acto, el Juzgado Colegiado emitió el Auto número 12 y resolvió, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Superior, adecuar la pena de cadena perpetua, fijada a Yoni Wilber Cabrera Arhuata, y, por mayoría, imponerle treinta y cinco años de pena privativa de libertad. La Resolución número 12, denominada Auto de Adecuación de Pena, se encuentra transcrita (foja 156, del cuaderno de debates).

Sexto. Contra lo decidido (sentencia y resolución), el procesado Cabrera Arhuata, el actor civil (Elsa Limachi Quilali) y el representante del Ministerio Público interpusieron sendos recursos de apelación –fojas 162, 181 y 187 del cuaderno de debate, respectivamente–. Dichas impugnaciones fueron concedidas por auto del catorce de noviembre de dos mil diecisiete (foja 193 del cuaderno de debate). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

Séptimo. Luego del trámite de ley, el Tribunal Superior emitió la sentencia de vista, el cuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 199 del cuaderno de apelación), que confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó a Yoni Wilber Cabrera Arhuata como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de las menores identificadas con las iniciales R. G. L. C. y L. C. C. L., a cadena perpetua y fijó por concepto de reparación civil la suma de veinte mil soles (S/ 20 000), correspondiendo diez mil (S/ 10 000) a cada agraviada. También confirmó la resolución del seis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 156 del cuaderno de debate, Auto de Adecuación de Pena), en cuanto señalaba que en un extremo de la parte decisoria de la sentencia se impuso al procesado cadena perpetua y, adecuando este extremo en mérito a lo ordenado por el Superior, por mayoría, impuso treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

Octavo. Frente a la sentencia de vista acotada, a través del escrito del dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 232 del cuaderno de apelación), el encausado Cabrera Arhuata interpuso recurso de casación.

Noveno. Mediante auto del veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior admitió la citada impugnación (foja 239, del cuaderno de apelación) y dispuso elevar los actuados a esta Sede Suprema.

II. Procedimiento en la Instancia Suprema

Décimo. Cumplido el traslado a las partes, este Tribunal de Casación (al amparo del artículo 430, numeral 6, del Código Procesal Penal) emitió el auto de calificación del cuatro de julio de dos mil dieciocho (foja 49 del cuadernillo
formado en esta instancia), que declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el procesado.

El motivo de la casación admitida se circunscribe al artículo 429, numeral 3, del Código Procesal Penal.

Undécimo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación (notificaciones, fojas 58 a 61 del cuadernillo supremo), se emitió el decreto del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (foja 69 del cuadernillo supremo), que señaló el diecinueve de junio del presente año como fecha para la audiencia de casación.

Duodécimo. Realizada la audiencia de casación, se celebró inmediatamente la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación, por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

III. Sobre el recurso de casación interpuesto.

Decimotercero. Según trasciende del considerando séptimo de la ejecutoria suprema, que declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el procesado (foja 49 del cuadernillo formado en esta instancia), se desprende que este fue concedido en mérito al fundamento siguiente:

Acogiendo la doctrina de la voluntad impugnativa, el motivo de casación que corresponde es la infracción del precepto procesal. En ese sentido, desde el denominado interés casacional, es de entender, de la lectura de la sentencia de vista, que esta confirmó la sentencia condenatoria por mayoría, del dos de junio de dos mil diecisiete (foja 13), y a su vez confirma la resolución del seis de noviembre de dos mil diecisiete, que adecúa la pena de cadena perpetua por la de treinta y cinco años de pena privativa de libertad, quedando firmes ambas penas en una misma resolución. Siendo ello así, desde la perspectiva general se debe asumir competencia material en el presente caso.

El motivo de la casación admitida fue circunscrito en el artículo 429, numeral 3, del Código Procesal Penal. En consecuencia, corresponde analizarlo.

IV. La deliberación y la sentencia en primera instancia.

Decimocuarto. La estructura del procedimiento de juicio oral comprende el periodo inicial, el periodo probatorio y el periodo decisorio. Esta última etapa, a su vez, comprende: los alegatos finales, la deliberación y la sentencia.

Decimoquinto. El artículo 393 del código adjetivo contiene las normas para efectuar la deliberación y votación de la sentencia. Uno de estos aspectos es la individualización de la pena (cuestión que específicamente se señala en el
literal “e” de la referida norma adjetiva).

Decimosexto. Por otro lado, para la deliberación de la causa, el numeral 4 del artículo 392 del Código Procesal Penal, señala que: “Las decisiones se adoptan por mayoría. Si ésta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio. Para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime” (resaltado nuestro).

Decimoséptimo. En el mismo sentido, la doctrina señala que: “En caso de la pena de cadena perpetua se requiere decisión unánime; y, si no se logra la unanimidad, se opta por la pena inmediata inferior: privación de libertad de 35 años”.

Finalmente, al inicio del numeral 1 del artículo 399 del código adjetivo se señala que “la sentencia condenatoria fijará con precisión la penas”.

V. Control del iudex ad quem.

Decimoctavo. Por otro lado, es de considerar que los artículos 421 al 426 del Código Procesal Penal establecen las pautas o pasos exactos a los que debe circunscribirse el procedimiento del trámite de la apelación de sentencia.

Decimonoveno. En efecto, recibidos los autos la Sala Penal Superior conferirá traslado del recurso a las partes y vencido el plazo de absolución de agravios:

Con su contestación o sin ella, se pronunciará sobre la corrección formal de la concesión del recurso por el Tribunal A Quo; declarará bien concedido el recurso o, en su defecto, de estimarlo inadmisible lo anulará (artículos 405.3 y 421.1 NCPP). Los presupuestos del recurso son objeto de control de oficio; en consecuencia, no puede negarse al Tribunal Superior competencia para conocer y resolver del recurso de apelación concedida por el iudex a quo.

Vigésimo. El Colegiado Superior, facultado a controlar el concesorio del a quo, lo hará estrictamente respecto de las formalidades que el recurso de apelación debe contener, especificadas en los literales a, b y c del artículo 405 del acotado código.

Vigesimoprimero. El trámite de admisión del recurso posee una naturaleza marcadamente formal, alejada de cualquier tipo de análisis judicial de carácter material sobre el fondo de la controversia suscitada, o sobre el acierto o desacierto de los motivos de oposición esgrimidos por el recurrente. Solo se fiscaliza el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones procesales (presupuestos y requisitos legales) del recurso interpuesto [Garberí].

VI. Análisis del caso concreto.

Vigesimosegundo. En efecto, conforme lo explicado en la parte expositiva de la presente sentencia, luego de que el Juzgado Colegiado decidiera, por mayoría (dos de sus integrantes condenaron al procesado, mientras que el tercero votó por que se le absuelva del delito de violación sexual), sancionar al procesado con la pena de cadena perpetua; que al ser apelada, se elevó al superior, en cuya instancia, por el mérito de lo establecido en el artículo 392, numeral 4, del Código Procesal Penal, que en la parte in fine señala: “[…] Para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime”, declaró nulo el concesorio y devolvió los actuados al Juzgado Colegiado.

Vigesimotercero. Devueltos los actuados, el Juzgado Colegiado fijó fecha para audiencia complementaria, luego de lo cual emitió la resolución que adecuó la pena de cadena perpetua a la de treinta y cinco años de pena privativa de libertad. Planteadas las respectivas apelaciones, se elevaron los actuados a la Sala Superior, quien confirmó tanto la sentencia (que contiene la condena por violación sexual de menor de edad y la pena de cadena perpetua) como la resolución (que adecuó la pena de cadena perpetua a treinta y cinco años de privación de libertad), quedando firmes ambas penas en una misma resolución.

Vigesimocuarto. Al respecto, es incuestionable que el artículo 392, numeral 4, del código adjetivo establece que para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime, lo cual no fue observado por el Juzgado Colegido; por tanto, aquella decisión de imponer pena de cadena perpetua, únicamente por mayoría, se encontraba afectada de nulidad absoluta; sin embargo, el Colegiado Superior, infringiendo el procedimiento fijado en el código adjetivo, decidió anular el concesorio y remitir la causa para que se emita una decisión arreglada a derecho (cuando el motivo para declarar inadmisible el concesorio no se encuentra dentro de lo regulado en el artículo 405 del código adjetivo). No se trata de un defecto formal.

Vigesimoquinto. Es así que el Colegiado Superior rebasó el control que le correspondía realizar y no observó el procedimiento que se encuentra contemplado en los artículos 421 al 426 del Código Procesal Penal, al que debe circunscribirse el trámite de la apelación de sentencia.

Vigesimosexto. En consecuencia, el Colegiado Superior, al extralimitarse en las facultades que tenía y anular el primer concesorio para la subsanación de un tema de fondo (imposición de pena) –lo cual evidencia que se encontraba afectado de nulidad–, además de remitir los actuados al Juzgado Penal (que incluso, en mérito a lo ordenado, realizó una audiencia complementaria que no se encuentra contemplada en las normas adjetivas) para que emitiera decisión, la cual fue apelada y elevada nuevamente a la Sala Superior, cuyas decisiones confirmó el mismo ente superior; además de lo ya expuesto, evidencian la confirmación de una doble sanción (confirma la cadena perpetua y la pena de treinta y cinco años).

Vigesimoséptimo. De este modo, se aplicaron erróneamente las normas procesales respecto al procedimiento a seguir para la expedición de la sentencia de vista. En tal sentido, se ha producido un motivo de nulidad absoluta, que alcanza a la sentencia de primera instancia, que ya se encontraba afectada de nulidad. Por tanto, corresponde casar la decisión venida en grado, de acuerdo con la causal prevista en el numeral 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal –infracción de precepto procesal–, al evidenciarse que las sentencias de primera y segunda instancia se expidieron vulnerando normas de carácter procesal. Así, el recurso casatorio debe estimarse y así se declara.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO [….continúa….]

DESCARGAR RESOLUCIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://tinyurl.com/y2jybrm7

 

 

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