LESIONES GRAVES: Prohibición de valoración arbitraria de las pruebas.
29 julio, 2019
ROBO AGRAVADO: Retractación del agraviado.
31 julio, 2019

ASOCIACIÓN ILÍCITA. PRESCRIPCIÓN Y GRAVE AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 2752-2017
LIMA

La prescripción frente a la grave vulneración de los Derechos Humanos

a. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no es posible admitir la prescripción de la acción penal en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en la medida que los Estados Parte se encuentran obligados a investigar y sancionar a los responsables de la vulneración de estos derechos.

b. Del mismo modo, es posible que la prescripción ceda ante el derecho de las víctimas a saber la verdad, y ante el imperativo universal de obtener justicia, cuando se presenten situaciones de obstrucción que dilaten la identificación, el juzgamiento y la sanción a los responsables del quebrantamiento de derechos fundamentales, reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional.

c. La ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implican admitir que, como demandado, el Estado está sometido a las obligaciones dimanantes de los juicios respectivos. Las decisiones contenidas en las sentencias que este ente supranacional emita tienen carácter vinculante para las partes del proceso. Esta obligación surge del numeral 1 del artículo 68 de la Convención, cuyo tenor literal es el siguiente: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.

Lima, tres de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los encausados Segundo Nicolás Trujillo López y Rolando Percy Escobar Lino contra la sentencia del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 38978), emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que los condenó como autores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, a tres años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en S/ 30 000 (treinta mil soles) el monto de la reparación civil que ha de abonar el encausado Trujillo López en favor de la parte perjudicada; carece de objeto fijar una nueva reparación civil en contra de Escobar Lino, al haberse impuesto la totalidad de la suma solicitada por la parte civil, en la sentencia del seis de febrero de dos mil trece, cuando fue condenado por el delito de cohecho pasivo específico. De conformidad con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios.

Primero. El procesado Segundo Nicolás Trujillo López, en su recurso de nulidad (foja 39046, ampliado a foja 39088), sostiene lo siguiente:

1.1. En cuanto a la vigencia de la acción penal, no se tomó en cuenta el voto singular debidamente fundamentado por el juez supremo Pariona Pastrana, quien señaló que en el caso concreto se debió declarar no haber nulidad en la resolución que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal por el delito de asociación ilícita para delinquir.

1.2. No se tomó en cuenta que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso.

1.3. Se absolvió al recurrente del delito de prevaricato y cohecho pasivo específico; sin embargo, se dictó sentencia en su contra por el delito de asociación ilícita para delinquir y se le impuso una pena efectiva que no se fundamentó debidamente.

1.4. Al momento de fijar la pena, se dejaron de lado los principios de idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

1.5. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la imprescriptibilidad de la pena, solo recae sobre el caso del señor Baruch Ivcher Bronstein, mas no sobre el caso del señor Jorge Mufarech Nemy, por lo que, en ese extremo, se debió declarar la prescripción de la acción penal.

1.6. Los jueces superiores Raúl Lorenzzi Goycochea y Manuel Ruiz Cueto, integrantes de la Sala Superior Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, de la que dependía jerárquicamente el recurrente, conocieron en segunda instancia los procesos ordinarios seguidos contra Baruch Ivcher Bronstein y Jorge Yamil Mufarech Nemy. Los citados jueces superiores fueron absueltos de la acusación fiscal en el Expediente número 13-2002-AV, por lo que resulta contradictorio que el recurrente fuese condenado, cuando otros presuntos integrantes de la organización criminal fueron absueltos.

1.7. Quedó acreditado en autos que la elevación del proceso seguido contra Jorge Mufarech Nemy se realizó después de vencerse los tres días de haberse puesto los autos en el despacho del juez, ya que el informe final se evacuó el primero de febrero de dos mil y el expediente se elevó el cuatro de febrero de dos mil. En tal sentido, el citado Mufarech Nemy, quien presentó dos escritos que cuestionaron el dictamen fiscal y el informe final, fue notificado debidamente.

1.8. No existe prueba alguna de que el recurrente asistiera al Servicio de Inteligencia Nacional (en lo sucesivo, SIN). Es falsa la afirmación de que él fue allí hasta siete veces, en compañía de Alejandro Rodríguez Medrano. Concurrió en dos ocasiones, a eventos académicos, y otras cinco veces, a coordinar el día y la hora en que se realizarían operativos para erradicar el contrabando.

1.9. Abrir proceso penal dentro de las veinticuatro horas debe ser tomado como un reconocimiento a la celeridad procesal, pues se realizó dentro del plazo legal, lo que no es irregular ni ilícito. En cuanto a los oficios de captura, tampoco se trata de algo irregular, pues se hicieron como consecuencia del mandato de detención dictado en contra de Baruch Ivcher.

1.10. Se vulneró el derecho de defensa, al habérsele recortado el plazo para examinar la sentencia, lo que evidencia que no la tuvieron lista el día de lectura, sino después de una semana.

1.11. Se sostiene que existió una inusual celeridad en el proceso seguido contra Jorge Mufarech Nemy. Sin embargo, se acreditó que el plazo de instrucción duró más de seis meses.

1.12. Se sostuvo que está probada la existencia de una organización ilícita. Sin embargo, el Colegiado debió probar la pertenencia del recurrente a dicha asociación, lo cual no ocurrió, por lo que resulta inconstitucional que la autoridad judicial nacional lo haya declarado así.

1.13. En el presente proceso, la acción penal se encuentra prescrita, por no tratarse de un delito de lesa humanidad.

1.14. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no declaró en ningún momento que los hechos fueran imprescriptibles, calificarlos así es inconstitucional, pues afecta el principio de legalidad.

Segundo. El procesado Rolando Percy Escobar Lino, en su recurso denulidad (foja 39055, ampliado a foja 39117), sostiene lo siguiente:

2.1.Se afectó el derecho a ser juzgado con observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional, la motivación de las resoluciones judiciales y el ejercicio del derecho a la defensa.

2.2.La Sala Penal Superior actuó de manera parcializada, ya que tomó en cuenta las testimoniales en el extremo que resultan desfavorables al recurrente, pero ocultando las gravísimas contradicciones en que incurrieron los declarantes.

2.3.En cuanto a la pena impuesta, no se efectuó, como corresponde, la aplicación de los artículos 45, 45-A y 46 del
Código Penal. Es decir, se cometió una grave violación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

2.4.No se corroboró con testimonial alguna que el recurrente hubiera concurrido al SIN, a efectos de recibir órdenes de Vladimiro Montesinos Torres.

2.5.La Sala Superior citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró probado que el
recurrente actuó como juez de Derecho Público en la conducción y resolución de las acciones de garantía presentadas por Baruch Ivcher; sin embargo, no se estableció su responsabilidad.

2.6.Respecto al caso Lucchetti, el hecho de que Vladimiro Montesinos Torres haya hecho referencia al recurrente en el video 864, titulado “Diálogo con Chileno-oficina”, no supone una pertenencia a una asociación ilícita, más aún si, como afirma Orlando Solís Cano, solo se habría intentado comunicar con Percy Escobar, pero no logró comunicarse
con el recurrente.

2.7.Las declaraciones de Pedro Huertas Caballero y Clemente Malca Guizado, sobre la concurrencia del recurrente al SIN, no resultan suficientes para acreditar la pertenencia a una organización criminal, ya que solo se indica que el recurrente concurrió al SIN, mas no se acreditó el motivo de la concurrencia ni el tema tratado.

2.8.Se señaló que el recurrente tenía la condición de juez, lo que agrava su situación; sin embargo, no consideró que el transcurso del tiempo no solo afectó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino también los fines que se pretende alcanzar con la pena.

2.9.No se tuvo en cuenta que el recurrente ya fue sentenciado en el presente proceso por el delito de cohecho pasivo específico, el cual se encuentra ejecutoriado; en tal sentido, no existe congruencia entre la pena recibida por este delito y la pena por el delito de asociación ilícita para delinquir.

2.10.De haber sido juzgado y condenado por los delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir, con las reglas del concurso real de aquel entonces, se habría adoptado la pena más grave, esto es, de cohecho pasivo específico, con lo que habría llevado una pena suspendida.

II. Imputación fiscal

Tercero. Conforme a la acusación fiscal (foja 30104), los hechos materia de imputación son los siguientes:

3.1. Imputación concreta

A Rolando Percy Escobar Lino (como juez de Derecho Público) y a Segundo Nicolás Trujillo López (como juez especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros) se les atribuye haber formado parte de la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos Torres. Por tal motivo, concurrían a las instalaciones del antiguo SIN, donde recibían instrucciones acerca de la forma en la cual debían tramitar y resolver determinados casos judiciales de su conocimiento, que eran de interés particular, pero que eran señalados –como pretexto– como de interés del Gobierno Central.

3.2. Acciones desplegadas como integrantes de la asociación ilícita materia de imputación

3.2.1. Sobre encausado Rolando Percy Escobar Lino

i) Por su desempeño funcional contrario a ley. En la acción de amparo interpuesta por Baruch Ivcher Bronstein contra la Resolución Directoral número 117-97-IN-050-100000000, emitida por el director general de Migraciones y Naturalización, del once de junio de mil novecientos noventa y siete, que dejó sin efecto su título de nacionalidad; e igualmente, en la medida cautelar presentada con la finalidad de suspender los efectos de dicha resolución. Tales acciones de garantías fueron rechazadas deliberadamente con el objetivo de acoger la medida cautelar planteada por los hermanos Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, dentro de la acción de amparo que promovieron paralelamente. Con dicho accionar se privó a Ivcher Brostein de sus poderes como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión Frecuencia Latina S. A. (Canal 2) y se suspendieron sus derechos a la titularidad sobre el total de sus acciones, con lo que se impidió su transferencia, lo que dio lugar a que se revocara su nombramiento como director de dicha compañía y a que se suspendieran sus funciones como presidente del Directorio. En su lugar, asumieron la administración los hermanos Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, accionistas minoritarios de la empresa.

ii) Por su desempeño funcional contrario a ley, en la acción de amparo interpuesta por la empresa Lucchetti Perú S. A., contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya pretensión era la suspensión e inaplicación de los efectos del acuerdo que declaró la nulidad de la licencia de construcción de su planta industrial en la zona de los Pantanos de Villa, en el distrito de Chorrillos. La empresa logró su objetivo por medio de una medida cautelar, que el encausado declaró fundada, el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho. Posteriormente, el nueve de febrero del mismo año, se declaró fundada la demanda interpuesta por la citada compañía.

3.2.2. Sobre el encausado Segundo Nicolás Trujillo López

i) Por su desempeño funcional en el proceso penal por el delito de defraudación de rentas de aduana, seguido contra Jorge Yamil Mufarech Nemy, que contravino el artículo 204 del Código de Procedimientos Penales, al elevar el expediente a la Sala Superior antes de que se cumpliera el término de tres días para poner los autos a disposición de las partes; pese a que, en una resolución anterior a dicho proceso, declaró que los posibles errores en la tramitación de la importación de vehículos Jaguar (importados de Chile) no eran atribuibles a Mufarech Nemy, lo que contradijo en su informe final (donde afirmó su responsabilidad penal por este delito).

ii) Por su desempeño funcional en el proceso por defraudación de renta de aduana y contra la fe pública seguido en contra de Baruch Ivcher Bronstein y otros (que originó órdenes de captura internacional en su contra), que fue declarado nulo y sin efecto jurídico para Ivcher Bronstein, el cinco de abril de dos mil uno, en mérito de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que se le había seguido dicho proceso con afanes persecutorios y de hostigamiento, y sin las garantías judiciales.

III. Fundamentos del Tribunal Supremo.

Cuarto. Conforme a los agravios expuestos por los recurrentes, se desprende que ambos precisaron que el delito de asociación ilícita por el cual fueron condenados, se encuentra prescrito. El encausado Trujillo López señaló que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo Corte IDH), en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú, no declaró en modo alguno que los hechos materia de imputación sean imprescriptibles. Por tanto, corresponde verificar si, en el caso concreto, la acción penal está prescrita, tomándose en cuenta, para ello, lo decidido por la citada Corte en el referido caso, en tanto las acciones que desplegaron los recurrentes como integrantes de la asociación, de acuerdo con el marco de imputación antes descrito, se encuentran vinculadas a la vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano Baruch Ivcher Bronstein, que el ente supranacional declaró.

Quinto. La Convención Americana de Derechos Humanos y el compromiso del Estado peruano

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye un mecanismo importante para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Tiene un carácter subsidiario a los sistemas jurisdiccionales nacionales; esto es, opera como última razón cuando los Estados no brindan la protección debida a los derechos de las personas. De acuerdo con el artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en lo sucesivo CADH), son dos los
órganos competentes para conocer de estas violaciones a los derechos fundamentales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo CIDH) y la Corte IDH.

Sexto. Así, la Corte IDH tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones estatuidas en la CADH, siempre que los Estados hayan reconocido dicha competencia. En el caso del Perú, la mencionada Convención se ratificó el veintiocho de julio de mil novecientos setenta y ocho, y la competencia de la CID y de la Corte IDH se reconoció el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y uno.

Séptimo. Ahora bien, la ratificación de la CADH trajo consigo obligaciones convencionales para el Estado peruano. En efecto, de acuerdo con su artículo 1, los Estados Partes se encuentran comprometidos a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Asimismo, en su artículo 2, se precisa que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la CADH, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades estatuidos en la Convención.

Octavo. En este contexto, tanto la ratificación de la CADH como el reconocimiento de la competencia de la Corte IDH implican admitir someterse como demandado a los juicios respectivos y a aceptar las decisiones contenidas en las sentencias que este ente supranacional emita, las cuales tienen carácter vinculante para las partes del proceso. Esta obligación dimana del numeral 1 del artículo 68 de la CADH, cuyo tenor literal es el siguiente: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. De este
dispositivo legal se evidencia que los Estados Partes se encuentran comprometidos a cumplir lo decidido por la Corte IDH. Con independencia de lo anterior, la Corte supervisa el cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con el artículo 69 de su reglamento.

Noveno. Obligación del Estado peruano frente a la sentencia de la Corte IDH en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú

Es un hecho no controvertido que, en la década de los noventa, Vladimiro Montesinos Torres materializó acciones destinadas a copar las instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público y el Poder Judicial, con funcionarios de todas las jerarquías, que se supeditaban a sus designios como parte de una organización; así podía efectuar acciones contrarias a la ley, en perjuicio de quienes considerase opuestos a los intereses del gobierno de turno o, en su defecto, a su interés personal.

Décimo. En el caso concreto, a los recurrentes se les atribuye haber formado parte de dicha organización, en su calidad de jueces, para lo cual concurrían a las instalaciones del SIN, donde recibían instrucciones por parte de Montesinos Torres sobre la forma en la cual debían tramitar y resolver determinados casos judiciales que eran de su conocimiento. Una de las personas perjudicadas por estas acciones fue Baruch Ivcher Bronstein, quien obtuvo una sentencia a su favor, emitida por la Corte IDH, el seis de febrero de dos mil uno.

Decimoprimero. En esta sentencia, la Corte IDH determinó que el Estado violó los derechos fundamentales del beneficiado Ivcher Bronstein, referidos a la nacionalidad, las garantías judiciales, la protección judicial, la propiedad privada y la libertad de expresión, previstos en la CADH. En este contexto, decidió que “el Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la presente sentencia para identificar y sancionar a los responsables de las mismas”. Esto es, a partir de esta sentencia, el Estado peruano quedó en la obligación de identificar y sancionar a los responsables de la vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano Baruch Ivcher Bronstein.

Decimosegundo. Ahora bien, la sentencia acotada tiene efectos en el caso concreto, en tanto se llegó a establecer, como hechos probados, determinadas acciones vinculadas a los recurrentes; conductas que ejecutaron en su condición de integrantes de la asociación delictiva – como lo sostiene el Ministerio Público–. Así, en lo pertinente, la Corte IDH precisó lo siguiente:

El 25 de junio de 1997 la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú creó Salas y Juzgados Corporativos Transitorios Especializados en Derecho Público y en lo Contencioso Administrativo en el Distrito Judicial de Lima; removió de sus cargos a los jueces que se desempeñaban como vocales especializados en Derecho Público y, en su lugar, nombró nuevos magistrados y jueces, entre los que figuró el señor Percy Escobar como Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio […] El 11 de julio de 1997 se emitió la “Resolución Directoral” N.º 117-97-IN-050100000000, firmada por el Director General de Migraciones y Naturalización, que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad peruana de 7 de diciembre de 1984, expedido a favor del señor Ivcher Bronstein. Dicha resolución fue publicada el 13 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”; Especializado en Derecho Público;

[…] Se presentaron los siguientes recursos legales relacionados con la administración de la Compañía:

[…] Solicitud de medida cautelar ante el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público (primera instancia) presentada por los accionistas minoritarios el 14 de julio de 1997 para que se suspendiera al señor Ivcher en el ejercicio de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía, se suspendiera su nombramiento como Director y Presidente de la misma, se convocara judicialmente a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para elegir un nuevo Directorio y se prohibiera la transferencia de las acciones de aquél. El 1 de agosto de 1997 dicha medida fue otorgada por el Juez Percy Escobar, quien además revocó el nombramiento del señor Ivcher como Director y concedió a los actores la administración provisional de la Empresa, hasta que se nombrara nuevo Directorio.

[…] Se presentaron los siguientes recursos en contra de la “Resolución Directoral” No. 117-97-IN-050100000000, que dejó sin efecto el título de nacionalidad del señor Ivcher:

Acción de amparo ante el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público (primera instancia) contra el Director General de Migraciones y Naturalización y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, interpuesta por el abogado del señor Ivcher el 14 de julio de 1997, con el propósito que se declarara la nulidad de dicha “resolución directoral”. El 14 de agosto de 1997 el Juez Percy Escobar declaró infundada la acción de amparo. Esta decisión fue apelada y el 24 de octubre de 1997 la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público (segunda instancia) declaró nulo e insubsistente todo lo actuado en este proceso por un error en la notificación de la demanda, y devolvió los autos a primera instancia. Allí, el 12 de noviembre de 1997 el Juez Percy Escobar volvió a declarar infundada la demanda de amparo. Esta sentencia fue apelada y los autos subieron nuevamente a segunda instancia, donde se confirmó la sentencia apelada el 22 de diciembre de 1997. Por último, el 24 de abril de 1998 el Tribunal Constitucional confirmó tal sentencia.

Solicitud de medida cautelar ante el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público (primera instancia), presentada el 14 de julio de 1997 con el fin de que se suspendieran los efectos de la “resolución directoral” hasta la conclusión del proceso de amparo. El 15 de agosto de 1997 el Juez Percy Escobar, titular de ese Juzgado, declaró improcedente la solicitud de medida cautelar. Esta decisión fue apelada y el 11 de septiembre de 1997 la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público (segunda instancia) declaró nulo e insubsistente todo lo actuado en este proceso, por error en la notificación de la demanda, y regresó los autos a primera instancia. Seguidamente, el 16 de octubre de 1997 el Juez Percy Escobar nuevamente declaró improcedente la solicitud de medida cautelar.

[…] El señor Ivcher Bronstein, su familia, abogados, funcionarios y clientes de sus empresas fueron objeto de denuncias penales y de otros actos intimidatorios.

En cuanto a esto último, los actuados que sustentan tal afirmación se consignaron a pie de página:

Resolución de 16 de mayo de 1997, donde se resuelve denunciar a Baruch Ivcher Bronstein ante la Fiscalía Provincial en lo Penal de Turno por la comisión del delito “Contra la Administración de Justicia”, en agravio del Estado; denuncia con número ilegible, de 5 de febrero de 1998, suscrita por la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros; auto Apertorio de 5 de febrero de 1998, referente al expediente No. 98-0030, emitido por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros; solicitud de diligencias al Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, emitida por la Fiscal Provincial Penal Especializada de 17 de julio de 1998; auto apertorio de 19 de junio de 1998, referente al expediente No. 98-0030-0101JT01, emitido por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros; auto apertorio de 19 de octubre de 1998, referente al expediente No. 2269-98-SDTA, emitido por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros; denuncia presentada el 16 de noviembre de 1998, por la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, mediante la cual formaliza denuncia penal contra Michal Ivcher Even y amplía la realizada contra Baruch Ivcher Bronstein, Neomy Even de Ivcher y Alberto José Cabello Ortega; auto apertorio de 18 de noviembre de 1998, referente al expediente No. 2269-98, emitido por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, mediante el cual se ordenó embargo preventivo contra los bienes de los procesados; orden de captura emitida el 30 de noviembre de 1998, por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, en contra de Baruch Ivcher Bronstein, Neomy Even de Ivcher y Michal Ivcher Even, dirigida al Director Nacional de la Policía Judicial; orden de impedimento de salida del país emitida el 30 de noviembre de 1998, por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, en contra de Baruch Ivcher Bronstein, Neomy Even de Ivcher y Michal Ivcher Even, dirigida al Director Nacional de la Policía Judicial; orden de captura emitida el 30 de noviembre de 1998, por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, en contra de Baruch Ivcher, Neomy de Ivcher y Michal Ivcher Even, dirigida al Jefe de la OCN INTERPOL Lima; notificación judicial de 9 de noviembre de 1998 emitida por el Secretario del Juzgado Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros respecto de la
citación realizada a Emilio Rodríguez Larraín; citación judicial de número y fecha ilegible, dirigida a Enrique Elías Laroza por parte de la Dirección Nacional de Policía Judicial.

Cabe acotar que de acuerdo con lo antes descrito, el Expediente número 98-0030-0101JT01 estuvo a cargo del encausado Segundo Nicolás Trujillo López, entonces juez especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros, quien emitió el auto ampliatorio de instrucción (foja 2790), que dispuso ampliar el auto de apertura de instrucción, del cinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, para comprender a Baruch Ivcher Bronstein (y otros) como autor del delito de defraudación de rentas de aduanas y falsificación y uso de documento público falso, disponiéndose que subsista el mandato de detención dictado en su contra en el auto de inicio de proceso. Tal resolución fue nuevamente ampliada el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho (foja 2793), para comprender al antes mencionado como autor del delito de defraudación tributaria; de igual manera, subsistió el mandato de detención decretado en el auto de apertura de instrucción primigenio. Esta situación originó que se oficie al director de la Policía Judicial, a fin de que se sirva disponer la inmediata ubicación y captura de Ivcher Bronstein, tal como se desprende del oficio respectivo (foja 2827).

Decimotercero. En tal virtud, las acciones antes descritas sirvieron para que la Corte IDH llegara a la conclusión de que se vulneraron los derechos fundamentales del ciudadano Baruch Ivcher Bronstein. Esta decisión fue motivo para que la Corte emita resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida (cuatro en total). En efecto, la última data, del veintisiete de agosto de dos mil diez, que se efectuó a petición de la defensa de Baruch Ivcher (escritos del dieciséis de febrero, nueve de abril, cuatro de mayo y veintitrés y veintiséis de julio de dos mil diez). En su resolución, la Corte IDH mostró su preocupación por la lentitud del proceso y la prescripción de los delitos imputados a los encausados.

Decimocuarto. La prescripción de la acción penal en las decisiones de la Corte IDH

La Corte IDH ha señalado como criterio jurisprudencial que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, no puede alegarse la prescripción de la acción penal. En el caso Barrios Altos vs. Perú (sentencia del catorce de marzo de dos mil uno), la Corte sostuvo, en su fundamento jurídico 41, que no resultaban admisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción, y el establecimiento de eximentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. Este criterio fue aplicado luego, en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (sentencia del veintiséis de septiembre de dos mil seis)2, como se desprende de su fundamento jurídico 112. Cabe acotar que en este caso, para determinar la imprescriptibilidad del delito y establecer que se trataba de un crimen de lesa humanidad, la Corte IDH se basó, además, en el derecho internacional (Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad); en sus fundamentos jurídicos 151 y 152, precisó lo siguiente:

151. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y sancionar penalmente a los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano. Chile no podrá volver a aplicar el Decreto Ley No. 2.191, por todas las consideraciones dadas en la presente Sentencia, en especial las contenidas en el párrafo 145. Pero además, el Estado no podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.

152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

Decimoquinto. Ahora bien, la Corte IDH no solo se ha pronunciado por la inadmisibilidad de la prescripción en casos de graves violaciones a los derechos humanos; también se ha pronunciado, de igual forma, en casos de violaciones de derechos fundamentales que no tienen esta connotación particular, lo que no implica que por ello no sean importantes. En efecto, en el caso Bulacio vs. Argentina (sentencia del dieciocho de septiembre de dos mil tres), referido a la detención de Walter David Bulacio, de diecisiete años de edad, en una redada masiva realizada por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Buenos Aires, este menor fue trasladado a una comisaría y golpeado por agentes policiales en numerosas ocasiones. Después de haber sido liberado, ingresó a un hospital en donde falleció. Por estos hechos, se instauró proceso penal, el cual fue objeto de diversas actuaciones judiciales, tales como inhibiciones, impugnaciones y recusaciones que originaron una dilación en el proceso, sin haberse obtenido pronunciamiento firme ni sancionado a responsable alguno.

Decimosexto. En este contexto, la Corte IDH precisó lo siguiente:

113. La Corte observa que desde el 23 de mayo de 1996, fecha en la que se corrió traslado a la defensa del pedido fiscal de 15 años de prisión contra el Comisario Espósito, por el delito reiterado de privación ilegal de libertad calificada, la defensa del imputado promovió una extensa serie de diferentes articulaciones y recursos (pedidos de prórroga, recusaciones, incidentes, excepciones, incompetencias, nulidades, entre otros), que han impedido que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural, lo que ha dado lugar a que se opusiera la prescripción de la acción penal.

114. Esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa, ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables.

115. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

116. En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho interno (supra 106.a y 107.a), este Tribunal ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos […].

Así, en este caso, que no implicaba per se un crimen de lesa humanidad o ejecuciones extrajudiciales a gran escala, se hizo atingencia sobre la inadmisibilidad de la prescripción en casos en los que se hubiese incurrido en una dilación indebida, imputable a la parte encausada.

Decimoséptimo. En el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala (sentencia del veinticinco de noviembre de dos mil tres), la Corte IDH advirtió un uso desmedido del recurso de acción de amparo, cuyo trámite se realizó sin sujeción a los plazos legales, situación que provocó la paralización del proceso penal. Asimismo, en dicho caso, la citada Corte observó que la defensa de los presuntos autores de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang promovieran una serie de articulaciones y recursos (amparos, acción de inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, competencias, nulidades, pedidos para acogerse a la Ley de reconciliación nacional, entre otros), que impidieron que el proceso pudiera culminar de manera normal (véase fundamento jurídico 207 y 208 de la mencionada sentencia).

Decimoctavo. En este contexto, la Corte precisó que la tutela judicial efectiva exigía a los jueces que dirijan el proceso de modo que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad; este razonamiento fue concluido de la siguiente forma:

211. […] De este modo, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones.

Las dilaciones indebidas que generan atraso en el normal desarrollo del proceso, qué duda cabe, generan impunidad, vulneran el derecho a la verdad de las víctimas y lesionan seriamente el principio de justicia; esto es, que se pueda conocer el modo y la circunstancia en que aconteció la vulneración de sus derechos fundamentales, que los responsables sean juzgados, conforme a las normas de un Estado democrático y, de ser el caso, efectivamente sancionados. El Estado, como parte de la CADH, se encuentra obligado a investigar, individualizar a los responsables y esclarecer los hechos, siempre bajo el respeto de los derechos reconocidos en la Convención y en la Constitución.

Decimonoveno. Por otro lado, la Corte IDH, siguiendo la línea antes acotada y en la evolución de su jurisprudencia, llegó a establecer en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú (resolución del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve), específicamente en su fundamento jurídico 17, que era inaceptable la invocación de la prescripción cuando el transcurso del tiempo fue determinado por actuaciones u omisiones procesales dirigidas con mala fe o negligencia para propiciar o permitir la impunidad, y acotó que:

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados. Es decir que la garantía de prescripción cede ante los derechos de las víctimas cuando se presentan situaciones de obstrucción de la obligación de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de un delito.

En el citado caso, la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias, del veintisiete de agosto de dos mil diez (fundamento jurídico 13), se pronunció en el mismo sentido. Cabe acotar que, del mismo modo, en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte IDH emitió un pronunciamiento similar (fundamento jurídico 40, parte in fine).

Vigésimo. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, se puede verificar que la Corte IDH ha establecido que no es posible admitir la prescripción de la acción penal en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, en tanto los Estados Partes se encuentran obligados a investigar y sancionar a los responsables de su comisión. Del mismo modo, es posible que la prescripción ceda ante el derecho de las víctimas de saber la verdad cuando se presenten situaciones de obstrucción para identificar, juzgar y sancionar a los responsables del quebrantamiento de sus derechos. Este razonamiento de la Corte es conforme al texto y al sentido teleológico de la CADH, así como a los principios generales del derecho; uno de estos principios es el consistente en que lo pactado obliga (pacta sunt servanda), cuyos efectos implican que a las disposiciones de un tratado les sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes, conforme está establecido, además, en la Convención de Viena sobre los Tratados.

Vigesimoprimero. Prescripción de la acción penal en el presente caso.

Ahora bien, en el caso concreto, los recurrentes alegan la prescripción de la acción penal del delito de asociación ilícita para delinquir. En el desarrollo del proceso ha quedado establecido que la fecha en que cesaron las acciones del grupo criminal fue el diez de abril de dos mil dos. En este contexto, los plazos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con la legislación nacional, podrían fundar la prescripción de la acción penal. Sin embargo, si se considera que los hechos imputados a los recurrentes en el marco de una asociación ilícita recaen sobre la vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano Baruch Ivcher Bronstein, respecto al cual existe una sentencia favorable emitida por la Corte IDH, las normas ordinarias de prescripción son excluidas en su aplicación para el caso concreto.

Vigesimosegundo. En tal sentido, debemos indicar que, de acuerdo con la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad número 2117-2010-Lima, del treinta y uno de enero de dos mil trece (foja 36445), quedó establecido que, durante el proceso, se presentaron situaciones de obstrucción por falta de una diligencia debida de la autoridad judicial que, al amparo de la prescripción, impidieron el debido esclarecimiento y, en su caso, la sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos garantizados en la CADH. Por tanto, resulta pertinente verificar si, a partir de la emisión de dicha ejecutoria suprema, se siguieron presentando situaciones de obstrucción que vulneraron el derecho a la verdad y a la realización de la justicia.

[….CONTINÚA….]

Trigésimo. Ambas recusaciones originaron que se formen dos incidentes, los cuales, luego de habérseles dado trámite, fueron declarados infundados (el primero de octubre de dos mil dieciocho), tal como se desprende de las ejecutorias correspondientes (fojas 320 y 360, respectivamente, del cuadernillo formado en esta instancia suprema).

Trigésimo primero. Como se puede apreciar, en el caso concreto se presentaron situaciones de obstrucción que impidieron que el proceso culmine su trámite en un tiempo normal. Se evidencia que los recurrentes presentaron recursos dilatorios, conforme se reseñó precedentemente. Por tanto, resulta aplicable la causal de derecho internacional de los derechos humanos, que impide aplicar las reglas sobre la prescripción que consagra nuestra legislación interna, en línea jurisprudencial emitida por la Corte IDH. En consecuencia, los agravios de los recurrentes son desestimados en este extremo y se procede a analizar los demás agravios, referidos a la responsabilidad y la pena.

[….CONTINÚA….]

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https://tinyurl.com/y4vmojz3

 

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