PLAZO RAZONABLE. Duración del proceso no puede prolongarse indefinidamente.
15 agosto, 2019
ROBO AGRAVADO- Necesidad de que se valoren los medios de prueba en forma individual como en su conjunto.
17 agosto, 2019

CASACIÓN: ILOGICIDAD DE LA MOTIVACIÓN – violación sexual.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 833-2018
DEL SANTA

Ilogicidad en la motivación y el derecho a la no incriminación

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía procesal frente a una probable arbitrariedad de las Instancias de Mérito, que garantiza que las resoluciones estén justificadas en datos objetivos que proporcionan el ordenamiento jurídico –procesal o sustantivo– o los que se deriven del caso concreto. El recurrente sustenta su pedido en la falta de motivación o manifiesta ilogicidad en la motivación, vicios que deben derivarse del propio tenor de la resolución o del control del razonamiento jurídico que produce la instancia de mérito –juicio, inferencia–. Del examen casacional no se advierte quebrantamiento de la garantía de motivación; además, los probables agravios que no son objetados de manera oportuna en el proceso penal se convalidan, conforme el artículo 152, numeral 1, inciso a, del Código Procesal Penal.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, catorce de agosto de dos mil diecinueve

VISTOS: en audiencia privada, el recurso de casación interpuesto por Emerson Eduardo Chávarry Abanto, del quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 526), contra la sentencia de vista, del cuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 502), que resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, del veinte de noviembre de dos mil diecisiete (foja 383), que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170, con la agravante del inciso 6, del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales H. H. I. V., y como tal le impuso ocho años de pena privativa de la libertad y estableció en S/ 1500 (mil quinientos soles) el monto por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el juez supremo Figueroa Navarro.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia

El representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, mediante requerimiento acusatorio (foja 48), formuló acusación contra Emerson Eduardo Chávarry Abanto, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170, con las agravantes de los incisos 3 y 6, del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales H. H. I. V. Realizada la audiencia de control de requerimiento –conforme al acta, foja 1–, se emitió auto de enjuiciamiento, del catorce de noviembre de dos mil dieciséis (foja 6).

Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral, contenido en la Resolución número 1, del cuatro de enero de dos mil diecisiete, se citó al encausado a la audiencia de juicio oral para el diez de mayo del mencionado año. Instalada la audiencia de juicio oral, las demás sesiones se realizaron con normalidad, y se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia, el veinte de noviembre de dos mil diecisiete (foja 383).

2.2. Mediante sentencia de primera instancia del veinte de noviembre de dos mil diecisiete (foja 383), se condenó al inculpado Emerson Eduardo Chávarry Abanto, por la acusación fiscal como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170, con la agravante del inciso 6, del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales H. H. I. V. Contra esta sentencia condenatoria, el imputado Emerson Eduardo Chávarry Abanto interpuso recurso de apelación (foja 425), el cual fue concedido mediante Resolución número 19, del cuatro de enero de dos mil dieciocho (foja 465).

Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia

3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, conforme a la resolución del catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja 477), el Tribunal Superior convocó a audiencia de apelación de sentencia, la cual se realizó con normalidad, conforme se aprecia del acta de audiencia de apelación (foja 491).

3.2. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho se procedió a realizar la audiencia de lectura de sentencia de vista, conforme consta en el acta respectiva (foja 519), mediante la cual se decidió, por unanimidad, confirmar la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.

3.3. Notificada la resolución emitida por el Superior Tribunal, el inculpado Emerson Eduardo Chávarry Abanto interpuso recurso de casación (foja 526), el cual fue concedido mediante auto del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (foja 559).

Cuarto. Trámite del recurso de casación

4.1. Elevado el expediente a esta Suprema Sala, se corrió traslado a las partes, conforme el cargo de entrega de cédulas de notificación (foja 58 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala), y se señaló fecha para calificación del recurso de casación, mediante el decreto del doce de septiembre de dos mil dieciocho. Así, mediante auto de calificación del doce de octubre de dos mil dieciocho (foja 76 del cuadernillo formado ante este Supremo Tribunal), se declaró bien concedido el citado recurso de casación.

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de casación (conforme cargo de entrega de cédulas de notificación, foja 84 del cuadernillo formado en esta Sede), mediante decreto del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se señaló como fecha para la audiencia de casación el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. La audiencia de casación se instaló, con la presencia del abogado defensor del inculpado Emerson Eduardo Chávarry Abanto; una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es la de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia privada se efectuará con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, inciso 4, del Código Procesal Penal, el catorce de agosto de dos mil diecinueve.

Quinto. Motivo casacional

Conforme se estableció en el fundamento jurídico 4.3. del auto de calificación del recurso de casación, en concordancia con su parte resolutiva, se admitió el recurso de casación, a fin de analizar el caso desde la causal prevista en el numeral 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal, esto es: “Si la sentencia o auto ha sido expedida con falta o manifiesta ilogicidad en la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor”.

Sexto. Agravios del recurso de casación

Los fundamentos establecidos por el encausado Emerson Eduardo Chávarry Abanto en su recurso de casación, vinculados a la causal por la que fue declarado bien concedido, son los siguientes:

6.1. La sentencia de vista incurrió en inobservancia de normas legales sancionadas con nulidad, pues refirió que el delito objeto de acusación es el previsto en el artículo 170, incisos 3 y 6, del Código Penal; se trata entonces de un delito contra la libertad sexual y no contra la indemnidad sexual, con lo que la Sala Superior se extralimitó, condenándolo por un hecho que fue desestimado por el Juzgado Penal Colegiado –referido a la agravante del inciso 3–, lo que es causal de nulidad, al revalorar un hecho no probado ni debatido en la audiencia de apelación y que no es materia de
investigación.

6.2. No existe motivación suficiente en la sentencia de vista, pues si bien sustentó la condena en la declaración de la agraviada, que se vio corroborada por otros medios de prueba, estos no resultan concluyentes y suficientes para responder a los estándares propios de la motivación adecuada, en tanto no se consideró que no hubo violencia en el acceso carnal, pues no existió lesión alguna, conforme se desprende del examen médico legal, por lo que el hecho resultaría atípico.

6.3. Al valorar la verosimilitud de la declaración de la agraviada, se consideró que se corrobora con el examen de la psicóloga, lo cual resulta contradictorio, pues ella advirtió inconsistencias en el relato de la agraviada, más aun, dicha prueba fue ofrecida como prueba de descargo, por lo que se le ha dado un trato desigual a ese órgano de prueba.

6.4. La Sala Superior valoró erróneamente la prueba actuada en juicio, cuando afirmó que la versión incriminatoria se corrobora con la declaración de la policía Sonia del Pilar Montoya Zapata, pues no se detalló que ese fue un medio de prueba de descargo ofrecido por la defensa, y no se consideró el contexto de su declaración en juicio, al no reproducirse la declaración en su totalidad.

6.5. Respecto de la declaración de Estefany Laura Quinto López, se incorporó como prueba documental y no tiene la calidad de prueba personal, pues no presenció hecho alguno de lo supuestamente ocurrido a la agraviada, más aún se contradice con las actas de intervención policial y de hallazgo y recojo, pues en ellas no consta ni la firma de esta testigo ni la de la agraviada.

6.6. En lo atinente al acta de declaración del acusado, en juicio oral se formuló oposición a dicha actuación, por infracción del derecho a la no autoincriminación, pero se dio por sentado que las gafas y el manojo de llaves eran de su propiedad, lo cual es falso, lo que se aprecia de la sola lectura de la declaración del acusado.

6.7. Referente al perito Dean Hernán Tineo Tineo, se realizó una afirmación inexacta, omitiendo una valoración conjunta y, al pretender resolver el vicio de contradicción en la motivación, el Colegiado no hizo ninguna fundamentación ni justificación, solo observó el comentario del perito, que es solo una opinión, lo que no constituye una adecuada motivación del fallo. Nunca se corroboró que la fosfatasa ácida prostática proviniera de él, por lo que la aseveración de la Sala es inexacta, no se efectuó análisis alguno de la declaración del perito Chisthie Díaz Chávez y del resultado de la prueba científica de ADN, donde se concluyó que, debido a la falta de información genética, no se puede concluir que las muestras encontradas tengan el ADN del imputado.

Séptimo. Hechos materia de imputación

De acuerdo al requerimiento acusatorio (foja 48), se atribuye a Emerson Eduardo Chávarry Abanto lo siguiente:

7.1. Circunstancias precedentes 

El treinta y uno de marzo de dos mil quince, la menor agraviada de iniciales H. H. I. V. (17 años) y su amiga Estefany Quinto López estuvieron departiendo en su cuarto alquilado, ubicado en el jirón Iquitos, manzana K, lote 27, Primero de Mayo, Nuevo Chimbote; aproximadamente a las 18:40 horas, su amiga le dijo se iba a su casa porque su mamá la estaba llamando, por lo que procedió a retirarse, y la agraviada se quedó dormida.

7.2. Circunstancias concomitantes

Aproximadamente las 19:00 horas, ingresó el imputado Emerson Eduardo Chávarry Abanto –quien es su vecino y también inquilino– y en esas circunstancias la sometió y se puso encima de la menor, para después tomarla de los brazos, quitarle sus prendas y besarla, después introdujo su pene en la vagina de la menor por un corto espacio de tiempo, ante lo cual la menor opuso resistencia y durante el forcejeo cayeron de la cama al suelo, lo que fue aprovechado por la agraviada para ingresar al baño de su cuarto, ante lo cual el agresor sexual comenzó a gritarle: “Abre la puerta concha de tu madre, así son las serranas, abre concha de tu madre”, por lo que la menor llamó desesperadamente al celular de su amiga Estefany, para contarle lo que le estaba sucediendo.

7.3. Circunstancias posteriores

Ante la llamada, la amiga le dijo que se tranquilizara y que de inmediato regresaría al cuarto; poco después llegó y ambas dieron cuenta de lo que había ocurrido a un patrullero que se encontraba por inmediaciones del grifo Rentik, por lo que regresaron con la policía al domicilio, donde encontraron al agresor sexual Emerson Eduardo Chávarry Abanto, quien también reside en el mismo inmueble, pero en otro cuarto alquilado, y procedieron a intervenirlo. Asimismo, los efectivos policiales, con el consentimiento de la menor, ingresaron a su habitación, ubicada en el segundo piso, y encontraron sobre la cama unas gafas de color negro con marco de color metal y un llavero de color negro con el logotipo de la Policía Nacional del Perú, que sujetaba cinco llaves; después procedieron a trasladar al imputado a la comisaría de Villa María de Nuevo Chimbote.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Octavo. Motivación de resoluciones judiciales

La motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio general del ordenamiento constitucional, mediante el cual se exige al juez fundamentar coherentemente sus decisiones judiciales. Es un elemento de control de racionalidad de la administración de justicia, que afirma las bases democráticas de un Estado de Derecho. Esto es, la debida motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que tiene el justiciable frente a la posible arbitrariedad judicial. El debido proceso implica que las decisiones judiciales estén justificadas externa e internamente, es decir, que lo que se decida como consecuencia del proceso esté sustentado en razones coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la resolución. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función jurisdiccional “La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. La motivación de las resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en que se deciden cuestiones de fondo, b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las diversas instancias, c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica (fundamentos de derecho) y fácticamente (fundamentos de hecho) la decisión y d) la motivación de decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito1.

Noveno. Falta o manifiesta ilogicidad de la motivación

Dentro de las causales para interponer el recurso de casación, en el numeral 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal se establece la siguiente: “Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor”. Esta causal tiene como fuente el literal e del artículo del 606 del Código de Procedimientos Penales de Italia. En efecto, en dicho artículo se establece lo siguiente:

Artículo 606 (Causales del recurso)- 1. El recurso de casación puede ser planteado por los siguientes motivos: […].

e) Falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulta del texto de la resolución impugnada2.

La recepción de la fuente italiana, en su exacto contenido literal, plantea algunas cuestiones que deben ser aclaradas. En principio, la norma presenta dos supuestos. El primer supuesto se refiere a la “falta de motivación”. En tanto que el segundo supuesto alude a “la manifiesta ilogicidad en la motivación”. Luego, en la medida en que estas causales se sido tomaron tal cual del ordenamiento procesal penal italiano, se introdujo un neologismo: “ilogicidad” en la motivación. No existe en el Diccionario de la Real Academia Española un término como el traducido del italiano y que tiene, por lo demás, términos equivalentes en otras lenguas. Así, en inglés se utiliza el término illogicality, que significa falta de sentido o claridad en el razonamiento3. Igualmente, en francés se encuentra el término illogicité, que significa contrario a la lógica, a la racionalidad4. En alemán se usa el adjetivo unlogisch para designar aquello que es contrario a la lógica5. Finalmente, en italiano se alude al sustantivo illogicità para designar el hecho de ser ilógico o la falta de logicidad. En sentido concreto, la ilogicidad es el razonamiento, discurso o acto ilógico6.

Décimo. Ahora bien, en función de los diversos conceptos que se han dado al término ilogicidad, podríamos señalar que la ilogicidad es lo contrario a la lógica. La lógica es el razonamiento intelectual en el que las ideas se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre sí. Por tanto, la ilogicidad, en el ámbito de la garantía de la motivación de las resoluciones, podría ser definida como aquella –motivación– que es contraria al razonamiento coherente o libre de contradicciones7. En sentido opuesto, una motivación lógica es la que evidencia un razonamiento debidamente estructurado entre sus premisas y la conclusión. Es de considerar adicionalmente que la ilogicidad a la que alude el legislador debe tener una especial intensidad. El defecto de motivación por ilogicidad debe ser manifiesto; esto es, un vicio patente, claro, grosero, evidente. En este sentido, la Corte Suprema se ha pronunciado señalando que la manifiesta ilogicidad de la motivación está centrada en revisar si el órgano jurisdiccional cometió algún error en su razonamiento o viola las reglas de la lógica, de modo que esta causa está directamente vinculada a la tutela del derecho y a la motivación de las resoluciones judiciales8. En el ámbito probatorio, la razonabilidad del juicio del juez, a efectos de un control casacional, descansa ya no en la interpretación de las pruebas o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la corrección de la inferencia aplicada. El enlace entre el elemento de prueba extraído del medio de prueba que da lugar a la conclusión probatoria, debe estar conforme con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes o conocimientos científicos9.

Decimoprimero. Por otro lado, en cuanto a la falta de motivación, esta se encuentra relacionada a la ausencia absoluta del sustento racional que conduce al juzgador a tomar una decisión. En otras palabras, cuando no exista argumentación que fundamente la declaración de voluntad del juez en la resolución de un caso sometido a su competencia, como por ejemplo: cuando se enumeren los medios de prueba en la sentencia sin llegar a analizarlos. La mera enunciación, en rigor, no conduce a establecer una afirmación. Es el proceso intelectual de valoración que viabiliza la acreditación de un suceso fáctico. Cabe precisar que existirá falta de motivación, también, cuando esta sea incompleta, esto es, cuando se eluda el examen de un aspecto central o trascendente de lo que es objeto del debate, lo cual puede comprender la omisión de evaluación a una prueba esencial que acredite el injusto típico. En conclusión, a diferencia de la exigencia cualificada para el caso la ilogicidad en la motivación, en este supuesto, el legislador abarca como motivo casacional tanto la total falta de motivación como la insuficiencia de motivación.

Decimosegundo. Este supuesto guarda relación con lo que el Tribunal Constitucional ha llamado “Inexistencia de motivación o motivación aparente”; esto es, cuando en la resolución no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o cuando esta no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o solo se intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Este Tribunal Supremo, en el Recurso de Casación número 1313-2017-Arequipa, del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, fundamento jurídico 5.2., precisó que la motivación es aparente cuando la resolución incorpora razonamientos impertinentes sobre los puntos materia de imputación o de descargo (objeto del debate), o introduce razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al punto de que no explique la causal de su convicción. En tal sentido, el recurso de casación ha de ser estimado cuando se advierta que del propio tenor de la resolución se evidencie falta de motivación.

Decimotercero. Finalmente, en ambos supuestos, el vicio debe resultar del propio tenor de la resolución, esto es, del propio contenido de lo expuesto por el juzgador en la resolución al momento de resolver un caso. La determinación de la falta de motivación o se manifiesta ilogicidad deben evidenciarse con la sola lectura de la decisión cuestionada, y no ser producto de una interpretación o del examen de los acompañados o recaudos. La identificación del vicio debe sujetarse a la literalidad del texto.

Decimocuarto. La autoincriminación

Debe considerarse que en el desarrollo del proceso penal se consagra la presunción de inocencia del imputado y la garantía de sus derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado, y el tema que más trasciende por su particularidad es, sin duda, las prohibiciones probatorias. Entre dichas prohibiciones surgió, en contraposición del proceso penal de carácter inquisitivo, el principio nemo tenetur se ipsum accusare, conforme al cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo o aportar pruebas que lo incriminen. De este principio se deducen derechos fundamentales del procesado, como el derecho a guardar silencio, a no estar obligado a declarar o incluso a declarar falsamente, a la asistencia desde el primer momento de su detención de un abogado que le asesore, y, en definitiva, a que no se le obligue de un modo directo, mediante coacción, o indirecto, mediante engaño, a declararse culpable o suministrar datos que puedan facilitar la investigación de un delito en el que presuntamente puede haber participado10.

Decimoquinto. Asimismo, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han emitido línea jurisprudencial en reiteradas oportunidades. Así, conforme al Recurso de Nulidad número 2467-2017, en su fundamento jurídico 3.7, la Sala Penal Suprema estableció que la versión del propio imputado no puede ser medio empleado en su perjuicio, en virtud del principio de no autoincriminación, siempre que no obren medios probatorios que corroboren la imputación fiscal; de la misma manera, mediante el Recurso de Nulidad número 3126-2014, fundamento jurídico cuarto, se determinó que el derecho a la no autoincriminación no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución Política del Estado; sin embargo, se trata de un derecho fundamental de orden procesal que forma parte de los derechos implícitos que conforman el derecho al debido proceso penal, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución.

Decimosexto. Por su parte el Tribunal Constitucional, mediante el Expediente número 00897-2010-PHC/TC, fijó que el derecho a no autoincriminarse constituye derecho interno y ostenta fuerza normativa directa, conforme lo establecen los artículos 1 y 55 de la Constitución, en tanto derecho de la persona humana que se encuentra reconocido de manera expresa en el ordinal g del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como parte de las garantías judiciales mínimas que tiene toda persona procesada, reconoce el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Al respecto, se debe señalar que a través del hábeas corpus es susceptible de controlarse todo acto u omisión de actos de cumplimiento obligatorio que incida de manera negativa y directa en el derecho a la libertad individual, y del cual, a su vez, se denuncia su agravio constitucional, verbigracia, el pronunciamiento judicial que vulnerando el derecho a no autoincriminarse restringe el derecho a la libertad individual. Del mismo modo, conforme al Expediente número 0376-2003-HC/TC, si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso.

Decimoséptimo. El Código Procesal Penal, en su artículo IX. 2 del Título Preliminar, establece que: “Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. El ámbito de protección de esta garantía radica en proscribir toda declaración basada en la coerción que implique reconocer su responsabilidad. La libertad es un derecho protegido por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que el país ha suscrito. Por tanto, la declaración debe gozar de este derecho, desterrándose toda forma de acción que denote dominio en perjuicio del imputado.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimoctavo. La casación ordinaria interpuesta por la defensa técnica del encausado Emerson Eduardo Chávarry Abanto fue bien concedida, por vulneración al inciso 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal (Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor). Al respecto, corresponde evaluar entonces si la sentencia de vista, del cuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 502), recurrida en casación, vulnera el precepto legal antes acotado. Para ello, debemos sujetarnos a los agravios expuestos por la parte impugnante, sobre lo que es objeto de casación.

Decimonoveno. En este contexto, se ha indicado que la Sala Penal Superior se extralimitó al condenar al encausado por un hecho que fue desestimado por el Juzgado Penal Colegiado; esto es, el citado órgano Superior precisó –en la sentencia de vista– que el delito objeto de acusación es el previsto en el artículo 170, incisos 3 y 6, del Código Penal, pero el numeral 3 ya había sido desestimado en primera instancia. Al respecto se puede evidenciar que, en efecto, en el considerando 1.2. del rubro “Imputación fáctica y jurídica” de la sentencia de vista se llegó a consignar que los hechos fueron tipificados en los incisos 3 y 6 del mencionado artículo; sin embargo, tal consignación no sería perjudicial para el recurrente, en tanto no existe fundamento alguno que sustente tal agravante y que ello haya incidido, por ejemplo, en la imposición de una pena más gravosa. La motivación efectuada por el Tribunal de Instancia se ha sujetado a la acreditación del delito y a la contestación de los agravios de la parte impugnante.

Vigésimo. Por otro lado, se señala que se ha considerado que la sindicación efectuada por la agraviada se corrobora con el examen de la perito psicóloga, lo cual –a criterio del sentenciado– resulta ser contradictorio, pues la profesional advirtió inconsistencias en el relato de la agraviada. Así, como lo hemos referido líneas arriba, el sustento del Tribunal de Instancia se basó en dos aspectos: el primero relacionado a la acreditación del delito y la responsabilidad, y el segundo relacionado a la contestación de los agravios expuestos por el recurrente. En ambas etapas, la Sala Superior se pronunció respecto al examen de la perito psicóloga María de los Ángeles Cordero Medina, sin caer en ilogicidad en la motivación, en tanto efectuó una evaluación coherente respecto al valor probatorio de dicho medio de prueba. En efecto, advirtió que la citada perito señaló que observó inconsistencias en el estado emocional de la menor agraviada, quien lloraba sin lágrimas; sin embargo, precisó que este hecho no fue detallado en la pericia. Además, se señaló que esta profesional en ningún momento indicó que la agraviada hubiera inventado o imaginado los hechos materia de sindicación; dándole de esta manera, un mismo valor probatorio, en ambas fases de motivación.

Vigesimoprimero. Asimismo, se cuestiona que la declaración de Estefany Laura Quinto López se contradice con el acta de intervención policial y el acta de hallazgo y recojo, pues en ellas no consta ni su firma ni la de la agraviada. Al respecto, este Supremo Tribunal tampoco evidencia ilogicidad en la motivación en este extremo. En efecto, el Tribunal Superior valoró de manera coherente la declaración y la ampliación de declaración de la testigo Estefany Laura Quinto López con las actas antes referidas. En lo sustancial, indicó que ella señaló que en la habitación de la agraviada se encontraron las frazadas movidas, un polo, una pantaloneta, lentes del encausado y cerveza en el piso. Las actas de intervención policial y acta de hallazgo y recojo fueron valoradas de igual modo, precisándose que la habitación de la agraviada tenía un olor a sustancia alcohólica, y que se encontraron unas gafas de color negro con marco de metal y unas llaves del encausado.

Vigesimosegundo. En cuanto a esto último, el recurrente señala que se dio lectura a su declaración, pese a su oposición por infracción al derecho a la no autoincriminación, dándose por aceptado que las gafas y el manojo de llaves serían de su propiedad, lo que, a su criterio, es falso. Al respecto, se debe indicar que se dio lectura a este medio de prueba, en la sesión del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 371). De acuerdo al acta, se evidencia que la defensa técnica del recurrente no efectuó ninguna observación (convalidando su actuación, conforme el artículo 152, numeral 1, inciso a, del Código Procesal Penal). Debe indicarse que es constante en la jurisprudencia de la Corte Suprema que la versión del propio imputado no pueda ser empleada en su perjuicio, en virtud del principio de no autoincriminación, siempre que no obren medios probatorios que corroboren la imputación fiscal; contrario sensu, en caso de que existan medios de prueba, puede ser utilizado como medio de corroboración del delito incriminado. En el caso concreto, existe suficiencia probatoria que acredita la tesis del Ministerio Público, la cual ha sido debidamente valorada por los órganos jurisdiccionales; por tanto, no existe afectación a dicho principio.

Vigesimotercero. Finalmente, se cuestiona que se realizó una afirmación inexacta respecto a la declaración del perito Dean Hernán Tineo Tineo, al pretender resolver el vicio de contradicción en la motivación incurrida; acotando que nunca se corroboró que la fosfatasa ácida prostática proviniera de su persona, por lo que la aseveración de la Sala es inexacta. Al respecto, analizada la sentencia de vista, tampoco se evidencia que en este extremo se haya incurrido en ilogicidad en la motivación, en tanto la valoración del Dictamen Pericial número 215001003458 practicado a la agraviada es coherente con la declaración del perito que la suscribió, también valorado. En efecto, en cuanto a la documental, se precisó la conclusión a la que se arribó, esto es, que en la muestra de hisopado de secreción vaginal de la agraviada se determinó positivo para reacción a la prueba de detección de fosfatasa ácida prostática y positivo para prueba de antígeno prostático específico, lo que corrobora la presencia de fluidos seminales en la muestra. En este mismo sentido, se consideró lo señalado en el plenario por el mencionado perito, quien refirió que la fosfatasa ácida prostática y el antígeno prostático pertenecen a una persona de sexo masculino. Ambos medios de prueba fueron valorados conjuntamente con los demás actuados, concluyéndose por la responsabilidad del recurrente en los hechos materia de imputación.

Vigesimocuarto. Tratándose de delitos contra la libertad sexual, en los que no consta prueba directa ni confesión, se requiere no solo que la versión de la agraviada sea coherente, precisa, sólida y persistente –patrón de agresión lesivo que se presenta en el caso concreto–, sino que la versión no este motivada por móviles espurios –presenta veracidad objetiva– y, además, que esté confirmada con corroboraciones periféricas de carácter objetivo –prueba pericial y testimoniales–; así ha sido señalado por el Colegiado de la Sala Penal de Apelaciones en la sentencia de vista, el cual determinó la responsabilidad del recurrente, enervándose el principio de inocencia, al amparo de las garantías del debido proceso.

Vigesimoquinto. En consecuencia, se aprecia que no existe vulneración a la causal contenida en el numeral 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal. La sentencia de vista contiene una fundamentación coherente en su estructura y no se evidencian contradicciones que denoten ilogicidad en la motivación. Por estas razones, corresponde ratificar la sentencia de vista materia de casación e imponer al accionante el pago de las costas procesales por interposición del recurso sin éxito, conforme lo estipula el inciso 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación por quebrantamiento de la garantía de motivación interpuesto por Emerson Eduardo Chávarry Abanto. En consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista del cuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 502), que resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, del veinte de noviembre de dos mil diecisiete (foja 383), que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexualviolación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 170, con la agravante del inciso 6, del Código Penal, en agravio de la menor identificada con las iniciales H. H. I. V., a ocho años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 1500 (mil quinientos soles) el monto que deberá pagar el sentenciado por concepto de reparación civil; con lo demás que al respecto.

II. CONDENARON al encausado recurrente al pago de costas por la desestimación del recurso de casación.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia privada; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a esta sede Suprema, y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte.

 


1  Casación número 1382-2017-Tumbes, del diez de abril de dos mil diecinueve, fundamento jurídico octavo.

2 “Art. 606 (Casi di ricorso) – 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: […] e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato”.

3 Lacking sense or clear, sound reasoning
https://en.oxforddictionaries.com/definition/illogicality

4 Contraire a la logique, a la rationalité.
http://www.cnrtl.fr/definition/illogicit%C3%A9

5 https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/unlogisch

6 Il fatto di essere illogico, mancanza di logicità. In senso concr., ragionamento, discorso, atto illogicos.
http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/illogicit%C3%A0-/

7 En el artículo 606 e) del Código de Procedimientos Penales Italiano se ha introducido una modificación que precisa como otra variante de la causal relacionada con la motivación cuando esta es contradictoria (contradittoriettà).

8 Casación número 60-2010-La Libertad, del diecinueve de abril de dos mil diecinueve, fundamento jurídico tercero, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

9 Casación número 482-2016-Cusco, del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, fundamento jurídico sexto, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

10 Muñoz Conde, Francisco. “De la prohibición de incriminación al derecho procesal penal del enemigo”. Boletim da Faculdade de Direito. Coimbra Editora. p. 1015.

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