ROBO AGRAVADO- Necesidad de que se valoren los medios de prueba en forma individual como en su conjunto.
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VULNERACIÓN AL DERECHO A LA PRUEBA: Al no haberse admitido la pericia de parte propuesta.
19 agosto, 2019

DUDA RAZONABLE. Ni en la acusación ni en la requisitoria oral se cumplió con argumentar la existencia de indicios que corroboren la imputación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 64-2017
CALLAO

ABSOLUCIÓN POR DUDA RAZONABLE

SUMILLA. Para dictar una sentencia condenatoria se requiere alcanzar plena certeza de la culpabilidad del acusado; proceder de forma distinta significa vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en la Constitución Política del Perú y la Convención Americana de Derechos Humanos. En el presente caso, no existe plena certeza de la responsabilidad de los encausados, por lo que corresponde absolverlos de la acusación fiscal formulada en su contra.

Lima, tres de mayo de dos mil dieciocho

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Pública de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, contra la sentencia del dieciocho de setiembre de dos mil catorce (folio mil doscientos ochenta y dos), que absolvió de la acusación fiscal a los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas, por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO 

ACUSACIÓN FISCAL

PRIMERO. Según el dictamen acusatorio (folios setecientos seis y setecientos setenta y nueve) el tres de junio de dos mil diez, a las catorce horas con quince minutos, aproximadamente, personal del Departamento Antidrogas destacado a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en presencia del representante del Ministerio Público, intervino a Glenda Cecilia García Salazar, de nacionalidad ecuatoriana, cuando pretendía viajar a la ciudad de Santo Domingo República Dominicana, a través de la aerolínea Copa Airlines, transportando droga adherida a su cuerpo, específicamente a la altura de los muslos, sostenida por dos fajas elásticas, que contenían noventa y cinco cápsulas forradas con papel platino y plástico transparente, en cuyo interior se encontraron 0,931 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Dicha persona, en su entrevista personal y declaraciones instructivas, señaló que conoció vía internet a Manuel Johnne Gonzales Prado, con quien entabló una relación sentimental, por ello viajó al Perú; esta persona la convenció de que baje de peso y, para ello, la llevó en reiteradas oportunidades al consultorio del médico Guillermo Luis Wong Arenas, quien le realizó un tratamiento de reducción de peso y acupuntura; finalmente, el tres de junio de dos mil diez, antes de viajar a República Dominicana, Guillermo Luis Wong Arenas le colocó unas fajas, como parte del tratamiento para adelgazar, que contenían las cápsulas de droga con las que fue intervenida.

FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNANTES

SEGUNDO. La representante del Ministerio Público, al fundamentar su recurso de nulidad (folio mil trescientos catorce), precisó que:

2.1. Durante la instrucción y el juicio oral se acreditaron los hechos por los que fueron procesados Glenda Cecilia García Salazar, Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas; por ello, debió realizarse una evaluación de todas las actuaciones judiciales, a fin de emitir una sentencia condenatoria.

2.2. Resulta irrelevante que no se haya consignado en algunas pruebas el nombre completo del acusado Manuel Johnne Gonzales Prado, pues este fue debidamente individualizado, ni que la sentenciada Glenda Cecilia García Salazar haya entrado en imprecisiones en sus declaraciones, respecto a cuándo conoció a Manuel Johnne Gonzales Prado.

2.3. El Colegiado Superior otorgó valor probatorio a las pruebas de descargo ofrecidas por el encausado Manuel Johnne Gonzales Prado, sin analizar cada una de dichas pruebas, ni motivar porqué le producen convicción. Además, la materialidad del delito fue probada.

2.4. Se tiene como pruebas de la responsabilidad de los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas las declaraciones uniformes y coherentes de la sentenciada Glenda Cecilia García Salazar, el acta de entrevista, las actas de reconocimiento fotográfico, la diligencia de confrontación y la historia clínica de la
citada sentenciada.

2.5. Respecto al procesado Guillermo Luis Wong Arenas existe necesidad de que se reserve el proceso, para que sea capturado y juzgado de acuerdo con el debido proceso.

2.6. Las circunstancias en que los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas captaron a la sentenciada Glenda Cecilia García Salazar, y la forma en que se camufló la droga, acreditan la existencia de una organización criminal de alcance internacional, donde existe un concierto de voluntades para captar a los denominados “correos humanos”, coordinar su viaje y estadía, y ver cómo realizan el acopio, traslado y comercio internacional.

2.7. Las pruebas de descargo ofrecidas por el procesado Manuel Johnne Gonzales Prado carecen de valor probatorio.

TERCERO. La representante de la Procuraduría Pública Especializada en Trafico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, al fundamentar su recurso de nulidad (folio mil trescientos veintitrés), precisó que:

3.1. La materialidad del delito fue fehacientemente acreditada.

3.2. El Colegiado Superior debió analizar la prueba indiciaria ofrecida, según lo dispuesto en los acuerdos plenarios números 02-2005/CJ-116, 01-2006/ESV-22 y 03-2010/CJ-116, y la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC.

3.3. Existen suficientes medios probatorios que acreditan la responsabilidad de los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas.

3.4. Las pruebas de descargo ofrecidas por el procesado Manuel Johnne Gonzales Prado no resultan suficientes para desvirtuar la imputación realizada en su contra.

FUNDAMENTOS PRELIMINARES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

A. DERECHOS A LA LIBERTAD INDIVIDUAL, LIBERTAD PERSONAL Y SUS LÍMITES

CUARTO. El derecho a la libertad individual, consagrado en los artículos dos, inciso veinticuatro, de la Constitución Política del Perú, siete de la Convención Americana de Derechos Humanos y nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho continente que engloba otros derechos, entre los que se encuentra el derecho a la libertad personal1, que garantiza la protección de la libertad del individuo contra la interferencia arbitraria e ilegal del Estado y la defensa del individuo detenido.

4.1. Asimismo, como todo derecho fundamental, no es absoluto, pues puede ser objeto de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas, en función a la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos relevantes en el Estado Constitucional; por ejemplo, otros derechos, principios, bienes o valores constitucionales.

4.2. Una de tales limitaciones es por mandato de sentencias condenatorias2, siempre que dichas resoluciones judiciales sean emitidas en un proceso donde se garanticen los derechos a la presunción de inocencia, tutela jurisdiccional, prueba, motivación de resoluciones judiciales y debido proceso de los justiciables, entre otros derechos.

4.3. Además, estas restricciones deben ser conformes con los demás mandatos de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y demás normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad.

B. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

QUINTO. El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en los artículos dos, inciso veinticuatro, literal e, de la Constitución Política del Perú, y ocho, inciso dos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantiza que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca judicialmente su culpabilidad.

5.1. Sobre este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso J.3 vs. Perú4, precisó que:

La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi [carga de la prueba] corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa.

5.2. Además, dicho Tribunal Interamericano, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú5, estableció que:

El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla.

5.3. Dichos criterios jurisdiccionales son compartidos por este Supremo Tribunal y forman parte de la doctrina jurisprudencial de esta Iinstancia; de modo que son plenamente aplicables.

FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA INSTANCIA

SEXTO. Según lo expuesto, para que se emita sentencia condenatoria resulta indispensable la existencia de una actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias y tutelando el contenido constitucional del derecho a la prueba, que permita evidenciar la concurrencia de todos los elementos del delito y la participación del acusado. Ello, a su vez, permite evitar la existencia de arbitrarias restricciones del derecho a la libertad personal de los justiciables y
tutelar su derecho a la presunción de inocencia, en los términos descritos precedentemente.

SÉPTIMO. En el presente caso, analizando el razonamiento de la Primera Sala Penal del Callao y los agravios denunciados por las representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, este Tribunal estima que los medios probatorios obrantes en autos no resultan suficientes para enervar el derecho a la presunción de inocencia que asiste a los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas (en los términos descritos en el considerando quinto).

7.1. La imputación fiscal y los recursos de nulidad propuestos sustentan la responsabilidad de los encausados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas en el resultado preliminar de análisis químico (folio diecisiete), el acta de registro personal, prueba de campo, orientación, descarte, pesaje, comiso, lacrado e incautación de droga (folio veintiocho), el dictamen pericial de química (folio trescientos cuarenta), el acta de entrevista (folio cuarenta y dos), las declaraciones preliminar (folio dieciocho), instructivas (folios ciento cincuenta, doscientos ochenta y quinientos treinta y siete) y en el juicio oral (folio mil doscientos diecisiete), los reconocimientos fotográficos (folio cuarenta y cinco) y de las fichas de Reniec (folio trescientos ochenta y cuatro), realizados por la encausada Glenda Cecilia García Salazar, y la confrontación entre esta y Manuel Johnne Gonzales Prado (folios cuatrocientos treinta y seis y mil doscientos veintiuno).

7.2. Dichas pruebas, a criterio de este Tribunal, no acreditan la responsabilidad de los encausados, por lo siguiente:

a) El resultado preliminar de análisis químico, el acta de registro personal, prueba de campo, orientación, descarte, pesaje, comiso, lacrado e incautación de droga, y el dictamen pericial de química acreditan la intervención, incautación y cantidad de la sustancia ilícita; sin embargo, no acreditan que los procesados Manuel Johnne Gonzales
Prado y Guillermo Luis Wong Arenas sean quienes la entregaron a la sentenciada Glenda Cecilia García Salazar, para su traslado.

b) La sindicación realizada por Glenda Cecilia García Salazar (en el acta de entrevista, declaraciones preliminar, instructivas y en el juicio oral, los reconocimientos fotográfico y de las fichas de Reniec, y la confrontación entre esta y Manuel Johnne Gonzales Prado), ha sido persistente en el tiempo; sin embargo, por sí misma tampoco acredita la responsabilidad de los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas.

c) Para que dicha sindicación incriminatoria tenga valor probatorio suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia que asistente a los encausados debe ser mínimamente corroborada con otros indicios que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consoliden su contenido (según lo descrito en los acuerdos plenarios números 02-2005/CJ-116 y 01-2006/ESV-22). En el presente caso, el representante del Ministerio Público, en la acusación fiscal y requisitoria oral, no argumentó la existencia de dichos indicios, ni aparece de autos la existencia de indicios razonables de la participación de los encausados en la comisión del ilícito juzgado.

7.3. Incluso, en autos tenemos que Glenda Cecilia García Salazar manifestó que:

a) Conoció a Manuel Johnne Gonzales Prado por internet, se comunicaba con este diariamente, vía correo electrónico y llamadas telefónicas, y ambos mantuvieron una relación sentimental; sin embargo, dichas afirmaciones no fueron acreditadas en autos.

b) Llegó a la ciudad de Lima el veintinueve de mayo de dos mil diez, a las cuatro horas con treinta minutos, aproximadamente, y el procesado Manuel Johnne Gonzales Prado la esperaba en el terminal de la empresa de transportes Ormeño (folio cuarenta y dos); sin embargo, la empresa de transportes Cruz del Sur S. A. C. informó que Manuel Johnne Gonzales Prado recién partió con dirección a la ciudad de Lima el veintinueve de mayo de dos mil diez, a las dieciocho horas, procedente de la ciudad de Piura (folio seiscientos sesenta y ocho).

c) Guillermo Luis Wong Arenas la atendió en una clínica ubicaba en el Barrio Chino y luego le realizó un tratamiento para que baje de peso en el Callao, sin embargo, tampoco se acreditó la existencia de dichas clínicas o establecimientos comerciales (folio quinientos sesenta y seis).

d) El encausado Manuel Johnne Gonzales Prado la acompañó a todas las sesiones que programó Guillermo Luis Wong Arenas, hasta el tres de junio de dos mil diez; sin embargo, el apoderado de la Red de Energía del Perú S. A. C. informó que dicho procesado trabajó del dos al diez de junio de dos mil diez (folio seiscientos sesenta y dos).

e) Conoció en el vehículo en que llegó a la ciudad de Lima, de la empresa de transportes Ormeño, a personas de nacionalidad ecuatoriana, con quienes almorzó conjuntamente con el procesado Manuel Johnne Gonzales Prado y, después, salieron a cantar a un karaoke, sin embargo, no se identificó a dichas personas (en las nóminas de pasajeros de la citada empresa de transportes) ni dispuso que rindan su declaración, a fin de que corroboren los relatos de la testigo impropia.

f) Además, en autos no se acreditó que Guillermo Luis Wong Arenas se encuentre en territorio peruano, según informó la Dirección General de Migración y Naturalización.

7.4. Lo descrito genera duda en este Supremo Tribunal sobre la culpabilidad imputada a los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas, pues no se acreditó fehacientemente su responsabilidad; tampoco se evidencia la concurrencia de los elementos descritos en los acuerdos plenarios números 02-2005/CJ-116 6 y 01-2006/ESV-22 7, con el fin de validar la declaración incriminatoria de Glenda Cecilia García Salazar.

7.5. Esto tiene como consecuencia la absolución de los acusados, según lo expuesto en el fundamento 5.2, y al amparo de lo dispuesto en el inciso once, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Perú, y los artículos doscientos ochenta y cuatro y trescientos uno del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de setiembre de dos mil catorce (folio mil doscientos ochenta y dos), que absolvió de la acusación fiscal a los procesados Manuel Johnne Gonzales Prado y Guillermo Luis Wong Arenas, por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado.

II. DISPUSIERON se notifique la presente ejecutoria a los sujetos procesales apersonados a esta instancia, devuélvanse los actuados al Tribunal Superior y se archive el cuadernillo.


1 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en los expedientes números 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (acumulado), fundamento 25.

2 Los otros casos de restricción previstos en la ley son: a) La detención judicial preliminar, en el marco de la investigación previa a la formalización de la denuncia. b) El arresto ciudadano, como una medida para aprehender al autor de un delito, cuando este se encuentra en flagrancia y no existe autoridad policial cercana. c) La prisión preventiva, después de la formalización del proceso penal y ante la concurrencia de una serie de presupuestos. d) La detención domiciliaria. e) La privación de libertad según lo dispuesto en el artículo cincuenta y tres del Código Procesal Civil. f) Las intervenciones policiales con fines de identificación, según lo dispuesto en el artículo doscientos cinco del Código Procesal Penal. Cfr. LANDA ARROYO, César (2017). Los derechos fundamentales. Colección Lo Esencial del Derecho. N.° 2. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 47.

3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos reservó la identidad de la agraviada; por ello la identificó como “J”, según se registra en el fundamento 5 de la sentencia.

4 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf.

5 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf.

6 Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus, testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza. b. Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo, que la doten de aptitud probatoria. c. Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c del párrafo anterior.

7 A la letra dice: “[…] la característica de esta prueba [indiciaria] es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito […], sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar; que, respecto al indicio: a) este –hecho base– ha de estar plenamente probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno; b) deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa; c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son–; y, d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y no excluyan el hecho consecuencia –no solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí–”.

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