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LAVADO DE ACTIVOS. No es necesaria la punición del delito previo para dictar condena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1602-2018
NACIONAL

Lavado de activos y delito fuente

No es necesaria la punición del delito fuente o previo para condenar por lavado de activos. Basta la inferencia judicial en prueba indiciaria que permite concluir razonablemente sobre la realización del hecho típico y antijurídico del delito fuente.

Lima, cuatro de marzo de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el encausado Pablo Huamán Salas y el fiscal superior contra la sentencia del primero de junio de dos mil dieciocho (foja 1479), que condenó al recurrente como autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, en agravio del Estado, a cinco años de pena privativa de libertad, ciento veinte días multa y fijó la reparación civil en S/ 70 000 (setenta mil soles). De conformidad con lo opinado por la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De las pretensiones impugnativas

Primero. El procesado, al formalizar su recurso (foja 1535), solicitó la nulidad de la condena. Refirió que el Tribunal Superior no valoró el Oficio número 37-2009-MP-FN-Observatorio, remitido por el gerente central de la Dirección General de la Escuela del Ministerio Público, mediante el cual informó sobre la investigación de diversas personas por la presunta comisión de los delitos contra la fe pública y la tranquilidad pública, entre las cuales no figuraba el recurrente. Tampoco se apreciaron sus certificados de trabajo (fojas 1331, 1332 y 1333), expedidos por la empresa Jorson Contratistas Generales S. A. C., que acreditaron que laboró para dicha empresa desde el dos mil tres al dos mil ocho, por lo que contaba con ingresos anteriores al año dos mil cuatro y posteriores al dos mil seis. Además, los ingresos abonados a su cuenta correspondían a sumas pequeñas, lo que guarda relación con el abono por su trabajo de ingeniero electricista.

Por otro lado, refirió que se dio mayor valor a su instructiva sobre su declaración en juicio oral, a pesar de que el artículo 245 del Código de Procedimientos Penales restringe la lectura de las declaraciones prestadas en instrucción cuando el acusado se niegue a declarar, lo que no sucedió en el caso de autos.

Finalmente, manifestó que el juicio de imputación carece de elementos sólidos que lo sustenten.

Segundo. El representante del Ministerio Público, al fundamentar su recurso (foja 1530), manifestó que el procesado mostró una conducta procesal obstruccionista y que la pena conminada para este delito es no menor de ocho años, por lo que la pena impuesta por el Tribunal Superior no se ajusta a Ley. Ni las condiciones personales del sujeto ni los montos de origen ilícito son fundamento para imponer una pena por debajo del mínimo legal.

Por otro lado, refirió que no se apreció que los gastos por manutención son actos de transferencia, pues se introdujeron en el circuito económico legal activos de origen ilícito.

§ II. De los hechos objeto del proceso penal

Tercero. Conforme a la acusación fiscal (foja 438, subsanada a foja 584), se le imputan al encausado Pablo Huamán Salas los siguientes hechos:

3.1. Haber convertido (etapa de colocación) y transferido (etapa de intercalación) dinero de procedencia ilícita, pues abrió la cuenta de ahorros en moneda nacional número 4-383-020196 en el Banco de la Nación, con sede en la ciudad de Huancayo, en coordinación con su cónyuge, Kelly Ninoska Quintanilla Herrera, en la cual se realizaron movimientos por la suma de S/ 100 512.50 (cien mil quinientos doce soles con cincuenta céntimos); así como depósitos de origen desconocido, durante los años dos mil cuatro a dos mil siete, por la suma de S/ 63 698.78 (sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho soles con setenta y ocho céntimos). Tal dinero es producto de la comisión de los delitos contra la administración pública y se dificultó la identificación de su origen ilícito.

3.2. Haber transferido (etapa de intercalación) dinero proveniente del delito contra la administración pública, al efectuar gastos de subsistencia y manutención junto con su cónyuge, Kelly Ninoska Quintanilla Herrera, por la suma de S/ 43 740 (cuarenta y tres mil setecientos cuarenta soles) durante los años dos mil dos a dos mil diez.

§ III. De la absolución del grado

Cuarto. Se entiende por lavado de activos el proceso de legalización de bienes de origen delictivo. Este fenómeno abarca una serie de fases sucesivas que han sido catalogadas como modalidades que le dan contenido y soporte al delito: colocación (conversión), distribución o transformación (transferencia), e integración (ocultamiento y tenencia).

La doctrina penal concuerda en que la conducta del delito de lavado de activos debe recaer sobre los recursos ilícitos procedentes de un delito fuente, también llamado previo.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia del Perú ha sostenido la tesis según la cual no es necesaria la punición del delito fuente para condenar por lavado de activos; ni siquiera amerita que las actividades criminales que produjeron los activos hayan sido descubiertas y sometidas a investigación o proceso judicial. Basta con la existencia de indicios o indicadores probados que a través de un proceso lógico lleven a la conclusión racional y motivada de su procedencia ilícita (Sentencia Plenaria Casatoria número 1-2017/CIJ-433).

Quinto. Sobre el delito fuente, el Tribunal Superior ha explicado con solvencia que el procesado Pablo Huamán Salas está sometido a una investigación ante la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, en el caso signado con el número 323-2008, por los ilícitos de violación a la presunción de veracidad, falsa certificación médica y usurpación de funciones (foja 2244 del expediente principal), al igual que su coprocesada y cónyuge, Kelly Ninoska Quintanilla Herrera.

Los fundamentos fácticos estriban en que los procesados, junto con otros sujetos, habrían participado en la tramitación fraudulenta de pensiones por invalidez ante la Oficina de Normalización Previsional de Huancayo –en adelante, ONP–. Por dicha razón, están en curso otras investigaciones contra sus coimputados Erick Vladimir Paredes Valderrama y Kelly Quintanilla Herrera, como las signadas con los números 2007-2581-70-271 y 2006-1063-60-13 (foja 3382 del expediente principal).

Sexto. En su instructiva (foja 203), el recurrente Pablo Huamán Salas aceptó haber abierto una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación a pedido de su coencusado Erick Vladimir Paredes Valderrama, a fin de que los pensionistas depositaran en ella el dinero que se les cobraba por la tramitación irregular de sus pensiones de invalidez (se presentaron certificados médicos falsos). Según informó, su esposa Kelly Quintanilla Herrera trabajó como secretaria para Erick Paredes Valderrama en la ONP y, luego, abrió una oficina en la avenida Arterial, frente al Ministerio de Transportes. El Parte número 028-2010-DIRCOCOR-PNP-DIVINESP-DEPILA (foja 3) dio cuenta de que se investigaba a Erick Vladimir Paredes Valderrama como cabecilla de una organización delictiva. Aquel, en virtud de su cargo de asistente de la División de Coordinación Departamental en la ONP Huancayo, en complicidad con el procesado y otros, se aprovecharon de jubilados y tramitaron fraudulentamente pensiones de invalidez, por lo que cobraron devengados obtenidos en forma indebida.

Séptimo. Precisamente, el Informe Pericial Contable Financiero número 01-2013-CPE/LAFT/SPN-PJ, ratificado en el plenario (foja 1437 del expediente que en copia se elevó a este Tribunal), concluyó que el procesado Pablo Huamán Salas presentó un desbalance patrimonial. En concreto, en la cuenta de ahorros en moneda nacional número 4-383-026-196 del Banco de la Nación, durante el periodo comprendido entre noviembre de dos mil cuatro a enero de dos mil seis, con los siguientes ingresos: i) S/ 512.12 (quinientos doce soles con doce céntimos), en noviembre y diciembre de dos mil cuatro; ii) S/ 61 209.04 (sesenta y un mil doscientos nueve soles con cuatro céntimos) en dos mil cinco; y iii) S/ 1931.32 (mil novecientos treinta y un soles con treinta y dos céntimos) en enero de dos mil seis. Según informó el Banco de la Nación, el procesado recibió una serie de depósitos en su cuenta de ahorros por montos que oscilaron entre los S/ 300 (trescientos soles) y S/ 1000 (mil soles), los cuales, luego de ser depositados, fueron retirados en días posteriores (Carta EF/92.3212 número 3223-2010 y Carta PF/92-0381 número 213-2010, según el resumen del estado de cuenta, a foja 2284 del expediente principal).

Octavo. La prueba actuada revela la vinculación del delito contra la administración pública con el delito de lavado de activos. El procesado, como titular de la cuenta de ahorros número 4-383-026- 196 del Banco de la Nación, participó en la conversión del dinero de origen ilícito, esto es, en la introducción del dinero ilegal dentro del circuito económico y financiero legal, con su colocación en una institución financiera. Es irrelevante que no se le haya comprendido en el Oficio número 37-2009-MP-FN-Observatorio remitido por la Gerencia Central del Ministerio Público, pues estuvo comprendido en otro proceso por la tramitación fraudulenta de pensiones de invalidez y, más allá de una declaratoria de responsabilidad por aquello, este conocía del origen ilícito del dinero que ingresaba a su cuenta de ahorros.

Noveno. El cambio de versión del recurrente expuesta en juicio oral es inconsistente. Primero, porque refiere que en su tiempo libre tramitó por su cuenta pensiones de invalidez ante la ONP; no obstante, es ingeniero electricista. Segundo, porque no existe motivo para que en su instructiva efectuada con participación de su abogado defensor manifestara que la cuenta de ahorros tenía como finalidad recibir los depósitos de los pensionistas, por disposición de su coencausado Erick Paredes Valderrama, si en verdad trabajó solo, por lo cual su retractación resulta deleznable.

Luego, los certificados de trabajo a los que hace referencia, y con los que pretende acreditar el origen ilícito del dinero, no fueron actuados en el plenario, pues no los ofreció. Además, aquel indicó en su instructiva que la remuneración por su labor de ingeniero electricista la recibía de forma directa por una empresa de terceros.

Décimo. Si bien la acusación hizo mención a la existencia de movimientos bancarios por la suma de S/ 100 512.50 (cien mil quinientos doce soles con cincuenta céntimos), durante los años dos mil cuatro a dos mil seis, en la cuenta de ahorros que el procesado mantiene en el Banco de la Nación, se aprecia que esta información fue consignada en el Parte número 028-2010-DIRCOCOR-PNP-DIVINESP-DEPILA (foja 3) al inicio de las investigaciones. Sin embargo, con posterioridad se emitió el Informe Pericial Contable Financiero número 01-2013- CPE/LAT/SPN-PJ, que estableció que los depósitos de origen desconocido, en el periodo mencionado, ascendieron a S/ 63 698.78 (sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho soles con setenta y ocho céntimos), y así lo explicaron los expertos en el juicio oral (octava sesión del juicio oral, a foja 1436). En tal sentido, se comparte la opinión de la Fiscalía Suprema, que ha entendido que solo está probada la colocación de activos ilícitos ascendentes a S/ 63 698.78 (sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho soles con setenta y ocho céntimos).

Undécimo. No son de recibo los actos de transferencia o distribución por los gastos de manutención del procesado. Destaca lo indicado por el Tribunal Superior al respecto, toda vez que la imputación en este extremo se apoya en una presunción (la manutención mensual del procesado durante ocho años habría sido el equivalente a la remuneración mínima vital vigente en dichos periodos); pero, principalmente, descontextualiza la finalidad de la criminalización de los actos de lavado de activos, al penalizar la mera satisfacción de las necesidades más urgentes de una persona, como la alimentación o el vestido: “Los actos dirigidos a satisfacer las necesidades básicas para la vida de los delincuentes no constituyen delito de lavado de activos1. Así lo entendió el Tribunal Superior en la recurrida (véanse los fundamentos 5.2.11. al 5.2.19.), por lo que la omisión de pronunciamiento de este extremo en la parte resolutiva no afecta el sentido de la resolución y es un error material pasible de subsanación, conforme al artículo 298, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

Duodécimo. Los actos de colocación del dinero ascendente a S/ 63 698.78 (sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho soles con setenta y ocho céntimos) configuraron el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, previsto por el artículo 1 de la Ley número 27765, que entró en vigencia el veintisiete de junio de dos mil dos, pero que fue modificada en julio del dos mil siete por el Decreto Legislativo número 986. La pena para este ilícito oscila entre los ocho y los quince años de pena privativa de libertad. No existe circunstancia que permita disminuir la pena por debajo del marco legal, como lo efectuó el Tribunal Superior. Ni el monto del dinero lavado ni la absolución por una de las modalidades son fundamento jurídico para tal rebaja, por lo que corresponde amparar parcialmente el recurso del Ministerio Público y modificar la sanción penal impuesta al procesado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del primero de junio de dos mil dieciocho (foja 1479), que condenó a Pablo Huamán Salas como autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, en agravio del Estado, a ciento veinte días multa y fijó la reparación civil en S/ 70 000 (setenta mil soles).

II. DECLARARON HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo en el que impuso al citado condenado cinco años de pena privativa de libertad. REFORMÁNDOLA, le impusieron ocho años de pena privativa de libertad, que computada desde la fecha de su detención, producida el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, vencerá el tres de agosto de dos mil veinticinco.

III. INTEGRARON la citada sentencia y declararon la absolución del procesado Pablo Huamán Salas por el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia, en agravio del Estado.

IV. DISPUSIERON que la causa se remita al Tribunal Superior para la ejecución procesal de la sentencia condenatoria. Hágase saber a las partes procesales personadas en esta Sede Suprema.


1 BLANCO CORDERO, Isidoro. “Principios y recomendaciones internacionales para la penalización del lavado de dinero: aspectos sustantivos”. En: I. BLANCO CORDERO, E. FABIÁN CAPARRÓS, V. PRADO SALDARRIAGA y J. ZARAGOZA AGUADO. Combate al lavado de activos desde el sistema judicial: edición especial para el Perú. Tercera edición. Lima: OEA, CICAD y BID, 2014, p. 117.

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