LAVADO DE ACTIVOS. No es necesaria la punición del delito previo para dictar condena.
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COLUSIÓN. Concertación del Alcalde

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 664-2018
LAMBAYEQUE

ACTOS DE CONCERTAClÓN

Sumilla. Además resulta evidente que el accionar del procesado, en su condición de alcalde, hacia el funcionario municipal para requerir lo devolución dineraria al proveedor­ contratista, son incriminaciones que incluso fueron ratificadas por este último, cuando se logra configurar el acuerdo colusorio, pues las irregularidades generadas en el contrato, trataron de ser subsanadas por el alcalde, primero con la firma de una resolución municipal para decretar la emergencia del servicio prestado y, luego con la elaboración de una adenda que trató solo de cuantificar la cantidad de los bienes alquilados, pese haberse tramitado y finiquitado el contrato materia de cuestionamiento. apreciándose una inusitada celeridad en el desembolso final de dinero efectuado al proveedor. La prueba indiciaria habilita ratificar las conclusiones de culpabilidad expuestos por la Sala de Mérito.

Lima, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA (folio un mil seiscientos treinta y tres), contra la sentencia del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (folio un mil quinientos noventa y tres) en el extremo que lo condenó como autor del delito de concusión impropia o colusión en perjuicio del Estado representado por la Municipalidad Provincial de Cutervo, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por et plazo de tres años sujeto a reglas de conducta e inhabilitación por el término de tres años y le impuso quince mil soles por concepto de reparación civil que debe abonar solidariamente con los demás sentenciados, sin perjuicio de devolver lo ilícitamente apropiado.

De conformidad con el dictamen de la fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo CASTAÑEDA ESPINOZA.

CONSIDERANDO

§. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

PRIMERO. La defensa del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA fundamentó su recurso de nulidad (folio mil seiscientos treinta y tres insta la absolución de su patrocinado. Alegó que:

1.1. Sobre la pericia de tasación señala: i) No es idónea pues el perito Alvarado Toro, en un anterior documento, señaló que requería del expediente técnico de la obra para su examen pericial. ii) Su conclusión deviene de fuente informal respecto a los precios de las maderas, pues son Chiclayo y no de Cutervo.

1.2. Sobre los testigos impropios sostiene: i) El representante de la empresa contratista, JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado) aceptó los cargos por dos imputaciones: peculado y colusión; a pesar de que la Corte Suprema ordenó juzgarse por un solo delito, apreciándose que no conocía del hecho, por lo que su declaración, como testigo impropio, no es viable, además que en el juicio señaló no haber tenido contacto con el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA. ii) Existen versiones diferentes respecto a la entrega de dinero, pues el jefe de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO (hoy condenado) señaló que el gerente municipal GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS (hoy condenado) fue quien recibió el dinero, dado que este señaló que el entonces alcalde JORGE LUIS PAREDES GUEVARA no tuvo participación en los hechos. iii) El encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, alcalde provincial de Cutervo, no firmó el contrato de alquiler de maderas, no habiéndose demostrado su participación en los hechos, siendo que las suscripciones efectuadas en la Resolución Municipal número cero catorce-dos mil cuatro-MPC y adenda, último documento dispuesto por un acuerdo de consejo municipal, fueron realizados luego de los actos de concertación.

§. ANTECEDENTES

SEGUNDO. De la revisión de todos los actuados, se trata de un proceso reservado. Por cuanto:

2.1. Mediante sentencia del cuatro de diciembre de dos mil trece (folio mil ochenta y siete), se condenó a los procesados JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO, GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS y JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA por los delitos de peculado y concusión impropia o colusión; absolviendo a JORGE ALONSO ALAYA PÉREZ por ambos ilícitos.

2.2. Al ser impugnada tal sentencia por los encausados JORGE LUIS PAREDES GUEVARA y JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA. mediante Ejecutoria Suprema del veintitrés de julio de dos mil catorce, Recurso de Nulidad número novecientos uno-dos mil catorce Lambayeque (folio un mil ciento cincuenta), se anuló el extremo impugnado consistentes en la condena dictada contra los antes citados, disponiendo se lleve a cabo nuevo juicio.

2.3. Posteriormente, se expidió la sentencia conformada de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete (folio un mil trescientos sesenta y tres) condenando a JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA por el delito de concusión impropia o colusión y absolviendo, al antes citado, por delito de peculado.

2.4. Finalmente, corre la sentencia del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (folio mil quinientos noventa y tres), disponiendo se tenga por retirada la acusación por el delito de peculado, y condenando a JORGE LUIS PAREDES GUEVARA por el delito de concusión impropia o colusión a la pena de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de tres años; que al ser impugnada, es materia de grado.

§. IMPUTACIÓN FÁCTICA

TERCERO. La acusación fiscal (folio seiscientos ochenta y uno ratificado a folio mil t scientos treinta) señala que se realizó un marco de convenio entre la empresa Fiadelso de España y la Municipalidad Provincial de Cutervo para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Cutervo. El ingeniero Antonio Chuman Cabeza, como ingeniero residente, solicitó a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural (en adelante DIDUR), con fecha seis de diciembre de dos mil cuatro, el alquiler de quinientos pies cuadrados de madera para encofrado.

Es así que ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO (hoy condenado), como jefe de la DIDUR, el trece de diciembre de dos mil cuatro, emitió el  requerimiento número sesenta ochenta y tres (folio doscientos siete) y lo derivó a la Unidad de Abastecimiento, cuya Jefatura ejercía JORGE ALONSO ALAYA PÉREZ (hoy absuelto), quien ese mismo día efectuó presuntas cotizaciones y dio como ganador a la empresa particular JM Contratistas  Sociedad Anónima Cerrada, cuyo titular era JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado).

El gerente municipal GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS (hoy condenado) suscribió el respectivo contrato de alquiler el trece de diciembre de dos mil cuatro por la suma de diecisiete mil ochocientos cincuenta soles (folio doscientos nueve), pese a que la Resolución número cero catorce-dos mil cuatro-MPC (folio doscientos quince), que declaró en situación de emergencia la adquisición de bienes para la obra en mención, es de fecha posterior, dinero que pese a lo expuesto se pagó, a cargo de la Unidad de Tesorería (folio doscientos cinco).

Por otro lado, el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, alcalde provincial de Cutervo, realizó una adenda (folio doscientos doce) al contrato de alquiler de madera para encofrado de la referida obra a fin perfeccionar el contrato primigenio, ocasión en que consignó, como cantidad de la madera alquilada, siete punto trescientos noventa y nueve pies cuadrados por un monto de diecisiete mil ochocientos cincuenta soles. Se trató del mismo monto dinerario pero se mencionó una cantidad sustantivamente mayor de madera alquilada.

Conforme a las actas de la audiencia, se observa que el Ministerio Público, inicialmente acusó a cuatro funcionarios públicos (JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO, GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS y JORGE ALONSO ALAYA PÉREZ) y al proveedor (JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA) por dos delitos: peculado y colusión; dicha imputación no la reprodujo en la requisitoria oral del juzgamiento (folio mil quinientos setenta y ocho, sesión del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete),
retirando su acusación por el delito de peculado y ratificando su imputación solamente por el delito de colusión; que ha sido materia de juzgamiento.

§. ARGUMENTOS DE LA CONDENA IMPUGNADA

CUARTO. La Sala de Mérito indica que la concertación del encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA alcalde provincial de Cutervo, se acredita con la Resolución número cero catorce-dos mil cuatro-MPC que suscribiera, la cual fue emitida un día después de la firma del contrato del trece de diciembre de dos mil cuatro, no obstante en su cláusula quinta se indicó que tal resolución formaba parte del citado documento.

La suscripción de la adenda también lo involucra, pues tuvo como finalidad la regularización del valor de la madera, y si bien justificó su firma por ser un acuerdo de los regidores del consejo, no brindó una explicación lógica y coherente respecto al aumento, pese a tener conocimiento que ello no le favorecía a la comuna, más aun si la madera no logró ingresar a la obra.

Corrobora la concertación lo indicado por el representante de la empresa contratista, JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado), quien precisó que el procedimiento del alquiler de la madera fue simulado porque no irían a entregarse esos bienes y que ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO (hoy condenado), como jefe de la DIDUR, le solicitó la devolución del dinero para ser entregado al encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA. Además, de lo dicho por ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO quien indicó que el requerimiento dinerario fue  dispuesto por JORGE LUIS PAREDES GUEVARA apreciándose que en la confrontación entre el gerente municipal GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS (hoy condenado) y ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO, el primero sostuvo que su confrontado y JORGE LUIS PAREDES GUEVARA siempre lo presionaban para cometer actos ilícitos.

Señala que lo antes expuesto acredita con grado de certeza el acuerdo colusorio del encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, alcalde provincial de Cutervo.

§. DICTAMEN FISCAL SUPREMO

QUINTO. La señora fiscal suprema opinó por declarar no haber nulidad en la sentencia impugnada. Indica existir pruebas suficientes que acreditan una concertación entre el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA y el proveedor JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado) en la ejecución de la obra: construcción de una planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Cutervo.

La concertación del imputado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA se evidencia porque:

5.1.  No dio cumplimiento al trámite administrativo previsto en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, pues como alcalde tenía la obligación de respetar y hacer cumplir la normativa pertinente.

5.2. La Resolución Municipal número cero catorce-dos mil cuatro-MPC, firmada por JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, como alcalde, al día siguiente de haberse suscrito el contrato es un indicio de la concertación, siendo que la firma de la adenda tuvo por finalidad perfeccionar su contenido con el proveedor JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado).

5.3. El proveedor JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado) señaló que ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO (hoy condenado) le dijo que todo era simulado, y que luego le requería el dinero entregado para el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, alcalde provincial de Cutervo.

5.4. El perjuicio se acredita con las pericias (folios quinientos veintitrés y un mil quinientos treinta y siete) y el acta de verificación (folio diecisiete, expediente número treinta y seis-dos mil doce) que determinan el precio de la madera «tornillo» de tres soles con setenta y siete céntimos por pt (pie tablar), no habiéndose entregado los bienes.

§. ITINERARIO DEL PROCESO

SEXTO. De todo lo actuado, se advierte que la investigación penal, a instancia del Ministerio Público, se inició a cuatro funcionarios públicos  (JORGE LUIS PAREDES GUEVARA ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO,
GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS y JORGE ALONSO ALAYA PÉREZ) y una persona particular (JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA). Todas por los delitos de concusión impropia o colusión (artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal. modificado por la Ley número veintiséis mil setecientos trece) y peculado  (artículo trescientos ochenta y siete, primer párrafo del Código Penal, modificado por la Ley número veintiséis mil ciento noventa y ocho), en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Cutervo.

[….CONTINÚA….]

§. CRITERIOS LEGALES DEL DELITO DE COLUSIÓN

SÉTIMO. En el Recurso de Nulidad número un mil setecientos veintidós-dos mil dieciséis-DEL SANTA, respecto al delito de colusión ha sostenido que:

( … ) La concertación, ante la ausencia de prueba directa -testigos presenciales o documentos que consignen la existencia de reuniones, contactos, y acuerdos indebidos-, se puede establecer mediante prueba indirecta o indiciaria. Por ejemplo, (i) si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus aspectos fundamentales o más relevantes -verbigracia: celeridad inusitada, inexistencia de bases, interferencia de terceros, falta de cuadros comparativo de precios de mercado, elaboración del mismo patentemente deficiente, ausencia de reuniones formales del comité, o ‘subsanaciones’ o ‘regularizaciones’ ulteriores en la elaboración de la documentación, etcétera-; (ii) si la convocatoria a los participantes fue discriminatoria y con falta de rigor y objetividad -marcado favoritismo, lesivo al Estado, hacia determinados proveedores-; y (iii) si los precios ofertados -y aceptados-fueron sobrevalorados o los bienes o servicios ofrecidos y/o aceptados no se corresponden con las exigencia del servicio público o fundamento de la adquisición, es razonable inferir que la buena pro solo se explica por una actuación delictiva de favorecimiento a terceros con perjuicio del Estado».

§. ANÁLISIS DEL CASO

OCTAVO. Conforme a lo expuesto, se trata de un proceso. cuya imputación fiscal contra el recurrente JORGE LUIS PAREDES GUEVARA alcalde provincial de Cutervo. se basa en que habría participado en los actos de concertación, conjuntamente con diversos funcionarios de la comuna edil, ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO, jefe de la DIDUR, GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS (hoy condenados), gerente municipal y JORGE ALONSO AYALA PÉREZ (absuelto), jefe de la Unidad de Abastecimiento, para beneficiar al proveedor JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (también condenado).

NOVENO. En tal sentido, habiéndose determinado la responsabilidad y culpabilidad penal de sus coprocesados ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO, jefe de la DIDUR y GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS, gerente municipal, según la sentencia del cuatro de diciembre de dos mil trece (folio un mil ochenta y siete) y JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA, proveedor de las maderas. según la sentencia conformada del diez de agosto de dos mil diecisiete (folio un mil trescientos sesenta y tres); respecto a los actos de concertación declarados como probados. corresponde analizar los cargos imputados al procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, en su condición de alcalde provincial de Cutervo. participó en los actos colusorios señalados por el Ministerio Público en la acusación fiscal, valorados en la sentencia impugnada por la Sala de Mérito, de lo que se evidencia:

9.1. El testimonio del testigo impropio JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA; quien en etapa de instrucción (folio cuatrocientos ochenta y cinco) señaló que luego de efectivizarse el contrato de maderas a cargo de su representada, JM Contratistas Sociedad Anónima Cerrada con el municipio de Cutervo, devolvió una cantidad de dinero a ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO (hoy condenado), jefe de la DIDUR. Luego. en los debates orales (folio un mil cuatrocientos sesenta y cuatro, sesión del tres de octubre de dos mil diecisiete). sostuvo similar versión, añadiendo que AHUMADA ROMERO le indicaba que el dinero que requería ser devuelto era para «coquito», quien llegó a ser identificado como tal, el recurrente JORGE LUIS PAREDES GUEVARA. como alcalde provincial de Cutervo; así también, que la adenda del veintiséis de junio de dos mil cinco fue realizaba para subsanar errores, para concluir que existió un pago indebido. siendo todo el contrato simulado, pues la madera estaba sobrevaluada y que no iría a ser entregada; tal como finalmente ocurrió en el presente caso.

9.2. Igualmente tenemos la declaración del testigo impropio ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO, quien en el plenario (folio mil cuatrocientos cincuenta y uno, sesión del veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete)  sostuvo que por orden del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA. alcalde provincial de Cutervo, acudió donde JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado), representante de la empresa JM Contratistas Sociedad Anónima Cerrada, a fin de requerir la devolución del dinero entregado producto del contrato suscrito,  existiendo presiones por parte de JORGE LUIS PAREDES GUEVARA pues le dijo que iría a colocar a otra persona en su función municipal, en tanto no se preste a las irregularidades, además de indicarle que requería diez mil soles para una fiesta y ese dinero debía de obtenerse de una obra.

9.3. Asimismo, a todos estos elementos probatorios descritos y analizados, corrobora la declaración del testigo impropio GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS, en su condición de gerente municipal de la provincia de Cutervo, al prestar su instructiva a nivel judicial (folio ciento noventa y uno) indicó que informaba al procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, alcalde provincial de Cutervo, los alcances del procedimiento referido al cuestionado contrato, precisando en el juicio oral (folio un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, sesión del veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete) que la información que suministró a JORGE LUIS PAREDES GUEVARA fue incluso cuando el procedimiento estaba en trámite de realización.

DÉCIMO. Las declaraciones testimoniales antes expuestas denotan claramente la participación del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, alcalde provincial de Cutervo, en el acuerdo colusorio. Por cuanto los testigos  impropios reportan manifestaciones y hechos suficientes de la participación, en grado de autoría, de dicho encausado, pues GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS (hoy condenado) es claro en sostener que dio cuenta e informó a JORGE LUIS PAREDES GUEVARA sobre el procedimiento del contrato; mientras ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO y JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (también condenados) son coincidentes entre sí, en el sentido de aseverarse que JORGE LUIS PAREDES GUEVARA ordenó la devolución del dinero que, anteriormente, le fue entregado a JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA como representante de la empresa contratante.

Lo antes expuesto, evidencia que las declaraciones de los testigos impropios declaradas, tanto en la instrucción y en el debate oral desarrollado involucra directamente en los hechos colusorios materia de imputación; tal como la sentencia impugnada ha desarrollado, por lo que son compatibles a las expuestas en los juzgamientos anteriores (folios novecientos cuarenta y seis y novecientos cincuenta y siete), referidas a la condena no impugnada impuesta a los sentenciados ALEJANDRINO EDGARDO AHUMADA ROMERO y GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS (folio mil ochenta y siete); mantienen su valor, lo cual avala y mantiene sostener la existencia de una constante en los signos incriminatorios, conforme se ha detallado en tales declaraciones testimoniales; las mismas que no han sido objeto de cuestionamientos o tachas para invalidar su contenido.

DECIMOPRIMERO. Igualmente como otros datos objetivos corroborantes a la concertación activa del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, Alcalde Provincial de Cutervo, se refieren a: la Resolución número cero catorce-dos mil cuatro-MPC del catorce de diciembre de dos mil cuatro (folio doscientos quince), pues fue emitida un día después del contrato de alquiler cuestionado (folio doscientos nueve), documento que inexplicablemente menciona -en su cláusula quinta-la existencia de dicha resolución municipal, pese a que este último documento fue emitido con posterioridad; y, la adenda del veintiséis de junio de dos mil cinco (folio doscientos doce) que fue emitido claramente para regularizar el inicial , contrato viciado, conforme a la versión del proveedor MONDRAGÓN CERVERA (folio mil cuatrocientos sesenta y cuatro, sesión del tres de octubre de dos mil diecisiete), quien sostuvo que AHUMADA ROMERO le dijo que dicha adenda fue dada para regularizar el inicial documento emitido.

DECIMOSEGUNDO. De los actuados se advierte, los requerimientos dispuestos en la Ejecutoria Suprema del veintitrés de junio de dos mil catorce, Recurso de Nulidad número novecientos uno-dos mil catorce ­Lambayeque (folio un mil ciento cincuenta); con lo que se declaró nula la sentencia y nuevo juicio oral, donde se han realizado las diligencias pertinentes, por la Sala de Mérito, apreciándose que:

12.1. Cumplió con realizar y examinar la nueva pericia contable ordenada (folio un mil quinientos cincuenta y tres), pues sobre el contexto del interrogatorio en el plenario del perito ingeniero forestal Jorge Alberto Alvarado Flores (folio mil quinientos setenta, sesión del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete) otorgó el valor probatorio correspondiente, determinando que el costo de las maderas, en la cantidad de quinientas (pie tablar) que fuera consignada en el inicial contrato cuestionado, revelan un costo menor al consignado en el citado documento; sobrevaloración que ratifica lo señalado por el testigo impropio JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA representante de la empresa contratante.

12.2. Se precisó respecto al delito atribuido, en forma concreta, al procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA para lo cual la Fiscalía Superior, en el plenario (folio mil quinientos ochenta y siete, sesión del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete), entre otros, retiró los cargos por delito de peculado; esta opinión delimitó que la Sala de Mérito, en la sentencia impugnada, falle de conformidad con la tal opinión fiscal (folio mil quinientos noventa y tres), condenando al citado imputado solo por el delito de concusión impropia o colusión.

12.3. Se determinó respecto a la que la intervención delictiva del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA acontecido durante el proceso de contratación a través de las suscripciones de la Resolución número cero catorce-dos mil cuatro-MPC y adenda del veintiséis de junio de dos mil cinco (folio un mil seiscientos cinco, fundamento cuatro punto siete de la sentencia); implica que la participación del citado imputado en la etapa de ejecución del contrato. Las versiones de los testigos impropios GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS, respecto a que informaba del procedimiento realizado, ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO y JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA indicando que el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA presionaba y ordenaba la devolución dineraria entregada al proveedor (MONDRAGÓN CERVERA) detallan su intervención ilícita en plena etapa de ejecución del contrato inicialmente suscrito, pues hasta tales momentos de la denuncia, no se entregaba las maderas objeto del alquiler; las cuales, finalmente tampoco fueron cedidas al municipio perjudicado, con lo que se acredita el perjuicio cometido en agravio de la Municipalidad Provincial de Cutervo.

DECIMOTERCERO. Por tanto, los agravios alegados por la defensa del procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA no son de recibo, menos aún logran desvirtuar la sentencia condenatoria impugnada. Por cuanto, la pericia de tasación presentada en juzgamiento (folio mil quinientos cincuenta y tres), es idónea pues abarcó el examen pericial sobre precios de maderas respecto a la época de los hechos (dos mil cuatro), si bien se cuestiona el lugar donde se habría cotizado los precios, que no correspondería al sitio donde acontecieron los hechos, se aprecia una explicación lógica y razonable en el documento pericial -rubro: análisis de la información-pues detalla cantidades cercanas y próximas de un lugar (Chiclayo) cercano a los hechos (Cutervo), sin apreciarse que la parte impugnante proponga un estudio técnico que desbarate el análisis pericial reclamado. El agravio que trata de cuestionar la pericia de tasación debe desestimarse.

DECIMOCUARTO. Otro extremo en cuestionamiento abarca las versiones de los testigos impropios. De ahí que descartar lo dicho por JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA (hoy condenado) solo por aceptar dos imputaciones: peculado y colusión; carece de asidero alguno, pues aun, actualmente, solo se juzgue por un delito (colusión), conforme lo ordenó, oportunamente, la Corte Suprema, ello no implica que su relato logre ser variado, siendo intrascendente examinar lo expuesto por aquel testigo impropio, en el sentido que no tuvo contacto con el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA, dado que fue constante en señalar que ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO indicó que el encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA presionada y ordenaba la devolución dineraria.

DECIMOQUINTO. No resulta relevante debatir recursalmente la entrega o recepción de dinero entre los testigos impropios GABRIEL JUAN SÁNCHEZ SEDAMANOS y ALEJANDRO EDGARDO AHUMADA ROMERO -funcionarios municipales-. Lo esencial es lo dicho por este último, corroborado por el JOSÉ INÉS MONDRAGÓN CERVERA -proveedor de las maderas- respecto a que el procesado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA tuvo injerencia en el acto colusorio denunciado.

DECIMOSEXTO. Resulta inviable el agravio referido a que no se cumplió con emitir pronunciamiento por un solo delito; sin embargo, se condena solo por el ilícito de colusión, por tanto se desmerece tal reclamo. Asimismo, no se enerva la imputación del encausado JORGE LUIS PAREDES GUEVARA que las suscripciones efectuadas en la Resolución Municipal número cero catorce-dos mil cuatro-MPC y adenda -último documento suscrito por disposición de un acuerdo de consejo municipal del veinticinco de enero de dos mil cinco, folio un mil trescientos noventa y uno- hayan sido luego del cuestionado contrato inicial, dado que las versiones de los testigos impropios -que a la fecha tienen condena por los presentes hechos- son aptas para contextualizar una participación ilícita de aquel imputado en los actos de concertación denunciados, para lo cual no se requiere prueba directa, sino indiciaria, conforme se ha analizado y valorado en el presente caso.

DECIMOSÉTIMO. Además resulta evidente que el accionar del procesado, en su condición de alcalde, hacia el funcionario municipal para requerir la devolución dineraria al proveedor-contratista, son incriminaciones que incluso fueron ratificadas por este último, cuando se logra configurar el acuerdo colusorio, pues las irregularidades generadas en el contrato, trataron de ser subsanadas por el alcalde, primero con la firma de una resolución municipal para decretar la emergencia del servicio prestado y, luego con la elaboración de una adenda que trató solo cuantificar la cantidad de los bienes alquilados, pese haberse tramitado y finiquitado el contrato materia de cuestionamiento, apreciándose una inusitada celeridad en el desembolso final de dinero efectuado al proveedor. La prueba indiciaria habilita ratificar las conclusiones de culpabilidad expuestas por la Sala de Mérito.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de enero de dos mil dieciocho (folio mil quinientos noventa y tres) en el extremo que condenó a JORGE LUIS PAREDES GUEVARA como autor del delito de concusión impropia o colusión en perjuicio del Estado representado por la Municipalidad Provincial de Cutervo, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de tres años sujeto a reglas de conducta e inhabilitación por el término de tres años y le impuso quince mil soles por concepto de reparación civil que debe abonar solidariamente con los demás sentenciados, sin perjuicio de devolver lo ilícitamente apropiado; con lo demás que contiene. Y los devolvieron.

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