USO DE DOCUMENTO FALSO: Cuando el inculpado (taxista) aceptó manejar el vehículo estaba en la obligación de revisar los papeles en regla.
28 agosto, 2019
VALOR PROBATORIO DEL RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO.
30 agosto, 2019

MOTIVACIÓN. NULIDAD. No se cumplió con el deber de esclarecimiento.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 342-2018
LORETO

Infracción al principio de motivación de las resoluciones judiciales

Es viable anular el extremo de la absolución impugnado porque no fue motivado suficientemente, en la medida que el Tribunal de Instancia no valoró adecuadamente los medios de prueba recabados en la secuela del proceso ni realizó las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad o no del procesado en los hechos delictivos imputados.

Lima, dieciséis de enero de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el procurador público de la Contraloría General de la República contra la sentencia del siete de junio de dos mil diecisiete (foja cinco mil ochocientos cincuenta y seis); en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi, Mario Chumbe Yahuarcani, Wilson García Urquía, Roldán Ramírez Bustamante, Aldo Penadillo Valera, Rusbel Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez, como presuntos autores del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número uno: recibir viáticos en exceso), en perjuicio del Estado; y por los procesados Sánchez Lavi, García Urquía, Flores Quispe, López Ismiño, Chumbe Yahuarcani, De la Cruz Vílchez y Tello Arévalo contra la misma sentencia, en el extremo que los condenó como autores del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número dos: recibir u otorgar anticipos), en perjuicio del Estado; y les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución; e inhabilitación por el periodo de tres años por los incisos uno, dos y tres, del artículo treinta y seis, del Código Penal; y fijó en cinco mil soles el monto por concepto de reparación civil. De conformidad con el dictamen de la fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

Primero. El procurador público adjunto de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales de la Contraloría General de la República, en su recurso formalizado (foja cinco mil novecientos veintisiete), solicitó la nulidad de la sentencia, en el extremo que absolvió a Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi, Mario Chumbe Yahuarcani, Wilson García Urquía, Roldán Ramírez Bustamante, Aldo Penadillo Valera, Rusbel Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez como presuntos autores del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número uno: recibir viáticos en exceso), y alegó que:

1.1. La sentencia, en el extremo impugnado, adolece de motivación aparente, carece de motivación suficiente y es incongruente, por lo que cayó en el vicio de deficiencia de la motivación externa y, por ende, ha afectado el derecho al debido proceso penal. Debido a que no se ha motivado la razón del porqué considera que es una causa de absolución el reintegrar el dinero apropiado, tiempo después de perfeccionarse el delito; es decir, no se ha indicado si el devolver el dinero constituye una causa de exculpación, justificación o si convierte en atípico el hecho, con las respectivas justificaciones que demanda esta tesis.

1.2. No se ha señalado en qué resoluciones la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante que el otorgamiento de viáticos en exceso para ser apropiados debe ser sancionado solo por el derecho administrativo.

1.3. No se ha tomado en cuenta que está acreditada la autorización ilegal de viáticos con montos superiores al máximo legal permitido con: i) el doble descargo por movilidad fluvial y ii) la rendición de cuentas con comprobantes que no son reconocidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago, que además no corresponden a los ejercicios ni a lugares autorizados para las comisiones de servicio y viáticos.

1.4. La devolución del dinero apropiado no es óbice para absolver, ni siquiera para cambiar el tipo penal de peculado
por apropiación a peculado de uso. Debido a que la Corte Suprema ha sostenido que: “[…] se trata de un peculado por apropiación y no por distracción o utilización, en tanto se hizo entrega de dinero público para fines privados, disponiéndolo como propio; que la modalidad de peculado por distracción o utilización implica una separación del bien de la esfera pública y una aplicación temporal del mismo sin consumirlo, para regresarlo luego a la esfera pública, lo que no es posible tratándose de dinero”; de tal forma que el dinero es un bien consumible, que se transforma en un bien o servicio, poco importa si fue devuelto o no, porque el mismo bien no será devuelto.

1.5. Ahora, sostiene que si bien la apropiación de viáticos solo es sancionable en sede administrativa como ha sido precisado por la Corte Suprema: “Los viáticos tienen naturaleza distinta a la administración, percepción y custodia del dinero del Estado, ya que en este subsiste la autorización al funcionario o servidor público para disponer del dinero otorgado, que puede ser parcial o total de la suma asignada, incluso, en este último caso, el trabajador está autorizado a utilizar el íntegro del “viático” que se le asignó […] circunstancia que debe dilucidarse administrativamente”. No obstante, en el presente caso se advierte que se utilizaron fondos del Estado respecto de los cuales se dio una indebida autorización por parte del funcionario o servidor público, quienes concedieron ilegalmente montos superiores sobre estos viáticos mediante Resolución de Alcaldía y reglamento interno.

1.6. Bajo ese contexto, se advierte que la apropiación se cumple cuando se extraen caudales destinados para otros fines. Por lo que se ha privado a la Administración Pública de cumplir con los objetivos y finalidades para las que se le asignaron dichos recursos.

Segundo. El encausado Wilson García Urquía, en su recurso formalizado (foja cinco mil novecientos cuarenta y dos), solicitó la nulidad de la sentencia, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número dos: recibir u otorgar anticipos por el delito de peculado), y alegó que:

2.1. El Tribunal no ha tomado en cuenta que en todas las etapas del proceso sobre los anticipos, estos eran para pagos diversos y eran emitidos mediante un procedimiento regular, dispuestos por alcaldía a través de la Oficina de Administración, la que disponía el pago de obligaciones pequeñas o menudas que por su naturaleza no podían efectuarse de manera directa por la Oficina de Administración; que no se sujetaba a un procedimiento administrativo regular que requería de acumulación de sustento documentario (requerimiento, comprobante de pago y/o conformidad), pues la misma ha sido sustentada con documentos idóneos por el monto percibido.

2.2. No existen elementos de prueba que acrediten su responsabilidad sobre los hechos que se le imputan, ya que absolvió las observaciones de la Contraloría señaladas en el Informe.

Tercero. Los encausados Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi y Mario Chumbe Yahuarcani, en su recurso formalizado (foja cinco mil novecientos cuarenta y seis), solicitaron la nulidad de la sentencia, en el extremo que los condenó como autores del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número dos: recibir u otorgar anticipos), pues alegaron:

3.1. El Colegiado Superior ha emitido una condena respecto de una imputación que no ha sido materia de acusación por parte del representante del Ministerio Público; por lo que no se realizó un debido examen, menos un debate o contradictorio en el juicio oral.

3.2. La sentencia ha vulnerado el principio de imputación necesaria, por cuanto la condena impuesta se pronuncia sobre hechos que no fueron materia de debate ni acusación.

Cuarto. El encausado Rusbel Tello Arévalo, en su recurso formalizado (foja cinco mil novecientos cincuenta y uno), solicitó la nulidad de la sentencia, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la Administración pública-peculado doloso (caso número dos: recibir u otorgar anticipos), pues alegó que:

4.1. El Tribunal Superior no ha efectuado una debida apreciación de los hechos materia de inculpación, debido a que la misma no fue realizada de forma personalizada.

4.2. No se compulsaron adecuadamente las pruebas ofrecidas por su defensa, tampoco se ha emitido pronunciamiento alguno  respecto a los planteamientos utilizados como argumentos de defensa.

4.3. Existe incongruencia entre lo acusado y resuelto, pues en la premisa fáctica de la acusación fiscal, se señala quienes fueron las personas que recibieron viáticos y anticipos. Sin embargo, al haberse realizado un juicio oral con insuficiencia probatoria (solo se contó con el Informe Especial), la acusación fiscal ha terminado modificando los alcances sustanciales de la imputación, los mismos que vulneraron de forma manifiesta el principio de congruencia que impide que la acusación fiscal sea modificada por el Tribunal de instancia.

4.4. La acusación en su contra no individualiza ni separa cada uno de los ítems por los que se le cuestiona el mal rendimiento de cuentas. Menos se toman en cuenta: i) La actuación en el juicio oral del memorando número ciento tres-dos mil dos-AMPR del tres de enero de dos mil dos, a través del cual se autorizó la entrega del encargo y la finalidad de su uso para pagar compromisos anteriores. ii) Los documentos de rendición de cuentas de los anticipos recibidos y observados por la suma de trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco soles con veintidós céntimos, verificándose que el sello “pagado” de las boletas, facturas y declaraciones juradas fueron de fecha posterior al otorgamiento del anticipo.

4.5. Asimismo, sostuvo que se pagaron bienes y servicios que la Municipalidad había solicitado para cumplir con su finalidad en fechas anteriores, sin que se haya apropiado de dichos fondos. Máxime si se acreditó en el juicio oral que el pago se realizó respecto de compromisos anteriores (deudas) a proveedores.

4.6. La sentencia realiza una descripción de normas administrativas no fraccionadas con el procedimiento de otorgamiento de los anticipos, que pone en evidencia que se trata de una irregularidad administrativa, debido a que el tipo penal no requiere de reminiscencia a otras normas administrativas.

Quinto. El encausado Víctor Raúl de la Cruz Vílchez, en su recurso formalizado (foja cinco mil novecientos cincuenta y nueve), solicitó la nulidad de la sentencia, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número dos: recibir u otorgar anticipos por el delito de peculado), pues señaló que:

5.1. La Sala Superior no ha efectuado una debida apreciación de los hechos materia de condena, debido a que la misma no se realizó de forma personalizada. Tampoco ha valorado adecuadamente las pruebas ofrecidas por su defensa, por lo que se trasgredió la observancia al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.

5.2. Existe causal de nulidad porque no hay congruencia entre lo acusado y resuelto, debido a que se realizó un juicio oral con insuficiencia probatoria (solo obra el Informe Especial). Aunado a que la acusación fiscal modificó sustancialmente los supuestos fácticos.

5.3. No se ha tomado en cuenta que solo autorizó la suma de seiscientos soles, los cuales fueron devueltos conforme consta en el Informe Pericial de foja cuatro mil sesenta y cinco, y cuatro mil ciento nueve; que respecto a los quince mil ochocientos ochenta y un soles con noventa y nueve céntimos que habrían sido rendidos con documentación irregular, no se valoró que:

a. El memorando número ciento tres-dos mil dos-A-MPR, del tres de enero de dos mil dos, autorizó la entrega del encargo y la finalidad de su uso en pagar compromisos anteriores.

b. Existen documentos de rendición de cuentas documentada de los anticipos recibidos y observados por la suma de quince mil ochocientos ochenta y un soles con noventa y nueve céntimos, lo cual se verifica con el sello “pagado” de las boletas, facturas y declaraciones juradas que eran de fecha posterior al otorgamiento del anticipo.

Sexto. En la acusación fiscal (fojas mil ciento quince y cuatro mil novecientos treinta: subsanación e integración a la acusación), los funcionarios de la Municipalidad de Requena habrían autorizado montos de dinero en exceso, por concepto de viáticos, para sí y otros, con lo que ocasionó un perjuicio económico al erario público. Bajo ese contexto, se advierte que Epifanio Flores Quispe (exalcalde); Milton Elías López Ismiño (exregidor) y Jorge Luis Sánchez Lavi (exregidor), ambos encargados del despacho de alcaldía; Mario Chumbe Yahuarcani (exgerente municipal) y Félix Rubén Sías Pacaya (exgerente de Administración y Finanzas) autorizaron –durante el ejercicio del año dos mil tres– el otorgamiento de viáticos por comisión de servicios mediante memorandos para sí y a favor de Rosa Pereira Acho, Isaac López Díaz, Herbert Hidalgo, Delsi Cahuasa Dávila, Víctor Román del Águila Moreno (regidores de la Municipalidad), Laureano Venancino Montes (jefe del órgano de control institucional), Víctor de la Cruz Vílchez (gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización), Julio Filadelfio Pizango Paima (gerente de Desarrollo Urbano), Alfonso Cárdenas Gambine (subgerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional) y José Luis Salazar Zapata (subgerente de Contabilidad), habiéndose determinado que por dicho concepto se otorgó un exceso ascendente a veinte mil novecientos setenta y dos soles con cinco céntimos.

Cabe señalar que los comprobantes de pago fueron visados en señal de conformidad por los señores Félix Rubén Sias Pacaya (gerente de Administración y Finanzas), Wilson García Urquía (subgerente de Tesorería) y Walter Gerardo Sinarahua Martínez (subgerente de Contabilidad); por lo que precisó que los montos otorgados por conceptos de viáticos, durante el ejercicio dos mil tres, se efectuaron al amparo de las siguientes resoluciones: Resolución de Alcaldía número cero ochenta y cinco-dos mil-A-MPR (emitida el veinte de julio de dos mil, vigente hasta el quince de agosto de dos mil tres), y la Directiva Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y Asignaciones Económicas al Alcalde, Regidores, Funcionarios y servidores de la Municipalidad, donde se establecieron montos que excedían el tope establecido en la Ley número veintisiete mil ochocientos setenta y nueve-Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal dos mil tres, ascendente a ciento veinte soles. Asimismo, se advirtió que en dicho periodo se otorgaron por duplicado viáticos por concepto de movilidad fluvial, bajo la denominación Presupuesto de Costos para la Comisión de Servicios, el cual sirvió de sustento a los montos asignados a los beneficiarios, concepto que debió considerarse solo por una vez.

En agosto de dos mil tres, se formalizó la aprobación de la nueva escala de viáticos propuesta a través del Informe número cero cuarenta y dos-dos mil tres-GAF-MPR, elaborado por Félix Rubén Sías Pacaya (gerente de Administración y Finanzas) y aprobado en sesión ordinaria número quince, del quince de agosto de dos mil tres, mediante Acuerdo de Concejo Municipal número doscientos cuarenta y tres, donde se determinó que al alcalde se le asignarían viáticos por un importe que sobrepasaba los límites establecidos en la Ley número veintisiete mil ochocientos setenta y nueve, a pesar de que dicha norma fue invocada en tal sesión de Concejo. Bajo ese contexto, se tiene que Epifanio Flores Quispe (exalcalde) adjuntó en su rendición de cuentas comprobantes de pago que no son
reconocidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago emitido por la Sunat, así como comprobantes de pago que no corresponden a los ejercicios ni a los lugares autorizados para las comisiones de servicio y comprobantes de pago sustentando gastos que no fueron cubiertos con los viáticos.

Igualmente, se sostiene que existieron irregularidades en el otorgamiento y rendición de anticipos municipales, ocasionando un perjuicio ascendente a ciento quince mil seiscientos setenta y un soles con cuatro céntimos.

Durante los ejercicios de los años dos mil uno y dos mil dos, de la revisión selectiva efectuada a los documentos que sustentan los egresos de la Municipalidad agraviada, relacionados con el otorgamiento de anticipos al exalcalde y funcionarios municipales, se ha establecido que estos fueron autorizados mediante memorandos por los señores: Juan Amasifuén Laulate (exalcalde); Milton Elías López Ismiño y Carlos Vicente García Dávila (exregidores, encargados del despacho de alcaldía), quienes aprobaron anticipos a favor de Juan Amasifuén Laulate (exalcalde), Roldán Rodríguez Bustamante (gerente de Secretaría General), Rusbel Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez (gerente de Tesorería).

Al determinarse que la rendición de cuentas de los citados anticipos se realizó con documentación sustentatoría irregular por el importe de noventa y un mil cuatrocientos setenta y un soles con once céntimos, los comprobantes de pago fueron visados en señal de conformidad por Rafael de la Cruz Vílchez, Rusbel Tello Arévalo y Víctor de la Cruz Vílchez (gerente de Administración y Finanzas), así como por los señores Alejandro Héctor Pacaya Pizango y Aldo Penadillo Valera (subgerente de Tesorería) y, en algunos casos, con el visto bueno de los señores Wilder Nemesio Barboza Pizango y José Navas Ramírez (subgerente de Contabilidad). Así, se tiene que la rendición de cuentas con documentación sustentatoria irregular se refiere a comprobantes emitidos con fechas anteriores a la consignada en los anticipos otorgados y que no son reconocidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago emitido por la Sunat;
asimismo, no existen documentos que sustenten la necesidad de los bienes o servicios adquiridos, tampoco se evidencia con documento alguno el registro de ingreso, salida ni destino de los mismos, conforme se advierte en las cartas números doce, trece, catorce, quince y diecisiete-dos mil seis-SGLSG-MPR, del dieciocho de enero de dos mil seis; veintisiete y veintiocho-dos mil seis-SGLSG-MPR, elaboradas por el señor Alex Fernando Bernal Grandez (subgerente de Logística y Servicios Generales) y la carta número cero cero tres-dos mil seis-CMS-R del veinticuatro de enero de dos mil seis, elaborada por el señor Cecilio Maricahua Silvano (subgerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares).

Durante el ejercicio dos mil tres, de la revisión selectiva efectuada a los documentos que sustentarían los egresos de la Municipalidad agraviada, relacionados con los otorgamientos de anticipos a funcionarios municipales, se ha determinado que estos anticipos fueron autorizados mediante memorandos, los cuales fueron emitidos por Epifanio Flores Quispe (exalcalde), Milton Elías López Ismiño y Jorge Luis Sánchez Lavi (ambos exregidores, encargados del despacho de alcaldía), Mario Chumbe Yahuarcani (gerente municipal), Félix Rubén Sías Pacaya (gerente de Administración de Finanzas), Víctor Raúl de la Cruz Vílchez y Wilson García Urquía (subgerente de Tesorería), y se estableció que la rendición de cuentas de los citados anticipos se realizó con documentos sustentatorios irregulares, por el importe de doscientos cincuenta y cuatro mil ciento noventa y tres soles con noventa y tres céntimos. Al respecto, se advierte, además, que los comprobantes de pago fueron visados en señal de conformidad por los señores Félix Rubén Sías Pacaya y Wilson García Urquía y, en algunos casos, con el visto bueno de Walter Gerardo Sinarahua Martínez (subgerente de Contabilidad).

Séptimo. Del análisis de autos y los términos del recurso impugnativo (procurador público de la Contraloría General de la República), se advierte que los magistrados de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto no realizaron una debida apreciación de los hechos atribuidos a los encausados Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi, Mario Chumbe Yahuarcani, Wilson García Urquía, Roldán Ramírez Bustamante, Aldo Penadillo Valera, Rusbel Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez; ni compulsaron de forma apropiada los medios de prueba que obran en autos; además, no realizaron diligencias importantes para establecer su inocencia o responsabilidad en el caso número uno: recibir viáticos en exceso.

Octavo. En efecto, el Tribunal de Instancia, para justificar el extremo absolutorio de la sentencia impugnada (ver considerandos jurídicos tercero y cuarto, del ítem Evaluación y consideraciones de la Sala Penal Liquidadora) esgrimió una motivación insuficiente, pues argumentó que:

a) los viáticos otorgados en exceso fueron reintegrados por los funcionarios de la municipalidad tiempo después de los hechos y con los respectivos intereses.

b) Los viáticos tienen naturaleza administrativa, por lo que la irregularidad en la rendición de cuentas o un exceso de su percepción deviene en un proceso que debe resolverse en la vía administrativa.

Noveno. Sin embargo, se advierte que el Colegiado Superior no tomó en cuenta que los procesados Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi y Mario Chumbe Yahuarcani habrían autorizado indebidamente el otorgamiento de viáticos para sí y a favor de terceros mediante memorando (conforme se desprende de los anexos del Informe Especial número doscientos ocho-dos mil siete-CG/ORIQ, a foja veintinueve), lo que ocasionó un perjuicio patrimonial ascendente a veinte mil novecientos setenta y dos soles con cinco céntimos (según el Informe Pericial Contable de foja cuatro mil cincuenta y uno). Asimismo, la Sala Superior omitió valorar que en la emisión de la Resolución de Alcaldía número ciento noventa y uno-dos mil tres-A-MPR, se consignó que la información contenida en dicho documento se encontraba visada por la Gerencia de Asesoría Legal; no obstante, de las declaraciones de los procesados Epifanio Flores Quispe se desprende que: “No se le consultó al asesor legal para que emitiera una opinión legal respecto a la Resolución de Alcaldía número ciento noventa y uno-dos mil tres-A-MPR” (véase a folio dos mil seiscientos sesenta y siete) y Jorge Sánchez Lavi, quien declaró: “No pidió sustento legal para la aprobación de la solución de Alcaldía número ciento noventa y uno-dos mil tres-A-MPR” (véase a folio dos mil setecientos ochenta y nueve).

Décimo. Asimismo, no se ha tomado en cuenta que:

10.1. Los procesados autorizaron, para sí y a favor de terceros, viáticos por montos superiores a los permitidos por ley.

10.2. Los procesados realizaron una indebida rendición de cuentas de los viáticos concedidos; pues se registraron en los anexos del
Informe Especial número doscientos ocho-dos mil siete-CG/ORIQ, las siguientes observaciones:

a. Gastos no cubiertos por viáticos.

b. Gastos efectuados con posterioridad al periodo de la comisión de servicios.

c. Gastos no cubiertos con viáticos (la fecha de cancelación es anterior a la fecha de emisión y comisión de servicios).

d. El documento no es un comprobante de pago aceptado por la Sunat.

e. No incluye la fecha de emisión.

f. El gasto no corresponde al lugar de la comisión de servicios (fecha en la que el comisionado estuvo en la ciudad de Lima).

Así, lo expuesto genera dudas respecto a la inocencia o culpabilidad de los procesados, pues se deberá dilucidar en un nuevo juicio oral si actuaron realmente con el propósito de apropiarse indebidamente del dinero entregado por viáticos.

Por consiguiente, al haberse infringido el principio de motivación de las resoluciones judiciales, previsto en el inciso cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, corresponde amparar la pretensión impugnatoria de la parte recurrente.

Decimoprimero. En tal sentido, de conformidad con lo previsto en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del Código de Procedimientos Penales; es necesario que se lleve a cabo un nuevo juicio oral, en el que se recabarán:

11.1. La versión de los peritos contables Javier Barata Díaz y Jorge Luis Santana Sifuentes, quienes declararán respecto al caso número uno: recibir viáticos en exceso.

11.2. La versión del asesor legal que trabajó en la Municipalidad de Requena en el año dos mil tres, quien informará al Tribunal si le solicitaron que emitiera una opinión legal respecto a la Resolución de Alcaldía número ciento noventa y uno-dos mil tres-A-MPR y si, posterior a su emisión, comunicó al Concejo Municipal que la misma era ilegal.

11.3. La versión, en el plenario, de los auditores que elaboraron el Informe Especial número doscientos ocho-dos mil siete-CG/ORIQ para que informen al Tribunal respecto al caso número uno: recibir viáticos en exceso.

11.4. La versión de los procesados para que informen al Tribunal de qué forma regularizaron su rendición de cuentas de viáticos, sí se advierte de los anexos del Informe Especial número doscientos ochodos mil siete-CG/ORIQ que sustentaron sus gastos con comprobantes de pago no reconocidos (boletas de compra de prendas de vestir, videopub’s, telas, tarjetas de llamadas y gastos en boticas), por el Reglamento de Comprobantes de Pago emitido por la Sunat.

Decimosegundo. Por tanto, de conformidad con la facultad conferida en el último párrafo, del artículo trescientos uno, del Código Adjetivo, es de rigor rescindir la sentencia recurrida en el extremo absolutorio y disponer que en un nuevo contradictorio dirigido por otro Colegiado, se realicen las anotadas diligencias y las demás necesarias para el esclarecimiento cabal de los hechos.

Decimotercero. Ahora bien, se aprecia que tanto el delito (peculado doloso, previsto en el segundo párrafo, del artículo trescientos ochenta y siete, del Código Penal) cuanto la responsabilidad penal (caso número dos: recibir u otorgar anticipos) de los imputados Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi, Mario Chumbe Yahuarcani, Wilson García Urquía, Roldán Ramírez Bustamante, Aldo Penadillo Valera, Rusbel Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez, se acreditan con los siguientes elementos:

13.1. Informe Especial número doscientos ocho-dos mil siete- CG/ORIQ (foja veintinueve), el cual concluye que durante los ejercicios dos mil uno, dos mil dos y dos mil tres se otorgaron anticipos para gastos diversos sin el debido sustento legal y sin establecer la finalidad u objeto de los mismos. Asimismo, se estableció que: para la rendición de cuentas de los anticipos se ha presentado documentación irregular, máxime si los anticipos fueron otorgados sin tener en cuenta ningún criterio normativo.

13.2. Informe Pericial Contable (foja cuatro mil cincuenta y uno), el cual concluye que por el otorgamiento y la rendición de anticipos proporcionados durante los ejercicios dos mil uno, dos mil dos y dos mil tres se observaron irregularidades por el importe de ciento quince mil seiscientos setenta y un soles con cuatro céntimos.

13.3. Oficios números cero cero cuatro y cero cero seis-dos mil seis- SGC-MPR (fojas mil sesenta y ocho, y mil setenta y uno), en los cuales consta la siguiente información:

a. No existe registro de control de anticipos concedidos en los años dos mil uno y dos mil dos.

b. No existió una directiva relacionada con el otorgamiento de anticipos en los años dos mil uno y dos mil dos.

Decimocuarto. Si bien frente a dicho juicio de responsabilidad concurre la negativa de los impugnantes, así como los agravios contenidos en su recurso de nulidad; no obstante, el primer aspecto es un argumento natural de sus legítimos derechos de defensa, que en modo alguno puede revertir la prueba de cargo recabada en el decurso del proceso contra el recurrente y, por ende, adquieren virtualidad procesal para desvirtuar la presunción de inocencia que les asistió al inicio del proceso.

Decimoquinto. Respecto al argumento de que existe nulidad porque la acusación fiscal habría modificado sustancialmente los hechos, este Supremo Tribunal coincide con lo expuesto por la fiscal suprema en lo penal, por cuanto sostuvo que se observa clara y literalmente, que en el dictamen fiscal (foja cuatro mil ochocientos noventa y siete) se contempló el sustento fáctico que motivó la sentencia condenatoria, detallando los mismos hechos de la denuncia e incluyendo a los encausados en los mismos, por lo que debe rechazarse ese extremo de la impugnación.

Decimosexto. En cuanto a la pena de inhabilitación, se advierte que si bien al momento de ocurridos los hechos no se encontraba prevista por la ley penal como pena conjunta con la de privación de libertad; no obstante, su determinación estaba habilitada como pena accesoria, por lo que debió sustentarse bajo los parámetros, el mismo examen y valoración realizada por el juzgador. Bajo ese contexto, este Supremo Tribunal considera que la pena de inhabilitación impuesta no se ajusta al principio de proporcionalidad, por lo que en aplicación del criterio jurisprudencial fijado en la Ejecutoria Vinculante recaída en el recurso de nulidad número tres mil ochocientos sesenta y cuatro-dos mil trece, del ocho de septiembre de dos mil catorce, debe rebajarse prudencialmente dicho extremo de la pena impuesta.

Decimoséptimo. En consecuencia, al haberse enervado la presunción de inocencia que los acusados Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi, Mario Chumbe Yahuarcani, Wilson García Urquía, Roldán Ramírez Bustamante, Aldo Penadillo Valera, Rusbel Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez ostentaban al inicio de la causa (respecto al caso número dos: recibir u otorgar anticipos), de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos ochenta y cinco, del Código de Procedimientos Penales, se infiere que la sentencia impugnada se encuentra conforme a Ley.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NULA la sentencia del siete de junio de dos mil diecisiete (foja cinco mil ochocientos cincuenta y seis), en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a Epifanio Flores Quispe, Milton Elías López Ismiño, Jorge Luis Sánchez Lavi, Mario Chumbe Yahuarcani, Wilson García Urquía, Roldán Ramírez Bustamante, Aldo Penadillo Valera, Rusbel
Tello Arévalo y Víctor Raúl de la Cruz Vílchez como presuntos autores del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número uno: recibir viáticos en exceso), en perjuicio del Estado; en consecuencia, DISPUSIERON que se realice un nuevo juicio oral por otro Tribunal de Instancia, que debe observar lo señalado en los fundamentos jurídicos de esta Ejecutoria.

II. NO HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo que los condenó como autores del delito contra la Administración Pública-peculado doloso (caso número dos: recibir u otorgar anticipos por el delito de peculado), en perjuicio del Estado; a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución; e impusieron la pena de inhabilitación por el periodo de tres años, por los incisos uno, dos y tres, del artículo treinta y seis, del Código Penal, y fijó en cinco mil soles el monto por concepto de reparación civil. Y los devolvieron.

III. HABER NULIDAD en el extremo que impuso la pena de inhabilitación por tres años; y, reformándola, la disminuyeron e IMPUSIERON un año y dos meses de inhabilitación, conforme con los incisos uno, dos y tres, del artículo treinta y seis, del Código Penal.

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