MOTIVACIÓN. NULIDAD. No se cumplió con el deber de esclarecimiento.
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PRUEBA INDICIARIA Y DOLO EN EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
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VALOR PROBATORIO DEL RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 546-2017
LIMA NORTE

Eficacia probatoria de lo actuado a nivel policial.

Sumilla. Cuando se requiera que una víctima o testigo proporcione las características físicas del agresor, se debe evaluar el contexto en el cual apreció el hecho; esto permitirá establecer su eficacia probatoria, debilitándola o anulándola.

Lima, catorce de mayo de dos mil dieciocho

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en delito de orden público del Ministerio del Interior contra la sentencia del catorce de julio de dos mil dieciséis (folio mil trescientos cuarenta y tres), que absolvió de la acusación fiscal a Carlos Alberto Timana Copará, Lizbeth Ailyn Meza Ramírez, Arthur Bryan Vásquez Mendoza y Ricardo Leonardo Calmet Risco, como presuntos autores de los delitos contra el Patrimonio-robo agravado, en perjuicio del Casino Tragamonedas Richman Games, representado por José Manuel Tipian Aguilar; la panadería Doña Elena, representada por Julio Félix Cornejo Huamán; y la Botica Universitaria, representada por Javier Alfonso Cornejo Velarde; y contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

ARGUMENTOS DE AGRAVIOS

PRIMERO. El representante del Ministerio Público, en su escrito de folio mil trescientos sesenta y ocho, sostiene que:

1.1. La acusada Lizbeth Ailyn Meza Ramírez en su declaración a nivel policial (folio ochenta y tres), precisó la intervención de cada uno de sus coacusados en los delitos que se les imputa; así, también, que fue amenazada por Carlos Alberto Timana Copará y Ricardo Leonardo Calmet Risco.

1.2. El representante legal de la empresa agraviada Botica Universitaria y la trabajadora de la panadería Doña Elena, Javier Alfonso Cornejo Velarde Y Rocío Adriana Pérez Gamarra, respectivamente, participaron de la diligencia de reconocimiento fotográfico donde reconocieron al procesado Timana Copará como uno de los autores del delito en su contra.

1.3. El imputado Carlos Alberto Timana Copará, al rendir su instructiva, aceptó su responsabilidad y, además, narró la participación de Ricardo Leonardo Calmet Risco. Esta aceptación de cargos se extiende al juicio oral que se quebró.

1.4. Bajo el liderazgo de Carlos Alberto Timana Copará, los acusados se agruparon voluntariamente para cometer delitos contra el patrimonio.

SEGUNDO. El representante de la Procuraduría, en su condición de parte civil, sustenta su recurso (folio mil trescientos setenta y uno) y expone como agravio lo siguiente:

2.1. No se ha desarrollado ni argumentado las razones por las que la conducta de los imputados no se adecúa al tipo penal del artículo trescientos diecisiete del Código Penal.

2.2. No se indica cuáles fueron los medios probatorios que no lograron generar convicción sobre el delito de asociación ilícita para delinquir.

2.3. Este delito se configuró con la mera reunión que sostuvieron los procesados, la cual fue desarticulada por la efectiva intervención policial.

2.4. La acusada Lizbeth Ailyn Meza Ramírez, en su manifestación policial, narró en forma detallada cómo se planificaron los robos a las empresas agraviadas.

2.5. Aplicando la prueba por indicios se concluye que existe responsabilidad penal de los acusados en el delito de asociación ilícita.

IMPUTACIÓN FÁCTICA

Respecto al robo con agravantes en perjuicio del Tragamonedas Richman Games

TERCERO. El delito se ejecutó el veinte de octubre de dos mil once, a la una con treinta minutos, aproximadamente, oportunidad en la que los procesados han sustraído dos teléfonos celulares, un CPU de video vigilancia y cuatro mil soles del tragamonedas ubicado en la manzana M-2, lote seis, en el distrito de San Martín de Porres. Al lugar habría ingresado el procesado Timaná Copará y dos sujetos no identificados, simulando ser clientes del local, sorpresivamente estos últimos sacaron sus armas de fuego y redujeron al personal de seguridad para quitarles sus teléfonos celulares, así como la cámara de vigilancia. Esto fue aprovechado por Timaná Copará para sustraer el dinero, salieron del lugar y se dieron a la fuga en el vehículo que era conducido por el procesado Ricardo Leonardo Calmet Risco. Del mismo modo, el procesado Arthur Bryan Vásquez Mendoza iba a bordo de otro vehículo acompañado por Lizbeth Ailyn Meza Ramírez.

Respecto al robo con agravantes en perjuicio de la panadería Doña Elena y la Botica Universitaria

CUARTO. Los delitos se ejecutaron el veintidós de octubre de dos mil once, a las veintidós horas. En principio, los procesados sustrajeron sesenta y dos mil soles de la panadería Doña Elena y mil quinientos soles de la caja del agente BCP que funcionaba en el jirón Castaños número mil quince, en el distrito de Los Olivos. Resulta que el procesado Timaná Copará habría ingresado en compañía de dos sujetos –estos encapuchados y todos provistos con armas de fuego–, a la referida panadería y redujeron a la cajera Rocío Adriana Pérez Gamarra, y le sustrajeron el dinero. En los exteriores se encontraban los demás procesados realizando labores de vigilancia.

A las veintitrés horas con cincuenta minutos, vía telefónica, se le informó a Timaná Copará que la Botica Universitaria –ubicada al lado–, estaba por cerrar, esto fue aprovechado por el procesado para apuntar con su arma al administrador Javier Alfonso Cornejo Velarde, y conducirlo a la panadería y, así, sustraer diez mil soles de la botica y cuatro mil soles del agente Interbank ubicado en el interior. Seguidamente salieron y abordaron el vehículo con placa de rodaje N.° AOL-500, conducido por el procesado Ricardo Leonardo Calmet Risco.

Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir

QUINTO. Se imputa a los procesados pertenecer a una organización criminal estructurada en la que el procesado Carlos Alberto Timaná Copara es el cabecilla participando activamente en compañía de los conocidos como “Gordo Mario” y “Negro Andrés”. Por su parte, los acusados Lizbeth Ailyn Meza Ramírez, y Arthur Bryan Vásquez Mendoza realizan labores de apoyo externo para facilitar los asaltos; mientras que Ricardo Leonardo Calmet Risco tiene como labor específica conducir el vehículo en el que se trasladan los delincuentes. Esta organización estaría conformada, además, por efectivos policiales, entre ellos, el conocido como “Gabriel Fuertes Álvarez”, quien tendría la función de proporcionar información a la organización.

IMPUTACIÓN JURÍDICA

SEXTO. Conforme con la acusación (folio seiscientos ochenta), el título de imputación a los procesados es de autores de los siguientes delitos: a) Robo con agravantes, previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, concordante con los numerales dos, tres y cuatro, del primer y último párrafos, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal. b) Asociación ilícita para delinquir previsto en los términos del primer párrafo, del artículo trescientos diecisiete, del Código Penal (texto vigente mediante el artículo dos del Decreto Legislativo N.° 982).

CUESTIONES PRELIMINARES

SÉTIMO. En el ejercicio de su potestad sancionadora, el Estado reconoce a toda persona investigada y procesada un catálogo de derechos y garantías de orden material y procesal. Desde la perspectiva del imputado, sobre quien recae una acusación, en estricta observancia de la presunción de inocencia, esta se mantendrá incólume hasta el momento en el que se dicte una sentencia condenatoria, la cual deberá adquirir firmeza para surtir efectos.

7.1. Así como al procesado, a las víctimas de un hecho punible también se les reconoce –entre otros– el derecho al acceso a la tutela procesal, mientras que en el plano de las garantías tenemos: el derecho a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales.

7.2. Bajo la óptica antes expuesta, al momento de la valoración probatoria en materia penal se exige evaluar, de manera crítica, las pruebas de cargo y descargo, así como las aportadas por el actor o parte civil –dependiendo de las reglas del proceso que se sigan–, con la finalidad de corroborar o descartar la imputación formulada por la Fiscalía.

ANÁLISIS DEL CASO

OCTAVO. Lo primero que se debe acreditar en materia penal es la existencia de un hecho de relevancia penal (materialidad del delito). Seguidamente, delimitar el objeto de prueba y compulsar los elementos incorporados válidamente al proceso, siendo únicamente las pruebas de cargo capaces de enervar la presunción de inocencia. La importancia radica en poder identificar qué será objeto de proceso y – eventualmente–, el objeto de debate.

En ese contexto, en el caso de autos no se discute la materialidad del delito, sino la intervención delictiva que a título de autores habrían tenido los acusados en los delitos que se les imputa.

Correlación entre la acusación y el objeto de prueba en el delito de robo agravado

NOVENO. El objeto del proceso es el que está contenido en la acusación y sobre la cual versa el desarrollo del juicio oral. En consecuencia, la compulsa probatoria guarda estricta relación con los hechos que se deben acreditar, desde la posición acusatoria, para desvirtuar la presunción de inocencia.

9.1. La Sala Superior desestima los cargos contra los procesados Lizbeth Ailyn Meza Ramírez, Arthur Bryan Vásquez Mendoza y Ricardo Leonardo Calmet Risco bajo el argumento de que no fueron reconocidos por algún testigos que haya concurrido al juicio oral, por lo que no es posible vincularlos con el delito imputado; es más, resalta que no se hizo referencia a la intervención delictiva de la procesada Lizbeth Ailyn Meza Ramírez en alguno de los hechos delictivos de robo agravado.

9.2. Al respecto, este argumento resulta irrelevante, pues en atención al principio de congruencia entre la acusación y el objeto de proceso, al describir los cargos contra estas personas, a ninguno se le acusa de ingresar a alguno de los locales de las empresas agraviadas. Por ello, debemos recordar que según la imputación, la función de los procesados Lizbeth Ailyn Meza Ramírez y Arthur Bryan Vásquez Mendoza era la de permanecer en la periferia de los locales, a efectos de poder alertar un probable acto de interferencia en la ejecución del robo. En cuanto al procesado Ricardo Leonardo Calmet Risco, según los términos de la acusación, tendría como función trasladar en un automóvil a quienes ejecutaban el delito.

Valor probatorio de los reconocimientos fotográficos

DÉCIMO. Como bien se señala en la sentencia recurrida, el reconocimiento de personas, sea presencial o a través de fotografía, constituye un procedimiento complementario a la prueba testimonial.

10.1. El Colegiado Superior concluyó que la diligencia de reconocimiento fotográfico del testigo Javier Alfonso Cornejo Velarde –representante legal de la empresa agraviada Botica Universitaria, a folio ciento veintisiete–, en la que reconoció al procesado Carlos Alberto Timana Copará, no tiene eficacia probatoria debido a que resultaban insuficientes las características proporcionadas en su manifestación a nivel policial (foja ciento veintisiete).

10.2. Sobre el particular, este Supremo Colegiado no comparte el criterio esgrimido en la recurrida, puesto que en el contexto de violencia en el que se ejecutó el delito, resulta razonable considerar datos como: “Tez clara, cabello claro” y “trigueño, cabello crespo, pegado y corto”, como punto de partida para proceder a un reconocimiento fotográfico. Cabe resaltar que el testigo no presenció el hecho, sino que fue víctima de la violencia con la que se ejecutó. La precisión del relato deberá siempre considerar el contexto en el que se apreció el hecho. En definitiva, será mejor contar con mayor información; pero el no poder proporcionar detalles más específicos no desmerece su valor como elemento de prueba; podrá debilitarlo, pero no anularlo.

10.3. Cabe señalar que esta diligencia contó con la presencia del representante del Ministerio Público, el cual reviste de legalidad su desarrollo; además, el fiscal concurrió al juicio oral, conforme con el acta de la novena sesión de audiencia (folio mil doscientos treinta y siete), incorporándose al debate y contradicción el contenido de su declaración; por ello, será importante la concurrencia de la testigo Rocío Adriana Pérez Gamarra – trabajadora de la panadería Doña Elena– al desarrollo del juicio oral.

Valor probatorio de las declaraciones preliminares

DECIMOPRIMERO. Claro está que la prueba se genera en juicio; sin embargo, ello no anula o desmerece lo que se actúe en sede policial, pues puede ser introducido a juicio y sometido a contradicción. La importancia de estas diligencias de investigación radica en su componente de inmediatez que no puede pasar desapercibido. Esto no significa que el contenido de cualquier declaración pueda ser validada sin filtro alguno, sino que en principio estas deban estar –por lo menos– revestidas de legalidad, conforme con lo establecido en los artículos sesenta y dos y setenta y dos del Código de Procedimientos Penales. Las garantías mínimas que deben ser observadas son: la presencia de un abogado o del fiscal, tal como se sostiene en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004/Lima, que tiene la calidad de precedente obligatorio.

11.1. En el caso de autos, el veinticinco de abril de dos mil doce, la entonces intervenida Lizbeth Ailyn Meza Ramírez rindió su manifestación preliminar en presencia de un representante del Ministerio Público (véase a folio ochenta y tres); oportunidad en la que, al responder la cuarta pregunta, dijo que: “[…] sus ahora coacusados intervinieron en los delitos por los cuales son procesados”. Al responder a la quinta pregunta, precisó cuál fue la intervención de cada uno de ellos; asimismo, proporcionó detalles que solo alguien con conocimiento de los hechos podría informar, como el empleo de un vehículo, dando a conocer incluso el número de placa de rodaje del mismo.

11.2. El Colegiado Superior desestima esta declaración bajo el argumento de que ninguno de los testigos que concurrió a juicio oral informó de la participación de una mujer en los eventos delictivos; sin embargo, como se explicó en un punto anterior, ninguna de las personas que concurrió a declarar al proceso estuvo en los exteriores de las instalaciones de las empresas agraviadas, situación a la cual se circunscribe el cargo imputado.

Otro argumento por el cual se desestima esta declaración, se sustenta en actos de presión por parte del personal policial hacia la procesada, al punto que manifestó que la amenazaron con abusar sexualmente de ella si no involucraba al procesado Ricardo Leonardo Calmet Risco, lo cual manifestó en el plenario al ser examinada en acto público (folio mil ciento sesenta).

11.3. Ante esto, corresponde señalar que más allá de los cuestionamientos a las circunstancias de la intervención, lo cierto es que Lizbeth Ailyn Meza Ramírez declaró a nivel policial en presencia del representante del Ministerio Público. La primera vez fue el veinticuatro de abril (folio noventa y uno); la segunda, el veinticinco de abril (folio ochenta y tres); y, la última, el veintiséis de abril de dos mil doce (folio ochenta y ocho); en todos los casos se trató de distintos fiscales y a ninguno de ellos les manifestó haber sido víctima de presión o intento de abuso. Es más, según se aprecia en el Certificado Médico Legal N.° 012003-L-D (folio ciento ochenta y tres), producto de la evaluación del médico legista, en el que no se anota en la data que la intervenida haya referido algún tipo de presión por parte de los efectivos policiales.

11.4. En función a los argumentos expuestos, consideramos que el Colegiado Superior no valoró como corresponde el contenido de la declaración preliminar de la procesada Lizbeth Ailyn Meza Ramírez, descartándolo sin confrontarlo con otros actos de investigación como las diligencias de reconocimiento fotográfico o la declaración en juicio oral del testigo Javier Alonso Cornejo Velarde, por lo que corresponde la realización de un nuevo juicio oral.

Por el delito de asociación ilícita

DECIMOSEGUNDO. En cuanto a este extremo, se tiene que se trata de un delito de naturaleza autónoma; sin embargo, en el caso en concreto es innegable la existencia de un fuerte vínculo con los delitos contra el patrimonio imputados y por el rol que se les atribuye a cada uno de los acusados, los cuales podrán probarse a partir de la valoración de los elementos probatorios que sustentan los delitos de robo con agravantes.

En ese entendido, resulta prematuro emitir un pronunciamiento definitivo.

NECESIDAD DE ACTUACIÓN PROBATORIA

DECIMOTERCERO. Sin perjuicio de tomarse en cuenta los argumentos desarrollados en el considerando anterior, consideramos necesario para un mejor esclarecimiento de los hechos que en un nuevo juicio oral se actúe la siguiente actividad probatoria:

13.1. Corresponde citar a Rocío Adriana Pérez Gamarra, quien participó en la diligencia de reconocimiento fotográfico en la que reconoció al procesado Carlos Alberto Timaná Copará como el sujeto que ingresó con el rostro descubierto y la redujo para robar en la panadería Doña Elena.

13.2. Existiendo cuestionamientos en el contenido de las declaraciones preliminares de la procesada Lizbeth Ailyn Meza Ramírez deberá citarse al efectivo policial Manuel H. Cruz Castro, quien estuvo a cargo de aquellas; a efectos de que se le pregunten las circunstancias de su desarrollo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declaramos: NULA la sentencia del catorce de julio de dos mil dieciséis (folio mil trescientos cuarenta y tres), que absolvió de la acusación fiscal a Carlos Alberto Timana Copará, Lizbeth Ailyn Meza Ramírez, Arthur Bryan Vásquez Mendoza y Ricardo Leonardo Calmet Risco, como presuntos autores de los delitos contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio del Casino Tragamonedas Richman Games, representado por José Manuel Tipián Aguilar; la panadería Doña Elena, representada por Julio Félix Cornejo Huamán y la Botica Universitaria, representada por Javier Alfonso Cornejo Velarde; y contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado; en consecuencia: ORDENARON se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, el mismo que debe tener en cuenta lo señalado en la presente Ejecutoria Suprema. DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal de origen para los fines de ley correspondientes. Hágase saber a las partes apersonadas en esta Suprema Instancia.

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