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ASOCIACIÓN ILÍCITA. Competencia de la sala penal nacional.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 885-2018
LIMA

Delito Asociación Ilícita para delinquir Competencia Sala Penal Nacional

Sumilla. Al no cumplirse con uno de los criterios de competencia establecidos en la tercera disposición complementaria final de la Ley 30077, modificada por Ley 30133, el proceso no puede ser conocido por la Sala Penal Nacional, pues es nulo el auto que declaró fundada la excepción de naturaleza de juicio.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del procesado Cristian Kaled Astete Morales, contra el auto del trece de marzo de dos mil dieciocho (foja ciento treinta y cuatro), que declaró de oficio la excepción de naturaleza de juicio en la causa seguida contra Álvaro Jhordan Vera Acosta por el delito contra el patrimonio-estafa agravada, en perjuicio del Estado (Banco de la Nación); contra la fe pública-uso de documentos falsos en agravio del Estado (Poder Judicial y Banco de la Nación); contra Cristian Kaled Astete Morales por el delito contra el patrimonio-hurto con agravantes, en perjuicio del Estado (Poder Judicial); contra Cristian Kaled Astete Morales, Henry Miguel Campos Olano y Kevin Luis Bustamante Pérez (como autores) y Zoar Saraí del Águila Magallanes, Marisol Esthefanie Samillán Arangoitia y Susan Iraida Trujillo Arana (cómplices primarios), por el delito contra el patrimonio-estafa agravada, en perjuicio del Estado (Banco de la Nación); contra Kevin Luis Bustamante Pérez por el delito contra la fe pública-falsificación de documentos públicos, en agravio del Estado (Banco de la Nación y Poder Judicial); contra Cristian Kaled Astete Morales y Henry Miguel Campos Olano por el delito contra la fe pública-uso de documentos falsos, en agravio del Estado (Poder Judicial y Banco de la Nación); contra Cristian Kaled Astete Morales, Kevin Luis Bustamante Pérez, Álvaro Jhordan Vera Acosta, Henry Miguel Campos Olano, Zoar Saraí del Águila Magallanes, Marisol Esthefanie Samillán Arangoitia y Susan Iraida Trujillo Arana por el delito contra la tranquilidad pública-contra la paz pública asociación ilícita para delinquir (organización criminal), en agravio de la
sociedad.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

Primero. La defensa del procesado Cristian Kaled Astete Morales, en la fundamentación de su recurso formalizado (foja ciento cuarenta y cinco), alegó que se ha incumplido el Acuerdo Plenario número uno dos mil diecisiete, ya que al declararse nulo todo lo actuado hasta el auto de ampliación del auto apertorio de instrucción, se ha proporcionado un nuevo plazo de investigación, a pesar de haber transcurrido tres años de iniciado el proceso; no se puede aplicar la Ley treinta mil setenta y siete, ya que no estaba vigente al momento de los hechos. En el proceso se emitió acusación fiscal que fue objeto de control judicial en dos oportunidades y no se puede perjudicar al justiciable por los errores judiciales; no se ha indicado cuál fue el vicio insalvable que acarrea la nulidad de lo actuado; se ha realizado una aplicación indebida de la excepción de naturaleza de juicio con la de contienda negativa de competencia, con lo que se ha afectado el derecho al juez natural y la jurisdicción predeterminada por la Ley.

Segundo. En la acusación fiscal (foja setenta y tres), se imputa a los procesados el haber actuado concertadamente para sustraer certificados de depósitos judiciales del Cuarto Juzgado Civil- Subespecialidad Comercial de Lima, para su posterior cobranza en el Banco de la Nación, tras aparecer como beneficiarios de los endosos, ya que utilizaban ilegalmente los sellos de la jueza y secretaria judicial del despacho en mención, y falsificaban sus firmas, para luego captar personas que realizarían las cobranzas aparentando ser abogados o procuradores, y engañando a los servidores de la entidad bancaria (Banco de la Nación), valiéndose de que alguno de estos laboraba tanto en el Poder Judicial como en el Banco de la Nación. Estos hechos se suscitaron entre los meses de mayo y julio de dos mil quince; y fueron descubiertos a raíz del hecho ocurrido el veinte de julio de dos mil quince, cuando se intentó realizar una de las tantas cobranzas ilícitas, pues de no haber sido así hubiesen continuado con su actuar criminal.

Tercero. El auto materia de impugnación, que declaró de oficio fundada la excepción de naturaleza de juicio, si bien no se pronunció sobre el fondo del proceso, tuvo como consecuencia procesal el quiebre del acto oral que se realizaba en la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por lo tanto, de conformidad con el inciso c, del artículo doscientos noventa y dos, del Código de Procedimientos Penales, corresponde a esta Sala Penal Suprema determinar si el auto emitido se encuentra conforme a derecho.

Cuarto. El veinte de agosto de dos mil trece, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley treinta mil setenta y siete, Ley contra el Crimen Organizado, la cual contiene diversas disposiciones relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, los que serán tramitados conforme con las reglas del Código Procesal Penal del dos mil cuatro. Asimismo, precisó la definición y características de una organización criminal y los delitos graves que se pueden cometer en este ámbito.

Quinto. La tercera disposición complementaria final de la ley antes mencionada, dispuso que: “la investigación y procesamiento de los delitos comprendidos en el artículo tres de la presente ley vinculados a organizaciones criminales son de competencia de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial”. Posteriormente, por Ley número treinta mil ciento treinta y tres, se modificó dicha disposición complementaria final, y se precisaron tres criterios concurrentes para determinar dicha competencia: a) que el delito o delitos hayan sido cometidos por una organización criminal; b) el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional; y, c) que se trate de un proceso complejo. Esta última ley dispuso que la Ley treinta mil setenta y siete entraba en vigencia a partir del primero de julio de dos mil catorce.

Dicha norma legal consagró legislativamente los criterios que anteriormente ya había fijado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa número doscientos treinta y cinco-dos mil trece-CE-PJ.

Sexto. Los hechos materia de investigación judicial, consistentes en la sustracción, falsificación y cobro de certificados de depósito judiciales, fueron realizados dentro de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima, y sus efectos no tendrían repercusión nacional, por lo que no se cumple con uno de los requisitos establecidos por la Ley treinta mil ciento treinta y tres para la competencia de la Sala Penal Nacional, por lo que el auto emitido con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho es nulo.

Sétimo. Por otro lado, se debe precisar que desde el mes de noviembre de dos mil trece se tenía una norma administrativa que precisaba los criterios para que la Sala Penal Nacional conociera procesos vinculados con organizaciones criminales; y a partir del mes de diciembre del mismo año se contaba con una norma legal que regulaba taxativamente dicho aspecto; las cuales estaban vigentes al iniciarse el proceso judicial contra el apelante Cristian Kaled Astete Morales. En tal sentido, se deberá recomendar a los jueces superiores que en lo sucesivo apliquen correctamente las disposiciones legales y administrativas del Poder Judicial que determinen la competencia jurisdiccional. Asimismo, en atención a que el juicio oral se ha quebrado en dos oportunidades, se debe programar a la brevedad posible el inicio de un nuevo acto oral y adoptarse las medidas correspondientes, a fin de no incurrir en dilación en la tramitación del proceso.

Octavo. En atención al tiempo transcurrido, corresponderá a la Sala Penal Superior determinar las medidas coercitivas personales contra los procesados que correspondan según el estado del proceso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por la fiscal adjunta titular suprema, declararon:

I. HABER NULIDAD en el auto del trece de marzo de dos mil dieciocho, que declaró de oficio la excepción de naturaleza de juicio en la causa seguida contra Álvaro Jhordan Vera Acosta por el delito contra el patrimonio-estafa agravada, en perjuicio del Estado (Banco de la Nación); contra la fe pública-uso de documentos falsos, en agravio del Estado (Poder Judicial y Banco de la Nación); contra Cristian Kaled Astete Morales por el delito contra el patrimonio-hurto con agravantes, en agravio del Estado (Poder Judicial); contra Cristian Kaled Astete Morales, Henry Miguel Campos Olano y Kevin Luis Bustamante Pérez (como autores) y Zoar Saraí del Águila Magallanes, Marisol Esthefanie Samillán Arangoitia y Susan Iraida Trujillo Arana (cómplices primarios) por el delito contra el patrimonio-estafa agravada, en perjuicio del Estado (Banco de la Nación); contra Kevin Luis Bustamante Pérez por delito contra la fe pública falsificación de documentos públicos en agravio del Estado (Banco de la Nación y Poder Judicial); contra Cristian Kaled Astete Morales y Henry Miguel Campos Olano por el delito contra la fe pública-uso de documentos falsos en agravio del Estado (Poder Judicial y Banco de la Nación); contra Cristian Kaled Astete Morales, Kevin Luis Bustamante Pérez, Álvaro Jhordan Vera Acosta, Henry Miguel Campos Olano, Zoar Saraí del Águila Magallanes, Marisol Esthefanie Samillán Arangoitia y Susan Iraida Trujillo Arana por el delito contra la tranquilidad pública-contra la paz pública asociación ilícita para delinquir (organización criminal), en agravio de la sociedad.

II. ORDENARON que la Sala Penal Superior programe fecha de inicio de juicio oral a la brevedad posible, por lo que deberá procurar no incurrir en dilaciones en la tramitación del presente proceso.

III. RECOMENDARON a los jueces superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que suscribieron el auto del trece de marzo de dos mil dieciocho, para que dicten sus resoluciones judiciales respetando las disposiciones legales y administrativas del Poder Judicial, relacionadas con la competencia de los órganos jurisdiccionales.

IV. DISPUSIERON que la Sala Penal Superior determine la medida coercitiva personal que corresponda a los procesados, según el estado del proceso.

V. ORDENARON devolver los presentes actuados a la Sala Penal respectiva para que cumpla con la presente ejecutoria suprema. Y los devolvieron.

Interviene el doctor Castañeda Espinoza, por vacaciones de la doctora Pacheco Huancas.

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