ASOCIACIÓN ILÍCITA. Competencia de la sala penal nacional.
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Ausencia de flagrancia y exclusión del acervo probatorio de las actuaciones llevadas acabo sin la participación del representante del Ministerio Público.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 288-2017
LIMA

PRINCIPIO ACUSATORIO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Sumilla. En el delito de peculado, si la Fiscalía Suprema en lo Penal estima justa una absolución, no es posible que el órgano jurisdiccional decida lo contrario, puesto que es el Ministerio Público, a quien le corresponde la exclusividad de la persecución penal, como titular de la acción penal, además que el recurso de nulidad de la parte civil, no fue de recibo por la señora fiscal suprema. Y, respecto a los delitos de falsificación de documento privado y falsedad ideológica, la acción penal ha prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo ordinario y extraordinario de prescripción.

Lima, catorce de enero de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil, PROCURADORA PÚBLICA DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES, contra la sentencia del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima –de páginas mil ciento dieciocho–, que absolvió de la acusación fiscal al encausado ROMÁN FRANCISCO GRANDA LOZA, como autor de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado y, contra la fe pública, en las modalidades de falsificación de documentos privados y falsedad ideológica, en agravio del Estado.

De conformidad en parte con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se le atribuyó al encausado Román Francisco Granda Loza, que en su condición de técnico de cobranza de la Gerencia de Créditos de la Unidad de Colocaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en mayo de dos mil cuatro, al haber sido comisionado fuera de la ciudad de Lima, por la Gerencia General de esta institución, mediante Resoluciones Administrativas N.° 244-FONDEPES/GG y 275-2004-FONDEPES/ GG, –para realizar cobros de los créditos otorgados a diferentes adjudicatarios del fondo–, y habérsele asignado la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por concepto de viáticos, se habría apropiado de la suma de ciento veintitrés soles, conforme al documento de páginas veintiséis, denominado “Daño Económico efectuado al FONDEPES por el Rindente: Román Granda Loza”.

También, se le atribuyó el delito de falsificación de documentos privados, por haber realizado la rendición de cuenta, en la que anexó documentación falsa, que fue observada por la Gerencia General, que dispuso la constatación in situ (en el lugar), y verificó que las boletas de pago –presentada por el encausado– difería de los montos, destinatario y consumo, con las boletas originales mostradas por los propietarios de los establecimientos comerciales. Ello aparece del Dictamen Pericial N.° 1366/2006, que concluyó que las boletas presentadas, no provienen de la matriz de la que se obtuvo la muestra para cotejo.

Y, finalmente, se le atribuyó el delito de falsedad ideológica, al haber insertado en documento público (declaraciones juradas de rendición de cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro), declaraciones falsas con relación a los montos de los gastos por viáticos de comisión de servicio, presuntamente efectuados, los cuales debían probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior absolvió al nombrado imputado de la acusación fiscal, sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. En el delito de peculado. El encausado, en cumplimiento de sus funciones, realizó labores ordinarias como técnico de cobranzas del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al ser comisionado fuera de Lima, se le entregó la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por concepto de viáticos.

2.2. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, no se ha podido establecer que el encausado, se haya apropiado de la suma de ciento veintitrés soles, exigua cantidad establecida en el Dictamen Pericial N.° 01-2006- DIRCOCOR-PNP-DIVAMP-DICF –realizado luego del Informe N.° 001-2004- FONDEPES/O.A/U.CONT/LRC de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, respecto a la rendición de cuenta que debió hacer el encausado–.

2.3. También, se valoró que dicho funcionario público, por prolongado tiempo ejerció dicha función, sin investigación administrativa, ni penal, y que fue cesado por estos hechos.

2.4. El encausado, en el plenario, señaló que realizó diversas comisiones de servicios, por lo que se le otorgó viáticos (por gastos de alimentación, transporte, hospedaje, etc.), y rindió cuentas al retorno, sin inconveniente alguno, excepto el que es materia del presente proceso, y en su caso, debió procederse conforme a la Directiva N.° 1-2003/FONDEPES/GG, en cuyo punto ocho punto dos, señala que la Unidad Contable, solo acepta comprobantes de pago válidos, caso contrario se procederá al descuento.

Así como sucedió, conforme a la resolución de la Oficina de Administración N.° 015-2004-FODEPES/OA, del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, que incluyó en la liquidación de beneficios sociales del procesado, el importe del daño económico de ciento veintitrés soles –determinado por la Unidad de Contabilidad, según Memorándum N.° 76-2004-OAUCONT, del diecisiete de noviembre– y al detalle de la Liquidación de CTS, para depósitos o pago directo del encausado, de páginas setecientos setenta y ocho.

2.5. En relación, al delito de falsificación de documento privado, se le atribuyó haber falsificado boletas de venta en sus montos, fechas y nombres del destinatario, entre ellas, la Boleta de Venta N.° 01191, a nombre de comercial Bali; sin embargo, aun cuando el Dictamen Pericial N.° 1366/2006, concluyó que dicho comprobante de pago, no proviene de la misma matriz, es de relevar que este se realizó de manera errónea, pues se realizó sobre las escrituras de la esposa del propietario, más no sobre la letra del encausado, y en cuanto a las demás boletas de venta y facturas cuestionadas por inconvenientes técnicos no se realizaron, por no contar con requisitos técnicos de idoneidad.

2.6. Y en cuanto al delito de falsedad ideológica, deviene en atípico, por cuanto, lo que se le cuestiona al encausado es haber presentado las declaraciones de rendición por comisión de servicio, y declaraciones juradas insertas –páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro–, documentos públicos, que al ser firmados por el procesado (en su condición de servidor público) e ingresados a la administración pública, ocasionaron un perjuicio al Estado; sin embargo, el encausado no realizó la conducta típica del artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal, esto es, de insertar o hacer insertar declaraciones falsas en instrumento público, pues lo cuestionado en el presente caso, son las boletas de consumo por viáticos.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. La parte civil, procurador público del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, interpuso recurso de nulidad de página mil ciento treinta y ocho a mil ciento cuarenta y tres. Alegó los motivos siguientes:

3.1. Infracción a la motivación de las resoluciones judiciales y valoración probatoria. No se valoraron las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Junco Vásquez, quien constató que las boletas presentadas por el encausado, no coincidían con las de los locales donde realizó sus gastos, lo que corroboró Betsabé Estela Borda Barreda, jefa de la Unidad de Contabilidad de FONDEPES.

3.2. Tampoco, se valoraron las declaraciones de los testigos Luis Santiago Hernández, quien informó sobre los constantes viajes del encausado y de Mariela Milagros Zamalloa Vega, asistente contable quien fiscalizaba las rendiciones de cuenta de viáticos de los comisionistas en la empresa FONDEPES.

3.3. Y no se valoró el Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP-DIVAMPDICF, que concluyó, que se apropió ilícitamente de ciento ocho soles de la empresa FONDEPES, y el Dictamen Pericial Grafotecnia N.° 1366- 2006, que concluyó: a) el formato de venta (usuario) N.° 001-01917 de formato preestablecido a nombre Comercial Bali, de Juan Carlos Tenorio Mau, ubicado en calle Comercial N.° 116-Pisco, del trece de mayo de dos mil cuatro, otorgado a FONDEPES, por la suma de veinte soles, no proviene de la misma matriz con la que se obtuvo las muestras de cotejo enviadas para estudio; y b) no es factible realizar el estudio solicitado respecto a la procedencia del puño gráfico.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE ABSOLUCIÓN

4. El delito de peculado, tipificado en el primer párrafo, del artículo trescientos ochenta y siete, del Código Penal, modificado por el artículo uno de la Ley número veintiséis mil ciento noventa y ocho, del trece de junio de mil novecientos noventa y tres, sanciona al agente: “[…] funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.

5. Este Supremo Tribunal, en el Recurso de nulidad número ochocientos cuarenta-dos mil nueve-Huánuco, del seis de julio de dos mil diez, en el fundamento tercero, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ha señalado: “[…] se configura con el apoderamiento para sí o para tercero de caudales o efectos del Estado, a los que el agente del delito accede por razón de su cargo […]”, en concordancia con la doctrina legal en cuanto a la definición y estructura típica del delito, que se encuentra descrita en los fundamentos seis y siete del Acuerdo Plenario número cero cuatro-dos mil cinco/CJ ciento dieciséis, del treinta de setiembre de dos mil cinco.

6. El citado acuerdo plenario, precisa que el “[…] bien jurídico protegido se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección legal: a) garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública; y b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad”.

7. El delito de contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado, tipificado en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal, sanciona al agente que: “[…] hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad […] no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado”.

8. Y el delito de falsedad ideológica, prescrito en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos veintiocho, del Código Penal, sanciona al agente que:

[…] inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

9. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

10. En el presente caso, la procuradora pública impugnó la sentencia de primer grado en todos los extremos de la sentencia absolutoria. Por su parte, el señor fiscal adjunto superior no interpuso recurso de nulidad. La opinión de la señora fiscal suprema es no haber nulidad en la sentencia que absolvió al encausado Román Francisco Granda Loza, de la acusación fiscal como autor de los delitos de peculado, falsificación de documentos y falsedad ideológica, en agravio del Estado; es decir, mostró su conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal de Mérito.

11. Este Supremo Tribunal, ha establecido que la atribución del Ministerio Público, está reconocida en el numeral cinco, del artículo ciento cincuenta y nueve, de la Constitución Política del Perú, que es ejercitar la acción penal pública y de acusar, de modo tal que la ausencia de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria.

12. En relación al delito de peculado, en concordancia con el principio acusatorio, corresponde reconocer los fundamentos de la decisión de la señora fiscal suprema, en tanto que el Ministerio Público a nivel institucional, se rige por el principio de unidad de función y dependencia jerárquica, de tal forma que en estos casos prevalece la opinión del superior jerárquico, salvo algún supuesto excepcional que pueda relativizar este principio, como así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

13. La posición jurídica de la señora fiscal suprema, en su dictamen –página treinta y uno a treinta y ocho del cuadernillo supremo formado por este Supremo Tribunal–, respecto al delito de peculado, se sustenta en resumen,
en lo siguiente:

13.1. Sostuvo que existió infracción al principio constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, prescrito en el numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, por no haberse valorado los siguientes medios probatorios:

13.1.1. Las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Junco Vásquez, a nivel sumarial y plenario –páginas quinientos setenta y siete y mil sesenta y siete–, quien verificó que las boletas presentadas por el encausado, en los lugares donde había realizado sus gastos, no coincidían con las que presentó el encausado. Ello, se corrobora con la declaración de la testigo Betsabé Estela Borda Barreda, Jefa de la Unidad de Contabilidad de FONDEPES –páginas quinientos ochenta–.

13.1.2. Asimismo, la declaración de los testigos Luis Santiago Hernández, quien informó sobre los constantes viajes del encausado, y de Mariela Milagros Zamalloa Vega, asistente contable, encargada de fiscalizar las rendiciones de cuenta de viáticos de los comisionistas en la empresa FONDEPES.

13.1.3. El Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP.DIVAMP-DICF, que concluyó, que el imputado se apropió ilícitamente de ciento ocho soles de la empresa FONDEPES.

13.2. Sin embargo, pese a la falta de valoración de dichos medios probatorios por el Tribunal Superior, resulta inoficioso disponer se realice un nuevo juicio oral, al colisionar con el derecho fundamental del plazo razonable, por haber transcurrido más de catorce años desde la fecha de los hechos objeto de incriminación (mayo de dos mil cuatro).

13.3. Por ello, en el delito de peculado, se tuvo en cuenta el principio de mínima intervención o derecho penal de intervención mínima, por el monto exiguo de ciento ocho soles, determinado en el dictamen pericial; es decir, no se advierte lesión ostensible al patrimonio del Estado.

14. Bajo esa línea de razonamiento, este Supremo Tribunal, coincide con la opinión de la Fiscalía Suprema y debe ratificarse este extremo absolutorio.

15. Adicional a ello, se tiene que respecto al monto apropiado, el Dictamen Pericial N.° 01-2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMPO- DICF, suscrito por Luz Marina Meza Huayta y Augusto Condorchua Villaverde –de páginas cuatrocientos siete–, del cinco de enero de dos mil seis, en el punto D, del acápite “IV. Análisis Pericial”, concluyó que el monto presuntamente apropiado, es de ciento ocho soles; sin embargo, este –monto– no coincide con el documento denominado “Daño económico efectuado al FONDEPES por el rindente Román Esteban Loza, por la suma de ciento veintitrés soles.

Este monto –ciento veintitrés soles–, fue descontado en la liquidación de beneficios sociales del encausado Román Francisco Granda Loza, conforme aparece de la Resolución de la Oficina de Administración N.° 015- 2004-FONDEPES/PA del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, y Anexo Liquidación CTS para depósito o pago directo –páginas setecientos setenta y siete y setecientos setenta y ocho–.

Por tanto, los argumentos esgrimidos por la parte civil, no pueden prosperar en observancia a los principios antes señalados.

16. Por otro lado, respecto al delito de falsificación de documentos privados, se atribuye al encausado Román Francisco Granda Loza, haber falsificado las boletas que sustentaron los gastos de viáticos, y conforme al detalle de las boletas de venta, descritas en el Dictamen Pericial N.° 01- 2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMP-DICF –página cuatrocientos siete a cuatrocientos dieciséis–, son las siguientes:

Restaurant Pollería El Rancho

1) Boleta de Venta N.° 001-00526 Dice: 15.03.2004, por la suma de quince soles.

Debe decir: 09.03.2004, por la suma de seis soles.

2)Boleta de Venta N.° 001-00531 Dice: 18.02.2004, por la suma de quince soles;

Debe decir: (La fecha no corresponde a la fecha de emisión)

3)Boleta de Venta N.° 001-00533 Dice:19.03.2004 por la suma de veintitrés soles:

Debe decir: (boleta original en blanco).

Comercial Bali-Pisco

4)Boleta de Venta N.° 001-01917

Dice: 13.05.2004 por veinte soles.

Debe decir: Selmira de Pariona, del nueve de junio de dos mil cuatro, por la suma de treinta soles.

Cevichería El Golazo-Pisco

5)Boleta de Venta N.° 001-00417

Dice, 13.05.2004 por la suma de veinticinco soles

Debe decir: (beneficiario aparece en blanco) de 04.06.2004, se detalla consumo por treinta y cuatro soles.

Restaurant “Gustavo” San Andrés

6)Boleta de venta N.° 001-10258

Dice: 28.05.2004 por veinticinco soles

Debe decir: 21.06.2004, cuyo beneficiario no aparece, y por la suma de diez soles.

17. De ello, se tiene que aun cuando, el referido dictamen pericial, no haya acreditado que el encausado, sea el autor de la adulteración de los comprobantes de pago cuestionados, lo cierto y concreto, es que existen elementos de juicio que hacen inferir que el encausado, tenía pleno conocimiento de su procedencia ilícita; no obstante a ello, la “usó” para sustentar sus gastos de viáticos. Por ello, su conducta se adecúa al último párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal –uso de documento privado falso–.

18. Asimismo, se le atribuye el delito de falsedad ideológica por haber insertado en documento público (declaraciones juradas de rendición de cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro), declaraciones falsas con relación a los montos de los gastos por viáticos de comisión de servicio, presuntamente efectuados, los cuales debían probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, los que datan del veintinueve de marzo de dos mil cuatro, veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, y catorce de junio de dos mil cuatro.

19. Sin embargo, es de precisar que una de las garantías de la administración de justicia, contempladas en el numeral tres, del artículo ciento treinta y nueve, de nuestra Carta Política, es el debido proceso, que implica el respeto de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia.

20. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales llamados a expedir sentencia o resoluciones que pongan fin al proceso o, en su caso, las instancias encargadas de revisarlas, antes de emitir el pronunciamiento que corresponda deben observar no solo las omisiones o defectos en que se hayan incurrido, sino sobre todo verificar la vigencia o no de la acción penal incoada, con el propósito de determinar si está habilitado para, en este caso, absolver o no los motivos expuestos en el recurso impugnatorio.

21. Así, la prescripción de la acción penal, es una causa de extinción de la responsabilidad penal, fundada en que la acción del tiempo trascurrido extingue los efectos de la acción penal.

22. El artículo ochenta del Código Penal señala que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, a lo que debe sumarse el plazo extraordinario de prescripción, previsto en el artículo ochenta y tres, párrafo in fine, del Código Penal.

23. Así, respecto a los delitos de falsificación de documentos privados y falsedad ideológica, previstos en los artículos cuatrocientos veintisiete y cuatrocientos veintiocho del Código Penal, sancionan con una pena privativa de libertad máxima de cuatro y seis años respectivamente.

24. A ello, debe sumarse el plazo extraordinario de prescripción (dos y tres años respectivamente), hacen un total de seis y nueve años. Así, conforme a la data de las boletas descritas en el fundamento quince y de la presente Ejecutoria Suprema, y declaraciones juradas de rendición de cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro, del veintinueve de marzo de dos mil cuatro, veinticuatro de mayo de dos mil cuatro y catorce de junio de dos mil cuatro, a la fecha ha transcurrido, en exceso el plazo de prescripción de la acción penal.

25. En consecuencia, corresponde declarar de oficio prescrita la acción penal, conforme a la facultad señalada en el artículo cinco del Código de Procedimientos Penales, por los delitos de falsificación de documentos privados, y falsedad ideológica respectivamente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I.NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima –de páginas mil ciento dieciocho–, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal al encausado Román Francisco Granda Loza, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio del Estado.

II.HABER NULIDAD en la citada sentencia, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal, al citado encausado, por los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado y falsedad ideológica, en agravio del Estado; y REFORMÁNDOLA: declararon de oficio PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL, a favor del encausado por los citados delitos y agraviado en mención.

III.MANDARON la anulación de los antecedentes generados en contra del citado, como consecuencia del presente proceso, y su archivo definitivo; y, los devolvieron.

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