Ausencia de flagrancia y exclusión del acervo probatorio de las actuaciones llevadas acabo sin la participación del representante del Ministerio Público.
7 septiembre, 2019
ROBO AGRAVADO. Condena basada en indicios plurales y concomitantes
9 septiembre, 2019

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. Pena suspendida por interés superior del niño.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2341-2018
LIMA

DETERMINACIÓN DE LA PENA

Sumilla. En el presente caso no es adecuada la determinación de la pena impuesta por la Sala Penal de Reos Libres, pues no se valoraron adecuadamente las condiciones personales de la sentenciada. Debiendo reducirse la pena prudencialmente, y a su vez convertirse en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, pena prevista en el inciso 1, artículo 31, del Código Penal, concordado con los artículos 34 y 52 del citado código.

Lima, veintidós de julio de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de la sentenciada NANCY CAROLA CAMPOS ULLOA DE QUEZADA, contra la sentencia conformada del 26 de setiembre de 2018 (foja 1976), emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte de Justicia de Lima, en el extremo que le impuso seis años y seis meses de pena privativa de libertad, por la comisión a título de autora, del delito de defraudación tributaria, en su modalidad de deducción de costo falso y obtención indebida de crédito fiscal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, por impuesto general a las ventas-IGV e impuesto a la renta-IR 2007, en agravio del Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-Sunat; con lo demás que contiene. Oído el informe oral y con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

AGRAVIOS FORMULADOS EN EL RECURSO DE NULIDAD

PRIMERO. La defensa técnica de la sentenciada Nancy Carola Campos Ulloa, en su recurso de nulidad (foja 1997), solicitó que se declare nula la sentencia conformada, por vulneración de garantías constitucionales de defensa y debida motivación. Sostuvo su posición en los siguientes argumentos:

1.1. La dirección de debates no realizó una detallada exposición de los efectos de la Ley N.° 28122 y menos del contenido de su artículo quinto que hace expresa referencia a la “confesión sincera”. Precisa que si existió una aceptación en los términos que se consigna en el acta, resulta inexplicable que en la última parte, del párrafo segundo, de la página trece, de la sentencia, se señale que no hubo tal confesión. La sentenciada no contó con una adecuada defensa técnica, y asimismo no se le explicó adecuadamente los alcances del acogimiento a la conclusión anticipada del juicio. El colegiado no realizó adecuadamente la determinación judicial de pena, al arribar a una pena desproporcional de seis años y seis meses de pena privativa de libertad; sin considerar las bonificaciones procesales por la conclusión anticipada del juicio y la confesión sincera. Esta pena, difiere sin mayor fundamento a la impuesta a sus coimputados, quienes encontrándose también bajo la calidad de autores, y sin haberse acogido a la terminación anticipada del juicio se les impuso una pena privativa de libertad de cuatro años, suspendida en su ejecución por el término de prueba de tres años.

1.2. La pena debe ser proporcional al delito cometido y en su graduación se debe tener en consideración las circunstancias personales del condenado. En el caso de su patrocinada es viuda, madre de tres hijos, siendo uno de ellos menor de edad.

IMPUTACIÓN FÁCTICA

SEGUNDO. Conforme la acusación fiscal (foja 1445), se imputó a los procesados Wilfredo Oswaldo Cruzado en su condición de apoderado de la empresa Good Foods S. A., así como a Víctor Hugo Monteverde Granthon, Nancy Carola Campos Ulloa y Marco Ghío Ramírez, en su condición de directores de la misma empresa, haber efectuado maniobras fraudulentas en beneficio de su representada, para cuyo efecto procedieron a ingresar y registrar en sus libros y registros contables comprobantes de pago, como lo son las Facturas N.os 001-001966, 001- 001972, 001 001978, 001-001983 y 001-001984, correspondientes a octubre de dos mil siete. Igualmente sucedió con las Facturas N.os 001-000312, 001- 000314, 001-000317, 001-324 y 001-000328, correspondientes al mes de noviembre de dos mil siete, y finalmente procedieron a registrar en su contabilidad las Facturas N.os 001-000335, 001-000338, 001-000342, 001- 000345 y 001-000347, correspondientes al período de diciembre de dos mil siete, las que fueron emitidas por la empresa Titanium materiales de construcción S. A. C., cuya gerente general es María Teresa Jugo Rebaza –reo ausente–, y por la empresa Mamut equipos y maquinarias S. A. C., cuyo gerente general es Luis Santiago Gamarra Solano –absuelto–, por supuestas prestaciones de servicios desde el mes de octubre a diciembre de dos mil siete y compra de materiales de construcción durante el mes de noviembre del mismo año.

Estas, operaciones comerciales no fueron debidamente sustentadas, por lo tanto correspondería a operaciones no reales que en definitiva tuvieron incidencia en la determinación del impuesto general a las ventas-IGV (crédito fiscal), durante los períodos de octubre a diciembre de dos mil siete, así como el impuesto a la renta-IR en el período de dos mil siete, pues ello les permitió elevar los gastos, con el fin de reducir la base imponible en sus declaraciones ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Aunado a ello, las facturas que se cuestionan carecen de fecha de cancelación, sellos ni firmas de recepción, operaciones aparentes que habrían ocasionado al ente recaudador del Estado (Sunat) un perjuicio económico ascendente a la suma de S/ 2 729 250,00.

TERCERO. Los hechos antes descritos fueron subsumidos en el delito de defraudación tributaria agravada, en su modalidad de obtención indebida de saldo a favor, en agravio del Estado; tipificado en el artículo 1, en concordancia con el artículo 4 literal a, del Decreto Legislativo N.° 813-Ley Penal Tributaria; que prevé una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de doce; entre otras penas conjuntas (no recurridas). El fiscal solicitó la imposición de ocho años.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

CUARTO. La Tercera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia conformada, condenando a Nancy Carola Campos Ulloa como autora del delito de defraudación tributaria agravada a una pena privativa de libertad de 6 años y 6 meses.

El análisis de determinación judicial de la pena efectuado por la citada Sala se expresa a lo largo de la parte segunda de la sentencia, en los fundamentos jurídicos 24 a 26; de los que se advierte en principio que identificó el marco legal previsto en la norma para el delito de defraudación tributaria; esto es; no menor de ocho ni mayor de doce años de pena privativa de libertad. La pena concreta se fijó en seis años y seis meses por aplicación de la conclusión anticipada del juicio.

SOBRE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE JUICIO ORAL

QUINTO. El artículo 5 de la Ley N.° 28122 regula la institución de la conformidad, por el cual una vez que la Sala Penal Superior inste al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil, si se produce su confesión, luego de la formal y expresa aceptación de su abogado defensor, se declarará la conclusión anticipada del debate oral y se emitirá, en el plazo correspondiente, la sentencia conformada respectiva.

SEXTO. Este dispositivo legal fue desarrollado por el R. N. N.° 1766- 2004/Callao1, que entre puntos establece que en esta institución rige el principio del consenso, puesto que la aceptación de los cargos del imputado y la conformidad de su defensa es determinante para dar inicio a la conclusión anticipada del juicio oral. Asimismo, que se privilegia tal aceptación, en relación al principio de presunción de inocencia, porque se parte de una instrucción con sólidos elementos de convicción valorados a los efectos de la pretensión acusadora por el fiscal superior y luego por la defensa. Además, que el acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al reconocimiento de la responsabilidad penal y civil, lo que no implica un allanamiento a la pena y reparación civil. La Sala Penal Superior incluso puede absolver si se advierte que el hecho es atípico o existe cualquier circunstancia determinante de la exención de responsabilidad penal o de su preceptiva atenuación.

SÉTIMO. En el Acuerdo Plenario N.º 5-2008/CJ-116 2, también se establece que la conformidad tiene por objeto la pronta culminación del juicio oral a través de un acto unilateral –no es un negocio procesal– y expreso del imputado y su defensa –de doble garantía– de reconocer los hechos objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público y del contenido jurídico material de la sentencia, al convenir, desde ya, la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.

También se afirma que toda conformidad, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto el beneficio de reducción de la pena, que podrá graduarse entre un sétimo o menos, según la entidad o complejidad de la causa, las circunstancias del hecho y la situación personal del imputado, y el nivel y alcance de su actitud procesal.

OCTAVO. Respecto al método de reducción de la pena, se dispone que se sigue el previsto para la terminación anticipada, conforme cual fijada la pena con arreglo a los artículos 45 y 46 del Código Penal (CP) –luego de haber determinado la pena abstracta–, y, a continuación, el marco penal concreto como consecuencia de diversas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, corresponde, como última operación la disminución por el beneficio premial.

NOVENO. Se precisa que dentro del marco jurídico del tipo legal (pena abstracta), el tribunal tiene una amplia libertad para dosificarla conforme a las reglas previstas en los artículos 45 y 46 del CP, cuyo único límite, aparte de no introducir hechos no incluidos en la acusación ni aceptados por el imputado y su defensa, es no imponer una pena superior a la pedida por el fiscal. Y solo cuando se presenten las circunstancias vinculadas a la aplicación de los artículos 14, 15, 16, 21, 22, y 25, segundo párrafo, del CP –que importan una preceptiva aminoración de la respuesta punitiva–, puede proceder, motivadamente, a graduar la proporcionalidad de la pena en atención a la gravedad o entidad del hecho y a las condiciones personales del imputado.

CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

DÉCIMO. En la sesión de juicio oral del veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho (foja 1974), Nancy Carola Campos Ulloa de Quezada, con el consentimiento de su defensa técnica, se acogió a la conclusión anticipada del debate oral, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley N.º 28122, esto es, reconoció los hechos imputados en su contra y aceptó la responsabilidad penal, y el pago de cincuenta mil soles de forma solidaria, solicitada por el concepto de reparación civil.

DECIMOPRIMERO. La aceptación de los cargos por la sentenciada, con el consentimiento de su abogado, cumple con las exigencias del Acuerdo Plenario N.º 5-2008/CJ-116 3, pues su aceptación se realizó de manera libre y en virtud al conocimiento de la imputación concreta que recaía en su contra. Cabe advertir que en el fundamento jurídico N.° 23 del referido Acuerdo Plenario, refiere que en los supuestos de conformidad procesal el juez puede rebajar la pena hasta un sétimo de la pena concreta a imponer.

Cabe advertir que la Sala Penal de Reos Libres valoró de modo adecuado la colaboración procesal brindada por la imputada, la cual no se adecua a la confesión sincera; sino únicamente a su aceptación de cargos en juicio oral.4 En tal sentido, este Supremo Tribunal emitirá pronunciamiento solo respecto al extremo de la pena impuesta, que es cuestionada por la defensa, en el marco de una sentencia conformada.

DECIMOSEGUNDO. La Fiscalía Superior, en la acusación fiscal escrita y oral (fojas 1373 y 1975), solicitó la imposición de ocho años de pena privativa de libertad. La Sala Penal de Reos Libres, para la determinación de la pena privativa de libertad concreta, tuvo en consideración lo siguiente: i) el marco punitivo sobre el cual se podría graduar la pena; esto es entre ocho y doce años; ii) las condiciones personales de la condenada –nivel de estudios, ausencia de antecedentes penales y carencias personales–; y, iii) su acogimiento a la conclusión anticipada del juicio oral, que amerita una reducción no mayor de un sétimo del quantum (cantidad) de la pena.

En atención a los criterios anotados determinó que le correspondía seis años y seis meses de pena privativa de la libertad.

DECIMOTERCERO. Este Supremo Tribunal para efectos de la imposición de la pena en el presente caso, consideró lo siguiente:

13.1. El fiscal superior solicitó una pena privativa de libertad de ocho años, lo que se encuentra dentro del marco legal establecido para el tipo penal imputado de defraudación tributaria agravada. En ese entender, por regla general, partiendo del supuesto que la pena solicitada está dentro de los márgenes legales de la norma penal, el juez en virtud al principio acusatorio no podrá imponer una pena mayor a la solicitaba por el fiscal, siendo esta el límite superior.

13.2. La acusada se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral, es por ello, que se le aplicó la regla de reducción por bonificación procesal, esto es, de un sétimo conforme al Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116.

13.3. Además, se considera que la sentenciada conformada Campos Ulloa es viuda, madre de tres hijos siendo uno de estos, menor de edad, siendo ella su principal sostén económico y emocional, según información consignada en las actas obrantes a fojas 1959 y 1967; y reitera en su recurso de nulidad. En ese sentido, no se puede desconocer que la pena privativa de libertad del único sostén de un menor de edad es altamente gravosa para este; por ello se requiere una especial atención y ponderación en relación con el delito cometido. Así, en el caso concreto atendiendo a la naturaleza del delito cometido, corresponde realizar una rebaja de pena en virtud al interés superior del niño5.

Por estas razones, consideramos que no resulta proporcional la pena impuesta en la sentencia recurrida, la que debe ser fijada en cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva.

DECIMOCUARTO. Asimismo, atendiendo a los fines de resocialización de la pena, conviene en el caso concreto –atendiendo a sus particularidades– convertir una pena privativa de libertad efectiva en prestación de servicios a la comunidad. Así, el artículo 52, del Código Penal, establece que en los casos de improcedencia de la suspensión de la ejecución de la pena, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad, a razón de siete días de privación de la libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad. En concordancia con ello, la legislación sustantiva también establece que en caso de incumplimiento injustificado de la pena alternativa convertida, el juez puede revocar la conversión, previo apercibimiento judicial y se ejecutará la pena privativa fijada en la sentencia con el respectivo descuento (cfr. artículo 53 del CP).

En el caso concreto la pena de cuatro años privativa de la libertad efectiva, se convierte en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, pena prevista en el inciso 1, artículo 31, del Código Penal, concordado con los artículos 34 y 52 del citado código.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. HABER NULIDAD en la sentencia del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho en el extremo que impuso a Nancy Carola Campos Ulloa de Quezada, seis años y seis meses de pena privativa de la libertad, y REFORMÁNDOLA, le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad, la que se convierte en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, de la que se descuenta los días que sufrió detención desde el veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho hasta el veintidós de julio de dos mil diecinueve, en que se emite esta ejecutoria suprema, nos da nueve meses y veintitrés días de reclusión, los que equivalen a 42 jornadas de prestación de servicios, dando como resultado 166 jornadas de prestación de servicio a la comunidad por efectuar, bajo apercibimiento de revocarle la conversión de la pena y hacerla efectiva, apercibimiento que se efectuará en su domicilio señalado en su ficha Reniec, y en caso de variarlo deberá dar cuenta al órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de la presente ejecutoria.

II. ORDENARON la inmediata libertad de la sentenciada Nancy Carola Campos Ulloa de Quezada, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente; en consecuencia, OFÍCIESE vía fax, a fin de concretar su libertad, a la Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

III. DISPUSIERON se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley. Hágase saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema.


1 Del 21 de setiembre de 2004 y que constituye precedente vinculante.

2 Del 18 de julio de 2008. Asunto: nuevos alcances de la conclusión anticipada.

3 Asunto: nuevos alcances de la conclusión anticipada, del dieciocho de julio de dos mil ocho, fj. veintitrés.

4 Cfr. Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, parágrafo N.° 6: conformidad y confesión sincera.

5 Cfr. RECURSO NULIDAD N.° 761-2018/APURÍMAC, Sala Penal Permanente del 28 de mayo de 2018.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ

Pin It on Pinterest