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Revisión de sentencia fundada. No puede haber dos sentencias penales contradictorias.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REV. DE SENT. NCPP N.° 485-2017
CUSCO

Inconciliabilidad de sentencias

Respecto a un mismo supuesto de hecho, dos sentencias no pueden alegar que un hecho es delictivo y a la vez la Corte Suprema niegue dicho carácter al mismo supuesto fáctico, asignándole una categoría inferior; por ello, toda vez que se produjo ese supuesto, se configura una contradicción cuya resolución se guía por la decisión de la Corte Suprema, esto es, que la conducta imputada no constituye delito, mas sí una infracción administrativa de tipo presupuestal. En tal virtud, este efecto debe extenderse respecto a las personas que fueron procesadas bajo los alcances del tipo penal de exacción ilegal. Como consecuencia, corresponde la absolución de los accionantes por el motivo de revisión previsto en el inciso 1 del artículo 439 del NCPP.

–SENTENCIA DE REVISIÓN–

Lima, seis de septiembre de dos mi diecinueve

VISTOS: en audiencia pública, las demandas de revisión por inconciliabilidad de sentencias que formularon: i) Miguel Choque Zevallos, Antonio Moreano Mayta, Edwin Rodrigo Rojas y José Daniel Caviedes Ochoa contra la sentencia de vista expedida el veintisiete de julio de dos mil dieciséis por los señores jueces que integraron la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que confirmó la sentencia de primera instancia1 que condenó a Choque Zevallos, Moreano Mayta, Rodrigo Rojas, Caviedes Ochoa y otros como autores de la comisión del delito contra la administración pública-exacción ilegal y, en consecuencia, les impuso la pena de un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de un año, y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, y ii) Julián Incaroca Ninancuro contra la sentencia expedida el dos de febrero de dos mil dieciséis por los jueces que integraron el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que lo condenó como coautor del delito contra la administración pública-exacción ilegal, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, y en consecuencia le impuso la pena de un año de privación de libertad suspendida en su ejecución por el mismo periodo y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, que deberá abonar en forma solidaria a favor de la parte agraviada.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Fundamentos de revisión

Los accionantes invocaron el inciso 1 del artículo 439 del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–. Argumentaron que con posterioridad a la sentencia que los condenó se emitió, respecto a sus coprocesados Miguel Edmundo Revilla Fernández, Jorge Isaacs Acurio Tito y José Rosendo Calderón Pacohuanca, la Sentencia de Casación número 977-2016/Cusco, del veinte de abril de dos mil diecisiete, en que los jueces que integraron la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declararon fundados los recursos de casación que formularon Revilla Fernández, Acurio Tito y Calderón Pacohuanca; y, casando la sentencia que los condenó, los absolvieron de la citada acusación por el delito y el agravio mencionados, y ordenaron la anulación de los antecedentes generados como consecuencia de la condena.

Segundo. Antecedentes procesales

2.1. Ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cusco, se procesó y sancionó a Julián Incaroca Ninancuro, Luis Ccorihuamán Auccahuaqui, José Ángel Arizaca Oblitas, Antonio Moreano Mayta, Luis Pedro Quispe Ccama, Jorge Isaacs Acurio Tito, Miguel Edmundo Revilla Fernández, Nancy Ccorihuamán Góngora, José Daniel Caviedes Ochoa, Edwin Rodrigo Rojas Bernabé Turpo Apaza y José Rodendo Calderón Pacohuanca por la presunta comisión del delito contra la administración pública-exacción ilegal – sentencia obrante en los folios 9 a 87–.

2.2. La mencionada decisión fue apelada y determinó que los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco se avocaran a su conocimiento, quienes luego del debate de apelación expidieron la sentencia de vista del veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en la que confirmaron la condena de Jorge Isaacs Acurio Tito, José Daniel Caviedes Ochoa, Miguel Choque Zevallos, Edwin Rodrigo Rojas, Bernabé Turpo Apaza, Nancy Ccorihuamán Góngora y Antonio Moreano Mayta –como coautores– y de José Rosendo Calderón Pacohuanca, Luis Pedro Quispe Ccama y Miguel Edmundo Revilla Fernández –como cómplices primarios– de la comisión del delito de exacción ilegal.

2.3. Contra tal decisión, Miguel Edmundo Revilla Fernández, Jorge Isaacs Acurio Tito y José Rosendo Calderón Pacohuanca interpusieron sendos recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Luego de calificarlos y evaluar la materia de fondo, los señores magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria expidieron la Sentencia de Casación número 977-2016/Cusco, del veinte de abril de dos mil diecisiete, que amparó su pretensión recursal y, en consecuencia, los absolvió de la citada imputación.

2.4. Luego del pronunciamiento expedido por la Corte Suprema, con interés y legitimidad, Miguel Choque Zevallos, Antonio Moreano Mayta, Julián Incaroca Ninancuro, Edwin Rodrigo Rojas y José Daniel Caviedes Ochoa formularon su demanda de revisión contra la sentencia de vista. Julián Incaroca Ninancuro, por su parte, objetó la sentencia de primera instancia que lo condenó.

2.5. Las pretensiones de revisión fueron calificadas conforme consta en los autos de calificación en múltiples recursos, como: i) la Revisión de Sentencia número 485-2017/Cusco –folios 120 a 124–, ii) la Revisión de Sentencia número 486-2017/Cusco –folios 290 a 302–, iii) la Revisión de Sentencia número 489-2017/Cusco –folios 471 a 475–, iv) la Revisión de Sentencia número 490-2017/Cusco –folios 623 a 626– y v) la Revisión de Sentencia número 491-2017/Cusco – folios 800 a 803–, todas ellas declaradas admisibles.

2.6. Por la naturaleza de la pretensión y la materia, los expedientes antes mencionados fueron acumulados. De ello da cuenta el auto del veintiuno de mayo del presente año –folios 165 y siguiente. En el mismo auto se fijó fecha para la audiencia de revisión para el pasado veintiocho de agosto, la cual se llevó a cabo. Luego del debate respectivo y tras haber obtenido los votos necesarios para adoptar la decisión, el estado de la causa es el de expedir sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Opinión del representante del Ministerio Público

Efectuado el traslado respectivo, el señor fiscal representante de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declaren fundadas las pretensiones de revisión –folios 864 a 870–.

Segundo. Análisis jurisdiccional

2.1. Cuestión preliminar

Conforme a la pretensión jurídica postulada en los escritos de los ahora recurrentes, estos mencionaron como motivo de revisión el inciso 1 del artículo 439 del NCPP. Sin embargo, en los autos de calificación se mencionó que la materia debería ser evaluada conforme a los términos del inciso 6 del citado precepto. Tal indicación, no obstante, debe ser desestimada, dado que este último inciso requiere que la norma que condenó al accionante posea un defecto estructural de origen vinculado con la inconstitucionalidad. Dicha situación no ocurre en el presente caso, puesto que la revisión se produce en atención a una nueva sentencia, emitida como instancia, por la Corte Suprema. Por tanto, la evaluación se producirá conforme al motivo de inconciliabilidad de fallos.

2.2. Inconciliabilidad de sentencias

2.2.1. El motivo de revisión invocado es el previsto en el inciso 1 del artículo 439 del NCPP, el cual prevé:

Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados.

2.2.2. Respecto a este motivo, jurisprudencialmente, la sentencia expedida en la Revisión de Sentencia número 4-
2014/Lima estableció que:

“La prueba que permite el contraste es, en este caso, otra sentencia penal firme, condenatoria o absolutoria, por el mismo delito –o mejor dicho, hecho procesal o suceso histórico objeto de imputación y condena o absolución– dictada con posterioridad. El contraste entre ambas decisiones importa la imposibilidad de hacer que coexistan dos sentencias penales que tienen por fundamento esencial de la declaración de culpabilidad la determinación de hechos inconciliables entre sí; lo que se afecta son las reconstrucciones de hecho, de suerte que una no puede estar en presencia de la otra –esto último deriva del principio de trascendencia–.

Se trata pues del juicio histórico de las sentencias en pugna, no del juicio jurídico. Por lo demás, en los casos de pluralidad de personas en el mismo suceso histórico es posible, según su nivel de intervención y del diferencial análisis de la imputación objetiva y subjetiva atinente a cada uno de ellos, es posible niveles distintos de subsunción típica. Lo que importa es comparar las reconstrucciones de los hechos en ambas sentencias y que de su contraste fluya que son contradictorias mutuamente y que no es viable armonizarlas”.

2.2.3. La ejecutoria Suprema expedida en el Expediente número 977-2016/Cusco señaló lo siguiente:

Cuarto. Que, en el presente caso, en el marco de un pliego de reclamos, que importaba un aumento de remuneraciones de todas las categorías y que se comprenda en él al conjunto de los servidores y funcionarios municipales, se procedió a aumentar las remuneraciones al personas de servicios municipales, incremento que también se extendió a los funcionarios municipales –de carrera, de confianza y políticos–, y que, acto seguido, a pedido de los Regidores, se les incluyó fijándose nuevos montos respecto de las dietas que percibían. Se cumplió formalmente, con los pasos necesarios para ello y luego se emitieron Acuerdos Municipales y Resolución de Alcaldía concretando esos aumentos – imprescindibles dentro de las competencias municipales–, cuya ilegalidad no está en discusión. Este punto no ha sido cuestionado; el relato de los hechos no lo niega.

Lo que debe dilucidarse, entonces, es si se trató de una maniobra engañosa. Es de rigor precisar que, en todo caso, el concierto no es elemento típico del delito de exacción ilegal, pero define una lógica de co-delincuencia, de intervención delictiva de varias personas en el hecho típico.

Los funcionarios competentes del área de finanzas y tesorería actuaron al amparo de las normas emitidas por los órganos competentes. Pero, esos informes, acuerdos municipales y resoluciones de Alcaldía ¿fueron engañosos, revelaban una maniobra fraudulenta que determinó que incurran en error?

Quinto. Que si se tiene en cuenta que se siguió el trámite regular para una decisión como la que se adoptó. Acuerdo del Concejo Municipal y Resolución de Alcaldía previos informes técnicos, es decir, se emitieron decisiones formalmente adecuadas, no es posible sostener que persiguieron engañar a los funcionarios competentes del área de finanzas y tesorería. Es verdad que, materialmenTe, los Informes, Acuerdos y Resoluciones vulneraron la legislación presupuesto al, pero no toda ilegalidad presupuestal constituye delito. En el caso del delito de exacción ilegal, dentro del marco fáctico enjuiciado, se requiere una actividad engañosa de la autoridad para obtener un emolumento por un monto no debido. Al haberse realizado informes técnicos, Acuerdos del Concejo Municipal y Resoluciones de Alcaldía –en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades–, a mérito de lo cual se concretó el aumento cuestionado, no es posible sostener que medió engaño en esos Informes y Decisiones; no se afirmó, en su emisión, hechos falsos ni se disimuló o desfiguró los verdaderos. Su base jurídica era errónea pero no los procedimientos de formación de los actos administrativos cuestionados.

Distinto sería el caso si tales pasos administrativos no se hubieren dado, si se ordenó llanamente –sin base fáctica ni procedimiento previo– un aumento indebido, o si se invocó para el aumento Acuerdos y Resoluciones falsas – inexistentes–, engañando en todos los casos a los funcionarios competentes para lograr su cumplimiento.

Sexto. Que, en tal virtud, como el Tribunal Superior consideró delito de exacción ilegal lo que constituye una infracción administrativa que incide en el Derecho Presupuestal, interpretó indebidamente el artículo 383 del Código Penal (error de interpretación jurídica que afecto a la premisa menor del juicio). La conducta declarada probada si bien es ilícita –injusto administrativo– no es delictiva.

2.2.4. Los hechos imputados a los absueltos Revilla Fernández, Acurio Tito y Calderón Pacohuanca y a los ahora recurrentes versan en que el alcalde, los funcionarios y los regidores de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el Cusco, actuando de manera concertada y abusando de sus cargos, con la finalidad de dar visos de legalidad al incremento de sus remuneraciones y dietas, montaron un procedimiento irregular e ilícito para justificar dichos aumentos.

En ese cometido, se incluyó el incremento de las remuneraciones de los funcionarios –políticos, de dirección y de confianza– como uno de los puntos del pliego de reclamos del año dos mil ocho, presentado mediante carta del sindicato del quince de noviembre de dos mil siete, lo cual, previos trámites, fue aprobado mediante la Ordenanza Municipal número 041-2007 y materializado con la Resolución de Alcaldía número 685-2007, del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, a pesar de que la Ley número 28927 –Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal dos mil siete–, así como la Ley número 29142 –Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal dos mil ocho–, prohibían todo incremento de remuneraciones y dietas, entre otros aspectos.

Una vez incrementada la remuneración del alcalde –a S/ 9800 (nueve mil ochocientos soles)–, los regidores, en sesión ordinaria del diez de enero de dos mil ocho, solicitaron el incremento de sus dietas, lo que fue aprobado finalmente mediante el Acuerdo del Concejo Municipal número 005-2008-CMMDSS, y se fijaron las dietas en S/ 3900 (tres mil novecientos soles), en función de la nueva remuneración del alcalde. Esto, igualmente, se llevó a cabo a pesar de la prohibición de incrementos de remuneraciones y dietas, entre otros, que contenía la Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal dos mil ocho.

La Contraloría General de la República, en su Informe Especial número 148-2012-CG/ORCUEE, estableció que el incremento de las remuneraciones y las dietas entre los años dos mil ocho a dos mil diez generó un perjuicio económico a la entidad agraviada ascendente a S/ 1 331 949 (un millón trescientos treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve soles) distribuidos del siguiente modo: S/ 792 783 (setecientos noventa y dos mil setecientos ochenta y tres soles) por el incremento de la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores, y S/ 507 766 (quinientos siete mil setecientos setenta y seis soles) por el incremento de las remuneraciones de otros funcionarios municipales.

2.2.5. Los imputados absueltos por la Corte Suprema, en la estructura municipal de la comuna de San Sebastián, desempeñaron los siguientes cargos: Jorge Acurio Tito fue alcalde, Miguel Edmundo Revilla Fernández fue gerente de Planificación y Presupuesto y José Calderón Pacohuanca fue gerente municipal.

2.2.6. Los ahora recurrentes Julián Incaroca Ninancuro, José Daniel Caviedes Ochoa, Luis Ccorihuamán Aucahuaqui, Miguel Choque Zevallos, Edwin Rodrigo Rojas y Antonio Moreano Mayta fueron regidores en la gestión de Acurio Tito.

2.2.7. El motivo principal por el que la Corte Suprema, al emitir la Sentencia de Casación número 977-2016/Cusco, absolvió al alcalde y sus funcionarios municipales fue porque, luego de la actividad probatoria y el análisis del procedimiento municipal, concluyó que la conducta constituía un defecto administrativo, dado que, si bien era una infracción a la legislación presupuestaria, no poseía categoría delictiva. Asimismo, precisaron que no se apreció una actividad engañosa de la autoridad para obtener un emolumento por un monto no debido y, por tal razón, revocaron las sentencias de primera y segunda instancia, que también condenaron a los regidores municipales ahora recurrentes. Por tanto, en atención al principio de jerarquía y de seguridad jurídica, ambos fallos no son conciliables.

2.2.8. Respecto a un mismo supuesto de hecho, dos sentencias no pueden alegar que un hecho es delictivo y a la vez la Corte Suprema niegue dicho carácter al mismo supuesto fáctico, asignándole una categoría inferior; por ello, toda vez que se produjo ese supuesto, se configura una contradicción cuya resolución se guía por la decisión de la Corte Suprema, esto es, que la conducta imputada no constituye delito, mas sí una infracción administrativa de tipo presupuestal. En tal virtud, este efecto debe extenderse respecto a las personas que fueron procesadas bajo los alcances del tipo penal de exacción ilegal. Como consecuencia, corresponde la absolución de los accionantes por el motivo de revisión que invocaron.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADOS LOS RECURSOS DE REVISIÓN, por inconciliabilidad de sentencias, interpuestos por i) Miguel Choque Zevallos, Antonio Moreano Mayta, Edwin Rodrigo Rojas y José Daniel Caviedes Ochoa contra la sentencia de vista expedida el veintisiete de julio de dos mil dieciséis por los señores jueces que integraron la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que confirmó la sentencia de primera instancia2 que condenó a Choque Zevallos, Moreano Mayta, Rodrigo Rojas, Caviedes Ochoa y otros como autores de la comisión del delito contra la administración pública-exacción ilegal y, en consecuencia, les impuso la pena de un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de un año, y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, y ii) Julián Incaroca Ninancuro
contra la sentencia expedida el dos de febrero de dos mil dieciséis por los jueces que integraron el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que lo condenó como coautor del delito contra la administración pública-exacción ilegal, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, y en consecuencia le impuso la pena de un año de privación de libertad suspendida en su ejecución por el mismo periodo y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, que deberá abonar en forma solidaria a favor de la parte agraviada. En consecuencia, SIN VALOR las mencionadas sentencias en lo correspondiente a Miguel Choque Zevallos, Antonio Moreano Mayta, Edwin Rodrigo Rojas, José Daniel Caviedes Ochoa y Julián Incaroca Ninancuro.

II. ABSOLVIERON a los referidos accionantes de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de exacción ilegal, en agravio del Estado.

III. ORDENARON el archivo definitivo del proceso antes referido en relación con él, y que se anulen los antecedentes policiales, judiciales y penales por este caso.

IV. DISPUSIERON que se remita el proceso solicitado al Tribunal de origen y se transcriba la presente sentencia de revisión a dicho órgano jurisdiccional para los fines de ley. Hágase saber a las partes procesales personadas en esta Sede Suprema.

Intervinieron los señores jueces supremos Pacheco Huancas y Castañeda Espinoza por impedimento de los señores jueces supremos San Martín Castro y Príncipe Trujillo.


1 Emitida el dos de febrero de dos mil dieciséis por el señor juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Cusco.

2 Emitida el dos de febrero de dos mil dieciséis por el señor juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Cusco.

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