Robo agravado. Relevancia del informe antropológico
11 octubre, 2019
Colusion. Necesidad de pericia contable
13 octubre, 2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REVISIÓN DE SENTENCIA N.° 98-2018
LIMA

FUNDABILIDAD DE LA DEMANDA DE REVISIÓN DE SENTENCIA

La prueba nueva reveló que las pruebas periciales oficiales arrojaron conclusiones opuestas, que no sustentan la hipótesis fiscal; si bien se cuenta con pruebas personales (declaración de la víctima y testigos referenciales), estas no constituyen indicios categóricos de la agresión sexual presuntamente perpetrada y son insuficientes para acreditar la culpabilidad del acusado. En consecuencia, no es posible adquirir certeza sobre la realidad del hecho histórico postulado por el representante del Ministerio Público, concerniente a la culpabilidad de Alberto Jesús Timoteo Raborg sobre la agresión sexual en agravio de A. K. Q. H.; por lo tanto, corresponde absolverlo de la acusación fiscal.

–SENTENCIA DE DEMANDA DE REVISIÓN DE SENTENCIA–

Lima, tres de octubre de dos mil diecinueve

VISTOS: la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el sentenciado Alberto Jesús Timoteo Raborg contra: i) la sentencia del veintiséis de enero de dos mil diecisiete (foja 607), emitida por el Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia, en agravio de la persona identificada con las iniciales A. K. Q .H., a veinte años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 3000 (tres mil soles) el monto por concepto de reparación civil, que deberá ser abonado a favor de la agraviada; ii) la sentencia de apelación (Resolución número 305), del veintiséis de junio de dos mil diecisiete (foja 702), emitida por la Cuarta Sala Penal Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia del veintiséis de enero
de dos mil diecisiete.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA.

CONSIDERANDO

§ I. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN

Primero. El sentenciado Alberto Jesús Timoteo Raborg, al fundamentar la acción de revisión de sentencia (foja 1 del cuadernillo supremo), se ampara en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 439 del Código Procesal Penal.

En aquella oportunidad, postuló como nuevo medio de prueba el informe pericial médico legal de parte, del ocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 52 del cuadernillo supremo), que presenta como conclusiones, entre otras, que: en el Certificado Médico Legal número 055855-CLS, la conclusión de signos de acto contra natura reciente muestra una incoherencia técnica. Respecto al examen de integridad física no muestra los elementos técnicos necesarios para determinar la cronología de las lesiones traumáticas descritas; por lo tanto, no se podrá establecer científicamente la existencia de violencia física contra la agraviada. Asimismo, dicho medio de prueba señaló que el Examen de Medicina Forense número 7212/08 no cumplió con los requisitos mínimos para el examen preferencial ginecológico, y que el hallazgo de desgarro parcial reciente no fue significativo para determinar la causa traumática, así como
que la información fue insuficiente con contradicciones en los hallazgos encontrados.

El aludido medio probatorio demostraría que las conclusiones a las que se arribó en el certificado médico y en el examen de medicina forense realizados a la agraviada, que sirvieron de sustento para condenar al recurrente, carecerían de idoneidad para tal fin, por lo que no se habría logrado enervar su presunción de inocencia.

§ II. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE REVISIÓN

Segundo. Mediante auto del quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 336 del cuaderno supremo), se admitió a trámite la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el recurrente, por la causal prevista en el numeral 4 del artículo 439 del Código Procesal Penal, y se dispuso la remisión del expediente que contiene las sentencias cuyas revisiones se pretende.

Tercero. Cumplidas las disposiciones acotadas, se dispuso fecha y hora para la audiencia de actuación probatoria (foja 445 del cuaderno supremo).

3.1. A la audiencia de actuación probatoria concurrieron el representante del Ministerio Público, la agraviada identificada con las iniciales A. K. Q. H., su abogado defensor, el abogado defensor del demandante, el acusado (vía videoconferencia) y el perito médico de parte, Jorge Luis Inca Torres (foja 554 del cuadernillo supremo); fue suspendida por la inasistencia de las peritos oficiales.

3.2. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, la subgerente de la Gerencia de Criminalística de la División Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público (foja 602 del cuadernillo supremo) remitió el Certificado Médico Legal número 020321-PF-AR (foja 603 del cuadernillo supremo).

3.3. Luego se reprogramó la audiencia de actuación probatoria para el veintitrés de mayo del año en curso (foja 735 del cuadernillo supremo), la cual también fue suspendida por la inconcurrencia de las peritos oficiales, motivo por el que la jueza instructora dispuso los apercibimientos de ley (conforme consta del acta, foja 747 del cuadernillo supremo).

3.4. Posteriormente, se reprogramó la audiencia de actuación probatoria para el quince de agosto del presente año (foja 778 del cuadernillo supremo). A la audiencia concurrieron la representante del Ministerio Público, el abogado defensor del demandante, el acusado (vía videoconferencia), el perito de parte: Jorge Luis Inga Torres, y las peritos oficiales: María del Rosario Peña Vargas, Linda Chang Rodríguez y Mariela Genara Flores Angulo. En dicha ocasión se efectuaron los respectivos debates periciales respecto al Certificado Médico Legal número 055855-CLS, el Examen de Medicina Forense número 7212/08 y la pericia de parte (véase acta de audiencia, foja 794).

3.5. Por último, el once de septiembre del presente año, se efectuó la audiencia de alegatos finales (acta de audiencia, foja 849). Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en acto privado el día de la fecha a las 8:30 horas, conforme al artículo 443, numeral 5, del Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO

§ III. DE LA REVISIÓN DE SENTENCIA

Cuarto. La sección VII del Código Procesal Penal regula la acción de revisión, como una acción de impugnación, que sirve para objetar sentencias firmes que han adquirido la calidad de cosa juzgada; es decir, es el ejercicio de una
nueva acción que origina un nuevo proceso, solo en casos taxativamente enunciados por la ley. Así, la acción de revisión constituye un medio de ataque a la cosa juzgada, que se fundamenta por razones de justicia, para remover los cimientos del orden jurídico al autorizar que una sentencia firme y ejecutoriada sea nuevamente revisada en sus propios fundamentos, a la luz de nuevos hechos o circunstancias.

Quinto. La acción de revisión solo procede a favor del condenado y bajo las formas establecidas en el artículo 439 del Código Procesal Penal. Para el caso bajo análisis, se invoca el numeral 4 del citado cuerpo normativo, esto es, nuevos medios probatorios. Así, el principio de mayor transcendencia que se invoca es el principio de verdad y justicia, en él se evidencia la necesidad de un control de conformidad constitucional de la decisión y la protección del
derecho fundamental adopta la forma de un sistema de garantías jurídico constitucionales que los poderes estatales están obligados a respetar.

§ IV. IMPUTACIÓN FISCAL

Sexto. Conforme a la acusación fiscal (foja 344), se imputa al acusado Alberto Jesús Timoteo Raborg el delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia, en agravio de la persona identificada con las iniciales A. K. Q. H. Los hechos se suscitaron el cinco de septiembre de dos mil ocho, aproximadamente entre las 23:00 horas y las 04:00 horas del día siguiente, aprovechando que la agraviada A. K. Q. H., se encontraba en estado de inconciencia, debido a que ella y un grupo de amigos de la Compañía Graña & Montero estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas en el local Rústica de Miraflores y en la discoteca Aura de Larcomar. En el referido local el acusado Timoteo Raborg ofreció a la agraviada una cerveza destapada en la cual había colocado sustancias somníferas, en dichas circunstancias, se dirigieron al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Doña Delmira número 404, departamento 405, urbanización Los Rosales, distrito de Santiago de Surco, donde la agraviada empezó a sentirse mal y vomitó; luego, quedó inconsciente, lo que motivó que el acusado y su amigo Carlos Enrique Campos Matallana la llevaran al interior de su domicilio, para luego retirarse del lugar; sin embargo, el acusado retornó a la vivienda de la agraviada y, aprovechando su estado de inconciencia, la agredió sexualmente.

Los hechos fueron tipificados en el artículo 172, primer párrafo, del Código Penal.

§ V. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

Séptimo. La sentencia de primera instancia (foja 607), a efectos de emitir sentencia condenatoria contra el acusado Alberto Jesús Timoteo Raborg, alegó que:

7.1. Se estableció que el cinco de septiembre de dos mil ocho, la agraviada, el acusado y un grupo de amigos libaron licor en un centro nocturno ubicado en Miraflores; en dichas circunstancias, el acusado ofreció a la agraviada una cerveza destapada la cual fue consumida por ella.

7.2. La agraviada llegó a su domicilio en estado de ebriedad, acompañada por el acusado Alberto Jesús Timoteo Raborg, conforme a la versión del testigo Carlos Campos Matallana.

7.3. Aprovechando el estado de inconciencia de la agraviada, el acusado la agredió sexualmente, causándole las lesiones descritas en el Certificado Médico Legal número 055855-CLS.

7.4. La declaración de la agraviada supera las garantías de certeza del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

Octavo. En segunda instancia, a efectos de confirmar la sentencia de primera instancia, la Sala Superior (foja 702) precisó que la declaración de la agraviada superó las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número 2- 2005/CJ-116.

8.1. En torno a la verosimilitud interna, se precisó que en la declaración de la agraviada convergen datos manifiestamente verosímiles.

8.2. En cuanto a la verosimilitud externa, se tomó en cuenta: i) La declaración de Carlos Enrique Campos Matallana, en la medida en que él y el acusado dejaron a la agraviada en su vivienda, luego Timoteo Raborg le pidió dinero, a efectos de regresar a la discoteca Aura a recoger su laptop. Además, la agraviada le comentó que cuando fue agredida sexualmente, tuvo un momento de lucidez y pudo observar al acusado Alberto Jesús Timoteo Raborg; ii) La declaración de Claudia Cecilia Perales Wong, quien acredita la existencia de la reunión social y que el acusado y la agraviada se retiraron juntos del local; iii) La declaración de Lenia Milena Falconi Álvarez, quien en su condición de amiga de la agraviada concurrió a su domicilio, donde evidenció que la agraviada presentaba un comportamiento extraño; además, en la vivienda había botellas de cerveza, cigarrillos y preservativos, así como, un maletín de color negro, que contenía una laptop; en esas circunstancias, la agraviada recibió una llamada telefónica del acusado, quien le indicó que iría a recoger su laptop; cuando el acusado fue a recoger su laptop, la agraviada lo identificó plenamente; y iv) El Certificado Médico Legal número 055855-CLS y Examen de Medicina Forense número 7212/08.

8.3. Asimismo, se destacó que la víctima fue persistente en la sindicación. Finalmente, se concluyó que no existieron móviles de animadversión entre la agraviada y el acusado.

Noveno. La presunción de inocencia, como regla de juicio, exige que para enervar este derecho fundamental se necesita certeza probatoria de cargo; para este fin, la valoración del testimonio del único testigo víctima debe ser analizado con mucho cuidado y prudencia, para determinar que no exista ninguna razón espuria o extraña a la verdad histórica, que motive al declarante a prestar ese testimonio; por tanto, la declaración del único testigo víctima debe ser sometida a examen, mediante un criterio de admisibilidad de su declaración. Se exige un mínimo nivel de corroboración periférica, a través de datos objetivos de la realidad, que debe contrastarse con lo manifestado por el testigo; por tanto, la íntima convicción del juzgador no es suficiente para alcanzar un ámbito de certeza sobre la ocurrencia del hecho, sino que más bien entra en juego el sistema de la sana crítica, que implica la utilización de fuentes del conocimiento procesal derivado de la experiencia forense.

Décimo. En el presente caso, el demandante cuestiona uno de los elementos periféricos trascendentales para la acreditación del delito, los cuales son las evaluaciones de integridad sexual practicadas a la agraviada A. K. Q. H., plasmadas en el Certificado Médico Legal número 055855-CLS y el Examen de Medicina Forense número 7212/08, en la medida en que serían divergentes en cuanto a los resultados de integridad sexual de la agraviada.

Undécimo. El proceso penal incorpora pautas probatorias para configurar el delito de violación sexual. Una de estas es la referida a la correcta determinación del objeto procesal y lo que es materia a probar. Tal consideración condiciona el derrotero sobre el cual deberá discurrir la actividad probatoria, pertinente y útil, que permita arribar a la determinación de la autoría del hecho y a la aplicación de una consecuencia jurídico penal. Así, una de las finalidades de la prueba pericial es el permitir identificar el contexto en el que sus conclusiones adquieren real vinculación y potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. Entonces, corresponde analizar las referidas pericias, de conformidad con la prueba nueva actuada y debatida en esta instancia.

11.1. El Certificado Médico Legal número 055855-CLS, del once de septiembre de dos mil ocho (foja 35), practicado a la agraviada por las peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, detalla lo siguiente:

Integridad sexual:

Posición ginecológica:
Himen: mebrana himeneal amplia festoneada, de bordes libres íntegros, sin lesiones, orificio himeneal mayor de 3cm de diámetro.

Posición genupectoral:
Ano: esfínter anal eutonico, presenta fisura reciente a “horas IV” en fase de epitelización, pliegues perianales engrosados, asimétricos.

Integridad física:
Lesiones paragenitales: Equimosis por presión digital tres en cara externa tercio proximal de muslo izquierdo, dos en cuadrante ínfero externo de glúteo derecho, una en cara externa tercio proximal de muslo derecho.

Ocasionado por presión digital.
Lesiones extragenitales: Equimosis por presión digital en cara interna tercio distal de muslo derecho, una en cara externa tercio distal de muslo izquierdo.

Ocasionado por presión digital.
Equimosis y tumefacción en cara anterior tercio medio de erina derecha.

Ocasionado por agente contundente duro.
Conclusiones:

Himen complaciente.
Signo de acto contranatura reciente.
Presenta huellas de lesiones traumáticas paragenitales y extragenitales.

11.2. El Examen de Medicina Forense número 7212/08, del ocho se septiembre de dos mil ocho (foja 39), practicado a la agraviada por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, detalla lo siguiente:

Examen preferencial ginecológico […]
Región vestibular
Clítoris: de aspecto normal sin lesiones

Labios mayores: de aspecto normal, cubierto de escaso vello púbico
Labios menores: de aspecto normal
Meato urinario: de aspecto normal
Himen: en forma de coliflor. Desgarro parcial equimotico reciente en hora V, según referencia horaria.
Ano: normo tónico, con borramiento de pliegues XI, XII, I y V, VI y VII, según referencia horaria.

CONCLUSIONES:

La persona de A. K. Q. H., no presenta lesiones contusas recientes. Al examen preferencial ginecológico, se aprecia. Himen en forma de colifror. Desgarro parcial equimotico reciente a hora V; según referencia horaria. Ano normo tónico, con borramiento de pliegues XI, XII, I y V, VI, VII, según referencia horaria. Secreción blanquecina abundante [sic].

Cabe precisar que los peritajes cuestionados fueron expedidos por órganos oficiales, como el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional del Perú, por tanto, gozan de una presunción iuris tantum de imparcialidad, objetividad y solvencia. En ese sentido, es razonable concederle un alto grado de fiabilidad probatoria.

Duodécimo. Al advertir las incongruencias en los peritajes oficiales en esta instancia, se hizo el respectivo debate pericial entre las peritos Linda Chang Rodríguez, Mariela Genara Flores Angulo (quienes suscribieron el Certificado Médico Legal número 055855-CLS) y María del Rosario Peña Vargas (suscribiente del Examen de Medicina Forense número 7212/08) y el perito de parte Jorge Luis Inca Torres (como consta del acta de foja 794 del cuaderno supremo). El debate pericial reveló que, en efecto, existen divergencias entre las pericias oficiales. Por las siguientes razones:

12.1. Las pericias oficiales denotan divergencias en el examen de integridad sexual de la agraviada. Por un lado, la perito de la Dirección de Criminalística practicó el examen de integridad sexual a la agraviada el ocho de septiembre de dos mil ocho (dos días después del suceso de los hechos); así, conforme a sus conclusiones, no evidenció lesiones contusas recientes, el himen presentaba un desgarro parcial equimótico reciente en hora V y el ano con borramiento de pliegues en horas XI, XII, I y V, VI, VII. Mientras que las peritos de la División Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal practicaron el examen de integridad sexual a la agraviada el once de septiembre de dos mil ocho (cinco días después del evento criminal), ocasión en la que apreciaron lesiones traumáticas paragenitales y extragenitales, el himen era de tipo complaciente, y el ano presentaba fisura reciente a horas IV en fase de epitelización.

12.2. La perito anatomo patólogo forense María del Rosario Peña Vargas indicó que cuando evaluó a la agraviada halló un ano normotónico, con tono del esfínter normal. En cuanto al borramiento de pliegues, indicó que es un proceso fisiológico normal (pues el borramiento de pliegues se puede originar por diversas causas como: parasitosis, hongos, dermatosis u otros); además, a la fecha de la evaluación, la agraviada no presentó lesiones paragenitales y extragenitales. Agregó que evaluó a la agraviada a los dos días del suceso de los hechos, posterior a ello el desgarro advertido en el himen es imperceptible.

12.3. A su tiempo, la médico legista Mariela Genara Flores Angulo especificó que, junto con la perito Linda Chang Rodríguez, analizó a la agraviada, cinco días después de la comisión de los hechos. Así, respecto a las conclusiones plasmadas en el certificado médico legal sobre las lesiones paragenitales y extragenitales (conclusión contradictoria a la primera evaluación de la agraviada), hizo una suposición concerniente a que, al momento en que la perito anatomo patólogo forense evaluó a la agraviada, la lesión equimótica no era percibible a la vista humana, ya que emergió después a la superficie y recién se pudo observar a los cinco días. Asimismo, detalló que la agraviada no presentó ningún desgarró en el himen. A su tiempo, la perito Linda Chang Rodríguez afirmó que el ano eutónico es igual al normotónico.

12.4. La perito anatomo patólogo forense Peña Vargas precisó que cuando evaluó a la agraviada no evidenció lesiones y que, además, al transcurrir el tiempo, las lesiones de esta naturaleza se van desvaneciendo (contrario a lo afirmado por la perito Flores Angulo), así que cuando las peritos del Instituto de Medicina Legal evaluaron a la agraviada, hubo una diferencia de tres días, en los que existe la posibilidad de que las lesiones que evidenciaron dichas peritos pudieron haber sido ocasionadas en dicho lapso de tiempo; es decir, estas pueden haberse causado por la intervención de un tercero ajeno al acusado. Además, la referida perito agregó que la fase de epitelización comienza entre las 24 a 48 horas; en ese sentido, cuando las peritos del Instituto de Medicina Legal evaluaron a la agraviada, ya habían transcurrido cinco días desde el suceso de los hechos; en cambio, ella evaluó a la agraviada dentro de las 48 horas y no halló ninguna fisura.

Decimotercero. En consecuencia, la pericia de parte, acogida en esta instancia como nueva prueba, reveló que las pruebas periciales por excelencia (exámenes de integridad sexual), que fundamentaron la condena del demandante Timoteo Raborg, presentan discrepancias, lo que no permite generar certeza respecto a la responsabilidad penal del sentenciado en el delito imputado; así, resulta suficiente para enervar los cargos incriminados. Las pruebas periciales arrojaron conclusiones opuestas, que no sustentan la hipótesis fiscal; si bien se cuenta con pruebas personales (declaración de la víctima y testigos referenciales), estas no constituyen indicios categóricos de la agresión sexual presuntamente perpetrada y son insuficientes para acreditar la culpabilidad del procesado. Por consiguiente, no es posible adquirir certeza sobre la realidad del hecho histórico postulado por el Ministerio Público, concerniente a la culpabilidad de Alberto Jesús Timoteo Raborg sobre la agresión sexual en agravio de A. K. Q. H.; por lo tanto, corresponde absolverlo de la acusación fiscal. Más aún si se advierte que tanto el ad quo como el ad quem, en su debida oportunidad, no valoraron adecuadamente los peritajes oficiales (ahora cuestionados), limitándose a solo mencionarlos sin el mayor análisis respecto a su valor probatorio y a las contradicciones reveladas en esta instancia.

Decimocuarto. Por último, el artículo 444 del Código Procesal Penal prevé una disposición de orden preceptivo y facultativo. La primera referida a la restitución de pagos efectuados por concepto de reparación y de multa. La segunda, a la indemnización que corresponda por error judicial, condicionada a que sea solicitada por el recurrente. En ese sentido, el órgano jurisdiccional competente (Juzgado de Investigación Preparatoria) deberá verificar si el acusado cumplió o no con el pago de la reparación civil y, de ser así, realizar la respectiva devolución. En cuanto a la indemnización por error judicial, esta no fue solicitada por el sentenciado, por lo que no corresponde dicho pago.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADA la acción de revisión de sentencia interpuesta por el condenado Alberto Jesús Timoteo Raborg; en consecuencia, SIN VALOR: i) la sentencia del veintiséis de enero de dos mil diecisiete (foja 607), emitida por el juez del Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia, en agravio de la persona identificada con las iniciales A. K. Q. H., a veinte años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 3000 (tres mil soles) el monto por concepto de reparación civil, que deberá ser abonado a favor de la agraviada; y ii) la sentencia de apelación (Resolución número 305), del veintiséis de junio de dos mil diecisiete (foja 702), emitida por la Cuarta Sala Penal Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

II. ABSOLVIERON a Alberto Jesús Timoteo Raborg, de la acusación fiscal por el delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia, en agravio de la persona identificada con las
iniciales A. K. Q. H. ORDENARON la anulación de sus antecedentes policiales, judiciales y penales generados por el presente proceso. MANDARON archivar definitivamente lo actuado en este extremo; en consecuencia, DISPUSIERON la inmediata libertad del referido encausado, que se ejecutará siempre y cuando no exista otro mandato de detención emanado de autoridad competente, oficiándose por el medio idóneo para tal efecto.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia de revisión se lea en audiencia privada, por intermedio de la Secretaría de esta Suprema Sala; y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por periodo vacacional del señor juez supremo Príncipe Trujillo.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ

Pin It on Pinterest