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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL ESPECIAL
EXPEDIENTE
N.° 7-2019-9

Sumilla: El Ministerio Público no ha brindado buenas razones para sustentar una discrepancia con la interpretación contenida en la Casación N.° 147-2016/LIMA de 6 de julio de 2016, según la cual, para la prolongación de la prisión preventiva, se requieren acumulativamente los presupuestos de: a) especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso; y, b) que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Esa carencia es suficiente para desestimar el pedido de prolongación de prisión preventiva.

AUTO DE APELACIÓN

Resolución N.° 3
Lima, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve

VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de apelación (folios 697-724) formulado por la representante del Ministerio Público, con los recaudos adjuntos y las precisiones efectuadas en audiencia pública.

Interviene como ponente en la decisión el señor GUERRERO LÓPEZ, juez de la Corte Suprema, integrante de la Sala Penal Especial.

I. DECISIÓN CUESTIONADA

El auto de fecha 9 de octubre de 2019, emitido por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (folios 520-566) (en adelante, JSIP), mediante el cual declaró infundado el requerimiento de prolongación de medida coercitiva personal de prisión preventiva por el plazo de nueve meses contra el imputado don Jimmy García Ruiz, en la investigación preparatoria que se le sigue, en calidad de autor, por la presunta comisión de los delitos tráfico de influencias y encubrimiento personal en perjuicio del Estado.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

2.1. La representante del Ministerio Público, con fecha 11 de octubre de 2019, fundamentó su recurso de apelación (folios 697-724), en el que solicitó que se revoque la resolución de fecha 9 de octubre de 2019, emitida por el juez del JSIP y, reformándola, se declare fundado su requerimiento de prolongación de prisión preventiva por el plazo de nueve meses adicionales contra el señor investigado don Jimmy García Ruiz. Argumentó sintéticamente lo siguiente:

i) Se cumplió el principio de intervención indiciaria o fumus delicti comissi porque existen circunstancias fácticas que soportan la posibilidad de la existencia del delito que tienen el grado de “sospecha fuerte”.

ii) Se incurrió en error cuando se afirma que se “requiere acumulativamente dos presupuestos: una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso”, puesto que pueden concurrir solamente que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o que pudiera obstaculizar la actividad probatoria.

iii) En la audiencia de prolongación de prisión preventiva se debe tener en cuenta el estado de la causa, el juez, antes de emitir pronunciamiento, debió revisar los autos previos de prisión preventiva emitidos por su instancia y por la Sala Penal Especial, sobre el peligrosismo procesal; especialmente respecto a que el arraigo familiar y domiciliario y su falta de concurrencia del investigado se habían analizado anteriormente y con un resultado negativo.

iv) El Acuerdo Plenario N.° 1-2019 refiere, en su fundamento 17, que el juez de garantías tiene una función extraprocesal y endoprocesal, sin embargo, se advierten incongruencias respecto al peligro procesal. En la resolución del 18 de enero de 2019, cuando el investigado tenía la calidad de imputado, la Resolución N.° 3, en el fundamento 16, refirió que “no existe certeza sobre su domicilio real”. El 7 de octubre último, el imputado García Ruiz se encontraba recluido, sin embargo, el 4 de octubre, mediante una declaración unilateral, aparece una constatación notarial sin la presencia del imputado en el inmueble donde se concluyó que ese domicilio “será su lugar de residencia de obtener su libertad”. El juez del JSIP dio por válida esta afirmación, siendo este pronunciamiento incoherente, especialmente, cuando sostuvo que el procesado “se encuentra en un establecimiento penitenciario de la ciudad de Lima”.

v) No se superó el hecho que el imputado carece de un título de propiedad o contrato vigente de alquiler de bien inmueble a su nombre, tampoco se consideró que está suspendido en sus funciones como magistrado titular. El juez del JSIP argumentó, respecto a las imágenes en relación a la existencia de ropa de varón en un closet y de un vehículo signado con la placa de rodaje N.° BOH-866, ubicado en el establecimiento N.° 95, que pertenecería al procesado, afirmación que no cuenta con fuerza acreditativa, tampoco tienen validez las declaraciones del administrador del edificio ni del vecino, solo son referencias.

vi) En los fundamentos 12.3 a 12.5 el juez del JSIP valoró nuevos elementos de convicción presentados en audiencia de manera sorpresiva por la defensa del investigado García Ruiz, quien sí tuvo la posibilidad de introducirlos a la investigación preparatoria. El juez del JSIP confunde la prolongación de la prisión preventiva con la cesación de esta medida cautelar, que sí exige como fundamento la variación de los elementos de convicción que propiciaron la medida.

vii) El juez consideró una infracción al derecho de defensa del imputado el no encontrarse resumida por escrito la respuesta en la que se hace alusión a las amenazas que el testigo Roger del Águila Zárate continuaba recibiendo de parte de terceros vinculados al acusado; pese a que la norma procesal penal afirma que son los elementos de convicción acompañados al requerimiento los que justifican el pedido.

viii) Existe arbitrariedad en la valoración de los nuevos elementos de convicción sobre el peligro de fuga que introduce la defensa y aquellos que el Ministerio Público desarrolló oralmente respecto a un elemento de convicción ya ofrecido por escrito. Se ha vulnerado el principio de igualdad en la justicia penal contenido en el numeral 3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), porque no se le permitió al Ministerio Público ingresar una declaración ofrecida por escrito referida a las amenazas que el testigo denunció.

ix) No se tomó en consideración los Acuerdos Plenario N.OS 1-2017 y 1- 2019. El primero indica que, para la prolongación de la prisión preventiva, debe examinarse la gravedad de los hechos, lo que no se ha evaluado, respecto a la perspectiva formal, tampoco se evaluó la trascendencia social del hecho. La resolución impugnada indicó que, si el criterio de gravedad de la pena concurrió dentro del peligro de fuga, este no se analizó individual ni combinadamente, de acuerdo con las circunstancias personales concretas y actuales del imputado, por ejemplo, que es un juez superior suspendido en sus funciones, que recibe únicamente el 80 % de su remuneración básica, cuenta con 56 años de edad, no cuenta con propiedades a su nombre ni un negocio familiar que le permita cumplir sus obligaciones familiares. La pena privativa de libertad a imponer alcanzaría los 11 años.

x) Se ha concluido que el procesado García Ruiz va a trabajar en la ciudad de Chiclayo, que sería una sede judicial diferente a la que se va a desarrollar el proceso, sin valorar que, a través de su coimputada Melva Sonia Aguilar Farfán, habría objetivamente pretendido obstaculizar la declaración del denunciante Roger del Águila Mendoza, además que su padre, Roger del Águila Zárate, ha ratificado las amenazas provenientes de los familiares de investigado.

xi) Subsiste el peligro de obstaculización, según la declaración de Roger del Águila Zárate, respecto de las amenazas que recibe en Tingo de Saposoa por parte de los primos del imputado, quienes, con palabras soeces, afirmaron en su agravio que “cualquier cosa le va a pasar”, amenazas que fueron de conocimiento de la OCMA.

xii) Se afirmó que “son meras sospechas de la Fiscalía”, sin tomar en cuenta que anteriormente ya había apreciado esta obstaculización a la justicia a través de terceros. Existe error al considerar que solo concurre dentro del peligro de fuga, la gravedad de la pena y no la gravedad de los hechos, ni las circunstancias personales del acusado de especial dificultad, así como de los testigos que vienen siendo amenazados para aportar información útil para el proceso.

xiii) Se sostuvo que no es válida la declaración de Roger del Águila Zárate porque fue anulada por la tutela de derechos sin tener en cuenta que, efectivamente, consta en autos —y del elemento de convicción N.° 3 del requerimiento escrito— que dicha declaración tuvo que ser repetida y nuevamente obtenida y sobre esa
declaración que se afirma que subsiste el peligro de obstaculización en la causa. Se debe entender que la conclusión de la investigación preparatoria y el aseguramiento de las pruebas materiales no conllevan a la conclusión de que no es posible perturbar la actividad probatoria.

xiv) Se apartó de lo referido en el Acuerdo Plenario N.° 1-2019, sobre la valoración como criterio de peligro de fuga de la ausencia de reparación del daño causado. La aseveración del juez, respecto a que el inculpado inocente no tiene la obligación de reparar el daño causado, deviene en errónea, confunde daño con culpabilidad.

xv)Sobre el arraigo familiar se había sostenido que no era de calidad, dado que el imputado tiene un vínculo matrimonial con una tercera persona, diferente a Paola Cecilia Tarrillo, madre de sus hijos, quien tiene propiedades registradas a su nombre, lo que evidencia que su convivencia no es pública y notoria que denote un arraigo familiar de tal intensidad que permita desvanecer por sí mismo la peligrosidad procesal invocada por el Ministerio Público.

xvi) No existe pronunciamiento con relación al plazo ordinario de la prolongación de prisión preventiva (nueve meses), sin tener en cuenta el avance actual de la causa que permiten afirmar una sospecha fuerte de la vinculación del imputado con los hechos.

2.2. En audiencia pública de apelación, el Ministerio Público reiteró básicamente los fundamentos precedentes en tanto que la defensa se opuso polarizadamente a dichos fundamentos y, al final, el interno impugnante efectuó su autodefensa. No obstante, ambos sujetos procesales y especialmente la defensa— expresaron sus criterios respectivos para la eventualidad de que se confirme la resolución impugnada en el sentido de que, si fuera necesario, pueden implementarse restricciones adicionales a la comparecencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, SN)

1.1. En el artículo Vl del Título Preliminar del CPP, se indica que:

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.

1.2. La sección III del Título I del CPP regula las medidas de coerción procesal, establece, en el artículo 253, lo siguiente:

1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella.

2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción.

3. La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. [Resaltado agregado]

1.3. En el artículo 268 del CPP, se establece que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, es posible determinar la concurrencia de los siguientes
presupuestos:

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

1.4. De acuerdo al artículo 272 del CPP, “la prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses”.

1.5. El artículo 274 regula la prolongación de la prisión preventiva en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse:

a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales.

b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses adicionales.

c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) meses adicionales.

En todos los casos, el fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento.

2. Excepcionalmente, el Juez de la Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Para el cómputo de la adecuación del plazo de prolongación se tomará en cuenta lo previsto en el artículo 275.

3. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad.

4. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2 del artículo 278.

5. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida [Resaltado agregado].

1.6. El Acuerdo Plenario N.° 1-2019/CIJ-116, del 10 de septiembre de 2019, refirió, sobre la prolongación de la prisión preventiva, que:

56.° El criterio rector, desde el principio de proporcionalidad, es que la prisión preventiva durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines que la legitiman y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción (superación de los riesgos que se quieren evitar) requisito de temporalidad. Los plazos integran la garantía constitucional de la libertad (STCE 127/1984, de 26 de diciembre). Existen dos valores que deben asumirse para concretar la razonabilidad de la duración del plazo: de un lado, valores de defensa social, circunscriptos al peligro de fuga y al temor a la abolición o destrucción de pruebas; y, de otro lado, valores de índole individual, referidos al carácter del sujeto, moralidad, domicilio, profesión, recursos, lazos familiares (STEDH, caso Neumeister vs. Austria, de 27 de junio de 1968).

El legislador ha incorporado plazos máximos en el artículo 272 del Código Procesal Penal, establecidos en razón al tipo de proceso seguido, que a su vez, por problemas no controlables derivados del curso de la investigación y del proceso, pueden ser prolongados o prorrogados conforme al artículo 274 del citado Código. Es claro, empero, que no es posible que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la prisión preventiva –en cada caso penal– pueda reputarse como irrazonable. Ello implicaría asignar a los procesos penales una uniformidad objetiva e incontrovertida, supuesto que es precisamente ajeno a la grave y delicada tarea que conlleva valorar la eventual responsabilidad penal de cada uno de los individuos acusados de la comisión de un ilícito (STC 2915-2004-HC/TC, de 23 de septiembre de 2004).

La prolongación de la prisión preventiva, como es obvio, no procede cuando la dilación del proceso se deba a una causa no razonable y ajena al imputado preso preventivo [CHOCLÁN MONTALVO – CALDERÓN CEREZO: Obra citada, p. 271], y, en todo caso, ha de ser adoptada antes de que el plazo inicial haya expirado, pues se trata de un plazo de caducidad (STCE 98/1998, de 4 de mayo, FJ 2do; y, STCE 22/2004, de 23 de febrero, FJ 4to.) –esta obra del legislador ordinario integra la garantía de la libertad, pero no la agota (STCE 8/1990, de 18 de enero, FJ 4to.)–.

Sobre el plazo legal de la prisión preventiva ha de entenderse que no coincide con el plazo razonable de duración del proceso en su conjunto, y debe ser mucho menor, pues el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos posibilita que un individuo sea liberado sin perjuicio de que continúe su proceso [Informe CIDH 12-96, de 1 de marzo de 1996. SCoIDH caso Barreto Leiva vs. Venezuela, de 17 de noviembre de 2009, párr. 119]. El derecho a un plazo de prisión preventiva razonable impone, a su vez, una obligación al Estado de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad [SCoIDH caso Bayarri vs. Argentina, de 30 de octubre de 2008, párr. 70]. [Resaltado agregado]

1.7. El artículo 287 del CPP prevé la comparecencia con restricciones en la siguiente forma:

1. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse.

2. El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto en el artículo 271.

4. El Juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el derecho de defensa.

5. También podrá disponerse, alternativamente, la utilización de la vigilancia electrónica personal que permita controlar que no se excedan las restricciones impuestas a la libertad personal, de conformidad a la ley de la materia y su reglamento.

1.8. El artículo 288 del CPP, sobre las restricciones, establece que:

Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes:

1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.

2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen.

3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.

4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente.

5. La vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de la materia y su reglamento, la que se cumplirá de la siguiente forma:

a) La ejecución se realizará en el domicilio o lugar que señale el imputado, a partir del cual se determinará su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito.

b) El imputado estará sujeto a vigilancia electrónica personal para cuyo cumplimiento el juez fijará las reglas de conducta que prevé la ley, así como todas aquellas reglas que consideren necesarias a fin de asegurar la idoneidad del mecanismo de control. […]

1.9. En el artículo 289 del CPP, sobre la caución, se señala textualmente lo siguiente:

1. La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad.

La calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial.

No podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el imputado, en atención a su situación personal, a su carencia de medios y a las características del hecho atribuido.

2. La caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la Nación. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se le haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente.

3. La caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto público o valores cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que el Juez determine. Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las cauciones precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme como la más adecuada.

4. Cuando el imputado sea absuelto o sobreseído, o siendo condenado no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución con los respectivos intereses devengados, o en su caso, quedará sin efecto la garantía patrimonial constituida y la fianza personal otorgada. [Resaltado agregado].

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO DEL CASO CONCRETO

2.1. Sobre los presupuestos fácticos para prolongación de la prisión preventiva

La representante del Ministerio Público solicitó que la medida de coerción personal de prisión preventiva inicial de nueve meses sea prolongada por otros nueve meses. Como ya se ha referido1, la prolongación de la prisión preventiva tiene una doble exigencia fáctica como supuesto insoslayable. Solo puede implementarse cuando:

a) concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso; y

b) que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, esto es, si subsiste el peligro de fuga o riesgo de perturbación de la actividad probatoria.

2.2. La base fáctica del requerimiento de pretensión de prolongación de prisión preventiva por el Ministerio Público en el caso concreto y las razones del rechazo por el juez del JSIP

Del análisis del requerimiento de prolongación de prisión preventiva y de su apelación, no se aprecia que la representante del Ministerio Público haya sustentado el primer requisito establecido taxativamente por la norma, pese a que —según su propia interpretación—, el artículo 274.1 del CPP exige bien una especial dificultad de la investigación o del proceso, o bien una especial prolongación de la investigación o del proceso.

El Ministerio Público, en este caso, no fundamenta su requerimiento en la existencia de una especial dificultad de la investigación o del proceso, sino alega una especial prolongación del proceso “porque existen circunstancias que la justifican como son justamente el desarrollo de la etapa intermedia y el juzgamiento”. Sostiene que el proceso es complejo y los testigos son de la localidad de Tingo de Saposoa y de Lima Este, y agrega que se está investigando el delito de corrupción de funcionarios. Así, infiere que el plazo necesario (de nueve meses) debe proyectarse para la etapa intermedia y de juzgamiento, por lo que existiría una especial prolongación.

Por su parte, el juez del JSIP cita a la Casación N.° 147-2016/LIMA de 6 de julio de 2016, según la cual, para la prolongación de la prisión preventiva, se requieren acumulativamente los presupuestos de: a) especial dificultad o
prolongación de la investigación o del proceso; y, b) que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria; además, dicha Casación, en su parte vinculante, aclara que la especial dificultad del proceso no debe ser amparada en la complejidad declarada desde el inicio, sino que deben advertirse las circunstancias concretas que obstaculizan algún acto de investigación, ello con elementos de juicio objetivos posteriores al dictado de la prisión primigenia y su impugnación.

De igual manera, el juez del JSIP sostiene que, el 3 de octubre de 2019, el Ministerio Público ha presentado el requerimiento de prórroga de prisión preventiva, sustentado en 32 elementos de convicción; sin embargo, en esa misma fecha también presentó el requerimiento de acusación, sustentado en 61 pruebas ofrecidas, por lo que se llegaría a demostrar que el Ministerio Público tiene suficientes elementos que podrían probar la existencia del delito,
sin apreciarse la especial dificultad que importe la prolongación de la medida, ya que las testimoniales se desarrollaron en las fechas y horas programadas por la Fiscalía, sin que emerja ningún tipo de dificultad para su desarrollo. (Fundamentos 11.2 al 11.8 del auto apelado).

2.3. Sobre los agravios expresados en la impugnación

2.3.1. En la impugnación se afirma que el juez del JSIP incurrió en error al afirmar que se “requiere acumulativamente dos presupuestos: una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso”, puesto que pueden concurrir solamente que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o que pudiera obstaculizar la actividad probatoria, ya que —según su criterio e interpretación—, en virtud del conector disyuntivo “o” no es necesario que concurran la especial dificultad y la especial prolongación, sino que puede presentarse cualquiera de ellas.

2.3.2. Al respecto, es necesario aclarar que, en efecto, el primer presupuesto para la prolongación de la prisión preventiva, establecido en el inciso 1 del artículo 274 del CPP, sin duda contiene una disyunción; es decir, basta que
exista una de estas dos posibilidades fácticas: bien una especial dificultad de la investigación o del proceso, o bien una especial prolongación de la investigación o del proceso. Sin embargo, cualquiera de estas dos condiciones fácticas debe concurrir copulativamente con el segundo presupuesto: el peligro procesal, consistente en que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria.

Esos dos presupuestos sí están unidos mediante una conjunción copulativa “y”, lo que implica la concurrencia de ambos para la procedencia de la prolongación de la prisión preventiva.

2.3.3. En ese sentido, en su impugnación, el Ministerio Público no ha brindado buenas razones —ni siquiera razones medianamente discutibles— para sustentar una discrepancia con la interpretación contenida en la Casación N.° 147-2016/LIMA de 6 de julio de 2016, citada por el juez del JSIP, según la cual, para la prolongación de la prisión preventiva, se requieren acumulativamente los presupuestos de: a) especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso; y, b) que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Esa carencia es suficiente para desestimar el pedido de prolongación de prisión preventiva, pues, al ser un requisito indispensable —sine qua non— que no se encuentra presente en la fundamentación de la prolongación de la prisión preventiva, este órgano jurisdiccional carece de facultades legales para estimar dicha
solicitud.

2.3.4. No obstante lo expuesto, debe aclararse también que no puede considerarse —como sostiene el Ministerio Público en su impugnación— una especial prolongación del proceso, el desarrollo de “la etapa intermedia y el juzgamiento”, que el proceso sea complejo y los testigos sean de la localidad de Tingo de Saposoa y de Lima Este, o que se esté investigando el delito de corrupción de funcionarios. Todo ello ya se conocía al momento del requerimiento de prisión preventiva e incluso este Supremo Tribunal, mediante Resolución N.° 3 del 31 de enero de 2019, confirmó el auto emitido por el juez del JSIP que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el
plazo de nueve meses contra investigado García Ruiz, en el cual indicó, en el apartado 2.6, que “hay que agregar que este tiempo no solo está previsto para la investigación preparatoria, sino también para la fase de la etapa intermedia y el juzgamiento en su caso”. La prisión preventiva —o su prolongación— no puede solicitarse por fases del proceso: no existe fundamento legal para esa forma de trabajo, por lo que no es de recibo que, en este momento, se pretenda la prolongación de dicha medida gravísima de coerción personal, basándose en la necesidad de la realización de la etapa intermedia o el juzgamiento, en todo caso, tendría que actuar en función a las facultades conferidas por el inciso 4 del artículo 349 del CPP al formular la acusación.

2.3.5. En este sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha indicado, en la Casación N.° 147-2016-LIMA, que:

[…] por especial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias que obstaculizan la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia o alguna circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicio objetivos posteriores al dictado de prisión preventiva primigenia y su impugnación. La ley no establece que deban existir nuevos elementos o actos que sustenten este requisito, pues el juez al momento de determinar el plazo de prisión preventiva pudo no tener en cuenta en su real dimensión estas particularidades que le dan complejidad al caso. ii) Que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, que no se establece en función a un reexamen de lo ya resuelto en la prisión preventiva a propósito del peligro procesal, sino sobre el análisis de dichas condiciones subsisten o se mantienen. […]

2.3.6. La Corte Suprema ha sostenido, en el Acuerdo Plenario N.° 1-2017/CIJ- 116, sobre las circunstancias de especial dificultad para la prolongación de la prisión preventiva, que:

16°. El primer presupuesto material requiere que se acrediten, concurran o estén presentes “… circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso…”. La continuación de la causa, sin riesgos derivados del periculum libertatis (disponibilidad del imputado a los fines del proceso y tutela de la actividad de esclarecimiento), entra en crisis cuando en el curso del procedimiento se presentan sucesos, incidencias, eventualidad, escenarios o inconvenientes que obstaculicen o enreden seriamente la actuación normal de determinados actos de investigación o de prueba u otro acto procesal, y que, por consiguiente, impiden conseguir o ejecutar en el tiempo previsto dichos actos de aportación de hechos o de ordenación y concreción del trámite procesal.

Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales y la necesidad de su reprogramación o de una actividad procesal no prevista. Se toman en cuenta las necesidades del momento procesal en que deben dictarse y las circunstancias que atraviesa la causa. [Resaltado agregado]

2.3.7. En el análisis de la presente causa, es muy sencilla la verificación de que el Ministerio Público, en su requerimiento de prolongación de prisión preventiva, de ninguna manera se ha referido a “sucesos, incidencias, eventualidad, escenarios o inconvenientes que obstaculicen o enreden seriamente la actuación normal de determinados actos de investigación o de prueba u otro acto procesal, y que, por consiguiente, impidan conseguir o ejecutar en el tiempo previsto dichos actos de aportación de hechos o de ordenación y concreción del trámite procesal”, mucho menos se ha referido a “eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales”.

2.3.8. A nivel doctrinario, puede citarse a Del Río Labarthe2, quien ha sostenido al respecto que:

El art. 274.1 establece, a su vez, la posibilidad de prolongar el plazo de prisión preventiva cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad de la investigación, y exista (o permanezca) el peligro de que el imputado pueda sustraerse de la acción de justicia. La clave para interpretar esta norma se encuentra en la necesidad de diferenciarla del plazo para los procesos complejos que fija el art. 272.2 pareciera que la mayor cantidad de tiempo que puede permanecer un imputado en situación de privación cautelar de libertad es de 36 meses (18 meses de plazo por ser un proceso complejo, más 18 “de prolongación”); sin embargo, coincido con la interpretación que realiza ASENCIO MELLADO, en el sentido de que, en realidad, esta prolongación procede cuando al inicio del proceso penal no se advierta su complejidad.

2.3.9. Si bien es cierto —como se explicó—, al no existir mayor fundamentación respecto a la especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, es imposible jurídicamente la estimación del requerimiento de prolongación de la prisión preventiva y que ya no sería indispensable la evaluación del peligro procesal; sin embargo, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, previstos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, son principios y derechos de la función jurisdiccional, por lo que, desde esa perspectiva, es necesario tener presente los siguientes aspectos puntuales:

a) En relación al peligro de fuga

El artículo 269 del CPP establece los criterios que se tendrán en cuenta para que el peligro de fuga opere en el caso concreto, concordantes con los artículo 253, incisos 1, 2 y 3, del CPP. Para disponer la prolongación de la prisión preventiva, la norma precisa que además exista la probabilidad de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia evitando ser investigado o juzgado. Ello implica que la apreciación de este peligro debe determinarse a
partir de datos objetivos.

Sobre este presupuesto, la representante del Ministerio Público ha señalado que el 7 de octubre último el imputado García Ruiz se encontraba recluido, pero que el 4 de octubre se realizó una constatación notarial sin la presencia
del imputado en el inmueble en la que se concluyó que ese domicilio “será su lugar de residencia de obtener su libertad”.

Al respecto, se aprecia que en los actuados obra el acta notarial de constatación de hechos, Certificado Domiciliario N.° 205-2019 de 4 de octubre de 2019 (folios 670-689), del inmueble ubicado en el departamento número 503, block D, del condominio Colibrí, ubicado en la avenida Salaverry N.° 1350, urbanización Bancarios del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en la cual el notario constató que:

[…] que en el citado departamento vive la solicitante Cecilia Paola Tarrillo Alvarez, identificada con DNI N.° 42165406, junto a sus dos menores hijos: Arlett MARINA García Tarrillo, identificada con DNI N.° 90537006, de un año y nueve meses de edad, y Dylan Mariano García Tarrillo, identificado con DNI N.° 79554652, de tres años y seis
meses de edad; recorrí el interior del departamento, […] se encuentra amoblado, con signos de vivencia permanente […] en el domicilio principal, constaté que en el closet existe vestimenta de varón, refiriendo la solicitante que pertenece a su conviviente Jimmy García Ruiz, identificado con DNI N.° 17848943, quien se encuentra detenido en la ciudad de Lima; […] constaté que en el estacionamiento número 95, se encuentra estacionado el vehículo de placa de rodaje N.° B0H886, camioneta pick up, marca Volkswagen, color gris natural, modelo amarok 2.0 bitdi power plus 4×4, el mismo que está en buen estado, refiriendo la solicitante que es propiedad de su conviviente Jimmy García Ruiz; finalmente, fuimos a las oficinas de administración del condominio ubicadas en el primer piso, siendo atendidos por el señor Clemente Romero Zeña, identificado con DNI N.° 16587284, quien manifestó que la administración del edificio está a cargo de la empresa Vive Bien, y que la solicitante vive en el departamento 503, block D, junto a sus menores hijos y a su conviviente Jimmy García Ruiz […] durante la diligencia también estuvo presente el señor Carlos Arturo Cabrejos Silva, identificado con DNI N.° 16504157, quien vive en el departamento 202, manifestando igualmente que conoce a la solicitante y que vive en el departamento 503, block D, junto a sus menores hijos y a su conviviente Jimmy García Ruiz […] dejando constancia que su conviviente Jimmy García Ruiz, identificado con DNI N.° 17848943, no se encuentra presente, por razones de su detención; manifestando la solicitante, que una vez que obtenga su libertad, seguirá viviendo en este departamento. [Resaltado agregado]

Dicha acta notarial adjunta además diversas fotografías del inmueble (folios 673-689), en el que, según la defensa, se confirma la versión del notario, en cuanto a las prendas de vestir masculinas en el closet de la habitación (folios 683), la camioneta de placa de rodaje B0H-886 (folios 676). Además, obran las actas de nacimiento de sus menores hijos (690 y 691) y las hojas de filiación de Essalud que acreditan que se encuentran asegurados sus hijos, así como quien sería su conviviente Cecilia Paola Tarrillo Álvarez (692 a 694). Igualmente, se encuentra la información de dichos menores como asegurados en Essalud (folios 656 y 657).

De otro lado, obra la declaración jurada de convivencia de Cecilia Paola Tarrillo Álvarez con el investigado García Ruiz (folios 669) desde el 2014, producto de la cual nacieron sus dos menores hijos: de 1 año y 9 meses y de 3 años y 6 meses de edad; asimismo, obran fotografías familiares en las que se encuentra el procesado García Ruiz (folios 658-666). También aparece la constancia de matrícula de los menores en la institución educativa privada inicial en la ciudad de Chiclayo del 4 de octubre de 2019 (folios 668).

Al respecto, el juez del JSIP ha sostenido que el procesado García Ruiz tiene arraigo domiciliario, sustentando dicha afirmación con el acta notarial de constatación de hechos, Certificado Domiciliario N.° 205-2016, donde se advirtió que el procesado domiciliaba con su conviviente, la señora Tarrillo Álvarez, y sus dos menores hijos, además que en el closet principal se halló ropa de varón que, según la señora Tarrillo Álvarez, pertenece al procesado; asimismo, en el estacionamiento del domicilio, signado con el N.° 95, se encuentra estacionado el vehículo del procesado de placa de rodaje N.° B0H- 886; aunado a ello, se tienen las referencias del administrador del edificio y un vecino del lugar, quienes coincidieron en indicar que en dicho inmueble domiciliaba el procesado con su conviviente y sus dos hijos. Respecto al arraigo familiar, existe la declaración jurada de convivencia, la cual resulta válida de acuerdo a la Casación N.° 4320-2015/LIMA de 12 de octubre de 2016, en la que se regula las uniones de hecho propias e impropias; así también, se tiene las “Hojas de Filiación” del seguro social Essalud de su conviviente y sus dos menores hijos. Por último respecto a su arraigo laboral, se tiene la copia del contrato de trabajo de la empresa Korea Motos S.R.L., en la que el procesado es representante legal, la misma que cuenta con certificación de notario público y se anexa el certificado de vigencia de la referida persona jurídica, así como la ficha de su representante, Belizario Gálvez Bustamante, emitido por el RENIEC. (Fundamentos 12.1 al 12.7 del auto apelado)

La Fiscalía ha sostenido, asimismo, que el imputado carece de un título de propiedad o contrato vigente de alquiler de bien inmueble a su nombre, además de estar suspendido en sus funciones como magistrado titular. En efecto, no obra documento en el cual se acredite que el investigado García Ruiz sea propietario de algún predio, sin embargo, de los elementos antes descritos se acredita que tiene arraigo domiciliario.

Ahora bien, sobre la suspensión de sus funciones como magistrado en el Poder Judicial que, según la Fiscalía, no determinaría un arraigo laboral, el investigado ha presentado el contrato de trabajo (folios 639), el cual se encuentra validado con el certificado de vigencia del registro de personas jurídicas-libro de sociedades comerciales de responsabilidad limitada de la empresa que lo contrataría, “Korea Motos” (folios 635 y 636) y la verificación de identificación del gerente general de la empresa antes mencionada, Belizario Gálvez Bustamante (folios 638), que contiene el siguiente texto:

Primero. Don Belizario Gálvez Bustamante, gerente general de la empresa Korea motos de Chiclayo, ubicado en la Av. Augusto b. Leguía, Chiclayo ofreciendo trabajo al sr. Jimmy García Ruiz.

Segundo. Por el presente el empleados contrata los servicios del señor Jimmy García Ruiz, para que asesore y se encargue de los trámites administrativos en la Superintendencia nacional de registros públicos SUNARP, de los bienes que se venden en nuestro local comercial, de los vehículos automotores menores, motocicletas, mototaxis, motocargueras, cuatrimotos, cuyo horario de trabajo en nuestras oficinas será de 8.30 am a 13:00 y 14:00 a 17:00 de lunes a viernes, percibiendo la suma de S/ 2.500.00.

Tercero. Para garantizar la fuente de trabajo e ingreso económico del trabajador este contrato tendrá duración indefinida, esto debido a que el empleador conoce el desempeño del trabajador.

Cuarto. El contrato entrará en vigencia una vez que el sr. Jimmy García Ruiz obtenga su libertad. […]

La apreciación de los elementos que presentó el investigado generaría una nueva situación respecto a la posibilidad del peligro de fuga, en ese sentido, debe tomarse en consideración la Casación N.° 631-2015/AREQUIPA del 21 de diciembre del 2015, que señaló:

[…] un criterio para evaluar el peligro de fuga constituye el arraigo que tiene tres dimensiones: 1) La posesión, 2) el arraigo familiar y 3) el arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio conocido o de bienes situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El segundo se circunscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. El tercero se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Todo ello, visto en su conjunto, acreditaría el establecimiento de una persona en un determinado lugar […]. [Resaltado agregado].

Asimismo, el Acuerdo Plenario N.° 1-2019/CIJ-116 ha referido en su considerando 45, sobre el factor tiempo:

[…]Racionalmente los requisitos exigidos en el momento inicial de su adopción –en los primeros momentos de la investigación (debe examinarse, por tanto, desde cuándo se iniciaron las averiguaciones del Ministerio Público)– no son los mismos que los que deben exigirse con posterioridad para decretar su mantenimiento –un mayor peso adquieren en los primeros momentos, por la falta de datos, las circunstancias objetivas, tales como las características o tipo delictivo inculpado, la gravedad del delito y de la pena con que se le amenaza–.[Resaltado agregado].

En este sentido, si bien los fundamentos de la imposición de la prisión preventiva divergen de los argumentos expuestos en la resolución impugnada, ello se debe a los nuevos elementos de convicción presentados en audiencia por el investigado García Ruiz.

b) Sobre el peligro de obstaculización de la actividad probatoria

La representante del Ministerio Público ha incidido en sostener que el peligro de obstaculizar la actividad probatoria subsiste, por cuanto, el testigo Roger del Águila Zárate continuaría recibiendo amenazas de parte de terceros y de familiares (primos) vinculados al acusado, quienes le habrían dicho que “cualquier cosa le va a pasar”. Sostiene que no se habría valorado que el investigado a través de su coimputada Melva Sonia Aguilar Farfán habría pretendido obstaculizar la declaración del denunciante Roger del Águila Mendoza (denunciante).

También sostuvo que no es válida la declaración de Roger del Águila Zárate porque fue anulada por la tutela de derechos, sin tener en cuenta que efectivamente consta en autos y del elemento de convicción N.° 3 del requerimiento escrito, que dicha declaración tuvo que ser repetida y nuevamente obtenida.

Al respecto, el JSIP indicó que el Ministerio Público no ha especificado ni explicado de manera precisa, de qué forma el procesado amenazaría o influiría en los testigos de cargo. Asimismo, señaló que no se debe tener en cuenta las actitudes obstruccionistas del investigado cuando se solicitó la prisión preventiva primigenia, pues, conforme al Acuerdo Plenario N.° 1-2019, el peligro de obstaculización, a diferencia del peligro de fuga, no se extiende en el tiempo, ya que puede ser eliminado mediante la utilización efectiva de medidas de protección. Añadió que, en el caso concreto, el Ministerio Público ha presentado el requerimiento de acusación, de lo que se entiende que ha podido practicar todas las diligencias que ha considerado pertinentes para llegar a la sospecha fuerte de acusar al procesado.

Por otro lado, respecto a la testimonial de Roger del Águila Zarate del 6 de setiembre de 2019, en la que señala que el procesado amenazó a su hijo Roger del Águila Mendoza, luego de que este último lo denunció, el juez del JSIP sostiene que dicha situación no obra en el requerimiento escrito de prolongación de prisión preventiva, sino que recién fue expuesto en audiencia, lo que contraviene el artículo 64.1 del CPP, ya que los requerimientos fiscales no deben ser abstractos ni genéricos, ni mucho menos pretender que el juez de garantías y la defensa técnica asuman de manera certera que un extracto del contenido de un elemento de convicción sostendrá su solicitud. Por último, mediante la Resolución N.° 3 de fecha 5 de agosto de 2019, emitida por la Sala Penal Especial, se aprecia claramente que las circunstancias ahí planteadas no constituyen actos obstruccionistas, pues el imputado solo estaba ejerciendo su derecho a la defensa. (Fundamentos 12.9 al 12.17 del auto apelado)

Al respecto, conviene citar el Acuerdo Plenario N.° 1-2019/CIJ-116 que refirió, en cuanto al peligro de obstaculización, lo siguiente:

47.° Peligro de obstaculización. El literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal identificó este riesgo, siempre que sea razonable colegir, en razón a los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso particular, que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización) –también requerirá la existencia de datos objetivos y sólidos, no de meras conjeturas–. Esta segunda finalidad o requisito también tiene carácter procesal; y, en definitiva, trata de evitar que la libertad sea aprovechada por el imputado para obstruir la investigación y, especialmente, el eventual enjuiciamiento del caso, actuando de modo fraudulento sobre las pruebas del delito que pudieran obtenerse –atentando ilícitamente la meta de esclarecimiento propia del proceso penal […][Resaltado agregado]

Obra en los actuados la declaración del denunciante Roger del Águila Mendoza, del 22 de agosto de 2019 (folios 404 a 411), en una de sus respuestas señaló que:

31. PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿Si tiene algo más que agregar, variar o modificar de la presente declaración?

DIJO: Que sí, para dejar constancia de que cualquier tipo de represalias contra mi persona o mis familiares, los únicos responsables serían las dos personas que he denunciado, toda vez que familiares del Dr. Jimmy viene haciendo escuchar o hablan cosas irreproducibles; así como lo dicho por la Dra. Melva cuando vino aquí al penal dijo que si yo denunciaba me iba a podrir en la cárcel, razón por la cual me vi obligado a denunciar este hecho. Asimismo que se actúe conforme a ley.

Esta declaración no denota una especial dificultad del proceso o de la investigación, que determine la prolongación de la prisión preventiva —tal como equivocadamente lo señaló la Fiscalía—, si no constituye, en todo caso, peligro de obstaculización. Las presuntas amenazas que habría recibido el denunciante y sus familiares han sido valoradas precisamente al imponer la prisión preventiva primigenia, pero por sí solas no justifican la estimación de la prolongación de la prisión preventiva, sin embargo, es absolutamente pertinente que, frente a la irrefragable consecuencia de la caducidad del plazo otorgado al encausado García Ruiz, tengan que implementarse necesariamente restricciones adicionales a la comparecencia.

2.3.10. Sobre la necesidad de implementar restricciones adicionales a la comparecencia

De acuerdo a lo antes expuesto, queda claro que en el presente caso no resulta atendible prolongar la medida de prisión preventiva, dado que, tanto el peligro de fuga como el de obstaculización de la averiguación de la verdad, pueden evitarse razonablemente. No obstante, es necesario establecer una medida coercitiva menos intensa que garantice la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso, máxime, si, a la fecha —como lo ha sostenido el JSIP—, se ha presentado el requerimiento de acusación con fecha 3 de octubre de 2019.

En relación a este tema, es necesario mencionar que en la audiencia de apelación realizada ante este órgano jurisdiccional, espontáneamente, la defensa técnica del investigado García Ruiz sostuvo que, para eliminar cualquier atisbo o desconfianza en relación al peligro procesal, el encausado estaba dispuesto a cumplir estrictamente las restricciones adicionales a la comparecencia que la Sala Penal Especial considere pertinentes, tales como la obligación de concurrir cada 15 días al órgano jurisdiccional, asistir puntualmente a las diligencias que se le citen, el pago de una caución de S/ 10 000, e incluso el impedimento de salida del país. Al correrse traslado sobre esta eventualidad, el Ministerio Público expresó que, en todo caso, se deben implementar dichas restricciones pero, en cuanto a la caución, esta debería ser por un monto ascendente a S/ 50 000; y, respecto al impedimento de salida del país, debería ser por un plazo de nueve meses.

En relación a lo expresado precedentemente, en primer lugar es necesario señalar que, si bien las partes, de consuno, han expresado que debe imponerse el impedimento de salida del país; sin embargo, el artículo 295 del CPP prevé dicha posibilidad únicamente “durante la investigación”. En la presente causa, al existir acusación, no cabe ninguna duda de que ha concluido la primera etapa del proceso penal, por lo que es improcedente su imposición. La Ley N.° 27379 es todavía más restrictiva porque únicamente posibilita la implementación de dicha medida en diligencias preliminares.

2.4. Sobre la caución

La Fiscalía ha señalado en audiencia que, de imponerse al investigado García Ruiz la medida de caución, esta sería fijada en S/ 50 000. Tanto la defensa técnica del investigado como este mismo, en su autodefensa, consideraron excesivo el monto estimado por la representante del Ministerio Público y solicitaron que, de ser el caso, se fije en S/ 10 000 el monto, considerando que desde hace nueve meses no trabaja y cuenta con familia, conviviente e hijos
menores que dependen de él.

Se evaluará su pretensión de acuerdo con el artículo 289 del CPP. En ese sentido, tenemos:

a) Sobre la naturaleza del delito

En cuanto a los delitos atribuidos al procesado García Ruiz consistentes en tráfico de influencias (reales y simuladas) y encubrimiento personal, debe precisarse que el primero de ellos (modalidad de influencias reales) atenta contra el adecuado y correcto funcionamiento de la administración pública, en tanto que, la invocación de influencias simuladas afecta su buen nombre y prestigio, tal como lo ha establecido el Acuerdo Plenario N.° 3-2015/CIJ-116, del 2 de octubre de 2015, en su fundamento 14. En cuanto al delito de encubrimiento personal, vulnera la adecuada labor de la administración de justicia.

Al margen de aclarar que dicha imputación y la correspondiente apreciación sobre su naturaleza tienen aún una connotación hipotética sometida a la actividad probatoria, en caso de ser corroborada, generaría un grave reproche en la medida en que implicaría profundo rechazo social porque constituirían actos de corrupción, tanto de carácter simulado (trámite de la casación ante la Corte Suprema) como de carácter real (trámite de la acción de amparo ante un juez incompetente y en el momento en que ya habría operado la caducidad de la acción, en un juzgado perteneciente a la Corte Superior de Lima Este, en la que don Jimmy García Ruiz era presidente), actos que se habrían realizado en un medio social profundamente afectado por la falta de transparencia del sistema de justicia.

De todo ello, se colige la grave connotación social que implica, lo que sin duda justifica la imposición de una caución proporcional.

b) Sobre la condición económica del procesado

La defensa técnica del investigado y el propio encausado han alegado que este último no cuenta con los medios económicos suficientes para realizar el pago de la caución solicitada por el Ministerio Público. Como se evaluó con anterioridad, el procesado García Ruiz se encuentra actualmente suspendido de sus funciones como juez y ha estado recluido con mandato de prisión preventiva por nueve meses; consecuentemente, no podría inferirse que, a la fecha, posea considerables ahorros, asimismo, según se aprecia de los actuados, cuenta con una familia constituida por su conviviente y sus dos menores hijos.

Tampoco obra en el incidente asiento registral u otro que permita corroborar que el investigado sea propietario de algún inmueble; por el contrario, el domicilio donde actualmente vive su conviviente sería de esta, según consta de los actuados y es el lugar en el que, conforme señaló en audiencia, permanecerá durante el desarrollo del proceso, y está ubicado en la avenida Salaverry N.° 1350, block D, departamento 503, urbanización Bancarios (Chiclayo), domicilio real que ha sido consignado en el requerimiento de la medida de prolongación de prisión preventiva.

Ahora bien, el investigado ha presentado un contrato de trabajo que, según afirmó, sería el que ejercerá cuando recupere su libertad, del cual se aprecia que la remuneración que recibiría por la labor a desempeñar sería aproximadamente de S/ 2500. En consecuencia, de su situación económica actual no podría inferirse que cuenta con elevados ingresos y que posea gran capacidad económica que le permita pagar la caución solicitada por el fiscal. No obstante lo expuesto, es insoslayable tener en cuenta que, en su condición de juez superior titular, ha tenido ingresos importantes en los últimos años y, según los documentos y la constatación notarial presentados por la propia defensa, es propietario de un vehículo de placa de rodaje N.° B0H886, camioneta pick up, marca Volkswagen, color gris natural, modelo amarok 2.0 bitdi power plus 4×4, el mismo que está en buen estado, habiendo referido su propia conviviente (solicitante) que dicho vehículo es de propiedad del referido. En consecuencia, el monto de la caución debe implementarse básicamente sobre esas bases.

c) Sobre la personalidad y antecedentes del procesado

En cuanto a su personalidad, se trata de una persona de 56 años de edad, sin antecedentes penales, padre de dos hijos. No se cuenta con información de otras imputaciones en su contra de carácter penal.

d) El modo de comisión del delito y gravedad del daño

El requerimiento de prolongación de prisión preventiva atribuye al investigado Jimmy García Ruiz, la calidad de autor de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, simuladas y reales y del delito de encubrimiento personal.

Con relación a este aspecto, es necesario precisar que el señalado requerimiento cita la existencia de elementos de convicción, además que, según la Fiscalía, indicó existe acusación fiscal en contra del investigado en la cual se solicitó una pena privativa de libertad de once años por el concurso existente entre los tipos penales imputados, además que debe considerarse la grave connotación social, en los supuestos de agravación del segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, la pena a imponerse, por cada uno de los hechos, es no menor de cuatro ni mayor de ocho años para los autores con las reducciones que fueran pertinentes, pero igualmente, factible de aplicación en concurso real.

En cuanto al daño, a propósito del bien jurídico protegido, es evidente que con la comisión de estos ilícitos, en caso de comprobarse, se habría producido una notoria afectación al sistema de justicia que debe mantenerse incólume, tanto en lo que corresponde a su buen funcionamiento, a su buena imagen y la adecuada labor de la administración de justicia.

e) Otras circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés del investigado para ponerse fuera del alcance de la autoridad

El procesado García Ruiz sostuvo en audiencia que tiene total predisposición para cumplir con las medidas de restricción que eventualmente se le impongan para poder afrontar su proceso en libertad, indicando además que,
en audiencia de prisión preventiva realizada por el JSIP, entregó su pasaporte, como señal de que no evadirá la acción de la justicia, circunstancia objetiva relevante que igualmente se debe ponderar para los efectos de la imposición de la caución.

2.5. Sobre la incidencia producida en la audiencia en relación al contrato de trabajo

En la audiencia de apelación, realizada por este órgano jurisdiccional, la defensa presentó el contrato de trabajo original de la empresa Korea Motos S.R.L., sosteniendo que, a diferencia de la copia fotostática simple que había presentado en primera instancia, lo cual objetó el Ministerio Público, estaba presentando el original “protocolizado” para corroborar la existencia de este contrato. Al respecto, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La inexistencia de un presupuesto formal para la estimación de la prolongación de la prisión preventiva releva a este órgano jurisdiccional de efectuar un análisis más riguroso sobre la existencia del peligro procesal, sin embargo, es necesario asegurar, en la nueva situación procesal, la presencia y sometimiento del encausado frente al presente proceso, bajo los apremios legales.

b) La defensa técnica no explicó ante el órgano jurisdiccional apropiadamente que el documento presentado ante el JSIP no se encontraba con la firma de su patrocinado y fue el propio interno García Ruiz, quien efectuó la aclaración indicando que en esa misma fecha de la audiencia (ayer 15 de octubre de 2019) había firmado, en horas de la mañana, recién el documento original.

c) En el contrato laboral rige el principio del consenso, por lo que propiamente no existe un cuestionamiento al acto jurídico que existiría entre las partes, pero debe recomendarse al abogado defensor, como se hizo en audiencia, que en su importante actividad forense, sin perjuicio de sus facultades legales y constitucionales en el sentido más prístino, se ciña también a los deberes procesales a los que se encuentra obligado por imperio de lo dispuesto en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.6. Que, de acuerdo a la resolución mediante la cual se implementó la prisión preventiva, que data del 18 de enero de 20193, información que es coincidente con el apartado 3.3 del requerimiento de prolongación de prisión preventiva, el plazo de la referida medida cautelar personal fue de nueve meses, que se vence el día de mañana 17 de octubre de 2019, razón por la cual debe cursarse el oficio respectivo para que se haga efectiva su libertad debido al cumplimiento del plazo de la prisión preventiva instaurada.

DECISIÓN

Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los miembros integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDAMOS:

I. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público.

II. CONFIRMAR el auto de fecha 9 de octubre de 2019, emitido por el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (folios 520-566), que declaró infundado el requerimiento de prolongación de medida coercitiva personal de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, contra el imputado don Jimmy García Ruiz, en la investigación preparatoria que se le sigue, en calidad de autor, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y encubrimiento personal en agravio del Estado.

III. DISPONER que se curse oficio al establecimiento penal Miguel Castro Castro para que, el día de mañana jueves 17 de octubre de 2019, se haga efectiva su inmediata libertad, por cumplimiento del plazo de prisión preventiva que se otorgó a petición del Ministerio Público.

IV. DISPONER que, a partir del día de mañana 17 de octubre de 2019 y hasta que concluya el proceso, de conformidad con el artículo 288 del CPP, la situación jurídica del encausado don Jimmy García Ruiz será la de
comparecencia, con las siguientes restricciones:

a. La obligación de no ausentarse de la ciudad en la que residirá y laborará (provincia de Chiclayo), según su contrato de trabajo, sin autorización del órgano jurisdiccional.

b. La obligación de presentarse puntualmente ante la autoridad fiscal o jurisdiccional, las fechas y horas que se le fijen, en cuyo caso no será necesaria autorización específica o adicional, siendo suficiente acreditar la citación fiscal o jurisdiccional;

c. La obligación de no concurrir a la Corte Superior de Lima Este ni al distrito de Tingo de Saposoa (ubicado en el departamento de San Martín).

d. La prohibición de comunicarse con los señores Roger del Águila Mendoza, Roger del Águila Zárate, Melva Sonia Aguilar Farfán y demás familiares directos del denunciante Roger del Águila Mendoza, siempre que no afecte el derecho de defensa.

e. La prestación de una caución económica, ascendente a la suma de S/ 15 000 (quince mil soles) que deberá cancelarse dentro de 72 horas de notificada la presente.

Todo bajo apercibimiento de revocarse la comparecencia y disponerse nuevamente la prisión preventiva.

V. RECOMENDAR al señor abogado José Luis Castillo Alva ceñirse a los deberes procesales a que se encuentra obligado, bajo responsabilidad.

VI. NOTIFICAR con arreglo a ley.


1 Ver apartado 1.5 del SN.

2 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. (2008). La prisión preventiva en el nuevo código procesal penal. Lima: Ara Editores. pp. 88 y 89.

3 Recuperado de
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a863bd0048df39d1aaebba1b7f136a1a/CSJSIP-PP  Exp.+072019+Caso+Jimmy+Garcia+y+Melva+Aguilar+%282%29.pdf?MOD= AJPERES&CACHEID=a863bd0048df39d1aaebba1b7f136a1a

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