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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1378-2018
SALA PENAL NACIONAL

LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Cuando exista declaración de contumacia, el órgano jurisdiccional correspondiente, al llevar a cabo la determinación y análisis de la suspensión de la prescripción de la acción penal, deberá realizarla en armonía con la garantía del plazo razonable, el debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), contra la resolución del quince de marzo de dos mil dieciocho, expedida por la Sala Penal Nacional, Colegiado A, en el extremo que declaró prescrita la acción penal incoada contra Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria, uso de documento público y privado falsos y falsedad ideológica, en perjuicio del Estado.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

Conforme fluye de la acusación fiscal del catorce de febrero de dos mil seis (folio 11042, tomo Q), aclarada el quince de enero de dos mil siete (folio 11211), en los extremos impugnados se atribuye a los encausados Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón ser presuntos autores de los delitos de defraudación tributaria, uso de documento público y privado falsos y falsedad ideológica; el sustento fáctico de tales imputaciones se suscitaron desde principios de 1993 hasta abril de 1996 y desde abril de 1996 hasta fines de 1998; tales hechos se conocieron en virtud a que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dispuso que la GEO-UEIT-SUNAT efectuara investigaciones con la finalidad de constatar la comisión de ilícitos penales por parte de una organización delictiva liderada por Pedro Antonio Schulz Álvarez; entre sus integrantes figuran los precitados encausados, entre otros. Organización delictiva cuya modalidad consistía en detectar empresas legalmente constituidas con problemas tributarios, a quienes les ofrecían sus servicios para solucionar sus problemas mediante la emisión de comprobantes de pago (facturas) por operaciones comerciales ficticias, lo que originó la disminución de la base imponible tributaria para el cálculo del pago del impuesto a la renta y, a su vez, generar un crédito fiscal ilegal en perjuicio del Estado. Para no despertar sospechas en su accionar, esta organización se dedicó a la compra de empresas inactivas o en proceso de desactivación, con ciertos años de antigüedad y que se encontraban inactivas o en proceso de desactivación; pagando por ello cantidades insignificantes y haciendo figurar como nuevos dueños o socios a testaferros que resultan ser practicantes de Derecho, agentes de seguridad (vigilantes), conserjes, portapliegos, vendedores ambulantes, personas desempleadas y otras de muy bajo nivel económico y cultural, a quienes captaron y utilizaron para sus propósitos ilícitos. Asimismo, se formaron otras empresas de fachada para sus fines ilícitos. Esta organización contaba con el asesoramiento de abogados, contadores, administradores de empresas y otros.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

El recurrente, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), al fundamentar su recurso de nulidad (folio 16745), indicó que:

2.1. Conforme con los términos de la acusación fiscal se sostiene que los procesados Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón habrían participado en una organización delictiva liderada
por el procesado Pedro Antonio Shulz Álvarez, que detectaba empresas con problemas tributarios a quienes ofrecían comprobantes de pago (facturas) por operaciones comerciales ficticias.

2.2. Tales hechos fueron tipificados como delito de defraudación tributaria, previsto en los artículos doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta y nueve del Código Penal (por los hechos cometidos hasta el veinte de abril de mil novecientos noventa y seis); y en los artículos uno y cuatro.a del Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria (por los hechos cometidos desde el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y seis hasta fines de mil novecientos noventa y ocho); y por los delitos de uso de documento público y privado falsos y falsedad ideológica, previstos en los artículos cuatrocientos veintisiete y cuatrocientos veintiocho del Código Penal.

2.3. Al tener el delito más grave un marco punitivo cuyo extremo máximo es de doce años de pena privativa de libertad, el plazo de prescripción extraordinaria operaría a los dieciocho años, por lo que la acción penal prescribiría en el mes de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, al haberse declarado reos contumaces a los precitados procesados (Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón) el plazo de prescripción se encuentra suspendido (desde el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho hasta que se pongan a derecho), de conformidad con lo establecido por el artículo ochenta y cuatro del Código Penal y el artículo uno de la Ley N.° 26641.

TERCERO. ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO

3.1. El ius puniendi estatal, frente a comportamientos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos, no es limitado sino, por el contrario, está determinado por ciertas condiciones; una de ellas, el transcurso del tiempo desde la comisión del ilícito, el mismo que verificado en la realidad impide que el Estado despliegue su actividad persecutoria y sancionadora contra quienes quebrantan las normas jurídico penales.

3.2. Así la prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. En el ámbito penal, extingue la persecución de un delito o la ejecución de una pena; esto es, la prescripción es la renuncia del Estado al ius puniendi, pues el simple transcurso del tiempo impide que la justicia penal accione o siga accionando contra quien ha intervenido en un delito, lo que deviene en que la imposición de una pena sea innecesaria1. La prescripción es un derecho, una autolimitación del poder de sancionar y, a su vez, una garantía que debe respetarse en tanto elimina aquella incertidumbre jurídica de tener un proceso penal cuya duración sea indefinida o que exceda el plazo razonable2.

3.3. Es necesario tener en consideración que cuando exista declaración de contumacia, el órgano jurisdiccional correspondiente, al llevar a cabo la determinación y análisis de la suspensión de la prescripción de la acción penal deberá realizarla en armonía con la garantía del plazo razonable, el debido proceso y la tutela jurisdiccional.

3.4. En el caso que nos convoca, conforme con los términos de la acusación fiscal del catorce de febrero de dos mil seis (folio 11042, tomo Q), aclarada con fecha quince de enero de dos mil siete (folio 11211), se determinó que los hechos objeto de análisis datan de principios de mil novecientos noventa y tres hasta abril de mil novecientos noventa y seis y desde abril de mil novecientos noventa y seis hasta fines de mil novecientos noventa y ocho, y fueron
tipificados (adecuados) al delito de defraudación tributaria, previstos en los artículos doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta y nueve del Código Penal, por los hechos cometidos hasta el veinte de abril de mil novecientos noventa y seis (se estableció una pena no menor de uno ni mayor de seis); a los artículos uno (se estableció una pena no menor de cinco ni mayor de ocho) y cuatro.a (se estableció una pena no menor de ocho ni mayor de doce) del Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria, por los hechos cometidos desde el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y seis hasta fines de mil novecientos noventa y ocho; y a los delitos de uso de documento público y privado falsos y falsedad ideológica, previstos en los artículos cuatrocientos veintisiete (se estableció una pena no menor de dos ni mayor de diez) y cuatrocientos veintiocho (se estableció una pena no menor de tres ni mayor de seis), del Código Penal; así, al considerarse el marco punitivo del delito más grave, en su extremo máximo, resultaron doce años de pena privativa de libertad.

3.5. Por resolución del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete (folio 1188 y siguientes), el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros resolvió abrir instrucción, vía ordinaria, contra los encausados Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón, entre otros, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria, uso de documento público y privado falsos y falsedad ideológica, en perjuicio del Estado; del mismo modo, mediante resolución del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho (folio 5642, tomo K), dicho órgano jurisdiccional, declaró reos contumaces a los inculpados Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón y otro.

3.6. La Sala Penal Nacional, de conformidad con el Dictamen N.° 108-2017- 2°FSPN-MP-FN3, del cuatro de octubre de dos mil diecisiete (obrante a folios 16544, tomo Z-2), declaró prescrita la acción penal incoada contra Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón y otros, al sostener, fundamentalmente, que en atención a los márgenes temporales de las penas establecidos para los delitos de defraudación tributara, uso de documento público y privado falsos y falsedad genérica ha operado el plazo de la prescripción extraordinaria para tales ilícitos.

3.7. Por su parte, la Sunat, al formular sus agravios, cuestiona dicha decisión al sostener, en puridad, que el Tribunal Superior no llevó a cabo un análisis con relación a los efectos jurídicos de la declaratoria de reos contumaces contra
los procesados Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón, en aplicación a lo previsto por el artículo uno de la Ley N.° 26641 (vigente desde el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y
seis). Acota que al existir una declaración de contumaz contra los citados procesados el plazo de prescripción de la acción penal se encuentra suspendido.

3.8. Frente a tales alegaciones este Colegiado Supremo advierte que la Sala Penal Nacional únicamente fundamentó su decisión al considerar los márgenes de la pena conminada para los delitos de defraudación tributara, uso de documento público y privado falsos y falsedad genérica, y a partir de ello estableció que había operado el plazo extraordinario de la acción penal; no obstante, se aprecia que el citado órgano jurisdiccional no consideró ni llevó a cabo un análisis de la situación jurídica de los procesados (Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez y Luis José Ezcurra Rondón), la que era de contumaces, conforme se les declaró por resolución del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho (folio 5642, tomo K), ni tuvieron en cuenta lo establecido por la Ley N.° 26641 que con anterioridad había sido expedida (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis), mediante la cual se estableció que para los casos de contumacia opera la suspensión de la prescripción de la acción penal. Por estas razones, la resolución recurrida ha incurrido no merituó a cabalidad el cómputo de la prescripción de la acción penal con relación a la suspensión de la misma.

3.9. Acorde con lo expuesto, este Colegiado considera estimar los agravios invocados por la Sunat y, en virtud a ello, cabe declarar la nulidad de la resolución recurrida y que el trámite de los actuados continúe conforme su estado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. Declararon HABER NULIDAD en la resolución del quince de marzo de dos mil dieciocho, expedida por la Sala Penal Nacional, Colegiado A, en el extremo que declaró prescrita la acción penal incoada contra Luis Salinas Cerquín, Santos Alberto Chuquiruna Sánchez, Luis José Ezcurra Rondón, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria, uso de documento público y privado falsos y falsedad ideológica, en perjuicio del Estado; y, reformándola, declararon infundada la excepción de prescripción de la acción penal invocada en el citado extremo.

II. DISPUSIERON continúe el trámite de los presentes actuados según su estado, se notifique la presente ejecutoria a las partes apersonadas en esta Instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Jescheck, Hans-Heinrich sostiene que la prescripción encuentra su fundamento material en la desaparición de la necesidad de la pena, a pesar de la permanencia de la pena del hecho; que solo así se explica la graduación de los plazos prescriptorios en función de la gravedad del tipo realizado. Hans-Heinrich, Jescheck. Tratado de derecho penal. Parte general. Quinta edición. España: Editorial Comares, 2002, p. 983.

2 Al respecto, el profesor Daniel R. Pastor, señala que: “[…] en tanto el Estado asuma esa exigencia del orden jurídico internacional e interno es necesario establecer un plazo que sirva al propósito de dar garantía efectiva a ese derecho. En efecto, aun ante la ausencia de una legislación procesal secundaria plenamente respetuosa del principio del estado de derecho y que, como tal, contemple un plazo legal máximo de duración del proceso penal como reglamentación del derecho fundamental del imputado a que su causa judicial sea terminada dentro de un plazo razonable, es necesario establecer dicho plazo de un modo seguro y preciso que lo coloque fuera del alcance de toda manipulación, decisionismo o arbitrariedad judicial”. Daniel R. Pastor. El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. Primera edición. Buenos Aires: Editorial Adhoc, 2002, p. 473. También se sostiene que el transcurso del tiempo es un dato de la realidad que tiene efecto normativo; así, un proceso llevado a cabo en un plazo irrazonable resulta ajeno a un estado social y democrático de derecho. Eduardo Alcócer Povis. “Problemas interpretativos de la prescripción como causa de extinción de la acción penal”. Recuperado de http://www.incipp.org.pe/media/uploads/ documentos/articulo_prescripcion-10-final–2014.pdf.

3 Considerando sexto. “[…] en tal contexto, atendiendo que los cargos incriminados en concurso ideal de delitos fueron cometidos hasta el 31 de diciembre de 1998 último día del ejercicio fiscal 1998, conforme se ha señalado líneas arriba y tal como glosa del dictamen acusatorio de fecha 14 de febrero de 2006, que corre a foja 11042 (Tomo Q), subsanado y complementado a fojas 11211 y 11449, y siendo que el tipo penal más grave, esto es, los artículos 1 y 4.a, del Decreto Legislativo N.° 813 tiene como sanción máxima, una pena privativa de la libertad de doce años (artículo 4.a) tenemos que, para que opere la prescripción en este tipo de delitos de defraudación tributaria debe haber transcurrido el plazo de dieciocho años; es decir, la suma del plazo ordinario de doce años más el plazo extraordinario de seis años, por lo que la acción pena prescribió el 31 de diciembre de 2016; pues a la fecha de emisión del presente Dictamen, habrían transcurrido 18 años, 08 meses y 19 días, por lo que de igual forma habría prescrito la acción penal, en estricta aplicación del artículo 80 y del artículo 83 del Código Penal, que en su último párrafo señala que ‘la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad del plazo ordinario de prescripción, lo que resulta en el caso subexamine al haber prescrito la acción penal por haber transcurrido el tiempo”.

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