El error de tipo no se determina simplemente con la alegación por parte del procesado.
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Cosa juzgada y Prescripción de la acción penal
22 octubre, 2019

Nulidad por defecto estructural en la motivación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1947-2018
LORETO

NULIDAD DE SENTENCIA POR DEFECTO ESTRUCTURAL DE MOTIVACIÓN

Es nula la sentencia por defecto estructural de motivación, porque el Tribunal de Instancia no apreció en forma individual y conjunta el testimonio de la agraviada y las pericias, conforme a los conocimientos científicos, reglas de la experiencia y de la lógica en una sentencia motivada. Además, deben actuarse pruebas y diligencias que se indican, de conformidad con lo previsto en los artículos 298, 299 y 300, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

Lima, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público, contra la sentencia del once de julio de dos mil diecisiete –foja 418–, que absolvió al procesado CARLOS DAVID GUERRA TAPAYURI, de la acusación fiscal por delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales R. M. G. A.

Intervino como ponente el señor juez supremo FIGUEROA NAVARRO.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

PRIMERO. Según la acusación fiscal (foja 114), se atribuye al procesado Carlos David Guerra Tapayuri, haber mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada de iniciales R. M. G. A. (trece años de edad), quien refirió que fue ultrajada por su padrastro, el referido procesado, en dos oportunidades. La primera vez, cuando tenía once años de edad, no recordaba la fecha exacta, pero ocurrió cuando se encontraba estudiando en su cuarto, aproximadamente a las 15:00 horas, no había nadie en su casa, el denunciado le tapó la boca con un trapo y la hizo acostarse en la cama, amarró sus manos con una soga, y la desnudó e introdujo su miembro viril en la vagina de la menor. La segunda vez fue en el mes de noviembre de dos mil ocho, en circunstancias en que la menor se encontraba durmiendo por la noche, cuando sintió que alguien le tapó su boca, le bajó la ropa interior y procedió a abusar de ella. Después de los abusos, el encausado la amenazó con hacerle daño a su mamá o a su abuela si lo contaba.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR

SEGUNDO. El Colegiado Superior, en la sentencia recurrida (foja 418), se pronunció en el sentido de que no se había logrado desvirtuar la presunción de inocencia del acusado Guerra Tapayuri, con base en los siguientes fundamentos:

2.1. Se encuentra fehacientemente acreditada la materialidad del delito, con el Certificado Médico Legal número 004176-CLS, el cual concluye que la menor agraviada –de iniciales R. M. D. A.– presentó desfloración antigua, sin signos de coito contra natura, se encontraron signos presuntivos y de certeza de embarazo de treinta semanas; no se
encontraron signos recientes y evidentes de maltrato físico.

2.2. No obstante su convicción sobre la materialidad del delito; la mera sindicación de la menor agraviada en contra de su padrastro Carlos David Guerra Tapayuri no resulta suficiente, en razón a la no persistencia, pues la menor solo declaró a nivel preliminar y no concurrió a juicio oral, pese a haber sido notificada en reiteradas oportunidades.

2.3. Por su parte, el acusado negó la imputación formulada en su contra, alegó que no tuvo contacto sexual y, además, adujo que la mamá de la agraviada fue quien lo botó de la casa, tampoco sabía de la denuncia hasta que fue intervenido en la ciudad de Lima, desconoce las razones por las que su hijastra lo denunció por el delito incoado.

2.4. El Colegiado, para absolver al procesado Carlos David Guerra Tapayuri, señaló que no hay en autos otros medios probatorios que refuercen el dicho de la menor y que su declaración preliminar no es suficiente para condenar al referido procesado. Se tiene en cuenta también que el propio representante del Ministerio Público adoptó todos los mecanismos para posibilitar la concurrencia de la menor agraviada a la sesión oral, sin resultado alguno, en razón a que la agraviada desactivó su número de teléfono celular.

AGRAVIOS PLANTEADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO

TERCERO. El fiscal superior impugnante, en procura de la nulidad de la sentencia y la realización de nuevo juicio oral por otra Sala Penal, fundamenta su recurso de nulidad (foja 221), alegando lo siguiente:

3.1. El Colegiado Superior incurrió en error de derecho al establecer que en el presente caso no se cumple con los presupuestos fijados en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, específicamente en lo que se atañe a la verosimilitud de la sindicación.

3.2. En autos no se acreditó que la incriminación de la menor agraviada sea consecuencia de algún ánimo de venganza, odio o resentimiento, por el contrario, está acreditado que la menor estimaba mucho a su padrastro, al punto de llamarlo papá. Tal confianza se pierde de un momento a otro, con justa razón, por los acontecimientos en contra de ella.

3.3. Se cuenta con suficientes medios probatorios que acreditan la responsabilidad penal del procesado Carlos David Guerra Tapayuri, entre las pruebas se tiene el certificado médico legal número 004176- CLS, que concluye desfloración antigua y que la menor está embarazada, y el protocolo de pericia psicológica número 004325- 2009-PSC, que concluye que la menor agraviada presenta trastorno de las emociones, asociado a estresor de tipo sexual, medios probatorios que dotan de verosimilitud la declaración efectuada por la menor agraviada de iniciales R.M.G.A.

DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CASO

CUARTO. La impugnación que formula el Ministerio Público cuestiona la absolución del procesado, pues considera que la sentencia se sustenta en una deficiente valoración de los elementos de prueba acopiados. En este sentido, la dilucidación del grado se circunscribe a verificar si el Colegiado Superior ha dictado sentencia absolutoria debidamente motivada, como consecuencia de que la prueba de cargo actuada no desvirtúa la presunción de inocencia del inculpado.

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

QUINTO. Es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, conforme lo señala el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por el Estado peruano.

SEXTO. En este caso, es aplicable la base normativa y jurisprudencial que se cita a continuación:

6.1. El numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que establece que las decisiones judiciales deben ser motivadas.

6.2. El artículo 173 del Código Penal, que señala: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos al introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor que tiene de diez años a menos de catorce años, será reprimido con una pena no menor de veinte ni mayor de veinticinco años”. En concordancia con el último párrafo del referido precepto legal, que establece que la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.

6.3. El artículo 280 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que en la sentencia debe evaluarse el conjunto probatorio.

6.4. El artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, que describe las causales de nulidad de la sentencia, y dentro de ellas, en el numeral 1, establece el supuesto de cuando en la sustanciación de la instrucción o en la del proceso de juzgamiento se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisión de trámites o garantías establecidos por la ley procesal penal.

6.5. El Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, del treinta de setiembre de dos mil cinco, que establece que la declaración incriminatoria de la agraviada tiene entidad para ser considerada como prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado; siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, por lo que se debe tener en cuenta la ausencia de incredibilidad subjetiva, se deben descartar relaciones basadas en odio, resentimientos o enemistad, es decir, sentimientos que puedan condicionar una declaración contraria a la verdad; verosimilitud, que se refiere no solo a la coherencia y solidez de la propia declaración, sino también a su corroboración periférica; y persistencia en la incriminación.

6.6. La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente número 00654-2007-AA/Del Santa, del diez de julio de dos mil siete, fundamento jurídico vigésimo cuarto, que señala que el derechogarantía de la motivación: «…Incluye en su ámbito constitucionalmente protegido, entre otros aspectos, el derecho a una decisión fundada en derecho”.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

SÉTIMO. La sentencia condenatoria se impone cuando el juzgador ha llegado a la certeza de la responsabilidad penal de los encausados, generada por una actuación probatoria suficiente, que permita crear en el juzgador tal convicción de culpabilidad, sin la cual no es posible revertir la inicial condición de inocencia que tiene todo acusado dentro del proceso; ello implica que, para ser desvirtuada, se exige una mínima actividad probatoria efectivamente incriminatoria, producida con las debidas garantías procesales y de la cual pueda deducirse la culpabilidad del procesado, puesto que:

Los imputados gozan de una presunción iuris tantum1, por tanto, en el proceso ha de realizarse una actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada; […] asimismo –las pruebas–, deben haber posibilitado el principio de contradicción y haberse actuado […] con escrupuloso respeto a las normas tuteladoras de los derechos fundamentales2.

OCTAVO. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso, es obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, en torno a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso. Así, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas no solo es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, sino, además, un derecho fundamental, mediante el cual, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de acuerdo con la Constitución y las leyes; y, por otro, que los justiciables puedan ejercer con efectividad su derecho de defensa.

NOVENO. En el presente caso, la Sala Superior Penal absolvió al imputado, concluyendo que no se desvaneció su derecho constitucional a ser considerado inocente, ante la falta de elementos de prueba suficientes para incriminarlo; en tal sentido, asumió que la sola sindicación de la agraviada no tiene entidad suficiente para considerársele prueba válida de cargo, conforme al Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, debido a que no existen elementos objetivos ni periféricos que corroboren la versión de la agraviada y le den aptitud probatoria. Así, el Certificado médico legal número 004176-CLS (foja 14), el Acta de Reconocimiento a través de ficha Reniec (foja 12) y el Protocolo de Pericia Psicológica número 004325-2009- PSC (foja 17), realizado a la menor agraviada, solo acreditan que la agraviada fue violentada sexualmente, pero no que el procesado sea el autor de tales hechos. Aunado a que la sindicación de la agraviada solo se produjo a nivel preliminar, pues al no concurrir a prestar su declaración preventiva ni presentarse en el juicio oral, resulta que su versión no reúne los requisitos de certeza (verosimilitud, incredibilidad subjetiva y persistencia) para ser considerara prueba de cargo.

DÉCIMO. Examinada la sentencia impugnada, se aprecia que se contrapone a los alcances de la garantía de una debida motivación. En efecto, la Sala Penal Superior no analizó adecuadamente la prueba actuada respecto a los hechos objeto de juicio; de la revisión de los actuados trasciende que, a escala preliminar y con presencia del representante del Ministerio Público –fojas 9 a 10 y declaración ampliatoria, foja 11– la agraviada aseveró que el acusado la ultrajó por vía vaginal en dos oportunidades; no recuerda la fecha exacta de la primera vez, pero indicó que fue en su cuarto, aproximadamente a las quince horas, mientras ella dormía; el procesado le tapó la boca, la acostó en la cama y le amarró los brazos, quería gritar pero no podía, dado que le había puesto un trapo en su boca y luego la accedió vaginalmente. La segunda vez fue en el año 2008, por el mes de noviembre, pero no precisa el día, cuando dormía por la noche, sintió que alguien cogió su mano y luego le tapó la boca, impidiéndole gritar; después, le quitó la ropa interior y procedió a ultrajarla sexualmente; luego, la amenazó con hacerle daño a su mamá o a su abuelita si decía algo.

En apariencia, la declaración efectuada por la menor agraviada no muestra inconsistencias, independientemente de no brindar con exactitud la fecha del ultraje sexual en razón al transcurso del tiempo; circunstancia que puede explicar un detalle más preciso. El Acuerdo Plenario número 1-2011-CJ-116 permite la flexibilización ante la exigencia de recordar datos exactos. Máxime si, conforme lo señalado por el propio acusado (folio 348), no existieron entre ellos conflictos o problemas que dieran motivo a una denuncia tan grave (ausencia de incredibilidad subjetiva).

UNDÉCIMO. En ese sentido, es cuestionable la posición del Colegiado Superior, que consideró que la materialidad del delito estaba acreditada, pero no la responsabilidad penal del procesado. La sindicación de la menor agraviada no se sustenta en un relato ilógico o fantasioso, sino contendría referencias fácticas precisas de los hechos y que es directa para atribuir al procesado la autoría de la agresión sufrida. Además, debe evaluarse conjuntamente con la información que emana de las pericias médica y psicológica verificadas en la menor agraviada y la pericia psicológica
verificada en la persona del procesado. En cuanto a la presencia de móviles espurios en la sindicación efectuada, el propio Colegiado Superior advirtió que tanto la agraviada como el procesado alegan que antes de la comisión de los ilícitos mantenían una buena relación, a tal punto que la menor le decía “papá” al procesado.

En lo que atañe a la concurrencia de la persistencia en la incriminación, es de advertirse que la sindicación de la menor agraviada es directa y no solo manifiesta en la declaración referencial que brindó ante el representante del Ministerio Publico, sino también ante el médico legista, el perito psicólogo y, presuntamente, la directora del colegio donde estudiaba. En consecuencia, corresponderá al Colegiado Superior revaluar la sindicación de la agraviada con los parámetros previstos en el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116.

DUODÉCIMO. De otro lado, se advierte que la madre de la agraviada, Luz Marina Ahuanari Celis, no concurrió a ninguna de las etapas del proceso a declarar, así también se advierte que, cuando se enteró de que su hija había sido violentada sexualmente, no acompañó a la menor agraviada a efectuar la denuncia, la menor llegó acompañada por la directora del centro educativo donde estudiaba.

En ese sentido, resulta necesario y útil, contar con los testimonios de la madre y de la directora ya nombradas, pues permitirá contar con mayores elementos de prueba para profundizar la investigación; por consiguiente, debe disponerse su actuación. Del mismo modo, debe citarse a los profesionales responsables de las pericias psicológicas
actuadas a la menor agraviada y al procesado, a fin de que ratifiquen y fundamenten ante el Colegiado Superior las conclusiones a las que arribaron.

DECIMOTERCERO. De otro lado, de manera excepcional y con el único propósito del esclarecimiento de los hechos, que faculta el fundamento 38 del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, deberá procurarse la actuación de la declaración de la agraviada, a fin de informar sobre su estado de gestación, advertido en el certificado médico legal, y si se verificó el nacimiento del concebido, teniendo presente que una eventual respuesta afirmativa conllevaría la actuación de un examen de ADN, que contribuiría a corroborar o desmentir la sindicación de la agraviada.

DECIMOCUARTO. La sentencia impugnada, conforme se encuentra fundamentada, presenta evidentes defectos estructurales de motivación, en lo referente a la valoración de la prueba en su conjunto. Las versiones sobre los hechos, el valor probatorio atribuido a los medios de prueba y la conclusión a la que estos arribaron deben necesariamente ser revaluados, y debe efectuarse un análisis cabal, dado que únicamente producto de la evaluación integral –que deberá realizarse– será posible la emisión de una sentencia válida, fundada en los hechos acreditados durante el proceso.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales, debe declararse la nulidad de la sentencia y, a fin de garantizar la efectividad de los principios del debido proceso, se debe realizar un nuevo juzgamiento oral, en el que se deberán actuar los medios probatorios necesarios, útiles y pertinentes, mencionados precedentemente, que puedan coadyuvar al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, tendentes a determinar con solvencia la situación jurídica del encausado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del once de julio de dos mil diecisiete –foja 418–, que absolvió al procesado Carlos David Guerra Tapayuri, de la acusación fiscal por del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales R. M. G. A.; con lo demás que al respecto contiene.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, debiendo actuarse las diligencias que se indican en la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema y las que resulten necesarias para fines de un real esclarecimiento de los hechos; y los devolvieron.


1 Se establece por ley y admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho.

2 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen uno. Lima: Editorial Jurídica Grijley, 1999, p. 68.

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