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Abuso sexual. Duda razonable. Denuncia tardía y falta de verosimilitud

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1163-2019
CAÑETE

Absolución por duda razonable

No se logró desvirtuar la presunción de inocencia porque la incriminación no tiene fuerza acreditativa suficiente para superar el estándar probatorio “más allá de toda duda razonable” respecto a la responsabilidad penal del encausado por el delito imputado; en ese sentido, es imposible afirmar categóricamente la culpabilidad y responsabilidad del encausado. Además, la incriminación carece de las garantías de certeza previstas en el Acuerdo Plenario número 2- 2005/CJ-116, por lo que corresponde la aplicación del numeral 11, del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, esta incólume la presunción constitucional de inocencia.

Lima, tres de octubre de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado Alberto Edwin Padilla Quispe contra la sentencia del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 480), emitida por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que condenó al recurrente como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor agraviada identificada con las iniciales R. L. Ll. B., a diez años de pena privativa de libertad, y fijó en S/100 (cien soles) el monto que, por concepto de la reparación civil, deberá pagar el sentenciado; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Imputación fiscal

Primero. En mérito a la acusación fiscal (foja 207), al procesado Alberto Edwin Padilla Quispe se le imputa haber cometido el delito violación sexual en agravio de la menor identificada con las iniciales R. L. Ll. B. –cuya fecha de nacimiento data del veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y uno–, cuando contaba con trece años de edad.

Los hechos se habrían suscitado en el mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, en circunstancias en que la menor agraviada se encontraba en su bicicleta a la altura del hospital Rezola de la ciudad de Cañete, donde fue abordada por el acusado con quien habría mantenido anteriormente una relación sentimental. Así, ante la negativa de la menor de conversar con él, la jaló de los cabellos, la subió a la bicicleta y luego la condujo a la casa de su abuelo, en donde, utilizando la fuerza, la arrojó en una cama para luego abusar sexualmente de la menor, tanto por vía vaginal como anal.

II. Expresión de agravios

Segundo. El encausado Padilla Quispe fundamentó su recurso de nulidad (foja 510) y alegó que:

2.1. Las pruebas actuadas en juicio oral no fueron fundamentadas debidamente por el Colegiado Superior. Entre ellas, se tiene la declaración de la agraviada, quien relata la forma como se encontró con el recurrente, un mes antes de su detención (septiembre de 1995), y relata que, en el mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ella estaba con su bicicleta y acompañó al encausado a dejar la comida a su abuelo; luego se retiraron del lugar. Finalmente, señaló que no ha pasado nada con el acusado, no hubo abuso sexual ni pago alguno para cambiar su versión. En suma, la agraviada indica que era una menor de edad y que no sabía lo que decía.

2.2. La sentencia recurrida no consideró que la menor agraviada declaró que en el año mil novecientos noventa y cinco sí tenía enamorado, llamado Miguel Rolando Estrella Sotomayor –en la actualidad, su esposo–, con quien tuvo relaciones sexuales consentidas. Ello debe corroborarse con la primera declaración policial, en la que señala que Estrada Sotomayor es su enamorado desde octubre de mil novecientos noventa y cuatro, y reconoce que haber tenido relaciones sexuales vía anal, hecho que ratificó en juicio oral.

2.3. Asimismo, en juicio oral fue citado el perito que emitió el certificado médico legal, quien señala al Colegiado Superior, que la menor no ha tenido relaciones sexuales vía vaginal y que, al momento de ser examinada, presentaba “integridad anatómica de himen”. Asimismo, al pedirle que explique el término “desgarro en periné en proceso de cicatrización y cicatriz en proceso de un centímetro perinal a nivel seis por desgarro antiguo”, señala que se considera un desgarro reciente al que tiene entre uno y diez días, y que cuando se trata de un desgarro antiguo puede tener entre doce y quince días. Sin embargo, la menor refirió desde un inicio que fue ultrajada vía vaginal y anal. Declaración que contradice al certificado médico legal.

2.4. No se valoró que la pericia psicológica de parte del procesado concluye que el acusado no tiene parafilia o patología en la esfera psicosexual.

III. Fundamentos del Supremo Tribunal

A. Derecho a la libertad personal y sus límites

Tercero. La libertad personal es un derecho fundamental y valor superior del ordenamiento jurídico reconocido en el artículo 2, inciso 24, de la Constitución Política del Perú. Este derecho, también se encuentra reconocido en instrumentos legales internacionales, tales como el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos1, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cuarto. El ejercicio de este derecho no es absoluto e ilimitado, ya que se encuentra regulado y puede ser restringido, conforme lo establece el artículo 2, inciso 24, literal b, de la Constitución Política del Perú. De modo que no toda restricción o privación al derecho a la libertad individual es de por sí inconstitucional2, pues es pasible de verse legítimamente limitado, entre otros casos, por sentencias condenatorias, siempre que tales resoluciones sean emitidas en un proceso donde se garanticen los derechos a la tutela jurisdiccional, prueba, motivación de resoluciones judiciales, debido proceso y presunción de inocencia, entre otros derechos. Además, tales restricciones deben ser conformes con la Constitución Política del Estado, Convención Americana de Derechos Humanos3 y los principios de razonabilidad y proporcionalidad4.

Quinto. Este derecho garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Es decir, en sede judicial el derecho a la libertad física y a que esta no sea restringida en forma arbitraria, alcanza a las condenas emanadas con violación del principio-derecho al debido proceso5, entre otros derechos.

B. Derecho a la presunción de inocencia

Sexto. El derecho a la presunción de inocencia –consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal e, de la Constitución Política del Perú y el artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos– garantiza que toda persona inculpada como autor de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca judicialmente su culpabilidad. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso J.6 vs. Perú7, precisó que:

La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi8 corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa.

Además, dicho Tribunal Interamericano, en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador9, también estableció que este derecho exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena10 de su responsabilidad11 penal, y si obra contra ella prueba incompleta insuficiente, o no es procedente condenarla, sino absolverla12.

En este contexto, el derecho a la presunción de inocencia, se erige como pilar fundamental de la persona sujeta a un proceso penal, que no admite matices de culpabilidad. Solo se quebranta este derecho con la sentencia emitida por el juzgador, quien de manera imparcial ha de haber valorado los medios de prueba de cargo y de descargo, de cuyo razonamiento se concluya que este derecho no se vislumbra y se decida, sin duda, por la responsabilidad penal.

Séptimo. En el presente caso, conforme a los agravios expuestos por la defensa del recurrente, se aprecia que estos están dirigidos a cuestionar la valoración de los medios de prueba efectuada por el Tribunal Superior. En lo pertinente, cuestionó que no se haya valorado debidamente la declaración de la menor agraviada en el plenario quien refirió no haber sido abusada sexualmente por este, así como la declaración de su enamorado, quien aceptó haber mantenido relaciones sexuales con la menor. Por tanto, es del caso verificar si, en el caso concreto, se ha realizado una debida valoración del caudal probatorio recabado durante el proceso.

Octavo. En este contexto, los delitos sexuales se cometen usualmente en la clandestinidad, en forma secreta o encubierta, con lo que el caudal probatorio se circunscribe fundamentalmente a la versión de la víctima. En el caso concreto, la sindicación de la menor es el sustento principal de la acusación fiscal. Por tanto, corresponde evaluar dicha sindicación, conforme los presupuestos de certeza previstos en el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, donde se establece parámetros para que la declaración de la víctima tenga entidad suficiente para quebrantar la presunción de inocencia del encausado, a saber: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, b) verosimilitud y c) persistencia en la incriminación.

Noveno. Al respecto, por razones metodológicas, se iniciará el análisis por el primer parámetro referido a la verosimilitud (interna y externa). Así, en cuanto a la verosimilitud interna (coherencia en el relato), debemos indicar que la menor agraviada en su manifestación preliminar (foja 5), efectuada sin presencia fiscal, indicó que un domingo del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco (no pudiendo precisar la fecha exacta), salió de su casa en bicicleta, toda vez que su madre le había mandado a comprar un mentholatum, llegándose a encontrar con el encausado Alberto Edwin Padilla Quispe quien era su enamorado, el mismo que estaba bajo los efectos del alcohol, proponiéndole este conversar, respondiendo la menor que no quería conversar con él por su estado de embriaguez, pero este insistía, amenazándola con llevarse la bicicleta sino aceptaba hablar. Luego le agarró de su cabello y la llevó a la casa de su abuelo, a un cuarto oscuro, donde la echó sobre una cama, procediendo a despojarle de su pantalón y ropa interior, ultrajándola sexualmente vía vaginal en tres oportunidades, y además vía anal, permaneciendo en el lugar dos horas aproximadamente, yéndose luego a su casa. De la misma manera, refirió que el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en horas de la noche mantuvo relaciones sexuales anales con su enamorado Rolando Miguel Estrella Sotomayor, hecho ocurrido en una casa abandonada, ubicado detrás de su colegio.

Décimo. Esta manifestación fue ratificada, en todo sus extremos, en la instrucción al brindar su declaración preventiva (foja 25), en la que volvió a sindicar al encausado como el autor del abuso sexual sufrido en su perjuicio en el mes de junio; asimismo, reiteró que mantuvo relaciones sexuales vía anal con su enamorado Rolando Miguel Estrella Sotomayor en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Por otro lado, en la diligencia de confrontación se mantuvo en su sindicación, aunque varió el mes indicando que no fue en junio sino en mayo.

Decimoprimero. Ahora bien, para otorgarle entidad probatoria a la sindicación efectuada por la agraviada, esta debe ser corroborada periféricamente (verosimilitud externa), de modo tal que si no existen elementos que la corroboren, no se podría resquebrajar la presunción de inocencia pese a la existencia de persistencia en la incriminación y de incredibilidad subjetiva, en tanto, estos parámetros deben concurrir copulativamente. Así, se tiene el certificado médico número 1493-DMLC-95 (foja 10), practicado a la menor agraviada con fecha veintisiete de septiembre de dos mil quince, elaborado por el médico legista Maximiliano Bruno Yaya, cuya conclusión es:

Integridad anatómica del himen. Desgarro 0.4 cm, en periné, a nivel de horas 06, por desgarro antiguo. Equimosis en cara externa del brazo izquierdo en su tercio medio y a nivel del tercio distal. Equimosis amplia en cara externa del brazo derecho en su tercio superior. Equimosis en parpado superior izquierdo. Equimosis con herida contusa superficial de 2 cm en la región suborobitaria derecha. Equimosis en cara externa del muslo derecho en su tercio medio [sic].

Este examen médico legal, fue ratificado por el perito suscribiente del mismo en la etapa de instrucción (foja 57) y además en el juicio oral (foja 413), en el que refirió que revisó las zonas genitales de la menor y que no encontró lesión en el himen ni alrededor, precisando que existía integridad anatómica del himen, tal como lo llegó a establecer
en el certificado indicado. Consultado a qué se refería con “desgarro de 0.4 cm en periné”, precisó que esta era la zona entre genitales y el recto, y que no forma parte de la vagina de la menor.

Decimosegundo. De lo afirmado por el perito, el cual concuerda con el certificado médico legal antes acotado, se puede inferir que no existe certeza que la menor haya sido penetrada vaginalmente en tanto el himen estaba íntegro y no se diagnosticó que este sea himen complaciente. No ocurriendo lo mismo con el diagnóstico realizado al ano de la menor, en la que se indicó lo siguiente: “Esfinter anal relajado. Cicatriz de 1cm perianal, a nivel de horas 6 (seis) por desgarro antiguo”. Esto es, la menor presentó signos de haber tenido actos contra natura.

Decimotercero. En cuanto a esta lesión, la menor ha sido enfática en afirmar que el recurrente la violentó sexualmente contra natura; empero también ha referido haber tenido relaciones sexuales con su enamorado Miguel Rolando Estrella Sotomayor en el mes de septiembre, ocurrido en una casa abandonada ubicada detrás de su colegio, por su propia voluntad. Esta última afirmación se corrobora con lo señalado por el propio Miguel Rolando Estrella Sotomayor en su manifestación preliminar (foja 6), ratificado en la etapa de instrucción al brindar su declaración testimonial (foja 47).

Decimocuarto. Así, al haberse practicado el examen médico legal con fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, no existe certeza en cuanto al causante de la lesión en el ano presentada por la menor, en tanto se encuentra corroborado que Miguel Rolando Estrella Sotomayor mantuvo relaciones sexuales por esa vía. Tanto más si en el decurso del proceso (veinticuatro años desde que se instauró proceso penal), no ha sido posible practicar a la menor agraviada un examen psicológico para determinar si presenta indicadores de haber sufrido abuso sexual y con ello, corroborar su versión, el cual, en el plenario (foja 402) la llegó a variar consistentemente, precisando que nunca fue enamorado del encausado y que este sólo era su amigo, que perdió su amistad por la denuncia interpuesta por su mamá motivado porque siempre lo veía con él, pero que este nunca le faltó el respeto, esto es nunca había mantenido el acto sexual con el recurrente, por el contrario indicó que cuando se encontraron –el día de los hechos– conversaron sobre la salud de su abuelo y que no pasó nada.

Decimoquinto. Cabe acotar que la Sala Penal Superior ha tomado en cuenta el Protocolo de Pericia Psicológica número 002327-2019-PSC (foja 450), practicado al recurrente con fecha veintitrés y veinticinco de abril de dos mil diecinueve [veinticuatro años después de ocurrido los hechos], cuya conclusión es: “Características de personalidad histriónico y disocial. Perfil psicosexual: indicadores de inmadurez psicosexual se orienta por sus deseos e impulsos”. Dicho examen fue ratificado en juicio oral (foja 464) por la perito suscribiente del mismo, quien precisó que por los patrones evaluados no puede decir que tenga un perfil de agresor sexual, pero que sí podía cometer ese tipo de delitos (declaración valorada por la mencionada Sala Superior); sin embargo, ello queda descartado, en razón a que no se ha probado objetivamente que el encausado haya sido procesado o condenado por delito similar durante el tiempo transcurrido, pues el agresor sexual, de acuerdo a las máximas de la experiencia, es proclive a cometer este tipo de delitos.

Decimosexto. En tal virtud, de la evaluación de los medios de prueba antes acotados, se concluye que estas carecen de intensidad suficiente para coadyuvar a corroborar la sindicación efectuada por la menor agraviada en sus declaraciones primigenias y generar convicción de ello en el juzgador, existiendo duda antes que certeza; máxime si la denuncia fue presentada dos meses después de sucedido supuestamente el hecho , y en el contexto que la menor que, a dicha fecha, contaba con más de catorce años de edad, tenía enamorado con el que sostuvo tuvo relaciones por vía anal, versión que es corroborada por el enamorado Miguel Rolando Estrella Sotomayor. Si a ello se agrega que en juicio oral, la agraviada expresa que no recuerda los hechos; versión que es creíble estando al tiempo transcurrido; esto es más de veinte años, no se llega a cumplir con el parámetro de verosimilitud externa y con ello lo preceptuado
por el acuerdo plenario número 02-2005/CJ-116. De ahí que es posible afirmar que la prueba actuada no tiene fuerza acreditativa suficiente que supere el estándar probatorio para generar convicción de responsabilidad del encausado por el delito imputado, por lo que es de aplicación el numeral 11, del artículo 139, de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, no se enervó la presunción constitucional de inocencia que recae sobre Alberto Edwin Padilla Quispe, debe mantenerse, conforme a lo referido en el numeral e), apartado 24, del artículo 2 de la acotada Carta Magna.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en sentencia del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 480), emitida por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que condenó al recurrente Alberto Edwin Padilla Quispe como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor agraviada identificada con las iniciales R. L. Ll. B., a diez años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 100 (cien soles) el monto por concepto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado; con lo demás que al respecto contiene; y REFORMÁNDOLA lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el delito antes mencionado y por la misma agraviada.

II. ORDENARON se anulen los antecedentes policiales y judiciales del encausado Alberto Edwin Padilla Quispe, generados en este proceso.

III. DISPUSIERON su inmediata libertad, siempre y cuando no cuente con mandato de detención en su contra emanado de autoridad competente en otro proceso penal; por consiguiente, SE OFICIE, vía fax, para tal efecto, a la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete.

IV. MANDARON que los autos se archiven de forma definitiva donde corresponda; y los devolvieron.

Interviene el señor Juez Supremo Castañeda Espinoza por licencia del señor Juez Supremo Sequeiros Vargas.


1 Este derecho garantiza la protección de la libertad del individuo contra la interferencia arbitraria e ilegal del Estado y, a su vez, la defensa del individuo detenido (caso Mariza Urrutia vs. Guatemala, del veintisiete de noviembre de dos mil tres; caso Bulacio vs. Argentina, del dieciocho de septiembre de dos mil tres; y caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, del siete de junio de dos mil tres). Cfr. SILVA GARCÍA, Fernando (2011). Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. México: Poder Judicial de la Federación, p. 122.

2 Cfr. EXP. N.° 03425-2010-PHC/TC, fundamento segundo, último párrafo.

3 Así como otras normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad.

4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad (caso Gargaram Ponday vs. Surinam, del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro). La Corte Europea de Derechos Humanos ha precisado que no se debe equiparar el concepto de “arbitrariedad” con el de “contrario a ley”, sino que debe interpretarse de manera más amplia, a fin de incluir elementos de incorreción, injusticia e imprevisibilidad; así como también el principio de las “garantías procesales”. Cfr. SILVA GARCÍA, Fernando (2011). Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales. Poder Judicial de la Federación. México, pp. 124-125. 

5 Cfr. EXP. N.° 1091-2002-HC/TC, fundamento segundo.

6 A solicitud de la víctima y por decisión del pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reunido durante su 96 Periodo Ordinario de Sesiones, se reservó la identidad de la agraviada, a quien se identifica como “J”. Para mayor detalle véase el fundamento 5 de la Sentencia, disponible en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (http://www.corteidh.or.cr), y acceso directo transcrito en el pie de página siguiente.

7 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf.

8 Locución latina que significa “carga de la prueba”.

9 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf.

10 Entiéndase como prueba suficiente y pertinente.

11 Sobre el particular, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos precisó que este derecho “[…] no se limita a una simple garantía procesal en materia penal. Su alcance es más amplio y exige que ningún representante del Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida [en forma definitiva] por un tribunal” (caso Lizaso Azconobieta c. España, del veintiocho de junio de dos mil once). EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC, fundamento 43.

12 Véase el caso Cantoral Benavides vs. Perú, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, emitida en el EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC (fundamentos 42 y 43), donde se cita el pronunciamiento de la Corte Interamericana.

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