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PECULADO. Vulneración al deber de motivar. Se debe de identificar la necesidad de la realización de la pericia de valorización.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1010-2018
LIMA

NULIDAD DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA

Los argumentos que sustentan la decisión de absolver han trasgredido los criterios de valoración que se deben emplear al analizar el delito de peculado; es necesario ampliar la actividad probatoria.

Lima, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público, contra la sentencia del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió declarar infundada la excepción de prescripción deducida por la defensa de Ítalo Daniel del Carpio Ramírez y lo absolvió de la acusación fiscal como presunto autor del delito contra la Administración Pública-peculado, en perjuicio de la Municipalidad del centro poblado menor de Las Tunas.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Primero. El acusado desempeñaba el cargo de tesorero del municipio de Las Tunas, perteneciente al distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí, situación de la cual se aprovechó para apropiarse de 3750,00 soles, los que obtuvo luego de hacerle firmar un cheque al alcalde Hermógenes Puma Ugarte, el cual luego endosó y cobró sin sustentación. Se determinó que el dinero tenía como destino el pago del seguro social de los empleados municipales, por lo que no tenía fines asistenciales ni de ayuda social. Esto sucedió entre los meses de enero y febrero de dos mil cuatro.

Segundo. El texto de aplicación al presente hecho es el vigente del artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, en los términos del artículo único de la Ley N.° 26198, el cual establece lo siguiente: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Tercero. El representante del Ministerio Público (folio 587) argumentó lo siguiente:

3.1. Está debidamente acreditada la condición de funcionario público del acusado, quien fue, en principio, nombrado como jefe de Desarrollo Urbano y Rural del Centro Poblado Menor de las Tunas, y también desempeñó el cargo de tesorero encargado del referido poblado, tal como se acredita con el acta de la decimoséptima sesión ordinaria del Consejo Municipal del dieciséis de abril de dos mil dos, donde también se determina la apertura del registro único del contribuyente y apertura de cuenta corriente.

3.2. Desde su posición, el acusado sabía de los fondos que tenía la Municipalidad y se aprovechó de eso para persuadir al alcalde a que firme el cheque que utilizó para apropiarse del dinero. Esto se corrobora con la versión de la testigo Lucía Gabriela Paico Manches.

3.3. Se ha determinado con la pericia grafotécnica que la firma del cheque no negociable 3010000000032732801, le corresponde al alcalde del municipio y que las asignaturas del anverso y reverso le corresponde al procesado.

3.4. Si bien el alcalde no ha prestado su declaración judicial, fue quien promovió la denuncia, la cual también es respaldada con la declaración de la testigo Lucía Gabriela Paico Manches.

3.5. Si bien el acusado ha señalado que el monto cobrado correspondía a un pago que le debían hacer por honorarios profesionales, no ha presentado documento alguno que lo acredite.

3.6. No hay pericia de valorización del perjuicio porque no resulta necesaria al haberse acreditado que este corresponde a 3750,00 soles, acreditados con el cheque y sobre el cual no cabe cuestionamiento.

ARGUMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

Cuarto. La sentencia impugnada argumentó la absolución en lo siguiente:

4.1. La declaración del exalcalde Hermógenes Puma Ugarte fue recepcionada sin presencia de un representante del Ministerio Público y no ha sido ratificada en sede judicial.

4.2. No se ha acreditado con suficiencia el supuesto cargo de tesorero que ocupaba el acusado.

4.3. No se ha determinado con una pericia que se haya procurado un perjuicio a la entidad agraviada.

4.4. Los documentos presentados por el acusado demuestran su tesis exculpatoria y no existe documento que acredite que el dinero tenía como destino el pago del seguro social de los trabajadores del municipio.

ANÁLISIS DE ESTE SUPREMO COLEGIADO

Quinto. La motivación constituye también un derecho de orden constitucional descrito en el numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política, que obliga que las decisiones a las que arribe el juzgador contengan un razonamiento lógico y sólido sobre el tema que es objeto de proceso.

Sexto. Esta Corte Suprema, en un pronunciamiento emitido por la Sala Civil Transitoria, en la Sentencia de Casación N.° 1068-20091, expresó lo siguiente:

Una motivación comporta la justificación lógica, razonada y conforme a las normas constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las partes; por consiguiente, una motivación adecuada y suficiente comprende tanto la motivación de hecho o in factum (en el que se establecen los hechos probados y no probados mediante la valoración conjunta y razonada de las pruebas incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de oficio, subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma), como la motivación de derecho o in jure (en el que selecciona la norma jurídica pertinente y se efectúa una adecuada interpretación de la misma).

Séptimo. La sentencia incurre en contradicciones en cuanto a fundamentación, las cuales se evidencian en lo siguiente:

7.1. Por un lado, identificamos que existe una incoherencia al identificar la función que cumplía el acusado dentro del municipio. Así, en el numeral 6.3., se argumenta que está acreditado que al acusado cumplía la función de tesorero con el acta de la Decimoséptima sesión ordinaria del Consejo Municipal (folio 204); sin embargo, terminan señalando que como en la constancia de trabajo no se advierte “ningún cargo de tesorero” (folio 216), se da credibilidad al acusado quien negó en el plenario haber desempeñado la referida función. No encontramos argumento sólido que desestime el contenido del acta que expresamente designa al acusado como tesorero.

7.2. La sentencia recurrida argumenta que no existe certeza de que el monto contenido en el cheque tendría como destino el pago del seguro social de los trabajadores de la empresa, por lo que se puede verificar el perjuicio.

Al respecto, ese argumento no justifica asumir que sí tenía como destino el pago de haberes del acusado, sobre todo si se trata de un servicio al Estado, en el que actos de esta naturaleza (como el pago de haberes), se registran.

7.3. Se exige que se realice una pericia de valorización que acredite el perjuicio, pero no se repara en que el cobro indebido de por sí genera un perjuicio para el Estado cuando no se justifican los motivos o el destino de los fondos.

Lo anterior no significa que se deba obviar la realización de un peritaje en todos los casos sino que se debe identificar la necesidad de los mismos en función al hecho objeto de proceso.

Octavo. Adicionalmente, consideramos relevante insistir en la declaración del exalcalde Hermógenes Puma Ugarte, y estimamos que se debe citar a las demás personas que estuvieron presenten es la sesión de Consejo Municipal en la que se designó al acusado como tesorero, a los señores Nildo Pedro Beraún Barja, Aurora Medina Meza, José Luis Acosta García y Juan Baldomero Ysidro Ríos, a efectos de poder indagar sobre aquel acuerdo.

Noveno. Por lo señalado, al haber incurrido la sentencia en defectos en la motivación, corresponde la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen emitido por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. Declararon NULA la sentencia del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió declarar infundada la excepción de prescripción deducida por la defensa de Ítalo Daniel del Carpio Ramírez y lo absolvió de la acusación fiscal como presunto autor del delito contra la Administración Pública-peculado, en perjuicio de la Municipalidad del centro poblado menor de Las Tunas.

II. ORDENA la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado, el cual deberá dar cumplimiento a las diligencias precisadas.

III. DISPUSIERON se notifique la presente ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por vacaciones de la jueza suprema Pacheco Huancas.

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