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PECULADO. Prueba indiciaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.0 673-2018
LA LIBERTAD

LA PRUEBA INDICIARIA EN EL DELITO DE PECULADO DOLOSO:

Sumilla. El recurrente en su condición de alcalde de una municipalidad nombró a su cosentenciado como director municipal y mediante una resolución de alcaldía se le encargó dos volquetes. Este último. en forma privada, alquiló o una empresa dichos bienes para trasladar material de afirmado, cuyo transporte fue incluso realizado por dos chóferes de la citada entidad edil. Sin embargo. a las arcas municipales solo ingresó una parte del dinero y el porcentaje mayor quedó como deuda. dinero que representa lo apropiado. El recurrente conocía de esta situación. pues los chóferes le reportaron por escrito los trabajos indebidos que realizaron. Asimismo, el material de afirmado fue extraído de las canteras de propiedad del recurrente y existe una relación de amistad y familiaridad entre el recurrente y su cosentenciado. En consecuencia. se evidencia su participación en dicho alquiler y fue beneficiado con el producto del mismo. Por tanto, debe ratificarse la condena.

Lima, ocho de abril de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por  la defensa del sentenciado ROBERTO MANUEL REAÑO RUIZ contra la  sentencia del seis de noviembre de dos mil diecisiete  (foja 2112), emitida por la Sala Mixta Permanente de Trujillo de la Corte Superior de Justicia  de La Libertad, que lo condenó como autor del delito de peculado, en perjuicio del Estado, representado por la Municipalidad Distrital de  Rázuri, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su  ejecución por el plazo de tres años, sujeto a cinco reglas de conducta,  y a quince mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado, con lo demás que contiene. De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTsu.

ANTECEDENTES

Primero. La actuación procesal relevante es la siguiente:

1.1. El quince de junio de dos mil nueve, la fiscal superior acusó a Roberto Manuel Reaño Ruiz y Jaime Saavedra Saavedra como autores de los delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso y peculado de uso. Asimismo, contra este último por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estelionato (foja 607). La Sala Penal Superior dispuso haber mérito a pasar a juicio oral, y el veinticinco de marzo se inició el juzgamiento. Durante el juicio se declaró de oficio la excepción de naturaleza de acción por el delito de estelionato (foja 631 ).

1.2. El dos de setiembre de dos mil once (foja 1151) se condenó a Roberto Manuel Reaño Ruiz y Jaime Saavedra Saavedra por los delitos de peculado doloso y peculado de uso, a cuatro años de privación de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, sujeto a cinco reglas de conducta, y a un año inhabilitación referida a la privación de función o cargo, así como el pago de diez mll soles por concepto de reparación civil. Contra esta decisión ambos sentenciados interpusieron recurso de nulidad, empero, solo se admitió el recurso de Reaño Ruiz. Esta Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N.º 3789-2011. del nueve de noviembre de dos mil doce, declaró nula la sentencia respecto a la condena de este último y ordenó que se realice un nuevo juicio (foja 1185).

1.3. El treinta de enero de dos mil catorce se emitió la nueva sentencia (foja 1532), en la que respecto al delito de peculado de uso, se declaró de oficio la extinción de la acción penal por prescripción, y en cuanto al delito de peculado doloso se absolvió de la acusación fiscal a Reaño Ruiz. Contra el extremo de la absolución, el fiscal superior y la parte civil interpusieron recurso de nulidad. Esta Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N.º 2031-2014, del trece de julio de dos mil quince (foja 1590), declaró nula la sentencia y ordenó que se realice un nuevo juicio.

1.4. En el nuevo juicio mediante sentencia del seis de noviembre de dos mil dieciséis, se condenó a Reaño Ruiz por el delito de peculado doloso, lo que es objeto del presente recurso.

HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

Segundo. La referida sentencia condenatoria declaró probado lo siguiente:

2.1. El sentenciado Reaño Ruiz durante el periodo de mil novecientos noventa y nueve a dos mil, en condición de alcalde de la Municipal Distrital de Rázuri, utilizó y alquiló los volquetes de esta entidad de marcas Dina y Volvo a la empresa Alexandra S. A. C. (antes Pisco Norte y Maurice), para que realicen el servicio de transporte de carguío de material de afirmado. El alquiler lo hizo Jaime Saavedra Saavedra, quien se desempeñó como director de la Dirección de Ingeniería, Catastro y Desarrollo Urbano y tenía a cargo los vehículos.

Por esos trabajos, la municipalidad debió percibir once mil trescientos cuarenta soles, pero solo ingresó a sus arcas mil novecientos soles; por tanto; quedó un saldo de nueve mil cuatrocientos cuarenta soles, que es el monto que se apropiaron Reaño Ruiz y Saavedra Saavedra, y que a su vez representa el perjuicio irrogado. En consecuencia, dicho alquiler fue en provecho particular de los sentenciados.

2.2. Reaño Ruiz tuvo conocimiento de esta situación, pues el seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el regidor Laureano Armas Ramírez le cursó un documento, mediante el cual le pidió que en sesión de consejo municipal informe sobre los ingresos y gastos por el alquiler de los citados volquetes y si se suscribió el contrato respectivo. También se evidenció tal conocimiento con el Informe Especial N.º 003-2001- MPT_OGAI-AC en el que se concluyó que Reaño Ruiz no pudo desconocer de la existencia de los trabajos de carguío a favor de la empresa Alexandra S. A. C., y con los informes presentados por los choferes de la citada municipalidad, Ramón Chuquipoma Silva y Roger Alayo Nureña, quienes reportaron por escrito los trabajados del traslado del material.

Tercero. Por estos hechos fue condenado Roberto Manuel Reaño Ruiz como autor del delito de peculado, en perjuicio del Estado, representado por la Municipalidad Distrital de Rázuri, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeto a cinco reglas de conducta, y a quince mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

SUSTENTO DEL RECURSO DE NULIDAD

Cuarto. Cabe precisar que contra esta condena se presentaron dos recursos de nulidad, el primero por la defensa pública del sentenciado Roberto Manuel Reaño Ruiz (foja 2154) y el segundo por su abogado particular (foja 21101. Por ello, mediante escrito del veintiuno de enero de dos mil diecisiete (foja 2184), el recurrente precisó que este Supremo  Tribunal debe considerar la fundamentación del segundo y tener por no interpuesto por el primero.

En ese aspecto, al evaluar el segundo escrito de recurso de nulidad se aprecia que una primera pretensión del recurrente es que se revoque la sentencia impugnada y que se le absuelva de los cargos por el delito de peculado doloso. Se sustentó en los siguientes argumentos:

4.1. No tuvo una relación funcional ni disponibilidad jurídica sobre los dos volquetes de la Municipalidad Distrital de Rázuri. Si bien conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), el alcalde es personero legal, se trata de una atribución genérica de naturaleza política y representativa.

La administración de los caudales y efectos de una municipalidad están a cargo del director municipal y de los directores respectivos, conforme al artículo 49 de la LOM, mientras que la conducción de los mismos le compete a la Dirección de Contabilidad y Tesorería de la entidad edil. En este caso por Resolución de Alcaldía N.º 107-99-MDR-IM se encargó la custodia de los volquetes a la Dirección de Ingeniería, Catastro y Desarrollo Urbano. Asimismo, los choferes Ramón Chuquipoma Silva y Roger Alayo Nureña señalaron que los viajes de transporte de afirmado fueron autorizados por el director y cosentenciado Jaime Saavedra Saavedra.

4.2. El saldo pendiente de pago por la utilización de los citados vehículos no puede ser objeto de apropiación, toda vez que no constituye efecto o caudal, ya que no ingresó a la esfera patrimonial de la mencionada municipalidad.

4.3. La prueba indiciaria no reúne los requisitos para desvirtuar la presunción de  inocencia (indicios concurrentes, convergentes y  abundantes). Por tanto, ante la ausencia de certeza debió imperar la duda razonable. De esta manera. los hechos imputados no configuran el delito de peculado.

Por otro lado, planteó que, en todo caso, existe un concurso aparente de leyes penales, y en virtud del principio de especialidad, los hechos que se le atribuye, configuran el delito de peculado de uso. Sin embargo, a la fecha operó la prescripción por este delito.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

Quinto. El delito de peculado doloso se encuentra previsto en el primer párrafo, del artículo 387, del Código Penal (CP), cuyo texto aplicable al momento de los hechos es la modificada por el artículo único de la Ley N° 261981, que establece lo siguiente: «el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o poro otro, caudales o efectos cuya percepción. administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de lo libertad no menor de dos ni mayor de ocho años».

Sexto. De conformidad con el Acuerdo Plenario N.º 4-2005/CJ-l l 62, los elementos materiales de este delito son:

6.1. La relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Significa el poder de vigilancia y control sobre la cosa, esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, y el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos.

6.2. La percepción, que es captar o recepcionar los bienes públicos; la administración, que implica funciones de manejo o conducción; o la custodia, que importa la protección y conservación de los efectos o caudales.

6.3. La apropiación o utilización, el primero radica en hacer suyo los bienes, apartarlos de la Administración Pública y colocarlos en una situación de disposición; y el segundo, se refiere a aprovecharse de las bondades del bien sin el propósito de su apoderamiento.

6.4. El destinatario que puede ser para sí o para otro.

6.5. Los caudales o efectos, los primeros son bienes en general de contenido económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público.

Sétimo. Por otro lado, la prueba indiciaria es un método probatorio plenamente admitido en el proceso penal. Se trata de una técnica de fijación de hechos que opera con posterioridad a la práctica de los medios de prueba y que se realiza por el juez a partir del resultado de la prueba practicada en el proceso [MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Lo mínima actividad probatoria en el proceso penal. Barcelona: José María Bosch. 1997, p. 225].

Octavo. Esta Corte Suprema, siguiendo al Tribunal Europeo de Derecho Humanos, considera que la prueba por indicios no se opone a la presunción de inocencia, y que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los h chos probados y los que se tratan de probar. Su eficacia para enervar la presunción de inocencia requiere materialmente que los indicios -hecho base-deben: a) estar plenamente probado -por los diversos medios de prueba que autoriza la ley-; b) ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa; c)ser concomitantes al hecho que se trata de probar; y d) estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. En lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda a las reglas de la lógica y de la experiencia3.

Noveno. De la revisión de la sentencia materia de impugnación y la que condenó a Saavedra Saavedra, es un hecho probado que este último alquiló los volquetes de marcas Dina y Volvo, de la Municipalidad Distrital de Razuri, a la empresa Alexandra S. A. C. (antes Pisco Norte y Maurice), para que realicen el servicio de transporte de carguío de material de afirmado. En ese aspecto, debe determinarse si Reaño Ruiz tuvo o no participación en dicho alquiler y si se apropió del dinero obtenido por esta prestación.

Décimo. La Sala Penal Superior con base en la prueba indiciaria determinó que Reaño Ruiz no solo tuvo conocimiento sino que participó de dicho alquiler. Se sustentó en lo siguiente: i) como indicios antecedentes, Reaño Ruiz nombró a Saavedra Saavedra como director municipal para el período de mil novecientos noventa y nueve a dos mil, sin que cumpla con los requisitos para ese puesto, pues no contaba con el título de ingeniero. Entre Reaño Ruiz y Saavedra Saavedra existía un vínculo de amistad y de familiariedad, ya que el primero tuvo un hijo con la hermana del segundo; ii) como indicios concomitantes, el material de afirmado que se transportó a la empresa Alexandra S. A. C. provenía de las canteras de propiedad Reaño Ruiz. Los choferes de la municipalidad, Ramón Chuquipoma Silva y Roger Alayo Nureña, informaron por escrito que con los vehículos de la comuna municipal transportaron material; y iii) como indicios subsiguientes, Reaño Ruiz se negó a informar de este alquiler, pese a que requerido por el regidor Laureano Armas Ramírez. También que la municipalidad es pequeña y solo cuenta con dos vehículos de carga y doce personas como trabajadoras; por lo que era factible, conocer lo que ocurría.

Decimoprlmero. Este Supremo Tribunal comparte la conclusión de la Sala Penal Superior, pues aprecia que Saavedra Saavedra alquiló los vehículos de la municipalidad con la autorización de Reaño Ruiz y por encargo de este último, con la finalidad de beneficiarse particularmente con el dinero obtenido por dicho alquiler. Ello se evidencia a partir de la verificación de que entre la Municipalidad Distrital de Razuri y la empresa Alexandra S. A. C. no hubo ningún contrato, y que el acuerdo fue verbal entre dicha empresa y Saavedra Saavedra.

La defensa de Reaño Ruiz alegó una falta de relación funcional entre su patrocinado con los bienes públicos. Al respecto, se aprecia que el sentenciado como alcalde tenía la condición de máxima autoridad de la municipalidad y por este cargo ostenta poderes jurídicos sobre los vehículos de la entidad. Si bien lo volquetes se encontraban en una relación más próxima a Saavedra Saavedra en mérito a la Resolución de Alcaldía N.º 107-99-MDR-IM, ello no elimina el vínculo con Reaño Ruiz, más aun si el primero actuaba por encargo de este último.

Tal condición de alcalde además le imponía deberes de control y de vigilancia respecto a los volquetes, más todavía si los chóferes Ramón Chuquipoma Silva y Roger Alayo Nureña le informaron sobre los trabajos indebidos de transporte de afirmado que realizaron. Del mismo modo, este hecho fue informado por el regidor Laureano Armas, empero, Reaño Ruiz, no adoptó acción alguna, a pesar de sus deberes de protección y cautela de cautela del patrimonio público y de conducirse correctamente en el ejercicio de la función pública.

Decimosegundo. También se aprecia que Reaño Ruiz se apropió del producto pecuniario del alquiler de los volquetes. Así, en la pericia ampliatoria (foja 2082) se concluyó que se realizaron ciento ochenta y nueve viajes de carguío de afirmado, los que calculados a un costo de sesenta soles por viaje, dio como resultado once mil trescientos cuarenta soles. De lo que se canceló solo mil novecientos soles, y existe una deuda de nueve mil cuatrocientos cuarenta soles. Este es el importe apropiado.

La defensa de Reaño Ruiz sostuvo que tal importe no constituye caudal ni efecto, pues no ingresó a la esfera patrimonial de la Municipalidad Distrital de Razuri. Sobre este argumentó, debe tenerse en cuenta que tal dinero debió ingresar a la municipalidad; empero, no ocurrió porque el recurrente y su consentenciado Saavedra Saavedra se lo apropiaron. Así, existe la Factura N.0 0001-00000007, emitida el treinta de diciembre de dos mil, expedida por la empresa personal de Saavedra Saavedra a favor de la empresa Alexandra S. A. C. por diecisiete mil ciento quince dólares estadounidenses más el Impuesto General a las Ventas, de lo que se infiere que la empresa de Saavedra Saavedra fue utilizada para el cobro por la utilización de los volquetes.

Decimotercero. Otro agravio de la defensa de Reaño Ruiz fue que los  hechos debieron ser tipificados como delito de peculado de uso. Al respecto, se debe considerar que en atención a los hechos probados no solo se utilizaron dos volquetes de la municipalidad, sino que como producto de dicho uso se originaron ganancias en dinero, que constituye el objeto de lo apropiado.

Decimocuarto. Por tanto, con la prueba anotada, se enervó la presunción de inocencia de Reaño Ruiz, y el juicio de responsabilidad penal realizado por la Sala Penal Superior fue correcta; por lo que corresponde ratificar la condena en su contra.

Decimoquinto. Con relación a la pena y la reparación civil, se debe considerar que en la anterior sentencia condenatoria contra el recurrente del dos de setiembre de dos mil once (foja 1151), por estos hechos se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años y en diez mil soles el pago de la reparación civil, la que luego fue declarada nula con motivo del recurso de nulidad interpuesto por Reaño Ruiz. Por tanto ese debe ser el límite de la pena y reparación civil a fijarse, en mérito al principio de prohibición de la reforma en peor, consagrado en el artículo 300 del C. de PP4

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I.- NO HABER NULIDAD en la sentencia del seis de noviembre de dos mil diecisiete. emitida por la Sala Mixta Permanente de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que condenó a Roberto Manuel Reaño Ruiz como autor del delito de peculado, en perjuicio del Estado, representado por la Municipalidad Distrital de Rázuri.

II.- HABER NULIDAD en la citada sentencia en los extremos que se le impuso a Reaño Ruiz cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeto a cinco reglas de conducta; y fijó en quince mil soles el monto que por concepto de reparación civil, y REFORMÁNDOLA, le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, sujeto a las cinco reglas de conducta ya establecidas, y diez mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado.


1 Publicado el 13 de junio de 1993.

2 Del 30 de setíembre de 2005, fj. 7. Asunto: definición y estructura típica del delito de peculado. Art. 387 CP.

3 Recurso de Nulidad N.º 1912-2005, Piura, del 6 de setiembre de 2005, fj. 4, que constituye precedente vinculante en mérito al Acuerdo Plenario N.º l-2006/ESV-22.

4 Modificado por el Decreto Legislativo N.º 959.

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