Robo agravado. No hay certeza de la notificación.
17 noviembre, 2019
RECEPTACIÓN. Incorrecta reconducción de la calificación típica: La prueba actuada es receptación. compatible con un robo, no con una receptación.
19 noviembre, 2019

Difamación agravada. Afectación del derecho de defensa y de Motivación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1423-2018
LIMA

Garantías constitucionales y principios procesales

Sumilla. Instaurado un proceso penal es imperativo que las garantías constitucionales o principios procesales del procesado sean observados y respetados para la vigencia de un estado democrático y de derecho. Como quiera que en el proceso penal esta necesidad es más imperiosa, la tendencia es a fijar en la Constitución las reglas mínimas de un debido proceso penal, es decir, un diseño constitucional del proceso penal, a fin de garantizar los derechos de las personas cuando sean sometidas a tan intenso procedimiento y, con ello, otorgarles seguridad jurídica.

Lima, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el tercero civilmente responsable LUÍS GARCÍA MIRÓ ELGUERA Contra la sentencia del diez de agosto de dos mil diecisiete, en el extremo que confirmó la sentencia del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis (foja 355), que condenó a JUAN JOSÉ ZÚÑIGA HUAMANÍ por el delito de difamación agravada, en perjuicio de María Leonor Pachas Arias; y revocaron el extremo de la reparación civil; y, reformándola, la fijaron en cinco mil soles, que deberá abonar de manera solidaria y proporcional conjuntamente con el precitado tercero civilmente responsable.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

El tercero civilmente responsable Luis García Miró Elguera, al fundamentar su recurso de nulidad (folio seiscientos), indicó que:

2.1. La recurrida incurrió en error de hecho y derecho, en tanto no consideró un medio impugnatorio presentado con las formalidades de ley.

2.2. Pese a que el abogado realizó informe oral el día de la vista de la causa; sin embargo, la sentencia de vista no se pronunció al respecto, situación que atenta contra el debido proceso, la pluralidad de instancias y el derecho de defensa consagrados en la Constitución Política del Estado.

2.3. Si bien el día de la lectura de la sentencia, el recurrente no concurrió se le debió notificar.

2.4. La sentencia de vista no justifica el nexo causal del por qué el recurrente fue incluido como tercero civilmente responsable, con lo que se transgrede el inciso 5, del artículo 139, de la Constitución Política del Estado.

2.5. En el presente caso, se transgredieron derechos constitucionales como el debido proceso, a la motivación de resoluciones judiciales, doble instancia y el derecho a la defensa.

TERCERO. ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO

3.1. Instaurado un proceso penal es imperativo que las garantías constitucionales o principios procesales del inculpado sean observados y respetados para la vigencia de un Estado democrático y de derecho; esta necesidad de que el Estado guarde el respeto y por la protección de los derechos fundamentales del imputado, obliga a que se definan en la Constitución, en tanto se trata de la ley fundamental que fija condiciones mínimas de actuación pública y privada, y los límites del ejercicio del poder estatal. Como quiera que en el proceso penal esta necesidad es más imperiosa, la tendencia es a fijar en la Constitución las reglas mínimas de un debido proceso penal, es decir, un diseño constitucional del proceso penal, a fin de garantizar los derechos de las personas cuando sean sometidas a tan intenso procedimiento y, con ello, otorgarles seguridad jurídica.

3.2. Acorde con lo expuesto, este Colegiado Supremo advierte de autos que los fundamentos y términos de la querella estuvieron dirigidos contra Juan José Zúñiga Huamaní y Luis García Miró Elguera (en su condición de director del diario Expreso); en mérito a ello, el Décimo Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, expidió sentencia el veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis (foja 355), que resolvió:

Condenar a Juan José Zúñiga Huamaní como autor del delito contra el honor difamación agravada, en perjuicio de María Leonor Pachas Arias, y como tal se le imponga un año y ocho meses de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el término de un año […].

Imponer la pena pecuniaria de 120 días-multa, computada a razón de 6,25 soles el importe de cada días-multa, el cual deberá abonar el sentenciado a favor del Estado […].

Fijar en la suma de 10 000 soles el monto que por concepto de la reparación civil deberá abonar el sentenciado Juan José Zúñiga Huamaní a favor de la querellante, de manera solidaria y proporcional conjuntamente con el Tercero Civilmente Responsable Luis García Miró Elguera, en su calidad de director del diario Expreso.

3.3. Frente a dicha decisión, el hoy recurrente (tercero civilmente responsable, Luis García Miró Elguera), en ejercicio de su derecho de defensa (derecho a recurrir 1), por escrito del cuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 385), interpuso recurso de apelación por el cual adjuntó tasa judicial por la suma de 118,50 soles, a la que adicionó (reintegró) 355,50 soles 2, a efectos de que se conceda el precitado recurso. El juez de la causa, por resolución del veinte de octubre de dos mil dieciséis (foja 515), declaró, entre otros, inadmisible el recurso de apelación promovido por Luis García Miró Elguera y le concedió el plazo de cinco días; por resolución del seis de marzo de dos mil diecisiete (foja 552), sin llevarse a cabo un debido análisis con relación a la cuantificación (determinación) del monto de la tasa judicial, por concepto de apelación, esto es, una debida delimitación del quantum de la tasa judicial; el juez penal declaró improcedente el recurso de apelación (de sentencia) promovido por el tercero civilmente responsable.

3.4. De lo expuesto, se colige de los presentes actuados que se vulneró el derecho de defensa y debida motivación de resolución judiciales y, con ello, el debido proceso, por lo que este Colegiado Supremo considera que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado hasta la resolución que denegó la apelación promovida por Luis García Miró Elguera –tercero civilmente responsable– (foja 552); así, resulta imperativo que el Juzgado Penal emita nueva resolución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido por el fiscal supremo en lo penal, declararon: NULO TODO LO ACTUADO hasta la resolución del seis de marzo de dos mil diecisiete (foja 552), que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el tercero civilmente responsable Luis García Miró Elguera contra la sentencia del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis; en el proceso llevado a cabo en contra de JUAN JOSÉ ZÚÑIGA HUAMANÍ por el delito de difamación agravada, en perjuicio de MARÍA LEONOR PACHAS ARIAS. DISPUSIERON que el Juzgado Penal correspondiente emita nueva resolución. Hágase saber a las partes apersonadas en esta suprema instancia, y se devuelvan los actuados a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ejecutoria y se archive el cuadernillo.


1 Por el principio de taxatividad de los recursos o de configuración legal.

2 Por escrito del seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 379).

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

 

Pin It on Pinterest