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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2277-2018
AYACUCHO

IN DUBIO PRO REO

Sumilla. El principio de in dubio pro reo busca garantizar la aplicación del derecho penal sin contravención del derecho fundamental de la libertad personal. Es por ello, que el proceso penal se rige por el concepto de certeza probatoria para determinar la responsabilidad penal de un sujeto imputado; así, pese a la existencia de elementos probatorios que acreditarían la configuración de un delito, de no resultar ser suficientes, amerita que se dicte la absolución por duda razonable.

Lima, catorce de agosto de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del sentenciado JORGE ESPINOZA CRISÓSTOMO, contra la sentencia del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 475), emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte de Justicia de Ayacucho, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio, en su modalidad de robo con agravantes, previsto en el artículo 188, concordado con los incisos 2, 3 y 4, primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal, en perjuicio de Fredy Víctor Riveros y otros, y como tal le impuso diez años de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene. Oído los informes de hechos y oral.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

AGRAVIOS FORMULADOS EN LOS RECURSOS DE NULIDAD

PRIMERO. La defensa técnica del sentenciado Jorge Espinoza Crisóstomo, en su recurso de nulidad del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 511), solicitó se declare nula la sentencia condenatoria y reformándola se lo absuelva. Señaló como agravios los siguientes:

1.1. La agraviada Nery Sicha Retamozo no lo sindicó como uno de los participantes en el robo. Si bien, esta testigo lo reconoció en la diligencia de reconocimiento fotográfico; sin embargo, el acta correspondiente no se incorporó al proceso. Y, el agraviado Fredy Víctor Riveros Espinoza lo identificó en la rueda de reconocimiento solo porque previamente lo vio en la sala de audiencias, donde recién tomó conocimiento de que era procesado por el delito en su agravio.

1.2. Pese a que se encontró su billetera y documento de identidad en el domicilio de Juan Carlos de la Cruz –menor que fue imputado de participar del ilícito de robo con agravantes–, no puede presumirse que participó junto a él en este delito. Tal situación obedeció a que en noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se encontró con el sentenciado en la fiesta patronal de Yauli, y al quedarse dormido su billetera desapareció, incluso se interpuso una denuncia; sin embargo, por la fecha han transcurrido más de diecinueve años y no se cuenta con copia de la misma.

1.3. La Sala Penal Superior no valoró adecuadamente las planillas laborales que acreditan que el día de los hechos –once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve– no estuvo en la ciudad de Huanta; por el contrario se encontraba en el distrito de Yauli, donde laboraba en la municipalidad. Presentó como nuevo medio probatorio, la Carta N.° 122-2018-SGP/MDY/HVCA, del veintinueve de octubre de dos mil dieciséis, donde se aclaró que el laboró como personal administrativo en el Programa Vaso de Leche, Municipalidad de Yauli, Huancavelica, en el período de agosto a diciembre de mil novecientos noventa y nueve y enero de dos mil.

1.4. Fue condenado como autor del delito de robo con agravantes; cuando en realidad, si se afirmó la pluralidad de agentes, se debió sostener la coautoría.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

SEGUNDO. Conforme la acusación fiscal escrita (foja 258) y ratificada en la requisitoria oral (foja 468), el once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve a las cero horas con treinta minutos, tres sujetos premunidos de un revólver y armas punzocortantes interceptaron a Freddy Víctor Riveros Espinoza y Nery Sicha Retamozo, por inmediaciones de la cuadra cuatro del jirón Ayacucho, Huanta, a quienes les sustrajeron ciento veinte soles y una cadena de plata. Los agraviados de manera inmediata se dirigieron a la comisaría a denunciar los hechos, donde personal de la PNP-Huanta se dirigió a la captura de los sujetos, y logró capturar a Juan Carlos de la Cruz Crisóstomo, cuando otros de sus codenunciados asaltaban a un tercer agraviado identificado como Luis Orlando Contreras Muñoz.

En la comisaría, De la Cruz Crisóstomo fue reconocido por los tres agraviados como uno de los tres sujetos que los victimaron. Así, el citado imputado, en su manifestación –foja 12 con presencia fiscal– aceptó los cargos y afirmó que estos fueron cometidos en compañía de Richard de la Cruz y Jorge Espinoza Crisóstomo (recurrente).

Por lo referido, se acusó a Espinoza Crisóstomo como autor del delito de robo con agravantes previsto en el artículo 188 concordado con los incisos 2, 3 y 4, primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal (CP). Se solicitó se le imponga diez años de pena privativa de libertad –sanción mínima de la ley penal más favorable–.

FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR

TERCERO. La Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho emitió sentencia el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 475), y condenó a Jorge Espinoza Crisóstomo como autor del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo con agravantes –artículo 188 concordado con los incisos 2, 3 y 4, primer párrafo, del artículo 189, del CP– y se le impuso diez años de pena privativa de libertad. Concluyó que su responsabilidad penal, está probada con las declaraciones de los agraviados Nery Sicha Retamozo y Freddy Víctor Riveros Espinoza –fundamentos jurídicos 3.2. y 3.1.– y del menor imputado Juan Carlos de la Cruz Crisóstomo1 –fundamento jurídico 3.3.– el mismo que cumplió con los requisitos previstos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

CUARTO. Para el desarrollo del presente caso, resulta necesario considerar qué pruebas sustentan la condena del recurrente Espinoza Crisóstomo; pues solo a través de aquellas válidamente actuadas, el juez puede tomar conocimiento de lo sucedido y generarse convicción sobre la responsabilidad penal del procesado. Esta debe ser construida por una actuación probatoria suficiente, sin la cual no es posible revertir la inicial presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano, conforme con la garantía prevista por el parágrafo e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política del Estado.

QUINTO. Asimismo, cabe advertir que lo que entra en discusión bajo el presente recurso de nulidad es solo la responsabilidad penal del recurrente, mas no la comisión del delito. En ese sentido, corresponde determinar si la valoración de la prueba de cargo realizada por la Sala Penal fue correcta; y si la prueba de cargo fue suficiente para sustentar una condena. Al respecto, valoró:

5.1. La declaración de la agraviada Nery Sicha Retamozo a nivel preliminar (foja 07), quien narró los hechos y solo reconoció a Juan Carlos de la Cruz Crisóstomo, como uno de sus atacantes. Es decir, no reconoció a Jorge Espinoza Crisóstomo –recurrente–; por lo que, no constituye prueba válida para demostrar su responsabilidad penal. Asimismo, valoró su declaración preventiva (foja 84); sin considerar que la misma carece de valor probatorio ya que se declaró nulo todo lo actuado respecto al proceso de Jorge Espinoza Crisóstomo de fojas 21 a 151, mediante la Resolución s/n, del diecisiete de noviembre de dos mil seis –obrante a foja152–2. De igual forma, se señaló como prueba el reconocimiento fotográfico (foja 18); sin embargo, el mismo al no encontrarse apoyado en un declaración que evidencie que la agraviada pudo visualizar a sus agresores, no es suficiente. Tanto más, si a nivel de juicio oral –sesión del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho obrante a foja 445–, en la diligencia de reconocimiento, no identificó al recurrente como uno de sus agresores.

Por lo referido, ninguna de las declaraciones vertidas por la agraviada Sicha Retamozo, puede demostrar o brindar indicios de la responsabilidad penal del recurrente.

5.2. La declaración del agraviado Freddy Víctor Riveros Espinoza, a nivel preliminar (foja 08), quien narró los hechos e identificó a uno de sus agresores como un sujeto gordo que vestía pantalón jean y llevaba un revólver. Sin embargo, lo detallado no vincula al recurrente, pues conforme los hechos, existió más de un agresor y las características brindadas son genéricas. Asimismo, se citó su declaración preventiva (obrante a foja 52) la misma que no puede ser valorada, ya que como se indicó es nula, de conformidad con la Resolución s/n antes citada. Por último, se hace referencia a su declaración en juicio oral brindada en la sesión del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (foja 445), donde brindó características genéricas de sus agresores, y afirmó poder reconocerlos si es que los veía. En dicha circunstancia, reconoció al recurrente en la diligencia de reconocimiento. En este extremo cabe precisar, que el reconocimiento brindado no cuenta con suficiente credibilidad y debe ser valorado con cautela; puesto que, conforme lo han detallado los mismos agraviados, los hechos se suscitaron a la medianoche, en un lugar de poca iluminación y hace más de diecinueve años.

Por lo cual, se concluye que las declaraciones brindadas por el agraviado y su reconocimiento respecto del sentenciado no demuestran su responsabilidad penal, a lo sumo, brinda un indicio que para ser prueba válida debe cumplir con otros requisitos, que en el presente caso no se evidencian3.

5.3. La declaración preliminar del menor Juan Carlos de la Cruz Crisóstomo (foja 12) en la que indicó, que en el hecho delictivo que cometió, participó el recurrente (además de otro sujeto de identidad no determinada) quien rebuscó a la agraviada. Si bien, es una declaración incriminatoria, de conformidad con el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ- 116 4, cuando un coimputado declara sobre un hecho de otro coimputado, y que a la vez se trata de hechos propios ya que ellos mismos los han cometido conjuntamente, su condición no es asimilable a la de testigo, aun cuando es de reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar la convicción judicial; por lo que, corresponde valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de credibilidad – no de mera legalidad–.

5.4. Así, en el presente caso existen datos relevantes que restan valor probatorio a la referida declaración preliminar para ser suficiente prueba de cargo y demostrar la responsabilidad penal del recurrente. En principio, esta es la única declaración incriminatoria, que se sustenta en el acta de registro domiciliario (foja 15) efectuado en su inmueble, donde se encontró el documento nacional de identidad (DNI) del sentenciado. Sin embargo, en dicho extremo, el sentenciado ha manifestado que tanto la declaración incriminatoria como el hallazgo de su DNI, obedece a que, un mes antes de los hechos –es decir, en noviembre de mil novecientos noventa y nueve–, se encontró con el citado menor, con ocasión de una fiesta patronal en Yauli, Huancavelica, cuando al quedarse dormido perdió su DNI, y presumió que De la Cruz Crisóstomo se lo había hurtado junto con su billetera, lo que produjo un altercado entre ellos.

5.5. Con el fin de probar su versión, el sentenciado refirió que presentó una denuncia por pérdida de su DNI, pero no puede otorgar constancia de la misma por el tiempo transcurrido. Al respecto, se verifica que presentó la constancia policial del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 502), en la que el comisario distrital de Yauli, Huancavelica, indicó que en efecto, no es posible entregar copia certificada de la referida denuncia, ya que por el tiempo transcurrido toda la información que data de esa fecha ha sido desechada, por lo cual, se genera duda, respecto a las razones por las que el DNI del sentenciado se encontró en el domicilio del menor.

5.6. Asimismo, el sentenciado negó su responsabilidad y afirmó que el día de la comisión del ilícito, laboraba en el distrito de Yauli, Huancavelica, lugar diferente a donde ocurrieron los hechos, distrito de Huanta, Ayacucho. Presentó como prueba de ello, la constancia de trabajo de la referida entidad edil (fojas 509 a 510). Por último, el menor que inicialmente lo sindicó no prestó declaración en juicio oral que pueda evidenciar una incriminación persistente.

SEXTO. El principio de in dubio pro reo tiene rango constitucional, que rige en el Derecho Procesal Penal previsto en el inciso 11, artículo 139, de la Constitución Política del Perú, que establece textualmente que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional […] la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflictos entre leyes penales”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

[…] El in dubio pro reo no es un derecho subjetivo. Se trata de un principio de jerarquía constitucional cuyo fin es garantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual, sea para resguardar su plena vigencia, sea para restringirlo de la forma menos gravosa posible, en el correcto entendido de que tal restricción es siempre la excepción y nunca la regla5.

SÉTIMO. Mediante el citado principio se busca garantizar la aplicación del derecho penal sin contravención del derecho fundamental de la libertad personal. Es por ello, que el proceso penal se rige por el concepto de certeza probatoria para determinar la responsabilidad penal de un sujeto imputado, y como consecuencia impone una sanción. En esa línea argumentativa, se verifica que en el presente caso no existen suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad penal de Espinoza Crisóstomo; por tanto, al no existir certeza jurídica, corresponde declarar su absolución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte de Justicia de Ayacucho, que condenó a Jorge Espinoza Crisóstomo como autor del delito contra el patrimonio, en su modalidad de robo con agravantes, previsto en el artículo 188, concordado con los incisos 2, 3 y 4, del primer párrafo, artículo 189, del Código Penal, en perjuicio de Freddy Víctor Riveros Espinoza, Luis Orlando Contreras Muñoz y Nery Sicha Retamozo, y como tal le impuso diez años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el siete de junio de dos mil dieciocho, vencerá el seis de junio de dos mil veintiocho; asimismo, al pago de trescientos soles como reparación
civil; con lo demás que contiene. Y, REFORMÁNDOLA, lo absolvieron de la imputación fiscal por el delito antes citado y de la reparación civil impuesta.

II. ORDENARON la inmediata libertad de Jorge Espinoza Crisóstomo, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente; en consecuencia, OFÍCIESE a la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte de Justicia de Ayacucho, a fin de concretar su libertad.

III. DISPONER la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en contra del antes citado, como consecuencia del presente proceso; y el ARCHIVO en forma definitiva de los actuados. Hágase saber; y los devolvieron.

Interviene el juez supremo Castañeda Espinoza por licencia de la jueza suprema Barrios Alvarado.


1 Mediante la Resolución N.° 15, del 18 de enero de 2000 –obrante a foja 100– se ordenó el corte de la secuela del proceso seguido contra Juan Carlos de la Cruz Crisóstomo seguido por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Fredy Víctor Riveros Espinoza y otros; en atención a que al momento de los hechos, este era menor de edad.

2 El 15 de noviembre de 2001, se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional N.° 005-2001/AITC, que declaró inconstitucional el Decreto Legislativo N.° 827, que establecía la sumariedad del trámite judicial de los delitos agravados determinados en el Decreto Legislativo N.° 896.

3 Cfr. el Recurso de Nulidad N.º 409-2018-Pasco, del 25 de julio de 2018, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

4 Del 30 de setiembre de 2005. Asunto: requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado, fj. 8.

5 STC. Expediente N.° 2103-2003-HC/TC, Caso Méndez Conde, fj. 4.

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