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TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS: Cadena de indicios graves e interrelacionados.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO NULIDAD N.° 2073-2018/LAMBAYEQUE
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Cadena de indicios graves e interrelacionados

Sumilla. No solo se tiene que el encausado (i) se encontraba en el predio donde se halló la droga y en cuyo terreno se cultivaba amapola, en medio de cultivos de café, plátanos y maíz (indicio de presencia); sino que, además, (ii) la coartada que aportó no es razonable –expresar que llegó repentinamente a un lugar de difícil acceso y en presencia de desconocidos para pedir alojamiento no tiene sustento¬ (indicio de mala justificación); (iii) el condenado, dueño del predio allanado, en juicio oral señaló que el imputado trabajaba en su casa en la elaboración de droga desde hacía tres meses, y que incluso en otras ocasiones anteriores habían hecho lo mismo, aun cuando en sede preliminar y sumarial refirió, que pese a no conocerlo le dio posada, por lo que, no pagó nada, explicación que brindó porque le dijeron que lo iban a sacar de prisión (indicio de co-imputación); y, (iv) registra condena por similar delito, más allá de que ese hecho fue posterior al presente delito (indicio de capacidad moral). Se trata de una cadena de indicios, graves e interrelacionados entre sí, sin que conste prueba en contrario. Luego, el juicio de culpabilidad es fundado.

Lima, veintidós de julio de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado HILARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ contra la sentencia de fojas quinientos ochenta y cinco, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, que lo condenó como autor del delito de tráfico ilícito de drogas con agravantes en agravio del Estado a quince años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa y diez años de inhabilitación, así como al pago solidario de mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS

PRIMERO. Que la defensa del encausado Jiménez Jiménez en su recurso formalizado de fojas seiscientos doce, de doce de setiembre de dos mil dieciocho, instó la absolución de los cargos. Alegó que su patrocinado llegó al inmueble intervenido un día antes y pidió posada porque se dirigía al caserío Huayabal para trabajar en la cosecha de café; que su defendido siempre expresó ser ajeno y no conocer de la droga decomisada; que la coimputación del titular del predio allanado, y no condenado por estos hechos, prestada en el acto oral no tiene corroboración alguna.

SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que, por acciones de inteligencia, la Policía Nacional tomó conocimiento que en el caserío El Chaupe, provincia de San Ignacio – Cajamarca algunos pobladores se dedicarían a la siembra y cultivo de plantaciones de amapola, así como al procesamiento de látex y amapola–opio para su posterior comercialización. Es así que el día dos de setiembre de dos mil cuatro se incursionó en ese caserío, en la vivienda del condenado Hilario Guevara Nayra, en cuyo interior se encontró a él y a Regino Guevara Nayra, Álvaro Oblitas Fernández, Ramiro Oblitas Fernández e Hilario Jiménez Jiménez. Al efectuar el registro del predio se descubrió doscientos setena y dos punto doscientos seis kilogramos de látex y opio, dieciocho mil setecientos ochenta y seis kilogramos de alcaloide de opio y tres mil ochocientos ochenta y dos semillas de amapola, así como a unos metros de la vivienda se ubicó tres hectáreas de terreno con plantaciones de amapola.

TERCERO. Que el corpus delicti se acredita, primero, con los dictámenes químicos de fojas ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y siete; y, segundo con las actas de fojas treinta y siete y de fojas cuarenta y ocho.

Con anterioridad fueron condenados todos los intervenidos, salvo el recurrente Jiménez Jiménez [véase sentencias de fojas trescientos y trescientos doce, y de fojas cuatrocientos ochenta y dos].

CUARTO. Que el encausado Jiménez Jiménez protestó inocencia. Sostuvo que se dedica a la agricultura y también trabaja como peón; que no conocía a las personas que fueron capturadas con él; que llegó al domicilio de Guevara Nayra para pedir posada; que desconoce la procedencia de la droga y quién es el propietario; que con posterioridad a estos hechos fue condenado por delito de tráfico ilícito de drogas [fojas treinta y tres, cien y quinientos cincuenta].

QUINTO. Que, sin embargo, no solo se tiene que el imputado Jiménez Jiménez (i) se encontraba en el predio donde se halló la droga y en cuyo terreno se cultivaba amapola, en medio de cultivos de café, plátanos y maíz (indicio de presencia); sino que, además, (ii) la coartada que aportó no es razonable – expresar que llegó repentinamente a un lugar de difícil acceso y en presencia de desconocidos para pedir alojamiento no tiene sustento– (indicio de mala justificación); (iii) el condenado Guevara Nayra, dueño del predio allanado, en juicio oral señaló que el imputado Jiménez Jiménez trabajaba en su casa en la elaboración de droga desde hacía tres meses, y que incluso en otras ocasiones anteriores habían hecho lo mismo [fojas cuatrocientos sesenta y siete y quinientos cincuenta y tres], aun cuando en sede preliminar y sumarial refirió, que pese a no conocerlo le dio posada, por lo que no pagó nada, explicación que brindó porque le dijeron que lo iban a sacar de prisión (indicio de coimputación); y, (iv) registra condena por similar delito, más allá de que ese hecho fue posterior al presente delito (indicio de capacidad moral) [certificado de antecedentes de fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro].

Se trata de una cadena de indicios, graves e interrelacionados entre sí, sin que conste prueba en contrario. Luego, el juicio de culpabilidad es fundado.

SEXTO. Que, de otro lado, se impuso al citado encausado el mínimo legal de la pena privativa de libertad (quince años) y de la pena de multa (ciento ochenta días multa) –artículo 297 del Código Penal, según la Ley 28002, de diecisiete de junio de dos mil tres–, pero se le aplicó una inhabilitación no compatible con este parámetro, sin justificación alguna ni juicio de proporcionalidad alternativo. Por tanto, debe disminuirse la referida pena al mínimo legal: seis meses, conforme al texto originario del artículo 38 del Código Penal.

En cuanto a la pena privativa de libertad, solo se descontó el primer tramo de una privación procesal de la libertad, no así el segundo tramo, desde que se le volvió a dar ingresó en la cárcel; esto es, desde el veintiuno de agosto de dos
mil diecisiete [auto de fojas quinientos seis]. Ese tiempo también debe ser descontado.

DECISIÓN

Por estos motivos, de conformidad en parte con el dictamen de la señora Fiscal Adjunta Suprema en lo Penal: I. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas quinientos ochenta y cinco, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en cuanto condenó a HILARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ como autor del delito de tráfico ilícito de drogas con agravantes en agravio del Estado a quince años de pena privativa de libertad y ciento ochenta días multa, así como al pago solidario de mil soles por concepto de reparación civil. II. Declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en la parte que le impuso diez años de inhabilitación; reformándola: le IMPUSIERON seis meses de inhabilitación. III. Declararon HABER NULIDAD en el extremo que estableció que solo se descontará cinco meses y veinte días que estuvo como preso preventivo; reformándolo: DECRETARON que asimismo debe agregarse a tal descuento la carcelería que viene sufriendo desde el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; en consecuencia, con descuento de la carcelería preventiva que sufrió la pena privativa de libertad vencerá el veintiocho de febrero de dos mil treinta y dos. IV. Declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del recurso. V. DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal de origen que se inicie ante el órgano jurisdiccional competente el proceso de ejecución procesal de la sentencia condenatoria. HÁGASE SABER a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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