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ROBO CON AGRAVANTES: Absolución duda razonable.
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Robo agravado. La duda razonable como regla constitucional de juicio que impide dictar condena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2184-2018
LIMA

ROBO AGRAVADO

Sumilla. La sindicación del agraviado, en contra de la recurrente, no es uniforme ni coherente, en relación con su identificación. Tampoco, cuenta con elemento periférico, que acredite que los hechos narrados se hayan producido, conforme a lo narrado por el agraviado, dado que en el reconocimiento médico legal que se le practicó, manifestó haber sido objeto de agresión física. Por consiguiente, nos encontramos ante una duda razonable que, como regla de juicio, impide concluir que se superó el estándar necesario de prueba para emitir una condena.

Lima, siete de noviembre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la procesada JACKELINE ELENA VILLALOBOS ESPINOZA, contra la sentencia del dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima –de página doscientos ochenta–, en el extremo que la condenó como autora del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, prescrita en el artículo ciento ochenta y ocho, concordante con la agravante de los numerales uno, tres, cuatro y siete, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal, en perjuicio de Roberto Canales Lizarbe, a doce años de pena privativa de la libertad efectiva, que computada desde el quince de abril de dos mil dieciocho –conforme a la papeleta de detención de página ciento setenta y tres–, vencerá el catorce de abril de dos mil treinta, y al pago de mil soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar la sentenciada, a favor de los herederos legales del agraviado Roberto Canales Lizarbe.

Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se atribuyó a la imputada Jackeline Elena Villalobos Espinoza, que el diecinueve de abril de dos mil dos, siendo las dieciséis horas con treinta minutos aproximadamente, haber ingresado al inmueble del agraviado Roberto Canales Lizarbe con el sujeto conocido como Camote.

Ello, habría ocurrido, cuando el citado agraviado, se encontraba con la puerta de su casa, semiabierta, momento en que dos sujetos, uno de sexo masculino, llamado Miguel Adolfo Vivanco Medrano, alias Camote (fallecido) y la otra de sexo femenino, la imputada Jackeline Elena Villalobos Espinoza, ingresaron al inmueble y aprovechándose de la discapacidad física del agraviado Roberto Canales Lizarbe, lo golpearon.

En dicho lapso, el agraviado era amenazado por Vivanco Medrano, con el cuchillo que portaba, mientras que la imputada Villalobos Espinoza, ingresó al interior, rebuscando entre sus pertenencias, y del cajón de la máquina de coser, y sustrajo cuatro mil quinientos soles, así como la suma de mil ciento setenta y dos soles, producto de su pensión que había cobrado días antes, por su condición de policía retirado.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

3. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria, sobre la base de los siguientes argumentos:

3.1. La declaración incriminatoria del agraviado Roberto Canales Lizarbe, cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116.

3.1.1. En relación con el presupuesto de incredibilidad subjetiva. Entre la víctima y la imputada, no existía ningún tipo de vínculo, al no haberse conocido hasta ocurrido el evento. Así, lo señaló el agraviado, a nivel policial y sumarial. Entonces, no se advierte que haya existido móvil de odio, rencor, resentimiento o similar que justifique la incriminación en su contra.

3.1.2. También, concurren los presupuestos de verosimilitud y persistencia en la incriminación. La sindicación del agraviado a nivel policial y sumarial, han sido uniforme y coherente, y si bien no concurrió a juicio oral, es porque falleció.

Se adiciona elementos periféricos, como el certificado médico legal, que se le practicó, que acreditan la violencia ejercida en su contra y el acta de reconocimiento, donde el agraviado reconoció a la sentenciada, como la autora de los hechos en su agravio.

También, está la declaración testimonial del efectivo policial Omar Muchotrigo Deliot, quien manifestó haberle tomado la declaración al agraviado y formulado el acta de reconocimiento con una sola foto, porque así se practicaba en dicha época.

3.1.3. La versión de la sentenciada en el sentido que el agraviado, quería defenderla de la agresión que le ocasionaría su pareja, conocido como Camote, quien es el hoy fallecido Vivanco Medrano, no tiene respaldo. También, la versión de desconocer del proceso, se desvirtúa con el hecho que este se inició en el año dos mil dos, y se dictó mandato de prisión preventiva, medida que fue impugnada por la citada.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

4. La sentenciada Jackeline Elena Villalobos Espinoza interpuso recurso de nulidad de páginas doscientos noventa y siete y lo fundamentó en página doscientos noventa y nueve. Sostiene, que la declaración del agraviado, no cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02- 2005/CJ-116. Alegó los motivos siguientes:

4.1. No concurre el presupuesto de incredibilidad subjetiva. El día de los hechos, conversaba en la puerta del inmueble con el agraviado -a quien conoció por intermedio de su prima Jannet Garay Huamán, con quien salía el agraviado-, momento en que, llegó Miguel Adolfo Vivanco Medrano, alias Camote -quien es su pareja, y procreó un hijo-. Señaló que él, la buscaba para pegarle por celos, la jaloneó y el agraviado la defendió con su bastón, ante lo cual, su pareja reaccionó y lo golpeó. Entonces, el agraviado la denuncia a ella, porque no le brindó los nombres de su pareja al agraviado.

4.2. Tampoco, concurre el presupuesto de verosimilitud y persistencia en la incriminación. El agraviado Roberto Canales Lizarbe, a nivel policial, señaló haber sido amenazado con un cuchillo por Miguel (a) Camote, mientras que la imputada lo golpeó en la cabeza con un ladrillo; sin embargo, en el sumario, señaló que solo fue amenazado; no obstante, estas lesiones no guardan coherencia con certificado médico legal, que se le practicó al agraviado.

4.2.1. Las lesiones que presentó el agraviado, es porque se cayó de espaldas y por su minusvalía (paraplejia meningomielitis ictiología no determinada), le impidió tener movimiento. Ahora, las lesiones de la frente, se dio por el puñete que le propinó su pareja por celos.

4.2.2. El acta de reconocimiento físico, la elaboró el efectivo policial Omar Muchotrigo, el veintiséis de octubre de dos mil diez, después de seis meses de ocurrido los hechos, tiempo suficiente para solicitar la presencia fisca y garantizar la legalidad de la misma.

4.3. En relación con la reparación civil, al no haberse probado su responsabilidad penal, no le corresponde fijar el monto de reparación civil.

CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS MATERIA DE CONDENA

5. El delito de robo agravado, prescrito en el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal, sanciona al agente que: “[…] se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física […]”, concordado con el primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal, modificado por el artículo uno de la Ley N.° 27472, del cinco de junio de dos mil uno, prescribe: “La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: 1. En casa habitada. […] 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas. […] 7. En agravio de menores de edad o ancianos”.

6. El bien jurídico protegido en el delito de robo es de naturaleza pluriofensiva, toda vez que no solo protege el patrimonio, sino además la integridad personal.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

7. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

8. Los motivos de impugnación de la recurrente, se basan en sostener que en la sindicación del agraviado Roberto Canales Lizarbe, no concurren los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116. Por ello, este Supremo Tribunal, analizará el control racional del razonamiento que realizó la Sala de Mérito para constatar si se cumple con el estándar exigible para arribar a una condena o si por el contrario se ampara el reclamo de la recurrente.

9. Es preciso destacar que en el delito de robo agravado resulta clave la declaración del agraviado, según sea pertinente e idónea en cada caso concreto, de ello dependerá la descripción de la forma y circunstancias en las que se habrían producido los hechos, que en el caso concreto, es lo que cuestiona la impugnante.

10. Para evaluar la sindicación inicial del agraviado Roberto Canales Lizarbe, se tendrá en cuenta los parámetros establecidos con carácter vinculante por este Supremo Tribunal en el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ- 116, del treinta de setiembre de dos mil cinco, que establece que la declaración de la víctima, es admitida como prueba de cargo hábil para enervar la presunción de inocencia del imputado, pero sujeta a garantías, al momento de su valoración.

11. Los criterios de valoración o garantías de certeza son: a) ausencia de incredibilidad subjetiva; b) verosimilitud; y c) persistencia en la incriminación de la víctima, que incluye la existencia de corroboraciones periféricas a esa declaración incriminatoria; parámetros mínimos de contraste establecidos como pautas lógicas y criterios orientados a la racionalidad de su valoración con el resto de medios probatorios.

12. Veamos, el agraviado Roberto Canales Lizarbe, en su declaración brindada a nivel policial, de página siete, del veintiséis de octubre de dos mil dos, a las ocho horas (es decir, después de seis meses de ocurrido los hechos) y sin presencia fiscal, narró, que tiene setenta y tres años de edad, es retirado de la Policía Nacional del Perú, percibe su pensión por minusvalía. Y en relación con el día y hora de los hechos, relató que estaba con la puerta semiabierta de su domicilio, circunstancia en la que de manera sorpresiva, aparecieron dos sujetos, uno de sexo masculino, conocido como Camote, identificado como Miguel Adolfo Vivanco Medrano, quien lo amenazó con un cuchillo, y otra de sexo femenino –a quien reconoce posteriormente como la imputada–, lo golpeó con un ladrillo en la cabeza, cayendo al suelo, donde lo siguieron lastimando.

Añadió, que la encausada Villalobos Espinoza, ingresó a su habitación, rebuscó entre sus pertenencias, y ambos se apoderaron de la suma de cuatro mil quinientos soles, y mil ciento setenta y dos soles, que tenía ocultos en su gaveta en su máquina de coser, luego de lo cual, se dieron a la fuga. También, señaló que identificó a la imputada, luego de haber hecho las averiguaciones, y conoció que vivía en el barrio Miraflores de Vitarte, con el sujeto conocido como Camote, quien era mototaxista.

13. Es el caso, que el mismo día de los hechos, a las nueve horas, se realizó el acta de reconocimiento de página diez, sin presencia fiscal, oralizada en el plenario, en la sesión de página doscientos setenta y tres, donde brindó las características físicas de la fémina, y la describió como una persona que mide un metro cincuenta y cinco de estatura, contextura regular, tez clara, cabellos lacios ondulados, veintidós años y carece de dentadura en la parte del maxilar anterior superior (parte de afuera) y la identificó vía ficha de Reniec por sus nombres y apellidos.

14. Esta versión de la forma y circunstancias antes descritas, en relación con la participación de la encausada Jackeline Elena Villalobos Espinoza, la reiteró en el sumario, el siete de enero de dos mil dos –siendo lo correcto dos
mil tres–, de página veinticinco.

15. Es de precisar, que el artículo sesenta y dos del Código de Procedimientos Penales, prescribe: “La investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad, por los jueces y tribunales […]”. Entonces, por sí solos los actos preliminares de declaración policial y acta de reconocimiento realizada por el agraviado Roberto Canales Lizarbe, sin presencia fiscal, no tienen idoneidad probatoria, porque carecen de legalidad en su actuación, salvo que con otras pruebas incorporadas legítimamente en el plenario, se corrobore la veracidad del relato.

16. Veamos, las lesiones que sufrió el agraviado Roberto Canales Lizarbe, están descritas en el Certificado Médico Legal N.° 005648-L, practicado el veinte de abril de dos mil dos; es decir, un día después de los hechos –oralizado en el plenario de página doscientos setenta y tres–, aparece: “Data, refiere agresión física el 19.4.2002, y al examen médico presentó diversas heridas contusas, ocasionado por objeto con punta y/o filo”, prescribiéndole tres días de atención facultativa y nueve de incapacidad médico legal. Es decir, estas lesiones son compatibles con las lesiones que el agraviado refiere haber sufrido. Ahora, queda determinar si la encausada, fue la autora de los hechos y cómo es que fue identificada por sus nombres y apellidos por el agraviado.

17. Como se anotó, en los actos de investigación preliminar, se practicó su declaración policial, y el acta de diligencia de reconocimiento de página diez, el veintiséis de octubre de dos mil dos, ambas, luego de casi seis meses de ocurrido los hechos, y sin presencia fiscal, donde el agraviado Roberto Canales Lizarbe, reconoció a la impugnante Jackeline Elena Villalobos Espinoza, describiendo sus características físicas y por ser la persona que en complicidad con el sujeto conocido como Camote, le sustrajo su dinero.

18. Entonces, el elemento probatorio que vincularía a la recurrente es su identificación por parte del agraviado. Sucede que esta identificación, la realizó el agraviado, recién al brindar su declaración policial y acta de reconocimiento, el veintiséis de octubre de dos mil dos, a las ocho horas con nueve minutos, luego de casi cinco meses, y por indagaciones que realizó y como ya se dejó claro, estas se realizaron sin presencia del representante del Ministerio Público y aun cuando el efectivo policial Omar Muchotrigo Deliot, que redactó el acta de reconocimiento, declaró en el plenario, en la sesión de página doscientos sesenta y dos, que el agraviado realizó tal reconocimiento, ello no valida las deficiencias en que esta se realizó, sin presencia fiscal y las circunstancias en que identificó a la recurrente.

19. A ello, está que el referido agraviado, en la primera oportunidad que tuvo para poner en conocimiento de los hechos, del libro de denuncias, del diecinueve de abril de dos mil dos, a las dieciocho con veinte horas, conforma consta del numeral I, Información del Atestado Policial N.° 1259- 02-CMS.VITARTE-DEINPOL, de página uno, el agraviado, narró la forma y circunstancias, en que ocurrieron los hechos en su agravio, y brindó características generales de la imputada.

20. Ahora, se debe subrayar que pese a la incriminación antes anotada, está el certificado médico legal, descrito en el fundamento dieciséis, de la presente ejecutoria suprema, donde el agraviado, en la data señaló que los hechos fueron producto de una agresión física el diecinueve de abril de dos mi dos y no de los hechos que denuncia como robo.

21. Entonces, en esas condiciones lo actuado a nivel preliminar, declaración policial, acta de reconocimiento y denuncia policial, carece de validez probatoria y sobre todo porque no se informa cómo es que se llegó a identificar a la imputada por sus nombres y apellidos, conforme al acta de reconocimiento –que se realizó luego de casi seis meses de producido los hechos–, lo que reiteró a nivel sumarial y debe subrayarse que dicha información la da el agraviado, porque el mismo reconoce que hizo averiguaciones y conoció que fue la recurrente, con su pareja, quienes serían los autores de los hechos, en su agravio. Es decir, tal identificación tiene como fuente, la información que recibió de terceros no identificados y no de su propia observación en su condición de sujeto pasivo del delito materia de imputación.

22. Por otro, lado, si bien la imputada en el desarrollo del proceso, solo ha brindado su declaración en el plenario, el catorce de junio de dos mil dieciocho, es decir, después dieciséis años de los presuntos hechos, relató que en el año dos mil dos, su pareja era Miguel Adolfo Vivanco Medrano, alias Camote, con quien tiene dos hijos, de trece y cinco años de edad, y que los hechos no ocurrieron como lo narró el agraviado, en tanto que las lesiones que presentó el agraviado son las que corresponden, por el puñete que le propinó su pareja Miguel Adolfo Vivanco Medrano, conocido como Camote, en un escenario de celos, y la caída se dio por la discapacidad que padecía el agraviado.

23. Ante dicho escenario, no existe elemento probatorio que fortalezca la sindicación del agraviado en contra de la sentenciada Villalobos Espinoza. Tampoco, lo es la declaración policial, acta de reconocimiento y certificado médico legal del agraviado, siendo en esta última documental, como se anotó que el agraviado, solo refirió agresión física del diecinueve de abril de dos mil dos.

24. Por ello, si se tiene en cuenta que la prueba principal valorada por la Sala de Mérito es la sindicación del agraviado, y el acta de reconocimiento en contra de la recurrente, en las condiciones antes descritas, contrapuesta con el reconocimiento médico legal, donde el agraviado, señaló en la data agresión física. A ello, la negativa de la imputada, y no existen otros elementos que apoyen o fortalezcan la teoría del caso del Ministerio Público, y que permitan vincular objetivamente a la recurrente en los cargos atribuidos.

25. Por todo, este conjunto de singularidades en el caso, permite establecer que pese a la sindicación del agraviado, no reúnen los presupuestos de uniformidad, ni solidez, respecto a la identificación de la sentenciada, ni cómo es que sucedieron los hechos, conforme lo exige el acuerdo plenario en mención, ni el resto de elementos periféricos apoyan el esclarecimiento de la participación de la procesada.

26. Así, esta Sala Suprema, está ante una duda razonable que, como regla de juicio, impide concluir que se superó el estándar necesario de prueba para condenarla. Existe un equilibrio entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, y ante esa situación no cabe otra opción que estimar los agravios expuestos por la impugnante.

27. En consecuencia, no es posible desvirtuar el principio constitucional de presunción de inocencia de la acusada, prescrito en el artículo dos, numeral veinticuatro, literal e, de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo ocho punto dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo doscientos treinta y tres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso J. vs. Perú” y el artículo catorce, numeral dos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y corresponde absolverla de la acusación fiscal, de conformidad con lo prescrito por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima –de página doscientos ochenta– que condenó a JACKELINE ELENA VILLALOBOS ESPINOZA, como autora del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, prescrita en el artículo ciento ochenta y ocho, concordante con la agravante de los numerales uno, tres, cuatro y siete, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal, en perjuicio de Roberto Canales Lizarbe, a doce años de pena privativa de la libertad efectiva, que computada desde el quince de abril de dos mil dieciocho –conforme a la papeleta de detención de página ciento setenta y tres–, vencerá el catorce de abril de dos mil treinta, y al pago de mil soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar la sentenciada, a favor de los herederos legales del agraviado Roberto Canales Lizarbe; y, reformándola: la ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el citado delito y agraviado en mención.

II. ORDENARON que se proceda a la inmediata libertad de la procesada JACKELINE ELENA VILLALOBOS ESPINOZA, siempre y cuando no exista en su contra, orden o mandato de detención emanada por autoridad competente.

III.MANDARON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del presente proceso.

IV.DISPUSIERON el archivo definitivo, OFICIÁNDOSE a la Sala Superior correspondiente para tal efecto; y, los devolvieron.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por impedimento del juez supremo Prado Saldarriaga.

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