Absolución. Falta de persistencia de la declaración de la víctima
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Precisión sobre la evaluación de las garantías de certeza en la declaración de la agraviada
6 diciembre, 2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2359-2018
CAÑETE

ROBO AGRAVADO

Sumilla. Ante la insuficiencia de medios de prueba que respalden la tesis incriminatoria del titular de la acción penal y responsable de la carga probatoria, la presunción de inocencia del acusado se mantiene incólume.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado IDELFONSO BERNARDO LANDEÓN FLORES contra la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete –de página ochocientos catorce–, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, prescrito en el artículo ciento ochenta y ocho, del Código Penal, concordante con el artículo ciento ochenta y nueve, numerales tres, cuatro y cinco, del citado cuerpo legal, en agravio de Cosme Damián Postillón Quispe, a doce años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el doce de setiembre de dos mil dieciocho, vencerá el once de setiembre de dos mil treinta; y, fijaron en la suma de tres mil soles, por concepto de reparación civil, que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado. De conformidad con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se le atribuyó al imputado Idelfonso Bernardo Landeon Flores, que el treinta de diciembre de dos mil cuatro, a las dos horas aproximadamente, cuando el agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, solicitó el servicio de taxi a la empresa Virgen del Rosario, otorgándosele el servicio del vehículo de placa de rodaje SOO–364, conducido por Carlos Fredy López Quispe, quien llegó al punto de encuentro, lo recogió, avanzó una cuadra, donde es interceptado por dos sujetos que aparecieron intempestivamente, premunidos con arma de fuego. Los referidos sujetos, lograron parar la marcha del vehículo, se subieron a este, amenazaron y golpearon al agraviado, le exigieron que les entregue el dinero que llevaba, así le sustrajeron la suma de seis mil ochocientos soles, y su revólver personal. Luego, de ello, lo dejaron en el camino desnudo.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria bajo los siguientes argumentos:

2.1. La sindicación del agraviado, cumple con el Acuerdo Plenario N.° 02- 2005/CJ-116.

2.1.1. El presupuesto de incredibilidad subjetiva, no se advierte que exista entre el agraviado y el imputado, relaciones basadas en odio, rencor, resentimiento u similar que incidan en la parcialidad de su versión.

2.1.2. Los presupuestos de verosimilitud y persistencia en la incriminación, concurren. El agraviado ha brindado una versión coherente y uniforme de la forma y circunstancias de los hechos. Asimismo, brindó las características físicas de los asaltantes, y reconoció al imputado con el apelativo de Gringo.

2.1.3. Esta declaración se corrobora con elementos periféricos, tales como el Certificado Médico Legal N.° 003187-L, que acreditan las lesiones que le ocasionaron producto del hecho y la declaración de Carlos Fredy López Quispe, –conductor del vehículo que transportaba al agraviado–.

2.2. Y finalmente, el citado imputado, no acreditó con elemento probatorio idóneo, donde se encontraba el día y hora de los hechos.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El sentenciado Idelfonso Bernardo Landeón Flores, interpuso recurso de nulidad de página ochocientos veinticuatro, y fundamentado en página ochocientos veintiséis. Solicitó se le absuelva de la acusación fiscal y alegó los motivos siguientes:

3.1. No existen elementos probatorios que acrediten la sindicación del agraviado y la prueba actuada, no ha sido compulsadas debidamente.

3.2. La sindicación del agraviado, no cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116. Existen contradicciones en su versión, en relación con las características físicas del autor que cometió el hecho.

3.3. Tampoco, se acreditó la preexistencia del dinero sustraído.

CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS MATERIA DE CONDENA

4. El delito de robo agravado, prescrito en el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal1, sanciona al agente que: “[…] se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido […]”, concordado con los numerales tres, cuatro y cinco, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del citado cuerpo legal2, que prescribe: “La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: […] 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga […]”.

5. El bien jurídico protegido en el delito de robo es de naturaleza pluriofensiva, toda vez que no solo protege el patrimonio, sino además la integridad personal.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. Es materia de cuestionamiento por el impugnante Idelfonso Bernardo Landeon Flores, la sentencia que lo condenó como autor del delito de robo agravado. Por lo que, este Supremo Tribunal verificará si las premisas declaradas probadas se sostienen en la prueba actuada y si se justifica la decisión por decaimiento del principio de presunción de inocencia del recurrente.

8. El motivo tres punto uno de agravio del impugnante, está vinculado a cuestionar el presupuesto de verosimilitud y persistencia en la incriminación del agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, establecido en el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116. Sostuvo que no existe uniformidad en su versión, y se han hallado contradicciones en relación con la identificación del autor de los hechos, y no está corroborada con elemento probatorio alguno.

9. Es preciso, destacar que en el delito de robo agravado resulta clave la declaración del agraviado, según sea pertinente e idónea en cada caso concreto, de ello dependerá la descripción de la forma y circunstancias en las que se habrían producido los hechos y sobre todo la identificación del sujeto activo del ilícito, que en el caso concreto, es lo que cuestiona el impugnante.

10. Para evaluar la sindicación inicial del agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, se tendrá en cuenta los parámetros establecidos con carácter vinculante por este Supremo Tribunal en el Acuerdo Plenario N.° 02- 2005/CJ-116, del treinta de setiembre de dos mil cinco, que establece que la declaración de la víctima es admitida como prueba de cargo hábil para enervar la presunción de inocencia del imputado, pero sujeta a garantías, al momento de su valoración.

11. Los criterios de valoración o garantías de certeza son: a) ausencia de incredibilidad subjetiva; b) verosimilitud; y c) persistencia en la incriminación de la víctima, que incluye la existencia de corroboraciones periféricas a esa declaración incriminatoria; parámetros mínimos de contraste establecidos como pautas lógicas y criterios orientados a la racionalidad de su valoración con el resto de medios probatorios. En el presente caso, el impugnante no ha cuestionado los criterios de ausencia de incredibilidad subjetiva, sino solos presupuestos de verosimilitud y persistencia en la incriminación.

12. Veamos, el agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, brindó su declaración policial, el treinta de diciembre de dos mil cuatro, a las diecisiete horas; es decir, el mismo día de los hechos, sin presencia del representante del Ministerio Público.

Narró, que el día y hora de los hechos, llamó por teléfono a la empresa de taxi Virgen del Rosario, solicitó el servicio de taxi, le brindaron el del número veintiocho, que le correspondía al sentenciado absuelto López Quispe, que demoró cerca de veinte minutos en llegar. Se subió al vehículo, lo trasladó por una ferretería, y al salir hacia la pista, aparecieron dos personas, uno de ellos, se recostó en el capot del vehículo, lo que ocasionó que el chofer se detuviera, mientras que el segundo aprovechó para ingresar por la puerta izquierda, lo agredió con una piedra en la cabeza, y el otro sujeto también ingresó por la puerta derecha, lo obligaron a poner su cabeza en el piso, mientras que el otro rebuscaba sus pertenencias.

En relación con las características físicas, señaló que logró ver a uno de ellos, que tenía la cara delgada, cabello lacio corto, de contextura delgada, estaba con una gorra de lana y vestido con chompa gris, y al otro no lo vio.

13. El agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, en su ampliación de declaración policial, de página diecisiete, del diecisiete de febrero de dos mil cinco –realizada después de casi de dos meses de ocurrido los hechos–, y también sin presencia del representante del Ministerio Público. Relató que realizó las averiguaciones y tomó conocimiento que los autores del hecho en su agravio son Idelfonso Landeon Flores, alias Gringo o Pollo, Pánfilo Palomino, alias Chiqui, quien vive en el lugar conocido como Cerro Cocharcas y el chofer de la camioneta que lo trasladó Fredy López Quispe, identificó en dicho acto al recurrente Landeón Flores, por el álbum fotográfico de la Deincri.

Precisó que el citado lo redujo, agrediéndolo físicamente, propinándole un golpe en la cabeza, con la cacha de un revólver, y en un inició se echó en el capot del vehículo para luego ingresar a la puerta posterior del vehículo y propinarle golpes en la cabeza, mientras que el otro le rebuscaba sus pertenencias y el dinero sustraído provenía de la máquina tragamonedas, administración del baño y la venta de abarrotes.

14. Es de precisar, que el artículo sesenta y dos del Código de Procedimientos Penales, prescribe: “La investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad, por los jueces y tribunales […]”. Entonces, por sí solos los actos preliminares de declaración policial y ampliatoria del agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, no tienen idoneidad probatoria, porque carecen de legalidad en su actuación, salvo que con otra prueba se corrobore la veracidad del relato.

15. Veamos, las lesiones que sufrió el agraviado están descritas en el Certificado Médico Legal N.° 003187-L, de página veinticinco, practicado el treinta de diciembre de dos mil cuatro, a las once con treinta y siete horas –incorporado al plenario vía oralización en la sesión de página setecientos noventa y seis–, en cuya data aparece: “refiere, agresión el 30-12-2004. Al examen médico presentó: herida suturada de 3.5. y 4 cm, en cuero cabelludo de región frontoparietal izquierda producida por agente contundente duro. Equimosis y tumefacción en mucosa hemilabio superior izquierdo, equimosis en región pectoral derecha producido por agente contundente duro, y concluyó: presenta huellas de lesiones traumáticas recientes”, por lo que se le prescribió dos días de atención facultativa y nueve de incapacidad médico legal. Es decir, estas lesiones son compatibles con las lesiones que el agraviado refiere haber sufrido. Ahora, queda determinar si el imputado fue el autor de los hechos y cómo fue identificado.

16. En los actos de investigación preliminar, se practicó el acta de diligencia de reconocimiento de página veintitrés, el dieciocho de mayo de dos mil cinco; es decir, luego de casi cinco meses de ocurrido los hechos y con presencia del representante del Ministerio Público. Aquí, el agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, reconoció al impugnante Idelfonso Bernardo Landeón Flores, como la persona que lo amenazó con el arma de fuego y describió a los autores del hecho. Al sujeto que portaba el arma de fuego, como de tez trigueña, de aproximadamente treinta y dos años, de contextura regular, un metro sesenta y cuatro de estatura, cabellos negros cortos pegados, de rostro redondo y vestía un polo azul, manga corta, pantalón jeans azul, zapatillas blancas con filetes rojos, quien lo agredió y utilizó el arma de fuego que sacó de su cintura y quien le rebuscó los bolsillos, llevándose los siete mil soles que portaba y el revólver de marca Smitt Wesson calibre 38 que tambien portaba.

El segundo sujeto, conocido como Gringo, de apellido Landeón, portaba un arma de fuego, de treinta años de edad, de un metro sesenta y cuatro centímetros de estatura, de contextura delgada, cabellos negros, semiondulados corto, cara redonda, tez blanca, vestía una chompa ploma, pantalón blanco, zapatillas deportivas negras, y tenía puesto un gorro, color rojo, que puso en su cabeza.

17. El citado agraviado brindó su declaración en el sumario, el catorce de diciembre de dos mil cinco, de página setenta y ocho, donde reiteró la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos en su agravio. Así también, que fueron dos personas los que los atacaron, y reconoce a Santos Leandro Palomino Pérez, alias Chiqui, y al impugnante Idelfonso Landeón Flores, alias Gringo. Precisó, que a ellos, los conocía hacía aproximadamente un mes antes de los hechos. Ello, también, lo reiteró en el plenario en la sesión de página setecientos ochenta y tres, al sindicar al imputado como el autor de los hechos en su agravio.

18. Entonces, el elemento probatorio que vincularía al recurrente es la identificación del imputado por parte del agraviado. Sucede que esta identificación no la realizó el agraviado, en su primera declaración policial, sino recién se dio en la ampliación de declaración policial, que como ya se dejó claro, estas se realizaron sin presencia del representante del Ministerio Público. Por ello, carece de validez probatoria y sobre todo porque no se informa cómo es que se llegó a identificar al imputado por sus nombres y apellidos, conforme consta en el acta de reconocimiento, que se realizó luego de casi cinco meses de producido los hechos, lo que reiteró a nivel sumarial y en el plenario y debe subrayarse que dicha información la da el agraviado, porque el mismo reconoce que hizo averiguaciones y le dijeron que el recurrente, con los otros procesados serían los autores de los hechos, en su agravio; es decir, tal identificación no tiene como fuente primaria su propia observación, sino el hecho de terceros no identificados.

19. A ello, se añade, que la información brindada por el agraviado, en la ampliación de declaración policial, realizada sin presencia fiscal, se consignó que lo identificó del albúm de la Deincri–Cañete, pese a las pocas características –cara delgada, cabello lacio corto, de contextura delgada– que brindó primigeniamente de uno de los sujetos-, así como el acta de reconocimiento, sumario y plenario, no se ha expresado la fuente que informe que el autor de los hechos era el imputado, ni cómo es que el agraviado, pese haber brindado características físicas generales de solo un sujeto en su ampliación de declaración policial –donde señaló–, le haya permitido luego de dos y cinco meses respectivamente, identificar al imputado por sus nombres y apellidos.

20. Ocurre además que en la primera versión de los hechos brindada por el citado agraviado, esto es la denuncia policial, consignada en el numeral “I. Información” del atestado policial de página uno, realizada el día de los hechos, treinta de diciembre de dos mil cuatro, a las tres horas con cuarenta y cinco minutos; es decir, inmediatamente después de ocurrido los hechos, describió la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos. Así, también, indicó que los atacantes fueron dos, y lo despojaron de la suma de mil ochocientos soles que portaba. Aquí, tampoco brindó características físicas de los citados.

21. Ahora, si bien el imputado en el sumario, señaló que conocía a los autores del hecho, un mes antes de ocurrido los hechos. Ello, no es un elemento probatorio que fortalezca la denuncia policial que realizó el agraviado, luego de ocurrido los hechos. Tampoco, con la declaración policial y el reconocimiento médico legal, donde solo consignó de manera general haber sido atacado por dos sujetos.

22. Además de ello, el sentenciado absuelto Carlos Fredy López Quispe –chofer del vehículo donde se trasladaba el agraviado–, en su declaración policial, del treinta de enero de dos mil cuatro, de página trece, describió características físicas de los autores, distintas a las del agraviado. Señaló, que estos eran de contextura gruesa, altos, tipo militar o policía, y que no pudo ver sus rostros, y en el plenario, en la sesión de página setecientos ochenta y siete, señaló que no reconoce al imputado como uno de los autores del hecho.

23. Entonces de la investigación preliminar no existe información previa brindada por el agraviado, que permitan vincular al imputado con la posterior identificación por los nombres y apellidos del imputado. A ello, se añade que existen divergencias entre la información que proporcionó el agraviado Cosme Damián Postillón Quispe, con la brindada por el testigo impropio Carlos Fredy López Quispe, testigo presencial del hecho en relación con las características físicas de los autores del hecho. Por tanto, no existe coherencia ni uniformidad en relación con la identificación del citado imputado, por sus nombres y apellidos.

24. Por ello, si se tiene en cuenta que la prueba principal valorada por la Sala de Mérito es la sindicación del agraviado, y el acta de reconocimiento en contra del recurrente, en las condiciones antes descritas, contrapuesta con la negativa del imputado de ser partícipe de los hechos, quien solo brindó su declaración en el plenario, en la sesión de página setecientos setenta y dos, donde señaló que en la fecha de los hechos, estuvo en la ciudad de Arequipa, que tampoco probó, y no existen otros elementos que apoyen o fortalezcan la teoría del caso del Ministerio Público, y que permitan vincular objetivamente al recurrente en los cargos atribuidos.

25. Por todo ello, analizado integralmente, no hay elemento periférico que apoye y corrobore la tesis de la Fiscalía, por el contrario ha perdido credibilidad, en tanto que luego de ocurrido los hechos no se realizó diligencia alguna tendiente a esclarecer la participación del encausado en los hechos submateria, y por ello, quedó todo en una mera sindicación, sin corroboración objetiva, por lo que deviene en inconsistente sostener una condena.

26. Cabe destacar que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba respecto a los hechos que se investigan y consecuente responsabilidad del encausado. En el caso concreto, no se actuó medio probatorio alguno que determine la vinculación del imputado con los hechos submateria; por tanto, queda claro para este Supremo Tribunal que existe insuficiencia de medios de prueba que respalden la tesis incriminatoria del titular de la acción penal y responsable de la carga probatoria.

27. Entonces, no es posible desvirtuar el principio constitucional de presunción de inocencia del acusado, prescrito en el artículo dos, numeral veinticuatro, literal e, de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo ocho punto dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo doscientos treinta y tres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso J. vs. Perú” y el artículo catorce, numeral dos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por lo que, se ampara lo invocado por su defensa técnica y carece de objeto emitir pronunciamiento por los demás agravios. Por tanto, debe ser absuelto de los cargos formulados por el Ministerio Público, de conformidad con lo prescrito por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. HABER NULIDAD en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete –de página ochocientos catorce–, que condenó a IDELFONSO BERNARDO LANDEÓN FLORES, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, prescrito en el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal, concordante con el artículo ciento ochenta y nueve, numerales tres, cuatro y cinco, del citado cuerpo legal, en agravio de Cosme Damián Postillón Quispe, a doce años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el doce de setiembre de dos mil dieciocho, vencerá el once de setiembre de dos mil treinta; y, fijaron en la suma de tres mil soles, por concepto de reparación civil, que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado; y, reformándola: lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el citado delito y agraviada en mención.

II. ORDENARON que se proceda a la inmediata libertad del procesado IDELFONSO BERNARDO LANDEÓN FLORES, siempre y cuando no exista en su contra, orden o mandato de detención emanada por autoridad competente.

III.MANDARON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del presente proceso.

IV.DISPUSIERON el archivo definitivo, OFICIÁNDOSE a la Sala Superior correspondiente para tal efecto; y, los devolvieron.


1 Modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 27472, publicada el 5 de junio de 2001.

2 Modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 27472, publicada el 5 de junio de 2001.

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