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Principio de igualdad y apartamiento de doctrina jurisprudencial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 133-2017
LAMBAYEQUE

INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO VEINTIDÓS DEL CÓDIGO PENAL

Sumilla. Ante la inobservancia de la garantía constitucional del principio de igualdad y el apartamiento de la doctrina jurisprudencial establecida por esta Alta Corte, al no haberse aplicado al casacionista la circunstancia atenuante de responsabilidad restringida por la edad –prescrita en el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal–, este Tribunal Supremo, como garante y protector de dichas garantías, ampara los agravios del casacionista y procede a reducir prudencialmente la pena impuesta.

SENTENCIA DE CASACIÓN

 Lima, diecinueve de junio de dos mil diecinueve

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación, interpuesto por el sentenciado JUAN ERNESTO SÁNCHEZ QUESQUÉN, por la causales de los numerales uno y cinco, artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal (por infracción al principio de igualdad y apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, al no aplicársele el artículo veintidós del Código Penal), contra la sentencia de vista, contenida en la Resolución número quince, del quince de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque –de página ciento cinco–, que confirmó la sentencia del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, que lo condenó como coautor del delito contra el patrimonio, en la figura de robo agravado (prescrito en el primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, numerales dos y cuatro, concordante con el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal), en perjuicio de Zeyla Erlita Ignacio Barboza, y fijó en doscientos soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada en ejecución de sentencia, y precisó que el delito por el que se le ha condenado ha quedado en grado de tentativa, de conformidad con el artículo dieciséis del Código Penal, y revocaron la misma sentencia, en el extremo que le impuso doce años de pena privativa de libertad efectiva y reformándola, le impusieron nueve años de pena privativa de libertad.

Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

 CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS

1. Se atribuyó al sentenciado Juan Ernesto Sánchez Quesquén, que el seis de noviembre de dos mil trece, siendo aproximadamente las veinte con treinta horas, cuando la agraviada Zeyla Erlita Ignacio Barboza, caminaba en la intersección de las avenidas Imperio con Santo Domingo, en el distrito de La Victoria, con destino a su domicilio, fue interceptada por dos sujetos desconocidos, quienes la cogieron del cuello, ocasionándole lesión traumática –según Certificado Médico Legal N.° 01243-L, que prescribió un día de atención facultativa por tres días de incapacidad–; y, luego de amedrentarla le sustrajeron su celular marca Alcatel, color blanco, valorizado en trescientos setenta soles, y su cartera de cuerina sintética, color negro, que llevaba puesto en su hombro. Luego, se dio a la fuga, uno por la calle Santa Isabel, mientras el otro lo hizo por la calle Santo Domingo, donde lo esperaba la mototaxi, color azul, de placa de rodaje M9-4948, conducida por el encausado Juan Ernesto Sánchez Quesquén con el motor encendido.

Luego de producido el hecho, el sujeto desconocido pretendió darse a la fuga, a bordo de la mototaxi conducida por el acusado Juan Ernesto Sánchez Quesquén, los vecinos y familiares de la agraviada, lograron aprehender a este último, mientras el primero, se dio a la fuga, no sin antes tirar la cartera de cuerina sustraída a la agraviada, siendo puesto a disposición de la comisaría de La Victoria para las diligencias pertinentes.

DECURSO PROCESAL

2. El Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por sentencia, contenida en la Resolución número diez, del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis –de página cuarenta y tres–, condenó a JUAN ERNESTO SÁNCHEZ QUESQUÉN, como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Zeyla Erlita Ignacio Barboza, y como tal, le impuso doce años de pena privativa de libertad, y fijó en doscientos soles, por concepto de reparación civil.

3. Contra la citada sentencia, el encausado Juan Ernesto Sánchez Quesquén, interpuso recurso de apelación –de página cincuenta y nueve–. La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque, por Resolución número quince, del quince de noviembre de dos mil dieciséis –de página ciento cinco–, confirmó la sentencia que lo condenó como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado (prescrito en el primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve, numerales dos y cuatro, concordante con el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal), en perjuicio de Zeyla Erlita Ignacio Barboza, y fijó en doscientos soles por concepto de reparación civil, que deberá cancelar el sentenciado a favor de la agraviada en ejecución de sentencia, y precisó que el delito por el que ha sido condenado, quedó en grado de tentativa, prescrito en el artículo dieciséis del Código Penal, y revocaron la misma sentencia, en el extremo que le impuso doce años de pena privativa de libertad efectiva y reformándola, le impusieron nueve años de pena privativa de libertad. Es pertinente señalar, que este último fue el extremo por el cual se declaró bien concedido el recurso de casación.

4. Contra la citada sentencia de vista, el encausado JUAN ERNESTO SÁNCHEZ QUESQUÉN interpuso recurso de casación, el diez de enero de dos mil diecisiete, de página ciento diecisiete, por las causales de los numerales uno y cinco, artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, por infracción al principio de igualdad, apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de la República, al no haberse aplicado el artículo veintidós, segundo párrafo, del Código Penal, pese a contar a la fecha de comisión del delito con diecinueve años de edad.

5. Mediante Resolución número dieciséis, del trece de enero de dos mil diecisiete –de página doscientos setenta–, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, declaró admisible el recurso de casación del recurrente y ordenó se eleven los actuados a esta Suprema Sala.

6. Asimismo, mediante ejecutoria suprema del doce de abril de dos mil dieciocho, de página ciento ochenta y tres del cuadernillo formado en esta Corte Suprema, se declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el sentenciado JUAN ERNESTO SÁNCHEZ QUESQUÉN, por las causales de los numerales uno y cinco, artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, por infracción al principio de igualdad, apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, por no habérsele aplicado el primer párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal.

7. Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en acto público, con las partes que asistan, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN

8. La Sala de Apelaciones, en la sentencia de vista, respecto al extremo cuestionado, en el fundamento tres punto quince, solo razonó que el imputado Juan Ernesto Sánchez Quesquén, debe ser condenado como coautor del delito de robo agravado en grado de tentativa, considerando como única causal de disminución de la punibilidad, el artículo dieciséis del Código Penal, y procedió a reducirle tres años de pena, siendo la pena final de nueve años de privación de la libertad.

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CASACIÓN

9. Conforme se estableció en la ejecutoria suprema (auto de calificación de recurso casación), del doce de abril de dos mil dieciocho –página ciento ochenta y tres del cuadernillo formado en este Tribunal Supremo–, fue declarado bien concedido el recurso de casación propuesto por el recurrente Juan Ernesto Sánchez Quesquén, por las causales de los numerales uno y cinco, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, por infracción a la garantía constitucional del principio de igualdad   y   apartamiento   de   la   doctrina   jurisprudencial   de   la  Corte Suprema, al no aplicársele el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal.

AGRAVIO EXPUESTO POR LA DEFENSA DEL CASACIONISTA

10. Respecto al extremo que fue declarado bien concedido, el casacionista argumentó que el no habérsele aplicado el artículo veintidós del Código Penal, como criterio de atenuación privilegiado por responsabilidad restringida por la edad, le restringe el derecho a la igualdad, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

11. Este Tribunal Supremo, como garante y protector del control de las garantías constitucionales, le corresponde verificar si la respuesta que ha dado la Sala de Apelaciones, ha sido debidamente motivada de forma racional, lógica y congruente en cuanto al extremo de la pena, que es el motivo de casación.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y ARTÍCULO VEINTIDÓS DEL CÓDIGO PENAL

12. En principio, es de resaltar que el juez no solo está vinculado a la ley y la Constitución, sino también a los valores fundamentales que forman parte del ordenamiento jurídico y que la Constitución solo enuncia1. Ello, tampoco quiere decir que el juez pueda prescindir absolutamente del orden legal, esto es, que pueda decidir únicamente en función a los valores superiores, sin relación alguna con la ley. Frente a este divague corresponde a la teoría de la interpretación de la ley encontrar el punto justo para una aplicación correcta de la ley que se encuentra sujeta al orden legal sin prescindir de los valores implícitos al orden jurídico2.

13. Así, de manera concordante y con sujeción a lo prescrito en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, el derecho a la igualdad está contemplado en instrumentos internacionales firmados por el Perú, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la contempla en el artículo siete: “7. Todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos. Nos debe tratar a todos con equidad”. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en su artículo II, prescribe: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

14. Asimismo, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo veintiséis, que prescribe: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” y Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo veinticuatro, que prescribe: “Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

15. Es en esa lógica –convencional de tutela y garantía de los derechos fundamentales– del principio de igualdad en el marco internacional, tenemos que en la Constitución Política del Perú, en el caso concreto, el derecho a la igualdad –entiéndase en su vertiente de igualdad de aplicación de la ley– se encuentra previsto en el inciso dos del artículo dos, que garantiza que toda persona tiene derecho: «A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

16. El Tribunal Constitucional, en la STC N.° 0045-2004-AI/TC, en el fundamento veinte, ha señalado que el principio de igualdad, consagrada constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y de derecho subjetivo constitucional. Como principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho fundamental constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional; la igualdad oponible a un destinatario.

17. Entonces, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable3. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.

18. En ese sentido, la jurisprudencia penal de esta Suprema Instancia, plasmada en el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, estableció que los jueces penales están plenamente habilitados a pronunciarse si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo, artículo veintidós, del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente–, que impide un resultado jurídico legítimo.

19. Por otro lado, respecto a la determinación de la pena, nuestro ordenamiento jurídico penal señala en su artículo IX del Título Preliminar, prescribe que la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. En ese sentido, nuestro código se inscribe en la línea de una teoría unificadora preventiva4, pues la pena sirve a los fines de prevención especial y general; así también lo ha precisado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 0019-2005-PI/TC5:

las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrática.

20. Así, las exigencias que determinan la dosificación de la pena no se agotan en las referidas directrices, sino que además debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo VIII, del Título Preliminar, del Código Penal, límite al Ius Puniendi (facultad del Estado para castigar) que procura la correspondencia entre el injusto cometido y la pena a imponerse, y que estas en rigor deben cumplir los fines que persigue la pena, conforme lo prevé el numeral seis, artículo cinco, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mismo que ha sido recogido en los numerales veintiuno y veintidós, artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Perú.

ANÁLISIS EN EL CASO CONCRETO

21. La defensa del recurrente reclama inobservancia de la garantía constitucional del principio de igualdad, y apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, por no habérsele aplicado el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal, pese a tener la condición de agente con responsabilidad restringida por la edad.

22. En el caso en examen, es evidente que existe conexión entre las causales prescritas en los numerales tres y cinco, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal; ello, en la medida que el no haberse aplicado el primer párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal, está relacionado, por un lado, a no haberse analizado si la aplicación del artículo veintidós del Código Penal, afecta de forma razonable el principio de igualdad a sujetos procesales que cumplen el supuesto que establece el referido dispositivo, y que solo se excluye bajo la razón de tratarse en el caso de un delito de robo agravado. Y en segundo lugar, el apartamiento de la doctrina jurisprudencial emitida por este Supremo Tribunal, en el extremo de la determinación de la pena, al no haberse aplicado la reducción de la sanción penal, por ser el casacionista un agente de responsabilidad restringida por la edad, previsto en el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal y constituir una causa de disminución de punibilidad.

23. Así, es deber jurídico del juez, fundamentar en forma coherente el procedimiento que se siguió para individualizar la pena concreta.

24. Respecto a la primera causal, el principio de igualdad, previsto en el numeral dos, artículo dos, del Código Penal, no existe mayor discusión que puede ser aplicado; sin embargo, como ya se dejó fijado en los fundamentos diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de la presente ejecutoria suprema, al establecer que se aplica a cada caso concreto.

25. Ahora, respecto a la segunda causal concedida el numeral cinco, artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, en este caso respecto a la justificación de la pena –ver fundamento tres punto quince de la sentencia de vista–, la Sala de Apelaciones, solo tuvo en cuenta como causal de disminución de la punibilidad, el grado de tentativa del delito, conforme al artículo dieciséis del Código Penal. Es decir, no se pronunció por la condición del imputado Sánchez Quesquén, por tener responsabilidad restringida por la edad, prescrito en el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal.

26. En esa línea, si bien dicho artículo, en su segundo párrafo, prohíbe se aplique una reducción de pena por ser agente de responsabilidad restringida, cuando se trate del delito de robo con agravantes, entre otros; lo cierto, es que la jurisprudencia penal de esta Alta Corte es uniforme, por un lado, en aceptar su aplicación cuando –de acuerdo a cada caso concreto– la magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, no es de tal entidad que justifique una pena que sobrepase la responsabilidad del agente.

27. En esos términos, se verifica que la sentencia de vista, en el extremo de la pena, refleja la ausencia de razonamiento por la Sala de Apelaciones en relación con la circunstancia de disminución de punibilidad de la pena, lo que no es coherente con la tendencia jurisprudencial de las Salas Penales Supremas, donde se ha establecido:

La igualdad es un principio-derecho reconocido en el artículo dos, inciso dos, de la Constitución. Es tanto un derecho fundamental de invocación directa sin necesidad de desarrollo legislativo previo, cuanto un valor constitucional que informa todo el ordenamiento jurídico infra constitucional. La igualdad, como derecho público subjetivo, conlleva la alegación de discriminación, la cual implica una desigualdad que puede tener su origen en un hecho, en la diferenciación de tratamiento legal no justificado constitucionalmente o, finalmente, en la aplicación de una ley que produzca un resultado inconstitucional. Es, como todo derecho subjetivo garantizado por la Constitución, un derecho garantizado erga omnes, frente a todos, lo que implica, como resultado, que todos los jueces tienen el poder –y el deber– de aplicar directamente las normas constitucionales en las controversias sometidas a su juicio […]6.

28. Siguiendo esta línea de argumentación –conforme se anotó–, es evidente que la Sala de Apelaciones, no aplicó la reducción de la pena por responsabilidad restringida por la edad, previsto en el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal. Es decir, no la analizó, conforme a la naturaleza y modalidad del hecho punible, las circunstancias de su comisión, las condiciones y conducta del agente, frente a la magnitud del hecho delictivo.

29. En ese sentido, analizados tales supuestos, se desprende de los hechos, que dos sujetos desconocidos “cogotearon” a la agraviada Zeyla Erlita Ignacio Barboza, ocasionándole una lesión que requirió de un día de atención facultativa por tres días de incapacidad médico legal, conforme al Certificado Médico Legal N.° 012403-L, a quien luego de amedrentarla, le sustrajeron su celular de marca Alcatel, valorizado en trescientos setenta soles, y su cartera de cuerina –que posteriormente recuperó–, los sujetos se dieron a la fuga, siendo el mototaxi, de color azul, de placa de rodaje M9- 4948, conducida por el casacionista Juan Ernesto Sánchez Quesquén, con  el motor encendido, que los esperaba.

30. Es reiterada la jurisprudencia de esta Alta Corte, que en casos como el que nos ocupa, ya ha dejado fijada la posición de aplicar el primer párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal en casos concretos.

32. Así, se verifica que en las Sentencias deCasación número 1057- 2017/Cuzco, del veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho; número 1672- 2017/Puno, del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; y número 214- 2018/Santa, del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se fijó que la sola constatación de la edad del imputado -entre dieciocho y menos de veintiún años de edad– al tiempo de comisión del hecho punible, configura el instituto penal de la responsabilidad restringida por la edad, circunstancia que califica como un factor de atenuación privilegiada en la determinación de la pena. Incluso, agrega que no es necesaria la constatación a través de una pericia específica del grado de inmadurez del procesado7.

32. En conclusión, la tendencia jurisprudencial asumida, sobre la aplicación de la reducción de la pena al tratarse de un agente con responsabilidad restringida por la edad, previsto en el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal, cada vez ha sido consolidarse y asumir su mayor alcance en los fundamentos jurídicos nueve a quince, del Acuerdo Plenario número 4-2016/CU-116, del doce de junio de dos mil diecisiete.

33. Todo ello permite concluir que al recurrente le asiste la circunstancia atenuante prevista en el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal, pues a la fecha de los hechos (seis de noviembre de dos mil trece), contaba con diecinueve, siete meses y veintiún días de edad (según acusación fiscal, nació el quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro). Por tanto, tenía la condición de agente de responsabilidad restringida y siguiendo los argumentos jurídicos antes expuestos, corresponde la disminución de punibilidad por responsabilidad restringida, en el caso concreto, conforme lo establece el citado acuerdo plenario.

34. Por tanto, este Tribunal Supremo, como garante y protector de las garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política del Perú, considera que resulta amparable el cuestionamiento del casacionista, referido a la inaplicación del primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal, pues en este caso resulta aplicable.

35. En esa medida, se debe considerar una reducción a la pena impuesta al encausado, en mérito a los fundamentos expuestos en la presente sentencia de casación, siendo proporcional la sanción de seis años de pena privativa de la libertad; ello, en coherencia a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena y los fines preventivo especial y preventivo general, presente en el artículo VIII, del Título Preliminar, del Código Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el sentenciado JUAN ERNESTO SÁNCHEZ QUESQUÉN, por las causales de los numerales tres y cinco, artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, por inobservancia al principio de igualdad y apartamiento de la doctrina jurisprudencial, por no haberse aplicado el primer párrafo, artículo veintidós, del Código Penal como atenuante privilegiada.

II. CASARON la sentencia de vista, contenida en la Resolución número quince, del quince de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque –de página ciento cinco–, que confirmó la sentencia del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, que condenó al procesado Juan Ernesto Sánchez Quesquén como coautor del delito contra el patrimonio, en la figura de robo agravado (prescrito en el primer párrafo, artículo ciento ochenta y nueve, numerales dos y cuatro, concordante con el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal), en perjuicio de Zeyla Erlita Ignacio Barboza, y fijó en doscientos soles por concepto de reparación civil, que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada en ejecución de sentencia, y precisó que el delito por el que se le ha condenado ha quedado en grado de tentativa, de conformidad con el artículo dieciséis del Código Penal, y revocaron la misma sentencia, en el extremo que le impuso doce años de pena privativa de libertad efectiva y reformándola, le impusieron nueve años de pena privativa de libertad; y ACTUANDO COMO SEDE DE INSTANCIA, REVOCARON la misma sentencia solo en el extremo que le impuso nueve años de pena privativa de la libertad; y REFORMÁNDOLA: le impusieron seis años de pena privativa de la libertad, por el referido delito y agraviado, la misma que se computará desde el día que sea capturado por la policía, al encontrarse en libertad el recurrente.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por Secretaría de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia.

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen; y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.


1 BACIGALUPO, Enrique. Justicia penal y derechos fundamentales. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. 2002, p. 37.

2 BACIGALUPO, Enrique. Justicia penal y derechos fundamentales. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. 2002, p. 39.

3 Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol I. Cuarta edición. Madrid: Tecnos, 2003, pp. 324-325.

4 Cfr. Roxin. Derecho penal-Parte general, TI, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Trad. Diego Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Madrid: Ed. Civitas, 1997, p. 95.

5 Del veintiuno de julio de dos mil cinco.

6 Acuerdo Plenario número 4-2016/CU-116, del doce de junio de dos mil diecisiete.

7 Ver fundamento jurídico decimotercero de la sentencia de Casación N.° 1662-2017, Lambayeque, del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

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