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PECULADO. Prohibición de reforma en peor en la imposición de una pena efectiva

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 142-2019
PUNO

Ámbito del recurso de nulidad

Este Tribunal Supremo solo puede pronunciarse respecto al estricto ámbito del recurso, y así confirmar o reducir la pena y la reparación civil impuestas. En atención a la aplicación del principio de no reforma en peor, corresponde revocar la pena privativa de la libertad efectiva y reformarla por una de carácter suspendida, conforme se le impuso en una condena anterior solo recurrida por el encausado.

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del procesado Guillermo Laura Garate, contra la sentencia del 06 de diciembre de 2018 (fojas 2935), en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la administración pública-peculado agravado, en perjuicio de la Municipalidad distrital de Patambuco y el Club de Madres “Santa Lucía” de la Comunidad Campesina de Tiraca-Patambuco, en concurso real con el delito de peculado doloso, en perjuicio del Estado-Municipalidad Distrital de Patambuco y contra la fe pública-falsificación de documento privado, en perjuicio del Estado-Municipalidad de Patambuco, a cinco años y un mes de pena privativa de la libertad efectiva, inhabilitación por el plazo de dos años (de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2, del Código Penal), y fijó en S/ 20 000 (veinte mil soles) como monto de reparación civil – a razón de S/ 15 000 (quince mil soles) a favor de la Municipalidad distrital de Patambuco y S/ 5000 (cinco mil soles) a favor del Club de Madres “Santa Lucia” de la Comunidad Campesina de Tiraca-Patambuco–, además ordenó la restitución de diversos bienes (precisados en la sentencia) a la municipalidad agraviada. Con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

I. De la pretensión impugnativa del encausado

Primero. La defensa técnica del sentenciado, fundamentó su recurso de nulidad (foja 2969) en los siguientes términos:

1.1. Sostuvo que no está de acuerdo con la sentencia conformada pues varios de los delitos por los que se le condenó no solo se encuentran prescritos, sino que existe insuficiencia probatoria en cuanto a otros delitos por lo que se debió absolver.

1.2. Señaló que durante el juzgamiento, el colegiado no valoró debidamente los actos de investigación recabadas en la etapa de instrucción ni las pruebas de descargo, en especial la pericia contable que proporcionó la municipalidad donde se evidencia que no se produjo perjuicio alguno en cuanto  al delito de peculado.

1.3. No se tomó en cuenta el fax remitido por la empresa ANEMAV (foja 53) que acreditaría  que el motor  del vehículo  cuya responsabilidad se le atribuye es el mismo que el de la inspección judicial (foja 58).

1.4.  Por lo tanto, refirió, corresponde que se declare nula la sentencia condenatoria y se realice el reexamen del materia probatorio o se reduzca la sanción impuesta, pues esta resulta desproporcionada y no cumple con  los fines  de la pena  (preventiva, protectora y resocializadora). Además que su condición social, cultural y la confesión sincera permiten la reducción de la pena al mínimo legal.

II. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. Según se desprende de la acusación fiscal unificada (foja 2069), se imputó –en tres procesos distintos– al encausado Guillermo Laura Garate que, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Patambuco (provincia de Sandia, departamento de Puno) durante el periodo de mil novecientos noventa y seis y novecientos noventa y ocho, incurrió en múltiples irregularidades en el manejo económico de la entidad, pues alteró contratos y licitaciones en perjuicio del distrito, adquirió bienes a sobrecosto o que tenían desperfectos, presentó un informe de su gestión –por el que pretendía justificar los gastos– con documentos falsos; se negó a abonar sueldos de sus servidores y no pagó dietas de los regidores (expediente número 97-065-P06-JPU).

Por otro lado, se le imputó haberse apropiado de más del 50% de las donaciones destinadas al Programa del Vaso de Leche que distribuía la Municipalidad Distrital de Patambuco al Club de Madres “Santa Lucia” de la Comunidad Campesina de Tiraca-Patambuco” (se firmaron documentos en blanco o con cantidades que no correspondían), con lo que recortó inexplicablemente la dotación de alimentos.

Además, que se negó a tramitar el padrón de niños y madres gestantes de la Municipalidad referida y firmar las partidas de nacimiento solicitadas por los pobladores que les servía para pedir apoyo social (expediente número 98-065-P06-JPU).

Finalmente, se le acusó de apropiarse de bienes de la aludida municipalidad que tenía bajo su administración, como son: motor generador de energía eléctrica, pie de avance de martillo de perforación, lubricación y accesorios, máquina de escribir de 80 espacios de marca Brother, escritorio metálico grande y generador pequeño de ocho focos marca Honda y otros, cuyo valor asciende a S/ 45 000; así como que obtuvo beneficio económico con el cambio del motor original de un volquete que estaba destinado a programas de apoyo social y que se cuestionó su actuación funcional respecto a diversas obras ejecutadas durante su gestión (expediente número 96-065- P06-JPU).

Tercero. Por todos estos hechos se le imputó, en concurso real, la comisión de los delitos de concusión, peculado agravado, malversación de fondos, omisión de pago, falsificación de documentos privados y abuso de autoridad; y se solicitó que se le imponga diez años de pena privativa de la libertad, inhabilitación por dos años (por el artículo 36, incisos 1 y 2, del Código Penal) y –en la acusación unificada– el pago de veinte mil soles de reparación civil.

III. De la absolución en grado

Cuarto. La decisión recurrida, emitida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente de la Corte Superior de Justicia del Puno, corresponde a una sentencia conformada en atención a que el encausado Guillermo Laura Garate se acogió a los alcances de la conclusión anticipada del debate oral (prevista en el artículo 5 de la Ley número 28122), al haber admitido su responsabilidad sobre los hechos materia de acusación fiscal así como la reparación correspondiente, conforme se desprende del acta de continuación de audiencia pública del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 2909).

Dicha aceptación  contó  con la conformidad concurrente  de su abogado defensor, por lo que se cumplió con el supuesto de doble garantía requerido por el artículo V, incisos 1 y 2, de la citada ley, es decir, el concurso  y la coincidencia  del imputado y el defensor (bilateralidad) en el allanamiento de los cargos expuestos por el señor fiscal superior –que previamente habían sido materia de precisión mediante dictamen correspondiente (foja 2906), conforme requerimiento de la Sala Superior (foja 2901)–.

Quinto. Por lo que corresponde que este Supremo Tribunal  emita pronunciamiento en el estricto ámbito de los cuestionamientos sobre la pena y la reparación civil expresados en el presente recurso, puesto que la responsabilidad del procesado por los hechos materia de acusación se acreditó con su renuncia a la actuación probatoria y su aceptación de la tesis incriminatoria que desarrolló el fiscal superior en su contra como autor de los delitos  materia  de acusación,  por lo que  las alegaciones en ese sentido expresadas en el presente recurso no resultan atendibles.

Sexto. Cabe indicar que, pese a que en la acusación formulada contra el encausado se reiteró la imputación por la comisión de seis delitos – concusión, peculado agravado, malversación de fondos, omisión de pago, falsificación de documentos privados y abuso de autoridad–, en la sentencia analizada –recurrida solo por el procesado– se dispuso i) declarar fundada la excepción de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o retardo de funcionario público en actos de su oficio, ii) se le absolvió por la comisión de los delitos de concusión, malversación de fondos y omisión de pago (por ser atípicos) y se consideró que carece de objeto pronunciarse por el delito de abuso de autoridad (por estar en concurso aparente de leyes con el delito de peculado agravado) y iii) se le condenó, en concurso real, por los delitos de peculado agravado, peculado doloso y falsificación de documentos.

Es decir, que la Sala cumplió con pronunciarse sobre la vigencia de la acción penal de determinados delitos imputados al encausado.

Séptimo. No obstante, debe tenerse presente que en el presente proceso existía una sentencia, del seis de diciembre de dos mil uno, recaída contra Guillermo Laura Garate (foja 2350), mediante la que se le condenó al recurrente por el delito de Peculado e incumplimiento de obligaciones en agravio de la Municipalidad de Patambuco, a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida por el plazo de tres años, bajo reglas de conducta y el pago de mil soles de reparación civil. Además, se le absolvió por insuficiencia probatoria de los cargos en su contra como autor de los delitos de concusión, malversación de fondos, omisión de pago, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Dicha decisión fue recurrida solo por el procesado Laura Garate (fojas 2358 y 2361), en donde  cuestionó  que no se había  acreditado debidamente su responsabilidad.

Posteriormente, mediante ejecutoria suprema  del veinticinco  de septiembre de dos mil  tres (foja 2387), se declaró nula la referida condena.

Octavo. En atención a lo anterior, resulta pertinente recordar que el principio de prohibición de reforma peyorativa goza de reconocimiento constitucional como expresión del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú; así como en el artículo ocho, inciso h, de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al derecho a impugnar y recurrir a una instancia superior.

Y que “se relaciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que solo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia”1.

Noveno. En ese sentido, se debe tener presente que si bien persiste el juicio de condena por el delito de peculado doloso y peculado agravado (en concurso real) en la presente sentencia recurrida, de conformidad con lo que fue materia de pronunciamiento en la primera sentencia condenatoria contra del procesado, no sucede lo mismo respecto al delito de falsificación de documentos privados, por el cual Guillermo Laura Garate fue absuelto en dicha primera sentencia, por lo que –en atención al principio de no reforma en peor– deberá mantenerse la situación de absolución sobre este extremo2.

Décimo. Siendo así, solo corresponde analizar la determinación de la pena impuesta al recurrente en relación a su imputación por los delitos contra la administración pública que subsisten.

La imputación de la comisión de los delitos de peculado doloso y peculado agravado se realizó en concurso real que, conforme el texto del artículo 50 del Código Penal (vigente al momento de los hechos), contemplaba la aplicación de la pena del delito más grave.

En este caso, era el previsto en el artículo 387, segundo párrafo, del Código Penal (conforme modificación de la Ley número 26198), que preveía una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.

Undécimo. Así, como indicamos en el considerando séptimo ad supra, la Sala Superior que condenó, en la primera sentencia, al encausado Guillermo Laura Garate por los de peculado doloso y peculado agravado (mismos delitos por los que se le encontró responsable en la presente sentencia)3, le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida por el plazo de tres años, bajo reglas de conducta y el pago de mil soles de reparación civil.

Y ya que el juicio oral que dio lugar a la sentencia recurrida solo se inició al declararse nula la primera sentencia condenatoria contra Laura Garate por instancia de este (fue el único recurrente), no es posible que se agrave su situación en esta instancia, y corresponde que se modifique la pena impuesta en la decisión recurrida por la anterior, sobre todo cuando resulta legal pues corresponde al extremo mínimo de la pena abstracta aplicable, que resulta beneficiosa al  encausado y razonable aun considerando la conformidad procesal a la que se sometió –además que el proceso de determinación de la pena desarrollo por la Sala Superior no se encuentra debidamente motivado4–.

En vista de que en la sentencia se dispuso la ubicación y captura del encausado Marcos Sergio Cabrera Ramos para el cumplimiento de la sanción inicialmente impuesta, al haberse reformado esta, debe ordenarse dejar sin efecto la citada orden de captura en relación con este caso.

Duodécimo. En relación con la reparación civil, se debe indicar que el monto impuesto (veinte mil soles) solo fue solicitado en la acusación unificada (previamente se había requerido un monto menor) y que la Sala Superior no realizó ninguna evaluación sobre su justificación.

En ese sentido, esta Corte Suprema advierte que debe modificarse dicha suma al no haberse motivado debidamente que cumpla con la indemnización de los daños y perjuicios irrogados con la conducta del sentenciado, sobre todo cuando en este caso se ordenó la restitución de los bienes apropiados (materia de imputación y condena) o, de no ser posible, el pago de su valor –conforme lo establecido en el artículo 93 del Código Penal–; por tanto, se impondrá la suma de S/ 1 000 (mil soles) a favor de los agraviados.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 2935), en el extremo que condenó a Guillermo Laura Garate como autor de los delitos contra la administración pública-peculado agravado y peculado doloso, en agravio de la Municipalidad distrital de Patambuco y el Club de Madres “Santa Lucía” de la Comunidad Campesina de Tiraca-Patambuco.

II. DECLARARON NULO el extremo de la misma sentencia que condenó a Guillermo Laura Garate como autor del delito contra la fe pública-falsificación de documento privado, en agravio del Estado-Municipalidad de Patambuco; y que se tenga por VIGENTE el extremo de la sentencia del seis de diciembre de dos mil uno (foja 2350) que lo absolvió por dicho ilícito.

III. DECLARARON HABER NULIDAD en el extremo de la misma sentencia que le impuso cinco años y un mes de pena privativa de la libertad efectiva; y, REFORMÁNDOLA, dispusieron que se le impongan cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el plazo de tres años, conforme a las siguientes reglas de conducta: i) no ausentarse del lugar de su residencia sin previo aviso al juez de la causa; ii) comparecer mensual, personal y obligatoriamente al juzgado a informar y justificar sus actividades; iii) no incurrir en nuevo delito doloso, y iv) reparar los daños ocasionados por el delito (esto es, tanto el pago de la reparación civil señalada como la restitución de los bienes apropiados precisados en la referida sentencia o, de no ser posible este, el pago del valor de los mismos) en el plazo de un año, bajo apercibimiento de aplicarse lo previsto en el artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento de estas reglas de conducta.

IV. DECLARARON HABER NULIDAD en el extremo de la misma sentencia que le impuso el pago de S/ 20 000 (veinte mil soles) por reparación civil; y,  REFORMÁNDOLA,  dispusieron  el  pago  de  S/ 1 000 (mil soles) por dicho concepto, a favor de los agraviados.

V. ORDENARON que se dejen sin efecto, de manera inmediata, las órdenes de ubicación y captura cursadas contra Guillermo Laura Garate en relación con el presente proceso. OFÍCIESE, para tal efecto, a la autoridad correspondiente. Hágase saber a las partes personadas en este Sede Suprema. Y, con lo demás que contiene, los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza y Pacheco Huancas, por vacaciones y licencia, respectivamente, de los señores jueces supremos Chávez Mella y Figueroa Navarro.


1 Conforme lo indicado por el Tribunal Constitucional, en el Expediente número mil quinientos cincuenta y tres-dos mil tres-HC/TC.

2 Sobre todo cuando, a la fecha, dicho ilícito se encontraría prescrito al haber trascurrido el plazo extraordinario de prescripción así como el máximo de  suspensión por la condición de contumacia, que fue dispuesta en el expediente correspondiente al delito en cuestión.

3 Aunque en la parte decisoria se menciona solo a “peculado”, en los considerandos de dicha sentencia se hace referencia de que se trata de dos delitos: uno doloso (figura base) y otro agravado.

4 De manera inexplicable, la Sala Superior indicó que se disminuiría cuatro años por confesión sincera a pesar que el encausado negó los cargos en todo momento hasta el inicio de este juicio oral; se realizó una inadecuada interpretación de la conformidad procesal y de la confesión sincera y los beneficios procesales diferenciados de cada una de estas instituciones.

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