Colusión. Prueba indiciaria concurrente a partir de falta de actos administrativos necesarios.
4 enero, 2020
Revisión de sentencia. Características de prueba nueva.
6 enero, 2020

Homicidio y abuso de autoridad. Concurso aparente de leyes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

SENTENCIA CASACIÓN N.° 950-2018
TUMBES
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Delitos de homicidio y abuso de autoridad. Concurso aparente. Minoridad relativa de edad.

Sumilla: 1. Conforme ya está definido por el Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116, corresponde sin más aplicar el artículo 22 del Código Penal si el imputado tiene menos de veintiún años. Tal causal de disminución de la punibibilidad importa (siempre) una pena por debajo del mínimo de la punibilidad legalmente establecida para el hecho punible a su autor, cuyo límite final será proporcional según el caso concreto. 2. La conducta abusiva contra el ciudadano Benites Jiménez consistió no solo en la forma como fue intervenido por el imputado sino también en el hecho de que, acto seguido, disparó contra él y le ocasionó la muerte. Se trata de un hecho histórico, no de dos. El contexto del hecho, sin duda, fue una actuación de intervención claramente errónea y abusiva, pero la conducta y el resultado final de la conducta del imputado fue disparar contra el agraviado y matarlo. Se trata de un todo unitario –unidad de acciones naturales– mediante un accionar progresivo en un estrecho contexto físico y temporal. 3. En consecuencia, se está ante un concurso aparente de leyes o unidad de ley resuelta por el principio de alternatividad en función a la estructura lógica de subordinación, propia del principio de especialidad. Así las cosas, el concurso aparente de leyes permite concluir que de dos o más tipos penales, es aplicable solo uno: en el presente caso, el tipo penal de homicidio simple.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por infracción de precepto material interpuesto por la defensa del encausado JEYRI KEVIN JULCA DÁVILA contra la sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y cinco, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos treinta y siete, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, lo condenó como autor de los delitos de homicidio simple  en agravio de Manuel Enrique Benítez Jiménez y de abuso de autoridad en agravio del Estado – Ministerio del Interior y Manuel Enrique Benítez Jiménez a ocho años y ocho meses de pena privativa de libertad y al pago de ciento cincuenta mil soles, cinco mil soles y mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del occiso y del Estado, respectivamente; con lo demás que contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes mediante requerimiento de fojas una formuló acusación contra Jeyri Kevin Julca Dávila como autor de los delitos de homicidio simple en agravio de Manuel Enrique Benítez Jiménez y de abuso de autoridad en agravio del Estado – Ministerio del Interior y Manuel Enrique Benítez Jiménez.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, previa audiencia preliminar de control de acusación, dictó el auto de enjuiciamiento de fojas ciento sesenta y uno, de veintisiete de octubre de dos mil quince.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes, tras el juicio oral y público, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictó la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos treinta y siete, que en un extremo condenó a Jeyri Kevin Julca Dávila como autor de los delitos de homicidio simple, tipificado en el artículo 106 del Código Penal, en agravio de Manuel Enrique Benítez Jiménez a nueve años de pena privativa de libertad efectiva y de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376, primer párrafo, del Código Penal en agravio del Estado – Ministerio del Interior y Manuel Enrique Benítez Jiménez, a un año de pena privativa de libertad efectiva, y sumadas ambas penas se tiene un total de diez años de pena privativa de libertad efectiva, así como al pago por concepto de reparación civil de ciento cincuenta mil soles y de cinco mil soles a favor de los herederos legales del occiso y de mil soles a favor del Estado. El encausado interpuso recurso de apelación.

SEGUNDO. Que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes emitió la sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y cinco, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Ésta confirmó un extremo y revocó otro de la sentencia apelada, por lo que condenó a Jeyri Kevin Julca Dávila como autor de los delitos de homicidio simple en agravio de Manuel Enrique Benítez Jiménez, a ocho años de pena privativa de libertad efectiva y de abuso de autoridad en agravio del Estado – Ministerio del Interior y Manuel Enrique Benítez Jiménez, a ocho meses de pena privativa de libertad efectiva, y le impuso un total de ocho años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva, así como al pago por concepto de reparación civil de ciento cincuenta mil soles y de cinco mil soles a favor de los herederos legales del occiso y de mil soles a favor del Estado; con lo demás que al respecto contiene.

Contra la referida sentencia de vista el abogado del encausado Julca Dávila interpuso recurso de casación.

TERCERO. Que las sentencias de mérito declararon probado lo siguiente:

A. El día doce de noviembre de dos mil trece, como a las veintidós horas, el acusado Jeyri Kevin Julca Dávila, Suboficial de Tercera PNP, de veinte años de edad, se encontraba a bordo de la unidad policial de placa de rodaje número KE-10864, tipo Furgón, quien estaba acompañado del Suboficial de Segunda PNP Argenis Roland Cruz Oyola, ambos pertenecientes a la Comisaría de San José, quienes se desplazaban por la calle Bolívar de norte a sur – Tumbes, a la altura de la estación de bomberos. En este lugar advirtieron la presencia de un vehículo conocido como “Lucho” que circulaba en la misma dirección a gran velocidad, y observaron que en su interior iban dos sujetos de sexo masculino. Estos individuos transportaban combustible de procedencia extranjera y al notar la presencia policial incrementaron la velocidad, lo que dio lugar a la respectiva persecución policial que concluyó por las inmediaciones del crucero formado por las avenidas veinticuatro de julio y Navarrete donde intempestivamente se acoplaron dos vehículos más, lo que impidió la intervención del primer vehículo, que logró fugarse, al punto de haberse iniciado un intercambio de disparos, dos de los cuales impactaron en el vehículo que trasladaba al personal policial interviniente.

B. En estas circunstancias el encausado Julca Dávila bajó de la unidad policial e intervino el vehículo de placa de rodaje FO guión tres dos siete dos, que se interpuso y había dificultado la labor policial, coche que era conducido por el agraviado Manuel Enrique Benítes Jiménez y en el que iba también Viviana Anaís Torres Conde y su menor hija. Es del caso que el encausado Julca Dávila efectuó disparos y se acercó al vehículo, produciéndose una discusión con la señora Torres Conde y un ulterior altercado. En esas circunstancias efectuó un último disparo que impactó en el parabrisas posterior del coche que terminó impactando en la cabeza de la víctima Benítes Jiménez y le ocasionó la muerte, pese a que la detención de este último ya se había producido. El arma de fuego utilizada el día de los hechos fue asignada al citado efectivo policial. El proyectil de arma de fuego ingresó por la parte posterior del vehículo que trasladaba a la víctima.

CUARTO. Que la defensa del encausado Julca Dávila en su recurso de casación de fojas quinientos setenta y cuatro, de ocho de mayo de dos mil dieciocho, mencionó el acceso excepcional al recurso de casación y citó, al efecto, el artículo 427 apartado 4 del Código Procesal Penal. Invocó como causal de casación: infracción de precepto material, en los términos del artículo 429, inciso 3, del Código Procesal Penal).

QUINTO. Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas setenta y tres, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, del cuadernillo formado en esta sede suprema, declaró bien concedido el citado recurso por la causal de infracción de precepto material (artículo 429, inciso 3, del Código Procesal Penal).

La defensa del encausado Julca Dávila desde el acceso excepcional al recurso de casación pidió, de un lado, se defina el carácter obligatorio de la disminución de la pena por debajo del mínimo legal en casos de minoría relativa de edad –lo que no aceptó el Tribunal Superior–; y, de otro lado, si se está ante un concurso real de delitos, concurso ideal de delitos (homicidio y abuso de autoridad) o concurso aparente de leyes cuando quien realiza la conducta lesiva es un efectivo policial en el curso de un acto de intervención – el Tribunal afirmó, según acotó, que se trató de un concurso real de delitos, sin mayor desarrollo jurídico–.

La Ejecutoria Suprema señaló que en el presente caso el planteamiento excepcional incide en los efectos jurídicos de la minoría relativa de edad del sujeto activo –respecto del cual existe jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo, que aparentemente no se ha cumplido– y en las reglas de determinación de la pena, en orden a los preceptos del concurso.

SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la audiencia de casación el día veinte de noviembre del presente año, ésta se realizó con la concurrencia de la defensora pública, Doctora Judith Antonieta Rebaza Antúnez, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente.

SÉPTIMO. Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la sentencia el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que la pretensión impugnatoria admitida contiene, como causa de pedir impugnativa, la denuncia de un vicio in iuris referido tanto a la infracción de la causal de disminución de punibilidad prevista en el artículo 22 del Código Penal como a la vulneración de las reglas del concurso de delitos (artículos 48 y 50 del Código Penal). La petición es revocatoria y, por ende, que se disminuya la pena impuesta.

SEGUNDO. Que, en cuanto a la primera denuncia casacional, está probado que el encausado Julca Dávila, cuando ocurrieron los hechos que cometió, contaba con veinte años de edad [véase Ficha RENIEC de fojas cuatrocientos setenta y uno]. Siendo así, conforme ya está definido por el Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116, de doce de junio de dos mil diecisiete, corresponde sin más aplicar el artículo 22 del Código Penal. Tal causal de disminución de la punibibilidad importa (siempre) una pena por debajo del mínimo de la punibilidad legalmente establecida para el hecho punible a su autor, cuyo límite final será proporcional según el caso concreto [conforme: PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR: Consecuencias jurídicas del delito – Giro punitivo y nuevo marco penal, Editorial IDEMSA, Lima, 2016, p. 248] –desde ese límite se determina la pena concreta–. Nada permite excepcionar esta prescripción normativa.

TERCERO. Que, en lo atinente a la segunda denuncia casacional, está probado que el encausado Julca Dávila cuando delinquió actuó en acto de servicio, a propósito de una fallida intervención policial, como consecuencia de lo cual indebidamente utilizó su arma de reglamento, disparó contra el agraviado, quien ya había sido controlado y estaba sentado al volante del vehículo que conducía –el cual ya se encontraba sobreparado–, y le causó la muerte.

El Tribunal Superior reiteró que se trató de un concurso real de dos delitos: homicidio simple y abuso de autoridad, por lo que aplicó el artículo 50 del Código Penal, según la Ley 28730, de trece de mayo de dos mil seis.

CUARTO. Que es claro que la conducta abusiva contra el ciudadano Benites Jiménez consistió no solo en la forma como fue intervenido por el imputado sino también en el hecho de que, acto seguido, disparó contra él y le ocasionó la muerte. Se trata de un hecho histórico, no de dos. El contexto del hecho, sin duda, fue una actuación de intervención claramente errónea y abusiva, pero la conducta y el resultado final de la conducta del imputado fue disparar contra el agraviado y matarlo. Se trata de un todo unitario –unidad de acciones naturales– mediante un accionar progresivo en un estrecho contexto físico y temporal.

Es de recordar que, además, el tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal está excluido en aquellos casos en los que la actividad concreta y el perjuicio causado formen parte de otros tipos penales específicos [ABANTO VÁSQUEZ, MANUEL: Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano, Editorial Palestra, Lima, 2003, p. 233]. Es un delito subsidiario de otros más graves [ABOSO, GUSTAVO EDUARDO: Código Penal de la República Argentina, Quinta Edición, Editorial B de F, Buenos Aires, 2018, p. 1352].

QUINTO. Que, en consecuencia, desde la perspectiva de BINDIG, se está ante un concurso aparente de leyes o unidad de ley resuelta por el principio de alternatividad en función a la estructura lógica de subordinación, propia del principio de especialidad [HURTADO POZO, JOSÉ – PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR: Manual de Derecho Penal – Parte General, Tomo II, Cuarta Edición, Editorial IDEMSA, Lima, 2011, p. 234/235].

Así las cosas, el concurso aparente de leyes permite concluir que de dos o más tipos penales, es aplicable solo uno: en el presente caso, el tipo penal de homicidio simple. No hay delito de abuso de abuso de autoridad, por lo que no es posible aceptar una condena por tal delito como si se tratare de un concurso real de delitos.

SEXTO. Que, como se trata de un único delito de homicidio simple, sancionado con un mínimo legal de seis años de pena privativa de libertad (artículo 106 del Código Penal), y por el principio de interdicción de reforma en peor (artículo 409, apartado 3, del Código Procesal Penal) no es del caso agregar alguna circunstancia agravante, genérica o especial, no contemplada en la sentencia condenatoria –el imputado es el único que interpuso el recurso de casación–, corresponde dictar una sentencia casatoria no solo rescindente sino también rescisoria –no hace falta un nuevo debate para definir la pena pertinente: artículo 33, apartado 1, del Código Procesal Penal–.

A los efectos de la medición de la pena debe tenerse en cuenta no solo el artículo 22 del Código Penal, según ya se estableció, sino también su ausencia de antecedentes y el abuso del cargo en la ejecución del delito. La pena, por tanto, deberá ser de cinco años y seis meses de pena privativa de libertad.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por infracción de precepto material interpuesto por la defensa del encausado JEYRI KEVIN JULCA DÁVILA contra la sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y cinco, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, CASARON la referida sentencia de vista. II. Actuando como instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos treinta y siete, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en cuanto condenó a JEYRI KEVIN JULCA DÁVILA como autor del delito de homicidio simple en agravio de Manuel Enrique Benítez Jiménez y fijó en ciento cincuenta mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del occiso; la REVOCARON en el extremo que lo condenó como autor del delito de abuso de autoridad en agravio del Estado – Ministerio del Interior y Manuel Enrique Benítez Jiménez; con lo demás que contiene; reformándolo: lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal formulada en su contra por dicho delito en agravio del indicado agraviado, archivándose lo actuado definitivamente en este extremo y anulándose sus antecedentes policiales judiciales; asimismo, la REVOCARON en la parte que le impuso nueve años de pena privativa de libertad; reformándola: le IMPUSIERON cinco años y seis meses de pena privativa de libertad. III. DISPUSIERON se publique la presente sentencia casatoria en la Página Web del Poder Judicial. Intervino el señor Castañeda Espinoza por vacaciones de la señora Chávez Mella. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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