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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD Nº 937-2018
LIMA NORTE

PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE EXTORSIÓN

Sumilla. La fiscalía superior cuestionó la absolución de la coacusada como cómplice secundaria por el delito de extorsión. Al respecto, de los hechos materia de acusación, se aprecia que contribuyó a la huida del condenado cuando la entrega del dinero ya se había efectuado, sin que se aprecie algún otro acto de contribución anterior que determine su participación como cómplice. Por tanto, su absolución en conforme a ley.

Lima, veinte de mayo de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el FISCAL SUPERIOR, contra la sentencia del trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 1171), emitida por la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a Paulo Christian Laos Colán como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Aldo Inocente Roca Falcón, Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya y José Luis Valladolid Espino, a ocho años de pena privativa de libertad; y como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, en perjuicio de los agraviados antes referidos, a siete años de pena privativa de libertad. Así como el pago solidario de dos mil soles por reparación civil a favor de cada uno de los agraviados. Además, absolvió a Allison Castro Suarez, como cómplice secundaria del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión con agravantes, con lo demás que contiene. De conformidad en parte con la opinión de la fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

PRIMERO. La fiscal superior en el recurso de nulidad formalizado a foja 1203, impugnó el extremo de la pena impuesta al condenado Paulo Christian Laos Colán y la absolución de Allison Castro Suárez. Sostuvo los siguientes agravios:

1.1. El condenado Laos Colán, según la pericia sicológica que se le practicó, no tenía ninguna enfermedad mental ni se encontraba privado de discernimiento al momento de los hechos. Asimismo, el informe médico que determinó secuela neurológica por traumatismo encéfalo craneano grave, epilepsia secundaria a traumatismo encéfalo craneano, debido al disparo de arma que recibió en la cabeza, fue realizado un año antes de la comisión de los hechos, lo que no sustenta la eximente de responsabilidad alegada por la defensa. Solicitó se reformen las penas parciales conforme a lo requerido en la acusación fiscal.

1.2. La Sala Penal Superior no valoró adecuadamente los medios probatorios de cargo que corroboraron la participación de la absuelta Allison Castro Suarez en los hechos. Solicitó se declare nulo el juicio oral y se disponga uno nuevo para la

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

SEGUNDO. La acusación se formuló por dos delitos, con base a los siguientes hechos:

2.1. En cuanto al delito de robo con agravantes fue imputado a Laos Colán y al reo contumaz Gerardo Gianpierre García Olarte, hecho ocurrido el treinta y uno de agosto de dos mil catorce, cuando el agraviado Aldo Inocente Roca Falcón efectuaba los servicios de taxi en el vehículo de placa B0S-608 (de propiedad de las víctimas Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya y José Luis Valladolid Espino), por las inmediaciones del centro comercial Megaplaza, distrito de Independencia. En estas circunstancias, fue abordado por el sentenciado Laos Colán y el reo contumaz García Olarte, quienes le solicitaron que los traslade hasta la avenida Grau. Cuando arribaron a su destino, Laos Colán descendió del vehículo, apuntó al agraviado con un arma y le exigió que descienda del mismo, y le sustrajo sesenta soles, así como solicitó un número telefónico. En tanto, García Olarte aprovechó para tomar la llave y encender el vehículo, en el que ambos huyeron del lugar.

El fiscal superior subsumió la conducta de Laos Colán y García Olarte como autores del delito de robo con las agravantes de los incisos 2 (durante la noche), 3 (a mano armada), 4 (con el concurso de dos o más personas) y 8 (sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios), del artículo 189, del Código Penal (CP). Solicitó para ambos la pena de quince años de privación de libertad y el pago solidario de dos mil soles a favor de cada uno de los agraviados.

2.2. En cuanto al delito de extorsión con agravantes imputado a Laos Colán y Castro Suárez, se tiene que el treinta y uno de agosto de dos mil catorce, luego de producido el robo antes referidos, el conductor Roca Falcón recibió llamadas a su celular desde el número 983 802 457, de un sujeto quien le solicitaba la suma de dos mil quinientos soles a cambio de la entrega del vehículo robado, bajo la amenaza de “meterle hacha” en caso de su Por lo que, acordaron encontrarse al día siguiente por las inmediaciones de la cuadra 31 de la avenida  Lima, distrito de San Martín de Porres, lugar en el que realizarían el pago y la devolución del bien. De conformidad con las tratativas, Roca Falcón y Cano Huarcaya –propietaria del vehículo–, acudieron a tal lugar y le entregaron novecientos soles. En dichas circunstancias, apareció una mototaxi, donde se encontraba Castro Suarez, pareja de Laos Colán a quien lo llamó para que suba al vehículo y huyan. Sin embargo, en esos instantes, la policía los intervino.

El fiscal superior calificó la conducta de Laos Colán (autor) y Castro Suárez (cómplice secundaria) como delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión con las agravantes del literal b (pluralidad de agentes), del quinto párrafo, del artículo 200, del CP. Solicitó para ambos respectivamente, las penas de veintiuno y diecinueve años de privación de libertad, así como el pago solidario de dos mil soles a favor de cada uno de los agraviados.

Además, precisó que respecto al acusado Laos Colán, de conformidad con el artículo 29 del CP, la pena total era de treinta y cinco años.

CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

TERCERO. El principio de presunción de inocencia construye en efecto, una presunción en favor del acusado por un delito, según el cual este es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. De este modo, el juez debe conocer de la acusación penal, abordar la causa sin prejuicios y construir la responsabilidad penal del imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta y, por tanto, probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable1.

CUARTO. Se debe considerar que la aplicación de las sanciones penales, debe guardar una equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas, con la magnitud del daño ocasionado y la trascendencia del bien jurídico lesionado2. Es por ello, que deben ser impuestas con base en los principios de responsabilidad, proporcionalidad y racionalidad, pues el derecho a la libertad personal puede restringirse por una pena bien aplicada, más no cuando, la misma sea una excesiva o errada3.

QUINTO. Para la determinación judicial de la pena, se han emitido diversos acuerdos plenarios y casaciones, entre ellos, el Acuerdo Plenario N.º 4-2009/CJ-1164, según el cual, constituye un procedimiento técnico y valorativo regulado por el CP, en cuya apreciación se debe considerar los hechos y circunstancias que la rodean. En el artículo 45 del CP, se establecen los criterios de fundamentación y determinación de la pena, mientras que las circunstancias tienen como función esencial ayudar a la medición judicial de la intensidad de un delito y a la decisión sobre la calidad o extensión del castigo que aquel se merece, las que pueden ser circunstancias atenuantes y agravantes5.

De tal forma, primero se recurre a los citados criterios y luego se debe observar la concurrencia de tales circunstancias, las cuales se encuentran previstas en el artículo 46 del CP. Además, debe verificarse la concurrencia de otras reglas que afecten la construcción o extensión de la pena básica o concreta, como son las denominadas causales de disminución o incremento de punibilidad y las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal.

SEXTO. Con relación a la sentenciada Allison Castro Suárez, la Sala Penal Superior determinó su absolución por el delito de extorsión. Si bien, la acusada reconoció la propiedad del chip del número de teléfono a través del cual se efectuaron las llamadas extorsivas, también aseveró durante todo el proceso que fue Laos Colán quien lo utilizó sin su consentimiento. Su dicho se encuentra corroborado con la manifestación de la agraviada Cano Huarcaya, quien señaló que la persona que se comunicaba con ellos y realizaba las tratativas era un varón. Y, con la declaración del efectivo policial Reyes Rojas, quien sobre la intervención realizada a Castro Suárez, sostuvo que durante el registro personal se encontraba mal y aseveraba su inocencia, y no se halló nada en su poder.

Se acreditó que en efecto, había sido intervenida a bordo del mototaxi con placa NG-34211, junto al sentenciado Laos Colán después que este recepcionó el dinero por parte de los agraviados y se alejó del lugar, con lo que consideró que el delito se consumó en tal instante. Por tanto, concluyó que la imputación a Castro Suárez de colaboración con los hechos es una intervención inocua.

SÉTIMO. Al respecto, este Supremo Tribunal considera que conforme a la teoría del dominio del hecho, se diferencia entre la complicidad primaria y secundaria radica en el tipo de aporte prestado por el cómplice. Los actos de complicidad primaria los esenciales para que el autor realice el delito, en tanto, la complicidad secundaria consiste en cualquier contribución no indispensable. Para determinar si se trata de uno u otro caso, el aporte ha de ser valorado a través de los filtros de la imputación objetiva, respecto al riesgo típico6. En el presente caso, se imputó a Castro Suárez como cómplice secundaria.

OCTAVO. Un primer nivel de análisis constituye la determinación de la responsabilidad del autor respecto de una conducta dolosa7, la cual quedó acreditada. Superado este paso, se debe verificar la relevancia típica del aporte realizado por Castro Suárez y que este haya sido de forma dolosa. Para ello, se valora lo siguiente:

8.1. Manifestación de Allison Castro Suárez en sede preliminar (foja 50) y en juicio oral, sesión del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 863), manifestó que Laos Colán era su pareja y por celos, manipulaba su celular. Negó haber pasado a recogerlo ni que le dio aviso a su conviviente para que suba al mototaxi. En los escritos con alegatos finales del tres y nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 1125 y 1135) indicó que el día de los hechos, se encontraba dirigiéndose al domicilio de sus padres, cuando observó a su exconviviente Laos Colán que conversaba con la agraviada, por lo que, lo llamó puesto que se había retrasado en cobrar un supuesto dinero que le adeudaban y lo había esperado por un lapso de treinta minutos en un mercado.

8.2. En esta misma sesión se examinó a la PNP Marisol Karen Reyes Rojas (foja 938) quien realizó el registro personal a Castro Suárez y dijo que el día de los hechos, ella se encontraba mal, llorando e indicaba que no tenía vínculo con los hechos, que incluso estaba embarazada.

8.3. Manifestación policial de Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya (foja 34 del dos de setiembre de dos mil catorce, manifestó que ninguna fémina participó en las llamadas extorsivas ni tampoco estuvo presente en la entrega. Refirió que apreció una mototaxi que venía de una calle de arriba y se detuvo esperando a Laos Colán por un lapso aproximado de cuatro minutos. Se ratificó en la sesión de juicio oral del once de setiembre de dos mil diecisiete (foja 909).

Del análisis de esta versión, se podría inferir que la acusada abordó una mototaxi y llegó hasta el lugar donde se produjo el pago de la extorsión, con el fin de recoger al sentenciado y permitir su huida.

NOVENO. A fin de evaluar la relevancia jurídico penal de tal acto, se deben evaluar los hechos de conformidad con lo establecido en la Casación N.° 363-2015/Santa8, que en el Código Penal vigente no se regula la complicidad postconsumativa, ya que por definición, el cómplice ayuda a que el autor cometa el hecho criminal; por lo que, si este ya se realizó, no cabe forma de participación alguna, con lo que, su conducta sería penalmente inocua para el derecho, y consecuentemente correspondería una absolución.

Para tales efectos, resulta conveniente que, en primer lugar, se evalúen los hechos materia de imputación en tres momentos: a) momento uno: el treinta y uno de agosto de dos mil catorce, luego de producido el robo del vehículo, el agraviado Falcón Roca recibió llamadas extorsivas, en las que le solicitaban un monto dinerario con el fin de devolver el bien sustraído; b) momento dos: el uno de setiembre del mismo año, los agraviados Falcón Roca y Cano Huarcaya se encontraron junto al sentenciado Laos Colán en el lugar pactado, donde se realizó la entrega de novecientos soles; y c) momento tres: después de efectuado el pago, Laos Colán, fue intervenido en la mototaxi que pasó a recogerlo y en la cual se encontraba su conviviente Castro Suárez.

Identificados estos tres momentos, permite determinar que la sentenciada absuelta intervino cuando la entrega del dinero se había efectuado. Conforme lo indicó la Sala Superior, la contribución que aportó Castro Suarez fue después de consumados los hechos, y no es posible apreciar algún acto de contribución, anterior a la fecha que determine su complicidad. Por tanto, su absolución es conforme a ley.

DÉCIMO. En conclusión, se aprecia que en la sentencia recurrida se ha justificado la decisión, puesto que se valoró el acervo probatorio en su conjunto, el cual no acreditó la intervención de Castro Suárez antes de la consumación del ilícito. En tal sentido, compartimos con la Sala Superior, que su conducta es inocua y, su absolución por el delito de extorsión con agravantes, previsto en el literal b, del artículo 200, CP fue conforme a ley.

DECIMOPRIMERO. Respecto al sentenciado Laos Colán, el fiscal superior para solicitar la pena concreta, consideró que carece de antecedentes penales y, dada la concurrencia de circunstancias de agravación específica en ambos delitos, la pena debía quedar circunscrita dentro del segundo tercio. Por lo que, solicitó respectivamente, las penas de quince años y veintiún años de privación de libertad, por cuya acumulación puede imponerse máximo treinta y cinco años de pena.

DECIMOSEGUNDO. La Sala Penal Superior dio por acreditada la responsabilidad penal de Laos Colán por los delitos de robo y extorsión; y para efectos de determinar la pena, consideró la edad del sentenciado de dieciocho años al momento de los hechos. Por lo que, inaplicó el artículo 22 del CP y disminuyó la pena abstracta en un tercio por debajo del mínimo legal. Consideró la carencia de antecedentes penales, con base a los principios de culpabilidad y razonabilidad, y dado que se trata de dos hechos ilícitos distintos, aplicó el concurso real de delitos establecido en el artículo 50 del CP, determinó la pena concreta para cada delito en ocho y siete años, respectivamente.

DECIMOTERCERO. Se advierte que, la Sala Penal Superior impuso una pena menor a la solicitada, pues consideró la concurrencia de una causal de disminución de responsabilidad, como lo es la  responsabilidad restringida por la edad, lo que el fiscal superior no  valoró en su requerimiento al solicitar la pena, ni tampoco en el medio impugnatorio formulado.

Sin embargo, en su fundamentación el fiscal superior sí refutó la posición que sostuvo la defensa técnica durante el proceso, relativo a la concurrencia de una eximente de responsabilidad penal, pues el sentenciado recibió un impacto de bala en la cabeza que le dejó graves secuelas. Con relación a ello, el fiscal sostuvo que la pericia psicológica que se le practicó no acreditó que Laos Colán padezca de alguna enfermedad mental o se encontrase privado de discernimiento al momento de los hechos. Asimismo, argumentó que el informe médico que determinó secuela neurológica por traumatismo encéfalo craneano grave, epilepsia secundaria a traumatismo encéfalo craneano, debido al disparo de arma que recibió en la cabeza, fue realizado un año antes de la comisión de los hechos.

DECIMOCUARTO. Esta Suprema Corte, para determinar la corrección de la determinación judicial de la pena realizada por el colegiado, considera en primer lugar la pena abstracta a partir de la cual, oscilará la pena concreta.

Así se tiene que la sanción para el delito de robo con las agravantes de los incisos 2, 3, 4 y 8, del primer párrafo, del artículo 189, del CP9 prevé una pena no menor de doce ni mayor de veinte años. En tanto que, para el delito de extorsión regulado en el literal b, del quinto párrafo del artículo 200, del CP10, se prevé una pena no menor de quince ni mayor de veinticinco años.

DECIMOQUINTO. En cuanto a la concurrencia de alguna causal de disminución de punibilidad, el colegiado no dio respuesta a la causal invocada por la defensa para la disminución de la pena.

Sin perjuicio de ello, se advierte que con la declaración del PNP Moisés Pari Coharete oralizada en la sesión de juicio del treinta de octubre de dos mil diecisiete (foja 1084), se corroboró que en efecto, Laos Colán con anterioridad a su intervención tuvo un impacto por proyectil de arma, pues dicho efectivo policial lo vio en silla de ruedas, cuando se acercó a poner la denuncia en calidad de agraviado-. Sin embargo, en juicio oral se examinó a la sicóloga Elizabeth Huaranga Ross (foja 1082), quien afirmó que el sentenciado durante las entrevistas, se mostró como una persona orientada en tiempo y espacio, con capacidad de comprender y diferenciar de lo bueno y lo malo. Además que, es una persona fría e indiferente, con indicadores de egocentrismo.

Por tanto, se verifica con la ficha Reniec del sentenciado11, que solo concurre la responsabilidad restringida por la edad, y que como causal de disminución de punibilidad determina la pena por debajo del  mínimo legal, y para establecer qué sanción concreta corresponde por debajo de la misma, se debe atender a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las penas.

DECIMOSEXTO. Por otro lado, por tratarse de dos delitos en concurso real, se debe atender a lo establecido en el Acuerdo Plenario N.º 4- 2009/CJ-11612, respecto al procedimiento derivado del denominado “principio de acumulación”, pues el esquema operativo que el órgano jurisdiccional debe desarrollar es en primer lugar, la identificación de la pena básica y concreta parcial para cada delito integrante del concurso, para posteriormente realizar la sumatoria de ambas.

En cuanto, al delito de robo, la pena mínima es de doce años de privación de libertad, y de conformidad con la entidad de los hechos, consideramos que la reducción proporcional es hasta los diez años de pena. Con relación al delito de extorsión prevé una pena mínima de quince años, y fue disminuida hasta los siete años de pena, la misma que debe ser confirmada. Por tanto, la sentencia debe ser reformada en el extremo de la pena parcial impuesta a Laos Colán por el delito de robo.

DECIMOSÉPTIMO. Sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia, lo condenó por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación (tipo base), cuando la conducta imputada al sentenciado y que fue materia de debate, fue el de extorsión con la agravante del literal b, y determinó que se acreditó solo la responsabilidad de Laos Colán y no la de Castro Suárez. Por tanto, no se configuró la agravante referida a la pluralidad de agentes, lo que además determinó la pena por el tipo base.

De tal forma, la sentencia recurrida debe ser aclarada en este extremo, en aplicación supletoria del artículo 406 del Código Procesal Civil (CPC), que faculta al juez hasta antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, aclare algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella, siempre que no se altere el contenido sustancial de la decisión, pues en el caso que nos ocupa, se condenó a Laos Colán por el delito de extorsión en la modalidad básica, y no de receptación como erróneamente se consignó en la parte resolutiva de la sentencia.

DECIMOCTAVO. Finalmente, cabe precisar que en la sentencia se determinó el monto de dos mil soles por concepto de reparación civil, que deberá ser pagado por el sentenciado Laos Colán, en forma solidaria de ser el caso, a favor de cada uno de los agraviados, sin mencionar de forma expresa de quiénes se tratarían. Por tanto, se debe remitir a la parte considerativa de la sentencia.

En este extremo, este Supremo Tribunal advierte que en el considerando sétimo intitulado como “Reparación civil”, la Sala estimó erróneamente lo siguiente: a) como agraviados a Víctor Querevalu Regalado y Percy Juvenal Quispe, y b) determinó la reparación civil en el monto solicitado por el Ministerio Público, esto es, la proporción de dos mil y mil soles, para cada uno.

No obstante, de los considerandos anteriores de la sentencia, se desprende que los agraviados son Aldo Inocente Roca Falcón, Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya y José Luis Valladolid Espino, y que, el monto por reparación civil solicitado en la acusación fiscal es de dos mil soles a favor de cada uno.

En aplicación supletoria del artículo 406 del CPC, ya mencionado, se debe aclarar en la sentencia que la reparación civil es por el monto de dos mil soles de manera solidaria, de ser el caso13, a favor de cada uno de los agraviados Aldo Inocente Roca Falcón, Mercedes Ubaldina  Cano Huarcaya y José Luis Valladolid Espino.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, resolvieron:

I. ACLARAR la sentencia del trece de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a Paulo Christian Laos Colan, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión y no de receptación, en perjuicio de Aldo Inocente Roca Falcón, Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya y José Luis Valladolit Espino, y fijó en dos mil soles la reparación civil que deberá pagar a favor de cada uno de los agraviados Aldo Inocente Roca Falcón, Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya y José Luis Valladolid Espino, en forma solidaria si fuera el caso, y no de Víctor Querevalu Regalado y Percy Juvenal Quispe, como erróneamente se consignó.

II. NO HABER NULIDAD en el extremo de la sentencia que condenó a Paulo Christian Laos Colan, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Aldo Inocente Roca Falcón, Mercedes Ubaldina Cano Huarcaya y José Luis Valladolid Espino; y como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, en perjuicio de los agraviados antes

III. HABER NULIDAD en el extremo de la sentencia que le impuso la pena parcial de ocho años por el delito de robo con agravantes, REFORMÁNDOLA, se le impone diez años, y por tanto, la pena total es de diecisiete años de privación de libertad. La misma que computada desde el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, vencerá el treinta de julio de dos mil treinta y

IV. NO HABER NULIDAD en el extremo de la sentencia que absolvió a Allison Castro Suarez como cómplice secundaria del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión con agravantes; con lo demás que contiene, y los devolvieron.


1.  O´DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,  jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Segunda edición. Santiago de Chile: 2007, p. 398.

2 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima: Idemsa, 2010, p. 128. Sostiene además que alude a un procedimiento técnico y valorativo cuya función esencial es servir al órgano jurisdiccional para llevar a cabo la individualización de los castigos penales. Del mismo autor. La Dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos, Lima, Ideas Solución: 2018, p. 188.

3 STC N.° 08439-2013-PHC/TC.

4 Del 13 de noviembre de 2009. Asunto: determinación judicial de la pena y concurso real de delitos, fj.15.

5 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios, Idemsa, Lima, 2010, p. 128. Sostiene además que alude a un procedimiento técnico y valorativo cuya función esencial es servir al órgano jurisdiccional para llevar a cabo la individualización de los castigos penales. Del mismo autor, La Dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos, Lima, Ideas Solución: 2018, pp. 193-196.

6 Casación N.º 367-2011-Lambayeque. Del 15 de julio de 2013, fj. 3.11.

7 Nuestro ordenamiento jurídico y la doctrina unánime descarta la participación (complicidad e instigación) en conductas culposas o imprudentes.

8 Del 9 de agosto de 2016, fj. 3.7.

9 Artículo 189 modificado por la Ley N.º 30076, publicada el 19 de agosto de 2013, vigente hasta la actualidad.

10 Artículo 200 del CP modificado por la Ley N.º 30076, publicada el 19 de agosto de 2013, vigente al momento de los hechos.

11 Obrante a foja 59, del que se aprecia que a la fecha de los hechos, tenía dieciocho años de edad.

12 Del 13 de noviembre de 2009. Asunto: determinación de la pena y concurso real de delitos. fj. 7.

13 Si es que en su oportunidad, se demuestra la responsabilidad del reo contumaz García Olarte por el delito de robo con agravantes.

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