Los elementos típicos del delito de marcaje. Es necesario que se haga uso de armas, vehículos u otros bienes.
12 enero, 2020
Presunción de inocencia. La insuficiencia del indicio de oportunidad y de presencia en el lugar de los hechos.
14 enero, 2020

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 2198-2018
LIMA NORTE

Nulidad parcial de la sentencia

Debe confirmarse la absolución para ambos impugnantes por el delito de asociación ilícita, al no haber indicios que prueben su permanencia o la existencia de alguna organización criminal por un tiempo estable.

Por otro lado, debe confirmarse la condena por tentativa de secuestro, pues no se advierte el supuesto de tentativa inidónea. Empero, debe declararse la nulidad de la sentencia de vista en el extremo en el que les impuso a los recurrentes quince años de pena privativa de libertad, ya que la reducción prudencial de la pena que indica la tentativa –artículo 16 del Código Penal– fue aplicada de manera arbitraria –sin mayor motivación–. En tal sentido, revocándola, se reforma y se les imponen veinte años de pena privativa de libertad. Finalmente, debe declararse la nulidad de la resolución de vista en el extremo en el que le impuso a uno de los impugnantes cinco años de pena privativa de libertad y, en virtud del principio de legalidad, se revoca y se reforma la sanción a seis años de privación de libertad.

Lima, nueve de septiembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público y por las defensas técnicas de John Joseph Nolly Ugaz y Christian Paul Cornejo Blas contra la sentencia expedida el doce de septiembre de dos mil dieciocho por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que los condenó como autores del delito contra la libertad-secuestro en grado de tentativa, en agravio de Raúl Carlos Badillo Marcelo; en consecuencia, les impuso a ambos quince años de pena privativa de libertad. De igual manera, condenó a Nolly Ugaz como autor del delito contra la tranquilidad pública-tenencia ilegal de armas, en agravio del Estado, y le impuso cinco años de pena privativa de libertad. Y, sumadas las penas, le impuso veinte años de pena privativa de libertad a Nolly Ugaz y fijó en S/1000 (mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, que deberán pagar ambos recurrentes a favor del agraviado Badillo Marcelo, y en S/ 500 (quinientos soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, que deberá abonar Nolly Ugaz a favor del Estado.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de impugnación del Ministerio Público –folios 2380 a 2387–

1.1 La impugnante objeta el quantum de la pena impuesta a los sentenciados Nolly Ugaz y Cornejo Blas. En consecuencia, pretende que se revoque la sentencia en ese extremo y, reformándola, se les imponga veinticinco años de pena privativa de libertad.

1.2 Respecto al delito de tentativa de secuestro, aduce que, conforme al inciso 11 del artículo 152 del Código Penal, el extremo de la pena mínima del delito de secuestro es de treinta años. En virtud del artículo 16 –tentativa– y los artículos 45-A –individualización de la pena– y 46 del Código Penal, la sanción se reduce. Sin embargo, no es válido que, sin más motivo, la Sala Superior les impusiera a ambos recurrentes quince años de pena privativa de libertad –la sanción solicitada para este delito es de veinticinco años–.

1.3 Respecto a la absolución de los sentenciados por el delito de asociación ilícita para delinquir, la Sala Superior no efectuó una debida valoración de las pruebas. De conformidad con el Acuerdo Plenario número 4-2006/CJ-116 –expedida el trece de octubre de dos mil seis (cosa juzgada en relación con el delito de asociación ilícita para delinquir)–, se acreditó que tanto Nolly Ugaz como Cornejo Blas pertenecían a la organización denominada Los Nuevos Elegantes –se acreditó: a) la relativa organización, b) la permanencia o estabilidad y c) el número mínimo de personas–.

Segundo. Fundamentos de impugnación de John Joseph Nolly Ugaz –folios 2389 a 2401–

2.1 El impugnante pretende que esta Sala Suprema revoque la sentencia de vista y, reformándola, lo absuelva de los delitos imputados.

2.2 Alega que la Sala Superior vulneró la motivación de las resoluciones judiciales –inciso 5 del artículo 139 de la Constitución–, pues no valoró las pruebas de descargo, con las que se acreditaría que los hechos no sucedieron según lo expresado por los efectivos policiales de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (en adelante, SUAT) –la escena del crimen fue alterada–. Por ende, la valoración realizada por la Sala Superior es incorrecta.

2.3 Por otro lado, sostiene que el delito de secuestro imputado únicamente configuró una tentativa inidónea, pues el supuesto agraviado –Badillo Marcelo– no se encontraba en Lima el día de los hechos.

2.4 Finalmente, respecto al delito de tenencia ilegal de armas, el recurrente señala que esto no se acreditó y que el arma que  se le imputa por posesión ilegal no le pertenecía, sino que era de propiedad de quien en vida fue Miguel Ángel Jibaja Suárez –quien también fue intervenido el día de los hechos, pero producto del enfrentamiento entre los miembros de la SUAT resultó herido y falleció horas más tarde–.

Tercero. Fundamentos de impugnación de Christian Paul Cornejo Blas –folios 2371 a 2378–

3.1 El impugnante pretende que esta Sala Suprema revoque la sentencia y, reformándola, lo absuelva del delito de tentativa de secuestro.

3.2 Señala que, pese a existir insuficiente actividad probatoria, la Sala Superior lo condenó. Por ello, se vulneró su presunción de inocencia –literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución–.

Cuarto. Opinión fiscal –folios 81 a 99–

Mediante el Dictamen número 450-2019-MP-FN-SFSP, el representante del Ministerio Público opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida.

Quinto. Hechos imputados

Se les imputa a John Joseph Nolly Ugaz y Christian Paul Cornejo Blas que el dieciocho de noviembre de dos mil doce, a las 9:50 horas, previa coordinación con los efectivos policiales fallecidos Franco Israel Moreno Goyeneche –teniente, quien laboraba en Diredud-Esupol y realizaba el cuarto curso básico de teniente–, Roger Alonso Manrique  Torres –suboficial de tercera, quien laboraba en la comisaría del  distrito  de Jesús María– y Víctor Manuel Monggo Valdera –suboficial de segunda, quien se desempeñaba en Depolmon-Tacalá–, y con el civil también fenecido Miguel Ángel Jibaja Suárez, intentaron secuestrar a Raúl Carlos Badillo Marcelo, propietario de la fábrica de colchones Romantic –ubicada en la avenida El Triunfo, manzana A, lote 17, centro poblado Zapallal Alto, en el distrito de Puente Piedra–, para lo cual hicieron uso de automóviles y armas.

Sexto. Pronunciamiento jurisdiccional

6.1 Respuesta a los alegatos de John Joseph Nolly Ugaz

6.1.1 Alteración de la escena del crimen

6.1.1.1 El impugnante, entre otros argumentos, refirió que la escena del crimen fue alterada, por lo que la valoración efectuada por la Sala Superior respecto a los hechos fue inadecuada.

6.1.1.2 Por ello, no solo cuestiona la decisión del órgano jurisdiccional, sino la imputación fiscal –la denuncia formulada por la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra (folios 789 a 800); el auto de procesamiento expedido por el Juzgado Penal de Turno Permanente (folios 801 a 807); el Dictamen número 750-2015, mediante el cual la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima Norte opinó que había mérito para pasar a juicio oral (folios 1575 a 1593), y la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesados en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (folios 1638 a 1644)–.

6.1.1.3 De autos se advierte que ante la apelación interpuesta por el Ministerio Público –folios 1911 a 1915– frente a la resolución expedida el once de julio de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte –folios 1872 a 1895–, que absolvió a Nolly Ugaz de los delitos imputados –tentativa de secuestro, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir–, el recurrente adjuntó un CD –folio 2005– en el que se visualiza su intervención a pocos minutos del enfrentamiento con efectivos policiales de la

6.1.1.4 En este video –segundos 00:11 a 00:16, 01:56 a 01:57, 02:08 a 02:12, 02:40 y 02:47 a 02:52– se observa un vehículo tipo van antiguo –folio 2135– de color blanco –placa  de identificación ilegible– en el lugar donde fueron abatidos los efectivos policiales –el teniente Moreno Goyeneche, el SO3 Manrique Torres y el SO2 Monggo Valdera–, que entre los segundos 03:30 a 03:31 desaparece de la escena del crimen.

6.1.1.5 Según la declaración indagatoria del testigo en reserva número 02-2014-3FPMPP-MP-FN –folios 1702 a 1705, y 2001 a 2004, identificado después como el periodista Fernando Martín Alva Pasache (ofrecimiento de prueba nueva por el recurrente Nolly Ugaz a folio 2010)– y su manifestación en juicio oral–folios 2134 a 2139–, el referido vehículo era del canal de televisión donde este laboraba y que, momentos antes del enfrentamiento entre los sentenciados y los agentes de la SUAT, era tripulado por estos últimos –Alva Pasache no ingresó a la escena de los hechos, pues se bajó del mencionado vehículo a solicitud de los efectivos de la SUAT para proteger su integridad–.

6.1.1.6 Con estas dos pruebas –el CD y la declaración del periodista– la defensa técnica del impugnante aduce que los efectivos de la SUAT nunca se enfrentaron con los sentenciados fuera del lugar donde los agentes policiales fueron abatidos, sino que los esperaron dentro del “corralón” –manzana P2, lote 2, centro poblado Zapallal Alto, distrito de Puente Piedra–, en el vehículo blanco tipo van antiguo; y, una vez que los citados agentes policiales ingresaron al lugar, los mataron. De ello se colige que el supuesto secuestro es solo una excusa para justificar la acción delictiva de los agentes de la SUAT.

6.1.1.7 Sin embargo, ante estas dos pruebas de descargo, en autos obran las declaraciones –en etapa de investigación, de instrucción y en juicio oral– de los efectivos de la SUAT Wilfredo Sullca Llamoca (capitán; folios 100 y 2065), Rudy Orlando Herrera Malpartida (folios 113, 1057, 1209, 1800 y 2074), Jorge Luis Córdova Pérez (folios 121, 1066, 1212 y 2083), Rossmel Santos Olazábal Solórzano (folios 124, 1049, 1225, 1785 y 2077), Gregorio César Salazar Cusinga (folios 126, 1070, 1218 y 1782), Limber Acosta Lozano (folios 129, 1052, 1203 y  2070)  y Jhon Alejandro Ataucuri Cueva  (folios  133, 215, 1061, 1199 y 2041)–, quienes señalaron de manera unilateral que al ingresar por la derecha –de norte a sur– a la avenida Santa Patricia –croquis descriptivo ST: 2570-12- DIVINROB (folio 374)–, en el frontis del “corralón”, había tanto personas como autos estacionados en fila india, de tal manera que, al percatarse de la presencia policial –los referidos agentes de la SUAT se encontraban a bordo de la camioneta de placa PL-6977–, dichas personas empezaron a dispararles mientras que los vehículos huían. En vista de que algunos de los individuos no lograron subir a los vehículos, ingresaron al “corralón”. En dicha circunstancia se produjo el enfrentamiento entre los efectivos policiales fallecidos y los agentes de la SUAT.

6.1.1.8 Esto adquiere verosimilitud si se tiene en cuenta que, conforme a la visualización del video –folio 2005: segundos 00:11 a 00:16, 01:56 a 01:57, 02:08 a 02:12, 02:40 y 02:47 a 02:52–, el vehículo blanco tipo van antiguo se encontraba a una distancia menor de ciento cincuenta centímetros de los cuerpos sin vida de Manrique Torres –siete heridas de bala– y Monggo Valdera –trece heridas de bala–. Según los exámenes balísticos forenses practicado a ambos occisos –folios 417 a 418 y 419 a 421, respectivamente–, ninguno de los dos presentó disparos a corta distancia –menos de ciento cincuenta centímetros–. De ello se infiere que los disparos no pudieron haber sido ocasionados desde el referido vehículo, lo que coadyuva a corroborar el enfrentamiento entre los agentes de la SUAT y los policías finados –el agente SUAT Ataucuri Cueva resultó herido, motivo por el cual pasó al retiro por incapacidad física (folios 1102 a 1154: informes médicos)–.

6.1.1.9 Por otro lado, de las declaraciones efectuadas por los miembros de la SUAT, Acosta Lozano –folios 129 y 1203– refirió que la camioneta policial en la que se transportaba –PL-6977– recibió disparos desde el frontis del “corralón”. Al bajar del vehículo y repeler el ataque, disparó hacia una persona que vestía un chaleco de color negro –en el acta de reconocimiento de especies, Nolly Ugaz refirió que el occiso Jibaja Suárez (quien también participó en el ilícito) se colocó un chaleco de la Dirección Antidrogas (en adelante, Dirandro), a folio 279; en el Informe Pericial de Necropsia Médico Legal número 4019-2012, en la descripción de las prendas de vestir, se consigna el chaleco negro de la Dirandro (folio 337), y en la visualización del video, en el segundo 00:40, se advierte que Jibaja viste un chaleco negro de la  Dirandro  (folio  2005)–, el cual llegó cadáver  al  hospital–folio  257– y, al  practicársele la pericia balística  forense –folios 949 y 950–, presentó dos heridas de bala con fusil de calibre aproximado de 7.62 milímetros –el día de los hechos, el agente SUAT Acosta Lozano fue afectado con un fusil AKM de 7.62 milímetros– con trayectoria de adelante hacia atrás –los diez orificios presentes en el vehículo RQJ-579, producidos por los disparos, tienen una trayectoria de atrás hacia adelante (folios 426 a 428)–, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo –folio 949–.

6.1.1.10 De lo anterior se infiere que, ante los disparos que efectuaron los agentes de la SUAT para repeler el ataque de los agresores, realizado desde el  frontis del “corralón”, no solo determinadas personas huyeron en los vehículos que estaban estacionados en el lugar y los policías fenecidos ingresaron al mencionado “corralón”; sino que el occiso Jibaja Suárez recibió un impacto de bala momentos antes de subir por la puerta posterior del lado derecho –folio 75– al vehículo de placa de rodaje RQJ-579  de  marca Honda, modelo CRV, de color azul.

6.1.1.11 Esto adquiere verosimilitud si se tiene en cuenta el trayecto de las heridas de Jibaja Suárez –de adelante hacia atrás–, ya que, una vez dentro del vehículo conducido por Nolly Ugaz, los disparos efectuados por los miembros de la SUAT impactaron en la parte posterior del automóvil –folios 75 y 383– y, sin embargo, Jibaja Suárez no presentó heridas de bala con trayecto de atrás hacia adelante.

6.1.1.12 Empero, puede argüirse que en el referido vehículo no se hallaron restos de sangre –dictamen pericial de biología forense (folio 394)–, por lo que, si se argumenta que Jibaja Suárez fue herido antes de subir al vehículo, entonces debieron encontrarse huellas de sangre en aquel.

6.1.1.13 Sin embargo, conforme se advierte del Dictamen Pericial de Biología Forense número 2854 –folio 391–, el grupo sanguíneo de Jibaja Suárez era B, y en el frontis de la pared lateral derecha del inmueble ubicado en la manzana E2, lote 2G –lugar donde el vehículo conducido por Nolly Ugaz se empotró–, se hallaron restos de sangre humana correspondientes al referido grupo B –folio 398–, lo que gráficamente se contrasta en el croquis descriptivo –folio 374–.

6.1.1.14 En virtud de que el cadáver de Jibaja Suárez: i) no presentó características de disparo efectuado a corta distancia –menor a ciento cincuenta centímetros (folio 949)–; ii) al descender del vehículo empotrado ya estaba herido –visualización de  video: segundo 00:40,  a folio 2005–, y iii) no fue impactado cuando estaba dentro del auto –por el trayecto de las heridas de bala–, se infiere que fue herido cuando los agentes de la SUAT repelieron los disparos efectuados por sus cómplices, quienes estaban ubicados en el frontis del “corralón”. En consecuencia, Jibaja Suárez nunca llegó a ingresar junto con los policías abatidos –Moreno Goyeneche, Manrique Torres y Monggo Valdera– al mencionado “corralón”.

6.1.1.15 En consecuencia, la alteración de la escena del crimen alegada por el impugnante Nolly Ugaz como agravio debe desestimarse.

6.1.2. Tentativa inidónea de secuestro

6.1.2.1 De autos quedó acreditado lo siguiente:

6.1.2.1.1 El impugnante Nolly Ugaz sostiene que la tentativa de secuestro en agravio de Badillo Marcelo no se configuró. En todo caso, lo que existe es una tentativa inidónea, pues el día de los hechos el agraviado no se encontraba en la ciudad de Lima –este coincide con el bien jurídico–.

6.1.2.1.2 Conforme a la manifestación de Víctor Manuel Coquinche Valles –vigilante de la fábrica de colchones Romantic, a folio 163, y el acta de entrevista a folios 203 y 204–, el quince de noviembre de dos mil doce –tres días antes de los hechos–, al abrirle el portón de la fábrica donde trabajaba al dueño –Badillo Marcelo– de la empresa–ubicada en avenida El Triunfo, manzana A, lote 16, El Dorado Zapallal, Puente Piedra, en la calle que da la espalda al inmueble, a dos cuadras (folio 156 y croquis descriptivo a folio 374)–, pudo observar la presencia de un vehículo plomo, cuatro por cuatro, con lunas polarizadas. El piloto bajó la luna polarizada a media altura y con una cámara fotográfica hizo dos tomas al vehículo de Badillo Marcelo, por lo que el declarante le informó de dicho incidente.

6.1.2.1.3 Por tal motivo, Badillo Marcelo decidió salir fuera de Lima el fin de semana –dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil doce (folio 184)– y retornó el dieciocho de noviembre en horas de la noche.

6.1.2.1.4 Por otro lado, en su manifestación policial –folios 160 a 162–, Laudencio Leandro Menacho Chávez señaló que en los últimos días de mayo y los primeros días de junio de dos mil doce, en su local de trabajo, en Puente Piedra, fue secuestrado. Y, mediante el acta de reconocimiento de persona en fotografía –folio 293– identificó a Moreno Goyeneche como una de las personas que lo plagiaron.

6.1.2.1.5 En su manifestación policial –folios 165 a 168–, Santos Martínez Villanueva señaló que el doce de octubre de dos mil doce, a las 18:30 horas, al salir de su casa–ubicada en la manzana A, lote 6, urbanización Santa Elena, distrito de Carabayllo– en su vehículo –de placa de rodaje C3C-332–, fue intervenido cuando había avanzado unas cuatro cuadras por personas vestidas de civil, quienes lo secuestraron, le exigieron USD 3000 (tres mil dólares americanos) por su rescate (los cuales pagó su esposa) y se llevaron su vehículo. El deponente, mediante el acta de reconocimiento de persona en fotografía –folio 300–, identificó a Manrique Torres como una de las personas que lo habían secuestrado.

6.1.2.1.6 En su manifestación policial –folios 136 a 138–, Jeyden Chanzapa Chávez declaró que el diez de agosto de dos mil once, en la Vía de Evitamiento, a la altura del Puente Nuevo y Ramiro Prialé, en el distrito de El Agustino, fue víctima de secuestro y su hijo –el SO2 Jeyden Gardel Chanzapa Rodríguez– falleció al intentar defenderlo. Y, mediante el acta de reconocimiento de persona en fotografía –folio 284–, identificó a Monggo Valdera como una de las personas que lo secuestraron.

6.1.2.1.7 Con estos antecedentes, se advierte que los policías fallecidos estaban involucrados en el delito de secuestro mucho antes de los hechos suscitados el dieciocho de noviembre de dos mil doce, lo que se corrobora con los informes de contrainteligencia–Parte número 942-2012-DIRINCRI-PNP-DIVINROB-D4.E3 (folios 463 y 464)– en los que se indica que aquellos se reunieron con los efectivos policiales SO1 Luis Michael Meléndez Barbito y SO2 Edgar Ausberto Chuquimajo Buitrón para planificar la realización de un trabajo –secuestro– para el fin de semana –dieciocho de noviembre de dos mil doce–. Se dejó entrever que entre el occiso Jibaja Suárez, Meléndez Barbito y Chuquimajo Buitrón existía una amistad por ser vecinos.

6.1.2.1.8 Estos antecedentes y el informe de contrainteligencia adquieren verosimilitud no solo por la forma como se suscitaron los hechos, sino por los elementos hallados después de la intervención –i) el occiso Manrique Torres tenía un pasamontañas de color negro ubicado a su mano derecha (folios 358 y 369); ii) en el acta de hallazgo, recojo y registro de vehículo e incautación del vehículo Mitsubishi Outlander de color plateado, cuatro por dos, con lunas polarizadas, de placa número B4B-323, de propiedad de Roger Hilario Manrique Rivas (folio 140), padre del referido occiso, hallado cerca del lugar de los hechos, se encontró: a) ausencia de placa de rodaje en la parte posterior, b) en el espaldar del asiento del copiloto se encontró un chaleco de tela negro de la Dirandro, c) en el asiento posterior se encontró otro chaleco de tela negro de la Dirandro, d) en la maletera se halló una frazada grande de tela de color beige, e) en el compartimento de los asientos del medio se halló una cacerina para arma de fuego abastecida con municiones y f) debajo del asiento del copiloto se encontraron dos guantes quirúrgicos usados, y iii) en el acta de registro vehicular del vehículo empotrado (folio 201) se encontró, entre otros objetos: a) una cizalla de color naranja con negro y b) una soga de nylon de cinco metros–.

6.1.2.1.9 Aunado a estos tres elementos –a) la forma como se suscitaron los hechos, b) las denuncias por secuestro contra los policías fenecidos y c) los elementos hallados después de la intervención de la SUAT– se advierten elementos de mala justificación por parte del impugnante Nolly Ugaz.

6.1.2.1.10 En efecto, conforme a sus declaraciones –folios 74, 205, 1161 y 1716–, el recurrente sostuvo que el día de los hechos conducía el vehículo de Monggo Valdera a solicitud de este –al que había conocido tres meses antes de los hechos suscitados–, quien le comentó que realizaría una intervención policial y que por ello le pagaría S/ 200 (doscientos soles).

6.1.2.1.11 Empero, sumado al hecho de que se tenía información en la Digimin –Dirección General de Inteligencia de la Policía– de que existía una organización delictiva integrada por sujetos del Callao liderada por un tal “Nolly” –folio 1683–, el reglamento interno de la Policía únicamente autoriza las intervenciones policiales en vehículos de la institución, mas no en privados. Tampoco permite que en las intervenciones participen civiles y, por otro lado, los jefes inmediatos de los policías intervinientes tienen conocimiento de dicha diligencia –folios 2037 y 2038–.

6.1.2.1.12 En el presente caso, ninguna de las anteriores tres pautas respecto a intervenciones policiales se cumplió. Por ello, valorada en conjunto con: a) la forma como se suscitaron los hechos, b) las denuncias por secuestro contra los policías fallecidos y c) los elementos hallados después de la intervención de la SUAT, la participación de Nolly Ugaz en el delito imputado –tentativa de secuestro– no se limitó a un mero rol de conductor y que por dicha condición desconociera las intenciones de los occisos –existió comunicación fluida entre Nolly Ugaz y el occiso Jibaja Suárez el día de los hechos, entre las 06:54 y las 08:57 horas del dieciocho de noviembre de dos mil doce (el teléfono de Nolly Ugaz registró nueve llamadas salientes al número de Jibaja Suárez y cuatro llamadas de este al número del impugnante), a folio 794–.

6.1.2.1.13 Sobre esta premisa, el debate sobre la idoneidad o no de la tentativa de secuestro tiene punto de inicio.

6.1.2.2.  Error de tipo al revés

6.1.2.2.1 La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó a Nolly Ugaz por tentativa de secuestro, por dos razones: i) se ejecutaron actos tendientes a la realización del secuestro –movilización de vehículos hasta una zona cercana por donde el agraviado Badillo Marcelo debía transitar con su automóvil para llegar a su empresa; se trasladaron armas de fuego al lugar de los hechos y también se hizo uso de chalecos de la Dirandro– e ii) independientemente de la presencia o no del agraviado en Lima, este ya estaba secuestrado indirectamente al no poder transitar libremente por la ruta que solía tomar para llegar a su centro de labores.

6.1.2.2.2 Por su parte, el representante del Ministerio Público–apartados 5.11. a 5.14 del Dictamen número 450-2019– sostuvo que, si bien la conducta realizada es inidónea en el caso concreto –no fue posible afectar el bien jurídico, pues el agraviado no estaba en Lima el día de los hechos–, fue comunicativamente relevante para cuestionar la vigencia de la norma al haberse realizado actos ejecutivos –trasladarse al lugar, esperar a que la víctima apareciera en su vehículo y la logística empleada (chalecos y armas de fuego)–.

6.1.2.2.3 Debe indicarse que el iter criminis: i) empieza con la fase interna desde que se produce la idea de secuestro –es la fase de la ideación, que abarca a su vez la deliberación, la premeditación y la resolución de cometer el ilícito–, ii) continúa con la fase externa al realizar actos preparatorios –disponer de los medios escogidos con el objeto de crear condiciones para lograr el fin que se propone, como por ejemplo confeccionar planos y croquis que determinaban la trayectoria a seguir por el agraviado. Para la presente nulidad: el acta de entrevista y la manifestación policial de Víctor Manuel Coquinche Valles, quien refirió que tres días antes vio a dos personas sospechosas tomando fotos al auto de Badillo Marcelo, y el Informe de Contrainteligencia número 942-2012, mediante el que se tomó conocimiento de que los policías fenecidos planificaban un secuestro, que realizarían el dieciocho de noviembre de dos mil doce–, iii) se comienza con la ejecución, que comprende el inicio de la acción típica, es decir, la realización de actos demostrativos por el agente para lograr su consumación –trasladarse con más de un vehículo a la ruta que acostumbra tomar el agraviado para llegar a su empresa y proveerse de armas de fuego, municiones, una soga de nylon, una cizalla y chalecos de la Dirandro– y iv) la consumación –privar al agraviado de su libertad para obtener un rédito económico–.

6.1.2.2.4 Conforme a lo esgrimido en los apartados 6.1.1.7. a 6.1.1.15., el iter criminis de la conducta dolosa secuestro– del impugnante Nolly Ugaz abarcó el comienzo de la ejecución –la no consumación del delito se efectuó por la intervención de la SUAT–, es decir, su conducta configuró el grado de tentativa. El debate gira en torno a determinar si esta última fue idónea o no.

6.1.2.2.5 Para ello debe precisarse que el dolo presupone el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo –sean descriptivos o normativos–. El error de tipo implica la falta de ese conocimiento de manera total o parcial. Por ello, excluye el dolo y la conducta deviene en atípica. Ejemplos de error de tipo son aquellos en los que el sujeto realiza elementos objetivos del tipo penal, pero desconoce que obra como tal –el cazador X mata a Y porque cree que es un bestia; sin embargo, esta última es una persona. Así, el primero desconoce que mató a otro ser humano–.

6.1.2.2.6 El error de prohibición, por su parte, presupone que el agente conoce el tipo penal, pero desconoce que su conducta está prohibida –X mata a Y, pero lo toma como un agresor. Por ello, si bien sabe que mató a otro, considera que actuó en legítima defensa–.

6.1.2.2.7 El error de tipo al revés, en cambio, presupone que el agente conoce y realiza el elemento objetivo –descriptivo o normativo– del tipo penal, pero el hecho no se realiza por causas ajenas a su voluntad. Por ello, el dolo –a diferencia del error de tipo– está presente independientemente de si la acción típica se realizó –X pretende matar a Y bajo la creencia de que introdujo veneno en su bebida, pero en realidad introdujo sal–. Solo en este supuesto, la tentativa inidónea tiene cabida.

6.1.2.2.8 El error en la tentativa inidónea está regulado en el artículo 17 del Código Penal con el siguiente tenor:

“No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto”. Cabe indicar que el error en el medio empleado o en la impropiedad del objeto debe ser un error burdo o grosero –verbigracia, querer matar a alguien con un vaso de agua (ineficacia absoluta del medio empleado) o disparar sobre alguien que ya está muerto (absoluta impropiedad del objeto)–.

6.1.2.2.9 En cambio, la tentativa idónea se configura cuando el error ni recae en el medio empleado ni en el objeto, sino que se produce por un error en el cálculo del autor –el análisis es ex ante–.

6.1.2.2.10 Así, la circunstancia de que el agraviado Badillo Marcelo no se encontraba en la ciudad de Lima el día de los hechos no configura un supuesto de absoluta impropiedad del objeto –por ejemplo, que el citado agraviado estuviera muerto–, pues el recurrente Nolly Ugaz y sus cómplices tenían la certeza de que la víctima transitaría ese día por la calle donde ya la aguardaban, motivo por el que se valieron de medios idóneos para lograr su cometido –informarse de la situación económica del agraviado, realizarle el seguimiento de las rutas por donde se dirigía a su trabajo, esperarlo el día de los hechos con automóviles en una calle aledaña a su empresa de colchones y emplear logística para ello (armas, chalecos de la Dirandro, una cizalla y una soga de nylon)–.

6.1.2.2.11 Es decir, la tentativa inidónea se excluye; pues, si bien el agraviado no se encontraba en el lugar donde se suscitó el ilícito, la conducta del recurrente Nolly Ugaz fue apta para consumar el secuestro, ya que sobre la base de la información previamente acopiada calculó que la víctima estaría en su fábrica –así también el ladrón que introduce su mano en la cartera de su víctima bajo la creencia de que la billetera está ahí y, sin embargo, no está. Si bien el objeto es impropio, la conducta del agente es punible en grado de tentativa–.

6.1.2.2.12 Así, al recaer el error en un cálculo del agente, la tentativa inidónea se excluye, por lo que el delito de secuestro en grado de tentativa quedó configurado y el alegato del impugnante en el extremo en el que la desestima se debe rechazar.

6.1.3.    Tenencia ilegal de armas

6.1.3.1 Al huir los vehículos después de que los agentes de la SUAT repelieran el primer ataque, estos últimos, mediante la radio del vehículo en el que se encontraban –PL-6977–, solicitaron apoyo a sus colegas, quienes estaban dentro del vehículo de placa de rodaje PL-665 a una distancia de tres cuadras –folio 1774–. Cuando se acercaron al lugar del enfrentamiento, divisaron a lo lejos que el vehículo azul–RQJ-579– giraba hacia la izquierda –folios 107, 1774, 1775 y 1779– y se empotró contra la pared de una vivienda–manzana E-2, lote 2G, centro poblado Zapallal, distrito de Puente Piedra (intersección de la avenida Santa Patricia con Santa Teresa), a folios 104, 107, 109, 115 y 119–.

6.1.3.2 De dicho vehículo descendieron dos sujetos: Jibaja Suárez por la parte derecha, quien al recibir la orden de alto se desplomó en el suelo a causa de las heridas de bala recibidas en el primer enfrentamiento contra los agentes de la SUAT, y del asiento del piloto descendió Nolly Ugaz, quien empezó a correr –el agente SUAT Alejandro Nicolás Gonzales Carranza refirió que el recurrente salió del vehículo empuñando un arma de fuego (folio 107)–.

6.1.3.3 En el trayecto de su huida, Juber Muñoz Ramírez–suboficial técnico de segunda–, quien salía de su domicilio–manzana E2, lote 2-2H, avenida Santa Teresa, Zapallal– a comprar en una tienda, escuchó disparos y después se percató de que Nolly Ugaz corría hacia su encuentro. Detrás de él lo perseguían dos agentes de la SUAT –Iván Alexis Bernaola Pacheco y Jeremías Labajos Córdova (folio 255)–, motivo     por     el      cual      procedió     a    intervenirlo–folio 628–.

6.1.3.4 Los efectivos de la SUAT Labajos Córdova y Bernaola Pacheco lo alcanzaron –ya estaba reducido por Muñoz Ramírez– a veinte o treinta metros –folios 115 y 1780– del vehículo empotrado. Bernaola Pacheco se alejó a los pocos minutos de la captura, pues solicitaron su ayuda–tenía la especialidad de paramédico– para que auxiliara a su colega herido –Ataucuri Cueva– por el enfrentamiento con los policías fenecidos en el “corralón”. Por su parte, Labajos Córdova indicó –folios 115, 1779 y 2090– que al intervenir a Nolly Ugaz no lo encontró en posesión de armas.

6.1.3.5 Al realizarse el dictamen pericial de investigación en la escena del crimen –folio 378–, se encontró debajo del vehículo empotrado una pistola Bersa con número de serie B60479 –folios 384 y 425–. Jennifer Silva Campos –exesposa del occiso Jibaja Suárez, a folio 186– indicó que su esposo portaba un arma de fuego, versión corroborada mediante la consulta de portadores de armas –folio 986–, en que se señala que Jibaja Suárez era portador de la referida pistola con número de licencia 397555.

6.1.3.6 En virtud de ello, el impugnante Nolly Ugaz arguye que, al no pertenecerle el arma, no pudo haber cometido el delito de tenencia ilegal de armas.

6.1.3.7 Empero, mediante el dictamen pericial de restos de disparo por arma de fuego –folios 443 y 2227–, el recurrente dio como resultado positivo –presencia de plomo, antimonio y bario– para elementos compatibles con disparo tanto en la palma y el dorso de las manos como en el polo que vestía el día de los hechos –folio 412–. Dicha conclusión fue ratificada por los peritos –folio 2255–, quienes precisaron que el referido dictamen “debe complementarse con los elementos de la investigación criminal para determinar la autoría del disparo” –folio 2257–.

6.1.3.8 Frente a ello, el impugnante refiere que los restos de disparo que le fueron encontrados fueron producto de haberse tocado las heridas con las manos, motivo por el que la cantidad de los elementos químicos hallados fue mínima. Este argumento fue objetado mediante el Dictamen número 549-2017-2ºFSUPR.P-MP-FN –folio 1946–, en el que se indicó que la cantidad de plomo, antimonio y bario encontrada en los policías fallecidos era similar en ambas manos a la del impugnante Nolly Ugaz –al contrastar el folio 441 (dictamen pericial por restos de disparo de arma de fuego, practicado a Moreno Goyeneche, Manrique Torres y Monggo Valdera) con el folio 2227 (dictamen pericial por restos de disparos a Nolly Ugaz), esto se corrobora–.

6.1.3.9 Así se infiere que el impugnante Nolly Ugaz efectuó disparos contra la unidad vehicular de la SUAT –PL-6977–. Si bien no se realizó el dictamen pericial de balística forense para determinar el trayecto de las heridas de bala –el impugnante ingresó como paciente crítico al Hospital Arzobispo Loayza, motivo por el que la referida diligencia era imposible de realizar (folio 951)–, de lo descrito en autos –Nolly Ugaz descendió del vehículo RQJ-579 y se alejó de este al correr por espacio de veinte a treinta metros–, se advierte que el recurrente no recibió disparos por los agentes de la SUAT en el primer enfrentamiento, aunque sí efectuó disparos contra ellos.

6.1.3.10 En virtud de que no es posible indicar la presencia de elementos químicos compatibles con disparo al occiso Jibaja Suárez –no obra en autos dictamen pericial por restos de disparo que se le haya practicado–, no puede afirmarse si dicha persona hizo uso o no de su arma –pistola Bersa-B60479–. Sin embargo, respecto a Nolly Ugaz  puede  afirmarse  que  este  hizo  uso  de  arma –dictamen pericial– al atacar a los agentes de la SUAT y, al empotrarse el vehículo que conducía contra una pared, descendió raudo empuñando una –declaración del miembro SUAT Gonzales Carranza–, la cual tiró debajo del referido vehículo –pistola Bersa-B60479–. Solo de esta manera puede entenderse lo referido por los peritos –“debe complementarse con los elementos de la investigación criminal”– respecto a los rastros de disparo encontrados al impugnante.

6.1.3.11 En consecuencia, al existir razones jurídicas fundadas para desatender el argumento exculpatorio del recurrente en este extremo de la imputación, su alegato se desestima.

6.2 Respuesta a los alegatos de Christian Paul Cornejo Blas

6.2.1 Tentativa de secuestro

6.2.1.1 En sus declaraciones –folios 86 a 93 y 2026 a 2030–, el recurrente indicó que aproximadamente a las 00:00 horas del dieciocho de noviembre el occiso Manrique Torres –a quien conocía desde hacía diez años– le pidió que le hiciera el favor de conducir por la mañana su vehículo –Mitsubishi Outlander plateado, de placa B4B323, de propiedad de Roger Hilario Manrique Rivas (folio 451)– hasta Puente Piedra y después debía dejarlo en la casa de su padre, pues el finado realizaría una intervención policial, motivo por el que le pagaría a Cornejo Blas S/ 50 (cincuenta soles).

6.2.1.2 En virtud de que el recurrente aceptó, el occiso fue en horas de la mañana del dieciocho de noviembre de dos mil doce a la casa de su padre, Manrique Rivas –ubicada en el jirón Cusco 3267, en el distrito de San Martín de Porres–, y le pidió que le prestara su auto –folio 141–. A las 6:45 horas del referido día, ambos se encontraron en las inmediaciones de la casa de Manrique Rivas y, desde ahí, el impugnante Cornejo Blas tomó el volante, por lo que condujo el vehículo a través de la avenida Tomás Valle y después tomó la Panamericana Norte –el vehículo se detuvo en este tramo. El occiso Manrique Torres se bajó para hablar por teléfono. Detrás del referido auto se estacionó otro vehículo,  mientras que por delante se detuvo el vehículo azul conducido por Nolly Ugaz–.

6.2.1.3 Al retomar la conducción, el impugnante avanzó hasta la altura del cementerio de Zapallal y se detuvo. En esta circunstancia, el occiso Moreno Goyeneche se dirigió a Cornejo Blas y lo saludó –folios 94 a 98–. Posteriormente, llegaron al lugar donde se suscitaron los hechos y se estacionó. Detrás del vehículo, Nolly Ugaz también se estacionó.

6.2.1.4 Conforme a las actas de hallazgo –folios 196, 198 y 199–, el vehículo de Jibaja Suárez –Nissan Sentra de color gris, con placa B9G627– y los vehículos de los occisos Moreno Goyeneche –Honda Prelude de color rojo, con placa DO9662– y Manrique Torres –Mitsubishi Outlander, con placa B4B323– fueron encontrados por inmediaciones del lugar donde se suscitaron los hechos.

6.2.1.5 Según lo declarado por el impugnante Cornejo Blas, en la última parada que realizó cerca del cementerio de Zapallal, subieron al vehículo los occisos Manrique Torres y Moreno Goyeneche. Al llegar al frontis del “corralón”, el primero bajó por la puerta del copiloto, mientras que el segundo descendió por la puerta posterior, del lado derecho –folio 92–. De esto se infiere que, si Moreno Goyeneche estuvo en el vehículo que conducía Cornejo  Blas,  entonces  había  una persona no identificada que manejó el auto de aquel. Similar es el argumento respecto al vehículo de Jibaja Suárez.

6.2.1.6 En efecto, si tal como refiere el recurrente solo estuvieron en el lugar de los hechos los tres policías fenecidos, Jibaja Suárez, Nolly Ugaz y él, no existe explicación alguna de cómo los vehículos de Moreno Goyeneche y Jibaja Suárez aparecieron cerca del lugar –Zapallal–, a menos que se entienda que dichos vehículos eran manejados por otras personas, quienes al percatarse de la presencia de la camioneta de la SUAT con placa de rodaje PL-6977 efectuaron disparos y huyeron –o bien el auto de Moreno Goyeneche o el auto de Jibaja Suárez estaban en el primer o segundo lugar de la fila de los autos estacionados en el frontis del “corralón”; empero, definitivamente el auto conducido por Cornejo Blas estaba en el tercer lugar y el que manejaba Nolly Ugaz, en el cuarto–.

6.2.1.7 Conforme a lo ya expuesto en los apartados 6.1.1.7 a 6.1.1.15, la forma como se suscitaron los hechos fue delimitada. Por ello, la participación del impugnante Cornejo Blas se circunscribe a ellos –tentativa de secuestro–, lo que se corrobora si se tiene en cuenta, que: i) Manrique Torres era su amigo y fue reconocido por Santos Martínez Villanueva como la persona que lo secuestró el doce de octubre de dos mil doce; ii) no existe justificación jurídica válida para que el impugnante participara en una intervención policial, máxime si era civil; iii) las intervenciones policiales se realizaron con vehículos privados y no de la institución; iv) los jefes inmediatos de los policías abatidos no tenían conocimiento de dicha intervención –el domingo los tres policías estaban de franco–; v) existió comunicación telefónica entre el recurrente y el occiso Monggo Valdera el diecisiete de noviembre desde las 17:43 horas hasta las 23:20 –folio 795–; vi) también existió comunicación telefónica entre el impugnante Cornejo Blas y Meléndez Barbito el dieciocho de noviembre a las 23:52 horas –folio 795–, y vii) en días previos a los hechos, Monggo Valdera y Meléndez Barbito habían planificado cometer el ilícito –informe de contrainteligencia a folios 463 y 464–.

6.2.1.8 Todos estos indicios no hacen sino acreditar la participación del impugnante Cornejo Blas en la tentativa de secuestro, por lo que su alegato en este extremo se desestima.

6.2.2.    Tenencia ilegal de armas

6.2.2.1 Respecto al delito de tenencia ilegal de armas, el impugnante admitió que condujo el vehículo de propiedad del padre del occiso Manrique Torres –que no tenía placa posterior–. Al realizar la inspección, dentro del automóvil se encontraron: i) dos chalecos de tela de color negro de la Dirandro; ii) una frazada grande de tela; iii) una cacerina para arma de fuego tipo pistola, abastecida con municiones; iv) municiones sueltas, y v) dos guantes quirúrgicos usados.

6.2.2.2 El dictamen pericial de restos de disparos por armas de fuego –folio 974– practicado al impugnante dio como resultado positivo para plomo y bario, y negativo para antimonio. Cornejo Blas alegó que tales elementos químicos eran rastros dejados por la pistola de la que hacía uso como operador de drywall.

6.2.2.3 Al respecto, debe indicarse que la referida pericia se realizó el veintiuno de noviembre de dos mil doce –tres días después de los hechos–, tiempo superior al de veinticuatro horas para que los elementos químicos compatible por disparo desaparezcan gradualmente.

6.2.2.4 En virtud de que: i) se encontraron municiones en el vehículo que manejaba Cornejo Blas; ii) dio como resultado positivo –después de tres días de suscitado el hecho– para dos de tres elementos químicos compatibles con disparos de armas de fuego, y iii) la forma como se realizó la tentativa de secuestro –de los vehículos que huyeron, los ocupantes efectuaron disparos–, no es plausible establecer si el recurrente estuvo en posesión de las referidas municiones, ya que estas fueron encontradas en el vehículo del occiso Manrique Torres, de quien tampoco se determinó si  tales municiones  eran  suyas –insuficiencia probatoria–. Aunado a ello, ni el fiscal superior –folios 2380 a 2387– ni el fiscal supremo –folios 81 a 99– objetaron la absolución del impugnante por el delito de tenencia ilegal de armas, motivo por el que se entiende que la acción penal en este extremo no se ejerció  y,  en  aras  de  reafirmar  la  proscripción  de la reformatio in peius, este extremo absolutorio debe confirmarse.

6.2.3. Desconocimiento de los efectivos policiales de la comisión del delito de secuestro

6.2.3.1 El impugnante también alegó que la policía, en su intervención, desconocía que se iría a cometer un secuestro. Si bien esto es relativamente cierto, pues algunos efectivos sabían que era una posibilidad –folios 99, 1684, 1800 y 1816–, en nada altera la descripción de cómo se suscitaron los hechos, y tampoco relativiza la realización de la tentativa de

6.3. Respuesta a los alegatos del Ministerio Público

6.3.1 Asociación ilícita

6.3.1.1 Debe indicarse previamente que, respecto a los delitos de tentativa de secuestro y tenencia ilegal de armas, este Supremo Tribunal se remite a los argumentos esgrimidos en los parágrafos anteriores. Por ende, han sido respondidos.

6.3.1.2 Ahora bien, la fiscal superior, respecto al delito de asociación ilícita, alegó que la Sala Superior no compulsó adecuadamente las pruebas incorporadas al proceso; pues, conforme al Acuerdo Plenario número 4-2006/CJ-116 –expedido el trece de octubre de dos mil seis (cosa juzgada respecto al delito de asociación ilícita para delinquir)–, se determinó que los impugnantes Nolly Ugaz y Cornejo Blas pertenecían a la organización criminal Los Nuevos Elegantes, al haberse establecido que: i) estaban organizados, por ii) un tiempo estable –desde junio de dos mil doce hasta noviembre de ese año–, iii) con por lo menos cuatro personas más –los policías fallecidos y el civil Jibaja Suárez–.

6.3.1.3 En su dictamen, el fiscal supremo opina que, respecto al delito de asociación ilícita, la absolución es correcta, ya que no existe certeza de que los impugnantes Nolly Ugaz y Cornejo Blas hayan participado en otros eventos delictivos, como sí fue el caso de los policías fenecidos.

6.3.1.4 Entre estas dos opiniones, la segunda es correcta. De autos, no se advierte que los impugnantes hayan participado en otros eventos delictivos previos al del presente caso. Si bien ambos participaron en el secuestro tentativo, de esto no se desprende que integraran organización criminal alguna; pues, de los indicios recabados, los hechos sitúan a Nolly Ugaz y Cornejo Blas desde el quince y el diecisiete de noviembre de dos mil doce, respectivamente –folios 794 y 795–. Es decir, a menos de cuatro días del frustrado secuestro del Badillo Marcelo, tiempo insuficiente para afirmar que los recurrentes permanecían en la organización criminal o que esta última existiera por un tiempo estable. Caso contrario, sería efectuar inferencias a partir de indicios inexistentes en autos.

6.3.1.5 En consecuencia, la pretensión de la representante del Ministerio Público en este extremo se desestima.

Séptimo. Individualización de la pena

7.1 Tentativa de secuestro

7.1.1 Por otro lado, la fiscal superior sostuvo que la pena impuesta a los impugnantes por el delito de tentativa de secuestro –quince años– no es acorde con la legalidad, pues conforme al inciso 11 del artículo 152 del Código Penal la sanción para el delito de secuestro es no menor de treinta años. En virtud del artículo 16 del citado código –tentativa–, la pena se reduce prudencialmente, motivo por el cual la representante del Ministerio Público solicitó veinticinco años de pena privativa de libertad.

7.1.2 Si bien respecto a la reducción prudencial de la pena para los delitos en grado de tentativa no existe un criterio uniforme o matemático para determinar la cantidad de años que deben reducirse, esto no implica que sea arbitraria.

7.1.3 Este Tribunal Supremo no ahonda en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución –reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad–. Es un presupuesto de la pena como también lo es la situación real de la cárcel –generalmente no resocializa–. Por ello, es válida una reducción prudencial de la pena en cinco años por debajo del mínimo legal.

7.1.4 Por otro lado, tanto Nolly Ugaz –folio 72– como Cornejo Blas –folio 86– tienen hijos –dos cada uno–. Entonces, además de las condiciones propias de la cárcel, ambos padres estarán distanciados de ellos, lo que representa una situación de vulnerabilidad para estos últimos, que crecerán sin una figura paterna. Esto implica una aflicción más. Por ello, es válida una reducción adicional de cinco años por debajo del mínimo legal del artículo 152 del Código Penal.

7.1.5 En consecuencia, la pena a imponer por el delito de tentativa de secuestro debe fijarse en veinte años tanto para Nolly Ugaz como para Cornejo Blas.

7.2. Tenencia ilegal de armas

7.2.1 El delito está tipificado en el artículo 279 del Código Penal y para la fecha de los hechos contemplaba una pena no menor de seis ni mayor de quince años.

7.2.2 El Colegiado, sin atender el principio de legalidad, le impuso a Nolly Ugaz cinco años de pena privativa de libertad –el principio de resocialización no es suficiente para reducir la sanción por debajo del mínimo legal–. En cambio, la fiscal superior opinó que se le impusieran seis años de pena privativa de libertad.

7.2.3 En virtud de que el delito se consumó y la individualización de la pena con los artículos 45 –“El juez determina la pena en función de: 1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 2. Su cultura y sus costumbres, y 3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen”– y 46 –“Para determinar la pena dentro de los límites legales, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible”– del Código Penal vigente a la fecha de los hechos es muchas veces arbitraria, el Recurso de Casación número 400-2018/Cusco –expedida el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve– permite introducir la determinación judicial de la pena mediante el sistema de tercios, siempre que la sanción a imponer sea beneficiosa para el condenado –al ser una norma sustantiva, rige el principio de retroactividad favorable–.

7.2.4 Así, al dividirse los tercios del delito de tenencia ilegal de armas, este queda  configurado de  la siguiente manera: i) tercio inferior: de seis a nueve años, ii) tercio intermedio: de nueve a doce años y iii) tercio superior: de doce a quince años.

7.2.5 Conforme al literal a) del inciso 2 del artículo 45-A y el artículo 46 del Código Penal vigente, la pena a imponer a Nolly Ugaz no puede situarse dentro del tercio inferior, pues este tiene antecedentes penales –folio 1097–. En consecuencia, se puede establecer de manera objetiva que el sistema de tercios es perjudicial para el impugnante.

7.2.6 Por ello, al descartarse el actual artículo 45-A del Código Penal y al haberse indicado que los artículos 45 y 46 del aludido código vigentes a la fecha de los hechos prescriben reglas de aplicación más de las veces empleadas de manera arbitraria, debe aceptarse que la única vía no arbitraria es fijar la pena en el mínimo legalmente establecido para el delito de tenencia ilegal de armas, por lo que este extremo de la pena impuesta por la Sala Superior se confirma.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad en parte con el fiscal supremo en lo penal, DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el doce de septiembre de dos mil dieciocho por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el extremo que absolvió a Jhon Joseph Nolly Ugaz y Christian Paul Cornejo Blas como autores del delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del estado.

II. NO HABER NULIDAD en el extremo que absolvió a Cornejo Blas por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en agravio del Estado.

III. NO HABER NULIDAD en el extremo que condenó a Cornejo Blas y Nolly Ugaz por el delito de secuestro en grado de tentativa, en agravio de Raúl Carlos Badillo Marcelo.

IV. NO HABER NULIDAD en el extremo que condenó a Nolly Ugaz por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en agravio del Estado.

V. HABER NULIDAD en el extremo de la pena por el delito de secuestro en grado de tentativa mediante el que se les impuso a Nolly Ugaz y Cornejo Blas quince años de pena privativa de libertad; y, revocándola, la reformaron e impusieron a ambos recurrentes veinte años de privación de libertad, la cual será computada desde que sean habidos y capturados con el descuento de la prisión preventiva cumplida, por el juzgado de ejecución de origen.

VI. HABER NULIDAD en el extremo de la pena por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego impuesto a Nolly Ugaz de 5 años de pena privativa de libertad; y revocándola, la reformaron y le impusieron seis años de pena privativa de libertad. Sumada las penas fijadas por este delito y por el de tentativa de secuestro, le impone a Nolly Ugaz veintiséis años de pena privativa de libertad, la cual será computada desde que sea habido y capturado con el descuento de la prisión preventiva cumplida, por el juzgado de ejecución de origen.

VII. MANDAR que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de origen. Hágase saber.

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