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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 359-2018
LAMBAYEQUE

REDUCCIÓN PRUDENCIAL DE LA PENA POR CONCURRENCIA DE LA EXIMENTE IMPERFECTA DE RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA DEL AGENTE.

1. El legislador fijó en dieciocho años la edad mínima de capacidad de culpabilidad del agente; además, estableció que cuando el sujeto activo tiene más de dieciocho y menos de veintiún años de edad –o más de sesenta y cinco años–, al momento de la comisión del ilícito penal, corresponde la reducción prudencial de la pena.

2. El fundamento de esta eximente imperfecta es que el individuo no alcanzó la madurez plena una vez adquirida la mayoría de edad; por el contrario, las personas de entre dieciocho y veintiún años no son titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, pues –como presunción legal– su proceso de maduración no concluyó.

3. La edad del agente está referida a su capacidad penal (culpabilidad), de modo que no es razonable configurar excepciones a la reducción de la pena por responsabilidad restringida en función de la gravedad de ciertos delitos (antijuricidad). Esto significa que el segundo párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal contempla un acto discriminatorio no sustentado en una causa constitucionalmente válida.

4. Estos criterios forman parte de la doctrina jurisprudencial de este Supremo Tribunal, pues así lo establecieron las Salas Penales Permanente y Transitoria, y la Sala Constitucional y Social Permanente, en reiterados pronunciamientos; incluso su carácter vinculante fue establecido en el Acuerdo Plenario N.° 4-2016/CIJ-116.

5. En el presente caso, el impugnante, al dos de junio de dos mil quince, en que se cometió el ilícito juzgado, tenía poco más de diecinueve años de edad, pues nació el veinticinco de mayo de dos mil novecientos noventa y seis; de modo que corresponde reducirle prudencialmente la pena.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, cinco de noviembre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María (y no Manuel Antonio Hoyos Santamaría como erróneamente se consignó en la sentencia recurrida) contra la sentencia de vista del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (folio 173), que confirmó la sentencia del seis de diciembre de dos mil diecisiete (folio 61), que condenó a su patrocinado como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en grado de tentativa, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales L. S. R. M., únicamente con relación al extremo que impuso a Manuel Antonio Hoyos Santa María siete años con ocho meses y diecisiete días de pena privativa de libertad, que vencerán el trece de julio de dos mil veinticinco.

Intervino como ponente el juez supremo BALLADARES APARICIO.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO. Conforme se desprende de la acusación fiscal (folio 01):

1.1.  El dos de junio de dos mil quince, a las once horas con treinta minutos, aproximadamente, la menor identificada con las iniciales L. S. R. M. caminaba a la altura de la avenida Belaunde, de la urbanización Remigio Silva.

a) En tal circunstancia fue interceptada por una persona desconocida, quien la abrazó por la espalda, impidiéndole que se mueva; luego, con uno de sus brazos, le rebuscó los bolsillos.

b) En paralelo apareció una segunda persona, quien ayudó al primero a rebuscar las pertenencias de la menor y, al momento de que esta forcejeó, ambos la tumbaron al suelo, provocándole lesiones en el antebrazo derecho y un rasguño en su mano izquierda; todo esto con el afán de despojar a la agraviada de su mochila que, al romperse el asa, fue sustraída.

c) Luego, ambos sujetos huyeron del lugar a bordo de una mototaxi de color rojo con naranja, que se encontraba a unos diez metros, pero fueron intervenidos por los efectivos policiales que advirtieron el hecho y capturaron a Manuel Antonio Hoyos Santa María, Nilton Manuel Altamirano Santoyo y Raúl Baca Garboza (conducía el vehículo).

1.2. El representante del Ministerio Público tipificó estos hechos como delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en grado de tentativa, previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, y los incisos cuatro y siete, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal. Además, solicitó se imponga al procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María –entre otros procesados1–, nueve años de pena privativa de libertad y el pago solidario de mil quinientos soles por concepto de reparación civil.

1.3. Dichos tipos penales, previstos en los artículos ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve del Código Penal, modificados por los artículos uno de las Leyes números 27472 y 30076, publicadas el cinco de junio de dos mil uno y diecinueve de agosto de dos mil trece, establecen:

Artículo 188.- Robo

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. Robo agravado

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […]

4. Con el concurso de dos o más personas […]

7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor […].

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA

SEGUNDO. El Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Lambayeque, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la sentencia del seis de diciembre de dos mil diecisiete (folio 61), condenó a Manuel Antonio Hoyos Santa María como coautor del delito de robo con agravantes, en grado de tentativa, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales L. S. R. M., y le impuso siete años, ocho meses y diecisiete días de pena privativa de libertad, bajo los siguientes argumentos:

2.1. Considerando que Manuel Antonio Hoyos Santa María es agente primario y no concurren agravantes genéricas, la pena a imponer es la prevista en el tercio intermedio del delito de robo con agravantes; específicamente doce años de pena privativa de libertad.

2.2. El delito quedó en grado de tentativa, por lo que corresponde atenuar la pena privativa de libertad a imponer y reducirla en tres años.

2.3. Manuel Antonio Hoyos Santa María se sometió a la conclusión anticipada del juicio oral, aceptando los cargos formulados en su contra por el representante del Ministerio Público; por lo que corresponde reducirle en un séptimo la pena a imponer.

2.4. La defensa de Manuel Antonio Hoyos Santa María señaló que su patrocinado, al momento de ocurridos los hechos, tenía diecinueve años de edad, por lo que debería reducírsele la pena por responsabilidad restringida; además –a su criterio–, correspondía inaplicar lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal, que prohíbe la reducción de la pena para el delito de robo con agravantes. Sin embargo, no se acreditó que esta norma sea inconstitucional o atente contra el derecho de igualdad, debido que el ilícito juzgado es un delito grave, lo que justifica su aplicación.

2.5. El monto propuesto por el representante del Ministerio Público como reparación civil es prudencial, debido a que la agraviada recuperó los bienes sustraídos.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE VISTA

TERCERO. La Sala Penal Vacacional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la sentencia de vista del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (folio 173), confirmó la sentencia recurrida, e indicó que en autos no se acreditó que Manuel Antonio Hoyos Santa María, al momento de cometido el ilícito, haya tenido diecinueve años de edad como argumenta su defensa, sea con su partida de nacimiento o una pericia antropológica.

FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE Y CONCESORIO DE LA CASACIÓN

CUARTO. La defensa del procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María sustentó el recurso propuesto (folio 208) en las causales de casación previstas en los incisos uno y cuatro, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, y señaló que:

4.1. Con relación a la primera causal, relacionada a la inobservancia de alguna garantía constitucional, la pena privativa de libertad impuesta colisiona con el principio de proporcionalidad y el derecho a la igualdad, en razón de que no se consideró que su patrocinado, al momento de cometido el ilícito, tenía diecinueve años de edad, y ello no fue considerado por la Sala Superior.

4.2. Respecto a la segunda causal, referida a la ilogicidad de la motivación de la sentencia recurrida, el Colegiado Superior no fundamentó correctamente la decisión de vista impugnada, pues no evaluó que concurre una circunstancia de atenuación de la pena.

QUINTO. Este Tribunal, a través de la resolución de calificación del veinte de julio de dos mil dieciocho (folio 44 del cuadernillo formado en esta instancia), declaró bien concedido el recurso de casación propuesto, por las causales de casación previstas en los incisos uno y cuatro, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal.

ANÁLISIS DEL CASO – FUNDAMENTOS DE ESTE TRIBUNAL

SEXTO. Evaluando los agravios denunciados por la defensa del procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María, a la luz de las causales de casación invocadas y por las cuales se declaró bien concedido el recurso propuesto, con relación a la posibilidad de reducir prudencialmente la pena por concurrencia de la eximente imperfecta de responsabilidad restringida, tenemos que:

6.1. Este Supremo Tribunal, como línea jurisprudencial, estableció que:

a) El legislador fijó en dieciocho años la edad mínima de capacidad de culpabilidad del agente; además, estableció que cuando el sujeto activo tiene más de dieciocho y menos de veintiún años de edad –o más de sesenta y cinco años–, al momento de la comisión del ilícito penal, corresponde la reducción prudencial de la pena.

b) El fundamento de esta eximente imperfecta es que el individuo no alcanzó la madurez plena una vez adquirida la mayoría de edad; por el contrario, las personas de entre dieciocho y veintiún años no son titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, pues –como presunción legal– su proceso de maduración no concluyó.

c) La edad del agente está referida a su capacidad penal (culpabilidad), de modo que no es razonable configurar excepciones a la reducción de la pena por responsabilidad restringida en función de la gravedad de ciertos delitos (antijuricidad). Esto significa que el segundo párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal, contempla un acto discriminatorio no sustentado en una causa constitucionalmente válida.

d) Estos criterios forman parte de la doctrina jurisprudencial de las Salas Penal Permanente y Penal Transitoria, pues cronológicamente así fue establecido en las ejecutorias supremas contenidas en los Recursos de Nulidad números 2800-2012/Santa (fundamento octavo), 1747-2013/Lima (fundamento séptimo), 2420-2013/Callao (fundamento noveno), 2482-2013/Loreto (fundamento tercero), 3147-2013/Callao (fundamento segundo), 3200-2013/Lima Norte (fundamento segundo), 3361-2013/Callao (fundamento tercero), 3696- 2013/Lima (fundamento sexto), 3772-2013/Lima Norte (fundamento tercero), 53- 2014/Lima (fundamento cuarto), 257-2014/Lima (fundamento cuarto), 512-2014/Lima (fundamento quinto), 701-2014/Huancavelica (fundamento séptimo), 1246- 2014/Áncash (fundamento segundo), 1708-2014/Lima (fundamento tercero), 2584- 2014/Lima (fundamento segundo) y 325-2015/Lima (fundamento séptimo), 2507- 2015/Lima (fundamento tercero), y las Casaciones números 66-2017/Junín (fundamento decimoquinto), 1057-2017/Cusco (fundamento tercero), 1662-2017 Lambayeque (fundamento decimoprimero), 1672-2017/Puno (fundamento cuarto), 214-2018/Santa (fundamento segundo) y 321-2018/Cusco (fundamento vigésimo), entre otros pronunciamientos.

e) Ello también fue señalado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, en las ejecutorias supremas contenidas en las Consultas números 1260-2011/Junín y 210-2012/Cajamarca.

f) Es más, el carácter vinculante de este criterio interpretativo fue establecido en el Acuerdo Plenario N.° 4-2016/CIJ-116, publicado en el diario oficial El Peruano el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, donde se precisó que:

[…] la Ley [segundo párrafo, del artículo veintidós, del Código Penal] incluye una discriminación no autorizada constitucionalmente. La antijuricidad penal se refiere a las conductas que son contrarias a las normas que rigen el Derecho Penal –típicas y no amparadas en una causa de justificación–, mientras que la culpabilidad se circunscribe al sujeto que comete esa conducta, respecto del que debe afirmarse que actuó pese a estar motivado por la norma que le impelía a adoptar un comportamiento distinto. Una atiende al hecho cometido –a su gravedad o entidad– y la otra a las circunstancias personales del sujeto.

[…] si la edad del agente está referida a su capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a la regla general en función de criterios alejados de este elemento, como sería uno centrado en la gravedad de ciertos delitos. La gravedad del hecho es un factor que incide en la entidad, importancia, relevancia social y forma de ataque al bien jurídico vulnerado, mientras que la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos del agente, al margen del hecho cometido, que tiene su propio baremo de apreciación.

[…] El grado de madurez o de disminución de las actividades vitales de una persona en razón a su edad no está en función directa a la entidad del delito cometido. La disminución de la pena, según el presupuesto de hecho del artículo 22 del Código Penal, no tiene su fundamento causal y normativo en las características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital del ser humano.

Por ende, este factor de diferenciación no está constitucionalmente justificado.

g) Sumado a ello, la Sala Penal Permanente, en la Casación N.° 352- 2018/Lambayeque, pronunciándose sobre el recurso propuesto por Raúl Julinhiño Baca Garboza, coautor del ahora impugnante Manuel Antonio Hoyos Santa María, indicó que:

[…] la sola constatación de la edad del imputado –más de dieciocho y menos de veintiún años de edad–, al tiempo de comisión del hecho punible, configura responsabilidad restringida por edad. La constatación puede efectuarse a través de mecanismos al alcance del juzgador –esto es el acceso a la ficha Reniec–, no es necesaria pericia que determine el grado de madurez del procesado o documentos que acrediten la minoría de edad.

[…] la doctrina jurisprudencial es clara y uniforme, respecto a la autorización de aplicar la responsabilidad restringida por razón de edad, a los sujetos activos de todos los ilícitos previstos en el Código Penal. No existen excepciones. Esta última, se erige como una causal de disminución de la punibilidad que justifica la aplicación de la pena por debajo del mínimo legal. Tiene como fundamento normativo, el hecho de que el agente delictivo no tiene capacidad absoluta para entender la antijuricidad o el reproche penal del ilícito cometido.

6.2. Lo descrito pone de manifiesto que corresponde estimar el recurso de casación propuesto por la defensa del procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María, debido a que con la emisión de la sentencia de vista recurrida, en el extremo de la pena impuesta, se afectó sus derechos a la igualdad y motivación de resoluciones judiciales. Es más, no reducir prudencialmente la pena por la concurrencia de la eximente imperfecta de responsabilidad restringida significaría nuevamente afectar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley del impugnante, en razón de que –a criterio de este Colegiado– no existe causa objetiva válida que permita apartarse de la línea jurisprudencial instaurada por este Tribunal, descrita precedentemente.

SÉPTIMO. En ese entender, considerando que la pena mínima prevista por el legislador para el delito de robo con agravantes es de doce años, y que el delito quedó en grado de tentativa y concurre la eximente imperfecta de responsabilidad restringida (Manuel Antonio Hoyos Santa María, al dos de junio de dos mil quince, en que se cometió el ilícito juzgado –según lo descrito en el fundamento 1.1–, tenía poco más de diecinueve años de edad, pues nació el veinticinco de mayo de dos mil novecientos noventa y seis, según se detalló en la acusación fiscal –folio 02– y aparece de su partida de nacimiento –folio 242–), corresponde reducir por la primera tres años y por la segunda dos años (mientras menor es la edad del agente –próxima a dieciocho años–, mayor es la posibilidad de reducción de la pena y, en caso el sujeto activo tenga una edad próxima a los veintiún años, menor es la reducción de la pena); de modo que debería imponerse al procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María la pena privativa de libertad de siete años.

7.1.  Asimismo, considerando que dicho encausado, asesorado por su defensa, se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral (folio 56), corresponde reducir la pena hasta en un séptimo de siete años, esto es, en  un año (doce meses) como bonificación procesal; de modo que debe imponérsele seis años de pena privativa de libertad.

7.2. De modo que, corresponde casar la sentencia de vista, únicamente en el extremo de la pena impuesta al procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María, debido a que colisiona con sus derechos a la igualdad y motivación de resoluciones judiciales; y, actuando en sede de instancia, reformarse la pena privativa de libertad impuesta, precisando la fecha de cumplimiento de la misma.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado Manuel Antonio Hoyos Santa María (y no Manuel Antonio Hoyos Santamaría como erróneamente se consignó en la sentencia recurrida) contra la sentencia de vista del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (folio 173), que confirmó la sentencia del seis de diciembre de dos mil diecisiete (folio 61), en el extremo que impuso a Manuel Antonio Hoyos Santa María siete años, ocho meses y diecisiete días de pena privativa de libertad, como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en grado de tentativa, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales L. S. R. M.

II. CASARON dicha sentencia de vista, en el extremo de la pena impuesta y, actuando en sede de instancia, impusieron a Manuel Antonio Hoyos Santa María seis años de pena privativa de libertad que, restando el período de detención que cumple desde el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se cumplen el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés.

III.  DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública por intermedio de la Secretaría de esta Suprema Sala Penal, acto seguido se notifique la misma a las partes apersonadas en esta instancia, y se archive el cuadernillo.

Intervinieron los jueces supremos Chávez Mella y Castañeda Espinoza, por licencia y vacaciones de las juezas supremas Barrios Alvarado y Castañeda Otsu, respectivamente.

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