Nulidad. Necesidad de afectaciones nucleares al debido proceso
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La exigencia de que la corroboración sea plural y convergente. La insuficiencia del reconocimiento físico.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1158-2018
LIMA

 

Prueba indiciaria

El juez penal no está vinculado rígidamente a las reglas legales de la prueba y, por ende, es libre para obtener convicción sobre el objeto del proceso. En este sentido, puede llegar al convencimiento de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado a través de la prueba indirecta (indiciaria o por indicios); sin embargo, es preciso que los indicios estén plenamente probados y conduzcan al hecho indicado, mediante una inferencia válida.

Lima, catorce de mayo de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del procesado Juan Carlos Valencia Criado contra la sentencia del dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 1175), emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como coautor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Cirilo Tinco Silva, Raúl Vásquez Torres, Pablo José Chiclla Ñahuinlla, Ana Mercedes Estacio Niño de Guzmán y Andy Steven Ramos Espinoza, a dieciocho años de pena privativa de libertad y fijó en la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado con los ya condenados, equitativamente, a favor de los agraviados, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente sustraído; con lo demás que al respecto contiene. De conformidad con lo dictaminado por la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Hechos imputados

Primero. La acusación fiscal (foja 665) respecto del coprocesado Valencia Criado se sustenta en los siguientes hechos:

1.1. El dos de junio del dos mil diez, aproximadamente a las 23:30 horas, un grupo de sujetos1 incursionó en las instalaciones del centro comercial Andalucía Vía –en adelante Andalucía–, ubicado en la calle General Clement  número  980,  distrito  de Pueblo  Libre.  Estos premunidos con armas de fuego, redujeron a los vigilantes, a quienes ataron de pies y manos con cinta de embalaje, logrando consumar los siguientes actos delictivos:

1.1.1. Ingresaron a bóveda de la agencia de Western Union a través de un forado en la pared y, una vez dentro, se apoderaron de S/ 71 580 (setenta y un mil quinientos ochenta soles) y USD 5500 (cinco mil quinientos dólares americanos), conforme señaló su propietario.

1.1.2. Violentaron la puerta del stand 1-A, de Hernán Huachín, donde funciona una cerrajería, apoderándose de la suma de S/ 71 700 (setenta y un mil setecientos soles), tarjetas de celular valorizadas en S/ 1500 (mil quinientos soles) y un equipo de sonido marca Sony.

1.1.3. Violentaron la puerta del stand 35-A, del agraviado Andy Esteban Ramos Espinoza, donde funciona una casa de cambio, abrieron la caja fuerte con un soplete y se apropiaron  de la suma de S/ 5400 (cinco mil cuatrocientos soles) en monedas; como también de la sumas de S/ 5000 (cinco mil soles), € 1500 (mil quinientos euros) y USD 1350 (mil trescientos cincuenta dólares americanos).

1.1.4. Violentaron la puerta de los stands 41-A y 42-A, donde funciona la joyería Maki Craft, se apoderaron de mercadería consistente en joyas de plata valorizadas en S/ 14 500 (catorce mil quinientos soles), joyas de oro valorizadas en USD 6000 (seis mil dólares americanos) y S/ 2000 (dos mil soles) en efectivo.

1.2. Se estableció que los delincuentes, para llevar a cabo tal acto delictivo de manera concertada y premeditada, establecieron los siguientes roles:

1.2.1.  La procesada Karen Lujan Rosales procedió a alquilar el stand número  31 del centro  comercial  Andalucía  y habría manifestado que se dedicaría a la venta de ropa.

1.2.2. El día de los hechos la mencionada  coprocesada  se encontraba en compañía  de tres sujetos que aparentaban realizar el pintado y arreglo  del  local;  estos  fueron  Alberto Prudencio Salazar Solano, Carlos Alberto Córdova Sosa y Juan Carlos Valencia Criado, quienes aparentaban realizar el pintado y arreglo del local.

1.2.3. Es de precisar que el procesado Juan Carlos Valencia Criado, además de hacerse pasar como pintor (tenía rastros de pintura), preguntaba por equipos celulares.

1.2.4. Por otro lado, el día de los hechos a las 20:00 horas, el extinto procesado Miguel Ángel Mesares Ccorahua ingresó al local comercial vociferando que habían alquilado un stand  y que necesitaban pintarlo.

1.2.5. Los denunciados,  en el interior del local comercial, procedieron a reducir a los vigilantes Cirilo Tinco Silva y Raúl Vásquez, a las 23:00 horas. Una vez que dominaron el lugar, se apoderaron ilegítimamente del dinero en efectivo y las especies detalladas precedentemente, luego se dieron a la fuga y dejaron abandonadas las herramientas utilizadas en el hecho punible, tal como se describe en la Ocurrencia número 499, transcrita en el punto I del atestado policial (fojas 1 a 20).

1.2.6. La denunciada Lujan Rosales se limitó a negar los cargos, mientras que sus codenunciados registran antecedentes de su actuar delictivo, como se aprecia del atestado policial.

II. Fundamentos del Tribunal Superior

Segundo. El Colegiado Superior, en la sentencia recurrida (foja 1175), se pronuncia por imponer condena, en razón a que:

2.1.  La comisión del delito y la responsabilidad penal del coprocesado Valencia Criado se encuentran plenamente acreditadas  con prueba directa (personal) y prueba indiciaria (indicios de presencia, participación delictiva, mala justificación y capacidad delictiva), que evidencian su participación a título  de coautor en el robo imputado; para lo cual, en contubernio con los otros coprocesados, alquilaron un stand dentro de la galería, fingió que trabajaba en el pintado y arreglo del local, a fin de ejecutar su plan delictivo y poder tener acceso al interior para, en horas posteriores, reducir a los vigilantes y ejecutar la sustracción de los bienes de los agraviados.

2.2. Los argumentos de defensa expuestos por el procesado, quien negó el robo que se le imputa, no desvirtúan la sindicación en su contra, que se encuentra debidamente probada; así, también su alegación respecto a que no se acreditó la preexistencia de lo sustraído se desvirtúa porque en el proceso sí existe prueba que la demuestra; no obstante, sostiene que en la comisión del delito de robo agravado no interesa determinar el monto económico de lo sustraído, sino que se haya probado la sustracción efectiva de bienes ajenos, ejercitada con violencia física o amenaza contra los agraviados.

2.3. Respecto de la determinación de la pena  impuesta,  habida cuenta de las condiciones personales del procesado y que registra condenas del año dos mil nueve; el Colegiado  le  impuso la pena de dieciocho años, concordando con lo solicitado por el Ministerio Público.

III.  Expresión de agravios

Tercero. El recurrente Valencia Criado fundamentó el recurso de nulidad (foja 1196) y expuso los siguientes agravios:

3.1. No se efectuó una debida apreciación de los hechos materia de inculpación ni se compulsaron adecuadamente las pruebas ofrecidas por la defensa,  tampoco se resolvieron  todos  los planteamientos utilizados como argumentos de defensa, la cual recorta el derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales y el derecho de defensa, contemplados en los numerales 03, 05 y 14 de la Constitución Política del Estado.

3.2. El Colegiado sustentó la sentencia condenatoria en base a los antecedentes penales del imputado, y en el reconocimiento fotográfico de un vendedor del centro comercial, quien no tuvo la calidad de agraviado el cual no fue ratificado en el juicio oral; es decir fue condenado con pruebas insuficientes.

3.3. No se comprobó de manera  fehaciente  la participación del procesado en el delito imputado ni se tomó en cuenta los elementos de prueba de descargo, como las declaraciones de los coprocesados (quienes niegan conocer al imputado y que este haya participado en el evento delictivo) y la declaración del encausado, donde indica que, en la fecha de los hechos, se encontraba laborando como comerciante ambulante.

3.4. Se vulneró el principio de presunción de inocencia que lo ampara, dado que se lo condenó sin mediar prueba suficiente, toda vez que la sentencia solo se basa en el acta de reconocimiento fotográfico del testigo César Martín Céspedes Estrada, quien no concurrió al plenario para brindar declaración.

IV. Delimitación del análisis del caso

Cuarto. La impugnación que formula el procesado se circunscribe al cuestionamiento por deficiencia de la valoración probatoria de las pruebas de cargo utilizadas para establecer su responsabilidad penal. En este sentido, al no haber cuestionamiento alguno sobre la materialidad del delito, plenamente acreditada en el proceso; la materia del grado se circunscribirá a verificar si el Colegiado Superior emitió sentencia condenatoria sustentada en una adecuada valoración probatoria que desvirtúe la presunción de inocencia del procesado.

V. Fundamentos del Tribunal Supremo

Quinto. El derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que permita inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos, como lo recalca la doctrina consolidada de esta Suprema Instancia, mediante el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco.

Sexto. Expuestas estas consideraciones, la cuestión que se nos presenta es la relativa a qué se ha de entender por prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia; es necesario recordar que la sentencia condenatoria ha de fundarse en auténticos actos de prueba y debe haber sido obtenida y practicada en la forma que regula la ley procesal penal; y que esta actividad y comportamiento sean suficiente para erradicar cualquier duda razonable, quedando desvirtuada la presunción de inocencia.

Así, hemos de partir de que la declaración de un testigo único –sea la víctima de un delito o un testigo sin tal condición– puede ser actividad probatoria hábil, en principio, para enervar el derecho a la presunción de inocencia. Elemento esencial para esa valoración que es la compulsa a través de la cual el Colegiado sentenciador forma su convicción, no solo por lo que el agraviado manifiesta, sino también por su disposición, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas y la seguridad que transmite, en definitiva, todo lo que rodea una declaración y la hace creíble o no, para formar la convicción judicial.

Séptimo. En ese sentido, de la evaluación y valoración de los elementos de prueba actuados en el presente proceso  debe relievarse  la declaración del testigo César Martín Céspedes Estrada; por lo que corresponde someterla a los parámetros de certeza establecidos como precedentes vinculantes en el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116; en cuanto a que, las declaraciones de un testigo (aun cuando se trate del único testigo de los hechos) posean entidad para ser consideradas prueba de cargo válida y, por ende, ostentar virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones; las garantías establecidas para validar su testimonio son: a. verosimilitud (coherencia interna y externa de la declaración y su corroboración periférica), b. ausencia de incredibilidad subjetiva (ausencia de odio, resentimiento, enemistad u otras circunstancias entre agraviado e imputado) y c. persistencia en la incriminación.

Octavo. Respecto al supuesto de verosimilitud, del examen de coherencia interna del relato del mencionado testigo, se aprecia que en su declaración preliminar (foja 59, con presencia del representante del Ministerio Público) brinda una versión coherente de los hechos, con referencias fácticas precisas que descartan que se trate de un relato con datos manifiestamente inverosímiles y carentes de lógica; así, refiere que tiene una importadora, Punto Compre E. I. R. L., en el stand 12 del Centro Comercial Andalucía, y que el día de los hechos, aproximadamente a las 19:30 horas, se encontraba atendiendo al público y de pronto se percató de que una persona de sexo masculino, cuyas características eran: tez clara, pelo lacio corto, ojos achinados, nariz normal, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, contextura normal, cara larga y cejas pobladas, se le acercó en forma sospechosa para preguntar sobre un equipo celular, tratando de ingresar a la tienda a como dé lugar y divisar todos los equipos, pero luego lo desvió. Además, acotó que la referida persona tenía rastros de pintura en la ropa y en el brazo.

Noveno. Con relación a la coherencia externa, existen elementos periféricos, concomitantes y plurales, cuya valoración conjunta contribuye a generar certeza respecto a la participación del inculpado en los hechos materia de juzgamiento. Así, en el acta de reconocimiento de impresión fotográfica (foja 107), efectuada por el testigo César Martín Céspedes Estrada, quien señaló que recuerda las características físicas de la persona  que  se acercó  a su stand preguntando por un celular, sujeto que tenía algunas manchas de pintura en su ropa y brazos, así como las siguientes características: alrededor de 38 años de edad, aproximadamente 1.70 metros de altura, cara larga y cejas  pobladas.  Ante  la muestra  de cuatro fotografías, reconoció al inculpado Juan Carlos Valencia Criado como el sujeto que estuvo en su stand. Es ese sentido, las características físicas relatadas por el citado testigo concuerdan con los rasgos físicos del recurrente; además, si bien el aludido testigo no concurrió a nivel judicial ni a las sesiones orales para ratificar su declaración preliminar y el reconocimiento en ficha  fotográfica, las diligencias referidas  se realizaron en presencia del representante del Ministerio; por tanto, conforme al artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, el reconocimiento del citado testigo tiene calidad de prueba de cargo para incriminar al procesado.

Décimo. En lo relativo a la ausencia de incredibilidad subjetiva, durante la investigación y esencialmente en el juicio oral, no se incorporaron evidencias que permitan establecer que la sindicación formulada por el testigo se encuentre motivada por odio o rencor concebidos precedentemente al hecho denunciado. Es necesario enfatizar que el propio procesado, en su declaración brindada en juicio oral –interrogatorio en el juicio oral, foja 1161–, tampoco alegó la presencia de posibles móviles de animadversión, odio o rencor por parte del testigo, a quien refirió no conocer, para atribuirle participación en el robo sufrido. Así, se constata superada la presente garantía de certeza.

Undécimo. Respecto al supuesto de la persistencia en la incriminación, la concurrencia de este requisito se verificó con la sindicación uniforme y coherente por parte del testigo a nivel preliminar, en su manifestación policial (foja 59) y en el reconocimiento fotográfico (foja 107).

Ante ello, cabe remitirse a lo indicado en el fundamento undécimo del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, en el que se explica que: “Los requisitos expuestos, como se ha anotado, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos ponderadamente sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto”. En ese orden de ideas, el hecho de que la sindicación del testigo se haya verificado solo una vez a lo largo del proceso no le resta mérito probatorio, pues dicha declaración, efectuada en la etapa preliminar, se obtuvo con las exigencias previstas en el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales, y produce efectos de eficacia probatoria que se corrobora con los elementos de prueba citados en el décimo considerando de la presente resolución. En consecuencia, dicha sindicación reúne los requisitos de certeza probatoria para ser considerada prueba de cargo.

Duodécimo. Por otro lado, para construir una resolución judicial, el órgano judicial no solo requiere de la prueba directa, sino que también puede recurrir a la prueba indiciaria. Se debe resaltar que entre ambas no existe diferencia ontológica, pues:

Es radicalmente falso que la prueba directa coloque al juez en contacto directo con los hechos de la realidad, pues estos sucedieron en el pasado y lo único que se incorpora al proceso son afirmaciones acerca de tales hechos […] siendo que la diferenciación entre ambos tipos de pruebas – directas e indirectas– se basa en el número de pasos inferenciales que hay que realizar, siempre menor en la prueba directa que en la indiciaria, en cuanto que esta última siempre va a exigir de inferencias adicionales suplementarias al recaer sobre hechos de carácter secundario o periférico.1

Decimotercero. En ese sentido, la responsabilidad penal del procesado se hace más notoria mediante indicios interrelacionados entre sí con el hecho base,  pues  cumple  con  los requisitos establecidos en el considerando cuatro del Acuerdo Plenario número 01-2006/ESV-221. Al respecto, el hecho base lo constituyen la declaración preliminar del testigo César Martín Céspedes Estrada, quien a nivel preliminar2 (foja 59) y el acta de reconocimiento de impresión fotográfica3 identifica y ubica al procesado en el lugar de los hechos. Debe precisarse, además, que si bien el aludido testigo no concurrió a nivel judicial y tampoco a las sesiones orales  para ratificar  su declaración preliminar y el reconocimiento en ficha  fotográfica, las diligencias referidas  se realizaron en presencia del representante del Ministerio; por tanto, conforme al artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, la declaración y el reconocimiento del citado testigo tienen calidad de prueba, por lo que deben ser consideradas.

Decimocuarto. Ahora bien, con base en la identificación del inculpado, deben analizarse otros elementos como:

14.1. Indicio de presencia física, debido a las declaraciones de los testigos:

a) Alicia Mercedes Mallqui Ñahuinlla, quien a nivel preliminar4, señaló que tiene un comercio en el stand 23-A del centro comercial Andalucía. Aproximadamente a las 20:00 horas, se percató de que en el stand 31-A había dos personas, la primera de sexo femenino y la segunda de sexo masculino, este último era de tez clara, cabello ondulado corto, de 1.70 metros de altura y ojos achinados; además, se encontraba pintando el referido stand.

b) Juan Carlos Pedreros Pizarro, a nivel preliminar5, indicó que el dos de junio de dos mil diez, aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30 horas, observó que ingresaron tres personas por la puerta que está a lado de Pedro Murillo. Eran una fémina y dos sujetos, entre ellos, uno de tez clara, de alrededor de 36 años y 1.69 metros de altura, aproximadamente, quien estaba  pintando en el stand 31-A, acompañado con el otro sujeto.

Descripciones que son similares a las características físicas del procesado que se describe en sus generales de ley, consignada en   el acta de foja 1146.

14.2. Indicio de antecedentes, pues el inculpado cuenta con un amplio historial delincuencial, por delitos contra el patrimonio6;  en ese sentido, su primer ingreso al penal fue en el año 2009, esto es, antes de ingresar al centro penitenciario por el presente ilícito penal.

14.3. Indicio de conducta sospechosa, se valora que, conforme al auto de inicio del proceso, del ocho de julio de dos mil diez (foja 246), se cursó oficio al recurrente y demás coprocesados para  su ubicación y captura; pero el impugnante, pese a tener en su contra orden de captura, no se puso a disposición de las autoridades correspondientes y recién se le detuvo el dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 1136), de lo que se advierte que el encausado estuvo en la clandestinidad durante siete años, aproximadamente.

14.4. Indicio de mala justificación, se toma en consideración que el argumento de defensa del procesado no se encuentra respaldado con prueba alguna, tanto más si incurre en contradicciones, dado que, en su primera declaración (foja 1140) señaló que los últimos tres años trabajó como comerciante en los alrededores del Mercado Central y parte de Cercado de Lima; sin embargo, en  su  declaración a nivel de juicio oral (foja 1161), ante las preguntas del titular de la acción penal, refirió que se dedicaba a trabajar como taxista en el carro de su señora y después, ante el presidente y director de debates de juicio oral, indicó que se dedicaba a hacer taxi en el vehículo que alquilaba y que no recordaba el número de placa del vehículo, tan solo el nombre del dueño, Roberto,  con  quien tenía un contrato de alquiler. De lo declarado por el encausado se advierte que sus argumentos de defensa,  en  puridad, son solo mecanismos vanos para eludir su responsabilidad penal.

Decimoquinto. En consecuencia, conforme al Acuerdo Plenario número 01-2006/ESV-22, se cumple con los cuatro presupuestos, que son: el hecho base (la declaración efectuada por el testigo César Martín Céspedes Estrada), la pluralidad de indicios (indicio de presencia física,  indicio de capacidad moral, indicio de conducta sospechosa e indicio de mala justificación), circunstancias concomitantes (los indicios periféricos corroboran y fortalecen la certeza de que el encausado intervino en el robo agravado) y, finalmente, los indicios están interrelacionados entre sí (presencia en el lugar de los hechos, antecedentes penales, conducta  sospechosa y mala justificación). Por tanto, como las versiones del encausado carecen de verosimilitud y en virtud de los indicios concurrentes expuestos, se evidencia la responsabilidad penal del encausado en este extremo.

Decimosexto. En relación a la negativa de los coinculpados Karen Lujan Rosales7 y Alberto Prudencio Salazar Solano8 de conocer al impugnante Valencia Criado, es de precisarse que cada uno de los encausados referidos tienen una línea de defensa compartida, esto es, no solo niegan su cercanía, sino que, además, niegan haber intervenido en el hecho perpetrado el  dos de junio de dos mil diez  en el interior de la galería Andalucía.

A. Análisis de la pena impuesta al encausado Juan Carlos Valencia Criado

Decimoséptimo. A efectos de verificar la dosificación de la pena impuesta, debe estimarse que las exigencias que determinan su aplicación no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que, además, es necesario tener en cuenta el principio de proporcionalidad, contemplado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, que constituye un límite al poder punitivo,  en  tanto procura la correlación entre el hecho cometido y la pena a aplicarse, y que esta, en estricto, debe cumplir con los fines  asignados a la pena (preventivo, protector y resocializador), conforme lo prevé el numeral 6 del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido en el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal.

Decimoctavo. En ese sentido, este Supremo Tribunal  considera que  la pena impuesta al procesado (dieciocho años de pena privativa de libertad), solicitada por el representante del Ministerio Público en su dictamen fiscal (foja 665), resulta concordante con los principios de proporcionalidad y legalidad de las penas, pues se tuvo en  cuenta  la gravedad de los hechos y el daño causado sobre las víctimas; además, no se advierten atenuantes suficientes que permitan a la Sala Penal imponer una pena por debajo de lo impuesto, más aún si la conducta del encausado es repudiada socialmente, pues se realizó en un centro comercial en horas de la noche; situación que consolida el estado de inseguridad ciudadana y que vulnera las expectativas normativas que rigen el Estado Constitucional de Derecho, y tanto más si el referido imputado registra antecedentes penales (foja 519); en consecuencia, la sentencia venida en grado debe confirmase en todos los extremos.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Juan Carlos Valencia Criado, como coautor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Cirilo Tinco Silva, Raúl Vásquez Torres, Pablo José Chiclla Ñahuinlla, Ana Mercedes Estacio Niño de Guzmán y Andy Steven Ramos Espinoza; le impuso dieciocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto por  concepto  de reparación  civil,  que  deberá  pagar  el sentenciado con los ya condenados, equitativamente, a favor de los agraviados; con lo demás que contiene, y los devolvieron.


Estos fueron: Karen Lujan Rosales (reo contumaz), Alberto Prudencio Salazar Solano, Carlos Alberto Córdova Sosa (condenados), Miguel Ángel Mesares Córdova Ccorahua (extinguida la acción penal por muerte) y Juan Carlos Valencia Criado (actual procesado).

1 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, “La prueba indiciaria y el estándar del más allá de  toda duda razonable”, citado en: La prueba en el proceso penal acusatorio, Jurista Editores, julio de 2012, página 38.

1 El Acuerdo Plenario número 01-2006/ESV-22, de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República, fija de la siguiente manera: “Que, respecto al indicio, (a) éste –hecho base– ha de estar plenamente probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son–, y (d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí– […]; que, en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo [sic]”.

2 En presencia del representante del Ministerio Público.

3 Foja 107, en presencia del representante del Ministerio Público.

4 En presencia del representante del Ministerio Público, foja 57.

5 En presencia del representante del Ministerio Público, foja 67.

6 Según el certificado de antecedentes penales de Foja 519.

7 En su declaración preliminar e instructiva, fojas 45 y 568 respectivamente.

8 En su declaración instructiva y a nivel de juicio oral, fojas 408 y 477 respectivamente.

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