Prueba Indiciaria en el delito de tr谩fico il铆cito de drogas.
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Abuso sexual. Nulidad. Error de tipo y motivaci贸n
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饾悡饾悎饾悆. 饾悁饾悰饾惉饾惃饾惀饾惍饾悳饾悽贸饾惂. 饾悑饾悮 饾悽饾惂饾惌饾悶饾惈饾惎饾悶饾惂饾悳饾悽贸饾惂 饾惄饾惃饾惀饾悽饾悳饾悽饾悮饾惀 饾惂饾惃 饾惌饾惍饾惎饾惃 饾悹饾悮饾惈饾悮饾惂饾惌铆饾悮饾惉 饾悵饾悶 饾惀饾悶饾悹饾悮饾惀饾悽饾悵饾悮饾悵.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REP脷BLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.掳 656-2019
LIMA NORTE

Haber nulidad en la condena y la pena

Se advierte de autos, insuficiencia probatoria para confirmar la sentencia recurrida, ya que al cuestionarse la validez del acta de intervenci贸n policial, las solas declaraciones de los impugnantes en juicio oral como las ratificaciones de los peritos qu铆micos que realizaron el an谩lisis de la 铆nfima cantidad de droga encontrada en el domicilio intervenido no generan convicci贸n para emitir una condena.

Lima, veintiuno de febrero de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Elbia Maril煤 Reyes Alcarraz, Doris Estela Reyes Alcarraz, Alcides Zen贸n 脕lvarez Quiroz, Estuar Celso Olivares Reyes y Jeison Sandro Alvarez Reyes contra la sentencia expedida el dos de enero de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que los conden贸 como coautores del delito contra la salud p煤blica-promoci贸n, favorecimiento o facilitaci贸n al consumo ilegal de drogas t贸xicas mediante actos de tr谩fico agravado 鈥搃nciso 6 del art铆culo 297 concordante con el art铆culo 296 del C贸digo Penal鈥, en agravio del Estado; motivo por el que impuso a los tres primeros catorce a帽os de pena privativa de libertad y a los dos 煤ltimos doce a帽os de pena privativa de libertad y fij贸 en S/5000 (cinco mil soles) el monto de pago solidario por concepto de reparaci贸n civil.

Intervino como ponente el se帽or juez supremo Sequeiros Vargas.

Primero. Fundamentos de la impugnaci贸n 鈥folios 821 a 832

1.1. Los impugnantes interpusieron recurso de nulidad en virtud del literal a) del art铆culo 292, concordante con inciso 5 del art铆culo 300 del C贸digo de Procedimientos Penales.

1.2. En s铆ntesis, sostienen que, pese a existir insuficiencia probatoria, la Sala Superior emiti贸 una sentencia condenatoria.

Segundo. Hechos imputados

El trece de marzo de dos mil dieciocho, en horas de la ma帽ana, personal policial de la Depincri El Agustino, por informaci贸n confidencial, tom贸 conocimiento sobre la existencia de una banda denominada Los Traqueteros de Comas, cuyos miembros ten铆an un inmueble ubicado en el jir贸n Talara 420, zona Belaunde, Carmen Alto, Comas, donde almacenaban droga y armas de fuego. Al dirigirse a dicho lugar, efectivos policiales divisaron en el frontis a dos personas en actitud sospecha, quienes al notar su presencia, intentaron ingresar al citado inmueble, pero uno de ellos 鈥揓eison Sandro 脕lvarez Reyes鈥 fue intervenido y al realizar el registro personal se lo encontr贸 en posesi贸n de clorhidrato de coca铆na. Por su parte, el otro sujeto fue intervenido en el interior del local e identificado como Estuar Celso Olivares Reyes, a quien tambi茅n se lo encontr贸 en posesi贸n de clorhidrato de coca铆na. Con autorizaci贸n de este 煤ltimo, ingresaron al inmueble donde fueron intervenidas Elvia Maril煤 Reyes Alcarraz y Doris Estela Reyes Alcarraz, a quienes tambi茅n se les encontr贸 en posesi贸n de clorhidrato de coca铆na. Por su parte, Alcides Zen贸n 脕lvarez Quiroz, al notar la presencia policial dentro de su domicilio, huy贸 por el techo pero fue intervenido en la casa de una de sus vecinas y, a un metro de 茅l, se encontr贸 una bolsa que conten铆a clorhidrato de coca铆na. Finalmente, al revisar la habitaci贸n de Doris Estela Reyes Alcarraz y Alcides Zen贸n 脕lvarez Quiroz se encontr贸 no solo clorhidrato y pasta b谩sica de coca铆na sino instrumentos 鈥搕res platos, un colador, una cuchara y una cucharita鈥 con adherencias de droga.

Tercero. Opini贸n fiscal 鈥folios 18 a 31

Mediante Dictamen Fiscal n煤mero 745-2019-MP-FN-SFSP, el representante de la Segunda Fiscal铆a Suprema en lo Penal OPIN脫 porque se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

A. En cuanto a la intervenci贸n policial en el domicilio de los imputados

4.1. Mediante acta de intervenci贸n policial (folios 28 a 29), del trece de marzo de dos mil dieciocho, se indic贸 que aquel d铆a se observ贸 a dos personas en actitud sospechosa en el frontis del inmueble ubicado en jir贸n Talara n煤mero 420, Carmen Alto, Comas; al notar la presencia policial, los sujetos trataron de ingresar a dicho domicilio 鈥搇as personas fueron identificadas como Jeison Sandro 脕lvarez Reyes y su primo hermano Estuar Celso Olivares Reyes鈥. Al intervenirlos en flagrancia, se les encontr贸 en posesi贸n de clorhidrato de coca铆na y con su autorizaci贸n la polic铆a ingres贸 al inmueble.

4.2. As铆, lo reiteraron los efectivos policiales 鈥揈lvis Yaringa帽o Osorio, folios 94 a 98; Ademir Rub茅n Arroyo Ramos, folios 98 a 102; Nick Brajan Baz谩n Zuasn谩bar, folios 103 a 106, y Miguel 脕ngel Santiago Ccoicca, folios 107 a 110鈥, quienes en sede policial indicaron que vieron a dos personas en actitud sospechosa en el frontis del inmueble intervenido, motivo por el que procedieron con sus detenciones.

4.3. Por otro lado, pese a estar debidamente notificados, los referidos efectivos policiales no concurrieron a declarar en sede de instrucci贸n, y en juicio oral se prescindi贸 de sus manifestaciones (folios 768 a 769).

4.4. En primer lugar, cabe cuestionar por qu茅 los efectivos policiales de El Agustino realizaron una diligencia de intervenci贸n en Comas por un dato confidencial que recibieron 鈥搉o se sabe cu谩ndo ni a qu茅 hora鈥 sobre una posible organizaci贸n criminal dedicada a cometer delitos graves. Por ello, no se puede alegar que concurrieron a verificar la informaci贸n, ya que se trata de diez polic铆as vestidos de civil que se movilizaban en tres veh铆culos; por tanto, se trataba de una intervenci贸n inminente, pues para verificar informaci贸n y datos se requiere solo un par de efectivos.

4.5. La informaci贸n recibida por los polic铆as, seg煤n su propia versi贸n, es que se trataba de una banda criminal denominada Los Traqueteros de Comas, que se dedicaban no solo al tr谩fico il铆cito de drogas, sino a cometer delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-sicariato, contra el orden financiero y monetario-fabricaci贸n y suministro de billetes falsos, almacenamiento de drogas y armas de fuego e incluso se indic贸 que prove铆an de armas a delincuentes, vale decir que era una banda peligrosa, dispersa en su actividad delictiva.

4.6. Si esta era la informaci贸n 鈥搎ue por s铆 misma es grave鈥, entonces se requer铆a que la intervenci贸n policial fuera efectiva, garantizada y contundente, adem谩s, que establezca bases s贸lidas y seguras para una investigaci贸n con resultados positivos. No obstante, se trasladaron diez polic铆as vestidos de civiles en tres veh铆culos del El Agustino a Comas para verificar si el dato era correcto, situaci贸n que evidencia una seria discrepancia entre la informaci贸n proporcionada y la forma tan precaria e improvisada en que se realiz贸 la intervenci贸n, sin las garant铆as legales que le otorga la presencia del fiscal.

4.7. En ese sentido, si exist铆a informaci贸n sobre una organizaci贸n tan peligrosa, resultaba necesario que: i) la polic铆a le comunique tal informaci贸n al Ministerio P煤blico, titular de la investigaci贸n criminal, para que garantice la legalidad de la intervenci贸n, y ii) si existi贸 la necesidad de ingresar al domicilio, se debieron obtener los permisos judiciales correspondientes del juez de garant铆as; aspectos que fueron omitidos en este caso y, por el contrario, la polic铆a fue directamente a intervenir con base en un dato a煤n no verificado y que requer铆a planificaci贸n y m铆nima estrategia, que permitiera positivamente imputar delitos a quienes est谩n al margen de la ley, caso contrario, se favorece la impunidad, al no garantizar m铆nimamente una intervenci贸n policial y una incursi贸n domiciliaria.

4.8. Se alega que se intervino porque hab铆a flagrancia delictiva, condici贸n legal en la que es licito intervenir; en este caso, esa condici贸n no ha sido definida ni claramente explicada, puesto que no se trata de decir que vieron a dos personas en actitud sospechosa y por tanto las intervinieron, ni mucho menos afirmar que esas personas se pusieron nerviosas al notar presencia policial (no se debe olvidar que la referencia policial es que estaban vestidos de civil), sino que es preciso describir cu谩l era la actitud sospechosa y qu茅 comportamiento puntualmente origin贸 la razonable percepci贸n de que se produc铆a un hecho il铆cito o irregular, circunstancias que en este caso no se han referido; por tanto, el est谩ndar de respeto por los derechos fundamentales, en este caso la libertad y el allanamiento domiciliario, por lo menos exige esa descripci贸n circunstanciada del hecho.

4.9. En efecto, no se advierte que haya existido flagrancia para irrumpir en el domicilio porque los intervenidos se帽alaron de manera uniforme que mientras descansaban, a las 6:30 horas, fueron despertados por los fuertes golpes en la puerta de ingreso del inmueble intervenido. La versi贸n policial es que hab铆a dos personas en actitud sospechosa cerca de la puerta de la casa, por eso intervienen e ingresan al domicilio con autorizaci贸n; frente a estas versiones contradictorias de la polic铆a y los intervenidos, es preciso acudir a otros medios de corroboraci贸n.

4.10. As铆 lo se帽alaron Jeison Sandro 脕lvarez Reyes 颅鈥搒ede policial, folios 83 a 87; instrucci贸n, folios 518 a 521, y juicio oral, folios 662 a 670鈥 y Estuar Celso Olivares Reyes 鈥搒ede policial, folios 88 a 93; instructiva, folios 522 a 535, y juicio oral, folios 667 a 670鈥, lo que fue corroborado por Doris Estela Reyes Alcarraz 鈥搒ede policial, folio 71, y juicio oral, folio 649鈥 y Elbia Maril煤 Reyes Alcarraz 鈥搄uicio oral, folios 644 a 645鈥, quienes refirieron que el d铆a de la intervenci贸n estaban descansando, versiones reiteradas en todas las declaraciones judiciales.

4.11. Estas versiones han sido corroboradas y adquieren verosimilitud si se considera lo declarado por la testigo Pamela Ivonne Contreras Espinoza (folios 468 a 470), quien se帽al贸 ser vecina de los imputados y que el d铆a de la intervenci贸n, a las 6:30 horas, vio llegar veh铆culos y descender un aproximado de diez personas, quienes empezaron a golpear la puerta de los impugnantes con una comba y, luego de entrar, salieron con los recurrentes esposados, quienes fueron subidos a los veh铆culos. En ning煤n momento dice que se intervino a dos personas y que ingresaron pac铆ficamente al domicilio, sino que es contundente (empezaron a golpear la puerta con una comba).

4.12. Adicionalmente est谩n las tomas fotogr谩ficas (folios 192 a 194 y 205 a 207), donde se muestra la fractura de los vidrios de la puerta como consecuencia de la intervenci贸n de los efectivos policiales, que de haberse hecho con el consentimiento de los imputados no habr铆a ocasionado esos destrozos. El testimonio y las fotograf铆as no fueron cuestionadas ni rebatidas con prueba de descargo, pero tampoco evaluadas al fundamentar la sentencia.

4.13. De lo anterior se concluye que la intervenci贸n policial no estuvo premunida de ninguna garant铆a de legalidad para otorgarle validez a dicha diligencia. Por el contrario, en apariencia se tratar铆a de un allanamiento domiciliario como consecuencia del voluntarismo policial, que en su af谩n de controlar el crimen incurri贸 en una intervenci贸n irregular. Lo negativo de este improvisado procedimiento es que se invalida la evidencia que pudo haberse recogido y pudo haber sido 煤til para procesar v谩lidamente a los intervenidos e imponerles constitucional y legalmente una sanci贸n penal.

4.14. Adicionalmente, existe otra irregularidad en la intervenci贸n y los bienes encontrados, en efecto, se constata con el contenido del acta de registro domiciliario (folios 50 a 52), en la que se indic贸 que en el dormitorio de Alcides Zen贸n 脕lvarez Quiroz se encontr贸 una bolsa negra sint茅tica con la inscripci贸n 鈥淧olit茅cnico鈥 en la que no solo se encontr贸 droga, sino tambi茅n un rev贸lver Smith & Wesson, modelo 10-7-A165898, de color plateado y cacha de madera, as铆 como una granada tipo pi帽a, y quince cartuchos sin percutar marca T2Z.98; y sin embargo, no obra de autos el peritaje del arma ni de las municiones[1] de lo que se infiere que i) dichos elementos no fueron remitidos para los respectivos peritajes o ii) el arma y las municiones no existieron, lo que determina la existencia de dudas severas respecto al contenido de las actas de intervenci贸n m谩s a煤n cuando los imputados se negaron a firmarla y reiterararon durante todo el proceso que dichos objetos no les pertenec铆an y que no fueron encontrados en poder de ellos y tampoco la droga.

4.15. Tambi茅n se debe destacar que tanto el acta que contiene los hallazgos durante la intervenci贸n, puntualmente el acta de registro domiciliario (folios 51), como las actas de registro personal (folios 54, 55, 56, 57 y 58) consignaron que no se encontr贸 moneda nacional ni extranjera durante la intervenci贸n. Sin embargo, los recurrentes adujeron que ten铆an diversas sumas de dinero que habr铆an desaparecido el d铆a de la intervenci贸n policial 鈥揓eison Sandro 脕lvarez Reyes indic贸 que ten铆a mil soles, que se perdieron, pues no aparecen consignados en las actas y otra intervenida dice que igualmente se extraviaron ochocientos soles, ver folio 83鈥.

4.16. En todo caso, es inusual que, la polic铆a no encuentre ninguna suma de dinero pese a existir cinco personas que habitan el domicilio intervenido, cuando las m谩ximas de la experiencia indican que, en las condiciones de la imputaci贸n fiscal 鈥搇os imputados se dedicaban al tr谩fico de drogas鈥, en poder de uno de los imputados o, por lo menos, en alg煤n lugar del inmueble debi贸 encontrarse dinero, lo que extra帽amente no ocurri贸 en el presente caso.

4.17. Razonablemente, desde una perspectiva estrictamente legal y teniendo en cuenta las descripciones y circunstancias que rodean tanto la intervenci贸n como las actas de hallazgo, es evidente que la intervenci贸n policial result贸 manifiestamente irregular, no preservaron m谩rgenes de legalidad y menos de constitucionalidad, circunstancias que no permiten amparar v谩lidamente una investigaci贸n criminal.

4.18. En consecuencia, existen razones fundadas para objetar la validez del atestado policial, el cual ha servido como argumento medular de la Sala Superior para emitir una sentencia condenatoria (folios 793 a 795), sin evaluar debidamente los indicios de descargo sustentados en las versiones de los intervenidos y de la 煤nica testigo de dicha intervenci贸n. En todo caso, la fundamentaci贸n de la Sala resulta incompleta y precaria.

4.19. Respecto de la droga encontrada es preciso indicar que se advierte, seg煤n el resultado preliminar de an谩lisis qu铆mico de drogas (folios 162), que se encontr贸 en el domicilio intervenido un total de ciento ocho gramos de clorhidrato de coca铆na y ciento veinti煤n gramos de pasta b谩sica de coca铆na mezclada con almid贸n 鈥揷onforme al dictamen pericial forense de droga, folios 416 a 417, diecis茅is gramos eran de almid贸n, por lo que en realidad se encontraron ciento cinco gramos de pasta b谩sica de coca铆na鈥.

4.20. De igual manera, al realizarse el informe pericial qu铆mico de drogas de Estuar Celso Olivares Reyes (folio 409), Jeison Sandro 脕lvarez Reyes (folio 410) y Elbia Maril煤 Reyes Alcarraz (folio 411), el an谩lisis del peso fue agotado, es decir, si bien existi贸 droga, esta fue m铆nima, circunstancia que no se condice con el n煤mero de intervenidos, si se ten铆a como presupuesto que todos se dedicaban al tr谩fico il铆cito de drogas y que se trataba de una banda criminal, dedicada a diversos rubros delictivos, tales condiciones, ciertamente, hacen prever otros resultados m谩s elocuentes.

4.21. Es por ello que, frente a lo arg眉ido por la Sala Superior respecto a 鈥淸鈥 que la intervenci贸n no fue un hecho circunstancial sino que obedeci贸 a una informaci贸n previa recibida por la autoridad policial respecto al desarrollo de una actividad il铆cita que tendr铆a lugar en el inmueble intervenido鈥 (folio 793), se debe estar de acuerdo con lo indicado por los imputados respecto a c贸mo se realiz贸 la intervenci贸n, por no haberse respetado las garant铆as necesarias para una intervenci贸n no flagrante, sino producto de una informaci贸n confidencial.

4.22. De esta manera, al no estar debidamente garantizada el acta de intervenci贸n policial, como las diligencias policiales posteriormente realizadas sin intervenci贸n fiscal 鈥揳rt铆culo 62 del C贸digo de Procedimientos Penales: la investigaci贸n policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervenci贸n del Ministerio P煤blico, constituye elemento probatorio鈥, no es posible emitir una sentencia condenatoria 煤nicamente con base en las declaraciones preliminares de los polic铆as intervinientes, contradichas por los imputados y la ratificaci贸n de los peritos qu铆micos en juicio oral, respecto de los hallazgos supuestamente ubicados en el domicilio intervenido (folios 739 a 744), circunstancia que demuestra insuficiencia probatoria para condenar por delito tan grave a miembros de una familia supuestamente dedicada al tr谩fico de drogas y otros delitos vinculados a una banda criminal.

4.23. En todo caso, por la fecha en que fue emitida la sentencia 鈥揹os de enero de dos mil diecinueve-d铆a de apertura del a帽o judicial鈥 se deduce que, al haber concluido el a帽o judicial, era necesario expedir la sentencia inmediatamente, lo que deriv贸 en un juicio oral apresurado sin la debida evaluaci贸n y actuaci贸n probatoria que determine con certeza la responsabilidad de los imputados.

4.24. Por lo que, al advertirse esta situaci贸n de insuficiencia probatoria, la sentencia cuestionada debe revocarse.

4.25. Finalmente, sin perjuicio de la sacrificada labor que cumple la Polic铆a, debe enfatizarse que dicha labor debe cumplirse de acuerdo con los lineamientos que las normas legales determinan, como el respeto irrestricto de los derechos que asisten a las personas. De no ser as铆, se favorecer铆a la impunidad, ya que los jueces no pueden avalar situaciones que vulneran derechos esenciales por la actuaci贸n de autoridades que est谩n premunidas del poder que la ley les reconoce.

DECISI脫N

Por ello, los jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Rep煤blica, con lo expuesto por la fiscal suprema:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia expedida el dos de enero de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que conden贸 a Elbia Maril煤 Reyes Alcarraz, Doris Estela Reyes Alcarraz, Alcides Zen贸n 脕lvarez Quiroz, Estuar Celso Olivares Reyes y Jeison Sandro Alvarez Reyes como coautores del delito contra la salud p煤blica-tr谩fico il铆cito de drogas agravado 鈥搃nciso 6 del art铆culo 297, concordante con el art铆culo 296 del C贸digo Penal鈥, en agravio del Estado; por ello, impuso a los tres primeros catorce a帽os de pena privativa de libertad y a los dos 煤ltimos doce a帽os de pena privativa de libertad y fij贸 en S/5000 (cinco mil soles) el monto de pago solidario por concepto de reparaci贸n civil. Reform谩ndola, los absolvieron por el delito y agraviado en menci贸n.

II. MANDARON que se archive definitivamente lo actuado y que se anulen los antecedentes policiales y judiciales que dieron lugar al presente proceso.

III. ORDENARON la inmediata libertad de los imputados, que se ejecutar谩 siempre y cuando no exista otro mandato de detenci贸n emanado de autoridad competente, y que se oficie VIA FAX para tal efecto a la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

IV: DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de origen. H谩gase saber.

Intervino el se帽or juez supremo Casta帽eda Espinoza y Guerrero L贸pez por periodo vacacional de los se帽ores jueces supremo Coaguila Ch谩vez y Figueroa Navarro.


[1] Mediante Informe T茅cnico n煤mero 059-2018-Regi贸n Policial-Lima/DIVEME-UDEX-SITEX (folios 163 a 166) se indic贸 que la granada tipo pi帽a estuvo inoperativa e inactiva para su funcionamiento.

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