TID. Absolución. Declaraciones inconsistentes de testigos.
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Peculado. Secretario de la municipalidad. Apropiación de cheques

CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 2272-2018
ÁNCASH

No haber nulidad en la condena y la pena, y nula la absolución

En el extremo condenatorio existen pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado –como las declaraciones de los testigos, que cumplen las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116–.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, se debe declarar nulo el extremo absolutorio y ordenarse la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, en el que se deberá llevar a cabo una pericia de homologación entre las grafías del acusado y las que aparecen en los títulos valores cuestionados, y que acudan al nuevo contradictorio dichos peritos, así como el que elaboró la pericia de grafotecnia citada, dado que en esta lo único que se estableció fue la falsificación de las firmas, pero no a qué puño y letra correspondía la grafía suplantada.

Lima, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la defensa técnica de Segundo Enrique Beltrán Huarac y por el representante del Ministerio Público contra la sentencia emitida el veinte de julio de dos mil dieciocho por los jueces integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que declaró de oficio prescrita la acción penal en la causa seguida contra Julio César Alvarado Gómez como autor por el delito de peculado culposo, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pacllón; absolvió de la acusación fiscal a Alvarado Gómez por el delito de falsificación de documento público, en agravio del Estado, de Agapito Rivas Albornoz y de Sosa Escolástico Ávalos Caque, y condenó a Segundo Enrique Beltrán Huarac como autor de delito de peculado doloso, en agravio del
Estado-Municipalidad Distrital de Pacllón, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1. De la defensa del acusado Beltrán Huarac

Según el Acuerdo Plenario número 4-2005/CJ-116, la vinculación funcional resulta ser un elemento imprescindible de la tipicidad para subsumir una conducta en el tipo penal de peculado.

Por ello, la Sala, al sostener que pese a no existir relación funcional del acusado con los caudales (cheques) era probable que los hubiera sustraído, actuó en el marco de subjetividades y presunciones, con lo que vulneró el principio de legalidad.

El testigo Melvin Arnaldo Díaz Morales, durante todo el proceso, ha variado de versión, por lo que no puede servir de sustento de su condena.

En los debates orales, con la pericia grafotécnica se acreditó que ni las firmas ni los manuscritos que aparecen en los cheques que fueron cobrados por el testigo Melvin Díaz corresponden al puño y letra del acusado, por lo que es una irregularidad que se haya variado la modalidad de falsificación de documento público a uso de documento falso.

1.2. Del representante del Ministerio Público

La Sala no ha compulsado debidamente las pruebas actuadas en el proceso que acreditan la participación del absuelto Julio César Alvarado Gómez en el delito de falsificación de documento público, ya que no se tomó en cuenta el punto tercero del dictamen pericial de grafotecnia, que revela que este falsificó las firmas del ciudadano Sosa Escolástico Ávalos Caque. En tal virtud, se debe revocar la absolución y ordenarse la emisión de la sentencia condenatoria correspondiente.

En cuanto a la decisión de condena por el delito de peculado contra Segundo Enrique Beltrán Huarac, no se encuentra conforme con la pena, pues el Colegiado no ha valorado la gravedad de este delito de apropiarse de caudales del Estado y ocasionar un detrimento patrimonial, por lo que se le debe imponer una pena efectiva de cinco años.

Segundo. Contenido de la acusación

Según la acusación fiscal, se atribuyó a los procesados Julio César Alvarado Gómez (tesorero) y Segundo Enrique Beltrán Huarac (secretario), funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pacllón, que durante los meses de agosto y septiembre de dos mil seis se habrían apropiado de catorce cheques correspondientes a los ingresos de dicha comuna. Aparentando el hurto de los referidos títulos valores, falsificaron las firmas de los supuestos emitentes –el alcalde Agapito Rivas Albornoz y el teniente alcalde Sosa Escolástico Ávalos Caque–. Seguidamente, el procesado Beltrán Huarac viajó a la ciudad de Huaraz y, luego de contactarse con el sentenciado conformado Melvin Arnaldo Díaz Morales, este hizo efectivos cuatro de los catorce cheques apoderados indebidamente de la entidad agraviada en las oficinas del Banco de la Nación de dicha ciudad, por un total de S/ 16 850.30 (dieciséis mil ochocientos cincuenta soles con treinta céntimos).

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. La Sala Superior llegó a la conclusión de que el procesado Julio César Alvarado Gómez, en su condición de tesorero de la municipalidad agraviada, tenía relación funcional directa con los cheques que estaban bajo su custodia y, por su negligencia, dejó que un tercero se apropiara de estos títulos valores, puesto que conocía que su coacusado Beltrán Huarac era personal de confianza del alcalde y, además, tenía acceso a todos los ambientes del municipio.

3.2. Con esa actitud dejó que dicho coacusado entrara y se apoderara de los mencionados cheques, por lo que la Sala Superior, desvinculándose de la acusación fiscal, consideró que el procesado Alvarado Gómez cometió el delito de peculado culposo y, dada la pena para este tipo penal y por el tiempo transcurrido, lo declaró prescrito de oficio.

3.3. Respecto al ilícito de falsificación de documento público atribuido al acusado Alvarado Gómez, conforme al dictamen pericial de grafotecnia, se concluyó que este no tenía vinculación con dicho delito y el uso de los cheques sustraídos, por lo que lo absolvió por dicha imputación.

3.4. En relación con el procesado Segundo Enrique Beltrán Huarac, el Colegiados Superior señaló que no tenía aparente relación funcional con los efectos del Estado; sin embargo, era funcionario de confianza del alcalde y, por tal condición, tenía acceso a todas las dependencias y oficinas de la municipalidad; por tanto, tenía la posibilidad jurídica de acceder a los cheques; más aún si tenía conocimiento de todas las comunicaciones que efectuaba el Banco del Nación acerca de algún cheque a través del único teléfono existente en el concejo, ubicado en su oficina. En tal virtud, se apropió de los cheques a través del sentenciado conformado Melvin Arnaldo Díaz Morales, por lo que cometió el delito de peculado doloso.

3.5. También se configuró el delito de uso de documento público falso y no el de falsificación de documento, pues la Sala Superior concluyó que no se llegó a acreditar que fue quien falsificó los cheques, pero sí que conocía de la falsedad de tales documentos y, a sabiendas, los utilizó para apoderarse de los fondos de la municipalidad, y se los entregó al sentenciado conformado Melvin Díaz. Por ello, se desvinculó de la acusación fiscal en dicho extremo.

3.6. Para la Sala Superior, el utilizar los cheques falsificados fue un medio para apoderarse de los bienes del Estado, por lo que no constituyeron delitos independientes. En consecuencia, la pena se fijó por el delito de peculado doloso y, teniendo en cuenta las calidades personales del acusado, se le impuso una pena suspendida.

Cuarto. Opinión fiscal

Según el Dictamen número 225-2019-MP-FN-SFSP, el fiscal supremo en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida.

Quinto. Fundamentos del Tribunal Supremo

5.1. Extremo condenatorio y sanción penal contra el acusado Segundo Enrique Beltrán Huarac por el delito de peculado doloso

En autos, el cosentenciado Melvin Arnaldo Díaz Morales se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral, por lo que este recayó en la sentencia conformada1 sobre su responsabilidad penal del delito de peculado doloso, en calidad de cómplice primario, por los hechos investigados.

En su juicio oral, Díaz Morales refirió que el procesado Beltrán Huarac le propuso cobrar los cheques, que por ello le dio dinero, y dijo encontrarse arrepentido.

Cuando Díaz Morales acudió a este último plenario en calidad de testigo impropio, refirió que su vecino Alain Stalin Tarachea Romero le presentó al acusado y fue este quien le pidió el favor de cobrarle unos cheques, pues no tenía su DNI y tampoco tiempo; fueron tres cheques que el propio acusado Beltrán Huarac le dio y este le entregó el importe de aquellos. Cuando se enteró del problema, le reclamó y el acusado le ofreció dinero para que se fuera lejos.

En audiencia se llevó a cabo la confrontación entre el citado testigo impropio y el acusado. El testigo refirió conocerlo a través de su vecino Alain Tarachea y el procesado señaló que no los presentó, que no lo conocía, que no le pidió que cobrase dichos cheques y que no le pagó ningún dinero.

A audiencia también se presentó el testigo Alain Stalin Tarachea Romero, quien corroboró lo dicho por el testigo impropio Díaz Morales, en referencia a que Alain Tarachea los presentó, que sí se encontraron cerca del Banco de la Nación y que el acusado le preguntó si tenía DNI y le ofreció un trabajo, pero el testigo le dijo que no tenía. Luego se llevó a cabo la confrontación con el acusado, en que el testigo refirió que este le propuso un trabajo y le preguntó por su DNI, y el encausado negó tales hechos.

La defensa alegó que el acusado Beltrán Huarac no tuvo relación funcional con los caudales –cheques–; sin embargo, conforme lo sostiene la Sala, obra en autos el Acta de Sesión de Concejo Extraordinaria número 024, del veintiséis de septiembre de dos mil seis2, de donde se advierte el vínculo funcional que mantenía con la municipalidad agraviada, esto es, su cualidad especial de funcionario público, que en la práctica tenía amplio vínculo y conocimiento con todo lo concerniente a los caudales, tal como lo ha desarrollado la Sala Superior ampliamente, lo cual este Supremo Tribunal comparte.

Y, aun cuando la disponibilidad directa de los cheques es materia de cuestionamiento de la defensa, de las propias declaraciones del coacusado Alvarado Gómez (tesorero), el acusado Beltrán Huarac ostentaba el cargo de secretario general de la municipalidad agraviada y era funcionario de confianza del alcalde, en virtud de lo cual contaba con las llaves de todas las dependencias y oficinas de la municipalidad y de acceso a los bienes de la comuna, por lo que de hecho este era un funcionario de alta confianza; además, en su oficina se encontraba el único teléfono del municipio, por el cual había comunicación directa con el Banco de la Nación y, por ende, existía el conocimiento de las transacciones con los títulos valores y de los caudales de la comuna agraviada.

Además, se tiene que considerar que ni el testigo Tarachea Romero ni el testigo impropio Díaz Morales refirieron conocer al tesorero Alvarado Gómez, pero sí al acusado Beltrán Huarac, por lo que este sería el único nexo con los títulos valores.

Se advierte que las testimoniales antes citadas gozan de uniformidad en lo esencial, que son sustento de la acusación, que se ven reforzadas entre sí, que cuentan con corroboraciones periféricas que acreditan la imputación y que, a pesar del tiempo, han persistido; no se advierte ningún ánimo espurio de parte de estos que hagan prever que su versión se deba a una motivación de odio o revancha contra el acusado, por lo que se cumplen los requisitos de certeza que establece el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

En consecuencia, se ha podido determinar que existió la apropiación del dinero de la entidad agraviada por parte del acusado.

Por tanto, los agravios que alega la defensa solo deben ser tomados como mecanismos de defensa a fin de evadir su responsabilidad penal en los hechos imputados.

De otro lado, atendiendo a que el procesado no registra antecedentes penales y a sus calidades personales, la pena impuesta por el delito de peculado doloso deberá mantenerse.

5.2. Desvinculación por delito de uso de documento falso

En el plenario se llegó a determinar con la pericia de grafotecnia de parte3 que las grafías que aparecen en los títulos valores cuestionados no proceden del puño y letra del acusado Beltrán Huarac. Sin embargo, el conocimiento de que eran falsas está acreditado y, a sabiendas de ello, los utilizó a fin de apoderarse de los fondos de la municipalidad, y se los entregó al conformado Melvin Díaz para que realizara el cobro. En tal virtud, la Sala procedió a desvincularse del delito de falsificación de documentos por el de uso de documento falso, lo cual es legal y se procedió con los lineamientos establecidos por el Acuerdo Plenario número 4-2007/CJ-116, acerca de los casos de desvinculación procesal –específicamente el fundamento 12–.

Sin embargo, esta Sala Suprema no comparte la teoría del delito medio propuesta en la sentencia, pues el delito de uso de documento falso es una conducta totalmente autónoma a la del peculado doloso, y no se ha originado una subsunción de delitos –concurso aparente–, pues no se trata de un único supuesto de hecho, sino más bien de un concurso real, pues son ilícitos independientes. En consecuencia, debe declararse nulo dicho extremo y ordenarse la realización de un nuevo contradictorio por otro Colegiado Superior por este delito –al que en todo caso, en su momento, ha de corresponderle una sanción penal adicional a la impuesta por el delito de peculado doloso–.

5.3. En cuanto al extremo absolutorio resuelto a favor del procesado Julio César Alvarado Gómez por el delito contra la fe pública falsificación de documento público.

Del Dictamen Pericial de Grafotecnia Número 018/20074 de la Dirección Nacional de Criminalística, se tiene que se tomaron muestras gráficas a Agapito Rivas Albornoz (alcalde), Sosa Escolástico Ávalos Caqui (teniente alcalde) y a los procesados Beltrán Huarac (secretario) y Alvarado Gómez (tesorero) para efectuar la comparación con las firmas que aparecen en los originales de tres de los cheques cuestionados5, y de sus conclusiones se colige que en los tres cheques se habría falsificado la firma del alcalde y en uno de ellos6 también la del teniente alcalde.

– El acusado Julio César Alvarado Gómez, por razón de su cargo –tesorero–, era el funcionario del municipio al que le competía la custodia de tales títulos valores, y estos se encontraban en la esfera de su dominio y su responsabilidad; y, dado que al haberse producido la falsificación de las firmas de los funcionarios en dichos documentos se derivó a otro delito, se evidencia que este procesado habría incurrido en tal conducta, por lo que se hace necesario que se agoten todas las actuaciones que lleven a un juicio de responsabilidad exhaustivo y cabal que determine la absolución o condena de dicho acusado.

– Por tal razón, de conformidad con el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, se debe declarar nulo este extremo y ordenarse la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, en que se pueda efectuar una pericia de homologación entre las grafías del acusado y las que aparecen en los títulos valores cuestionados, y que se apersonen al nuevo contradictorio dichos peritos, así como el que elaboró la pericia de grafotecnia citada, dado que en esta lo único que se estableció fue la falsificación de las firmas, pero no a qué puño y letra correspondía la grafía suplantada.

5.4. Aclaración de la parte considerativa sobre el delito de peculado culposo atribuido al sentenciado Alvarado Gómez

La Sala Superior, con respecto a la acusación contra el acusado Alvarado Gómez por el delito de peculado doloso, se
desvinculó de dicho tipo penal y adecuó su conducta al de peculado culposo. Y, en función de la pena conminada para dicho delito y del tiempo transcurrido, declaró de oficio prescrita la acción penal en este extremo.

Sin embargo, la Sala en la parte final de dicho análisis7 consignó que el delito peculado doloso habría prescrito, lo cual debe entenderse de tal forma y habrá de subsanarse, pues no afecta el sentido de la decisión, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad en parte con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el veinte de julio de dos mil dieciocho por los jueces integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que condenó a Segundo Enrique Beltrán Huarac como autor del delito contra la administración pública-peculado doloso, en agravio del Estado-Municipalidad Distrital de Pacllón, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el período de tres años bajo las reglas de conducta; con lo demás que al respecto contiene en este extremo.

II. NULO el extremo en el que se consideró el tipo penal de uso de documento falso como un delito medio subsumido en el de peculado doloso por el cual se condenó al sentenciado Segundo Enrique Beltrán Huarac; en consecuencia, ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, que deberá disponer las actuaciones y las medidas que correspondan.

III. NULA la propia sentencia en el extremo en el que absolvió a Julio César Alvarado Gómez de los cargos formulados en la acusación fiscal por el delito contra la fe pública-falsificación de documentos, en agravio del Estado, de Agapito Rivas Albornoz y de Sosa Escolástico Ávalos Caque; en consecuencia, ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, a fin de que, con las actuaciones procesales ordenadas en esta ejecutoria suprema, se pueda emitir la resolución pertinente.

IV. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene.

V. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.


1 Foja 628.
2 Foja 83.
3 Foja 1021.
4 Foja 205.
5 Fojas 119 a 121.
6 Foja 120.
7 Foja 1212.

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