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La falsificación de sellos y firmas del notario en un contrato lo convierte en documento público

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1405-2018
LIMA

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO :

Sumilla. La falsificación de los sellos y firmas del notario en un contrato, lo convierte en un documento público. de acuerdo a una interpretación sistemática del Decreto Ley número uno cero cuatro nueve, ley del notariado y el Código Procesal Civil. También es considerado público, por el destino que iba a tener.

lima, catorce de enero de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante de la  PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA SUNAT, contra el auto de vista, del veintitrés de setiembre de dos mil quince, emitido por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la resolución, del quince de mayo de dos mil trece. Que declaró de oficio fundada la excepción de prescripción, y dispuso la extinción de la acción penal, a favor del procesado Cecilio Clemente Julcarima Espinoza [y no Cecilio Clemente Espinoza Julcarima, como erróneamente se fijó en el auto impugnado), por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad documentaría, en agravio del Estado. De conformidad en parte con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

I. HECHOS ATRIBUIDOS

1. Se imputó a Cecilia Clemente Julcarima Espinoza, haber presentado el dieciséis de junio de dos mil cinco, a la Superintendencia de Administración Tributaria. un contrato de arrendamiento con firmas legalizadas por la Notaría Sergio A. del Castillo S. M., del siete de junio de dos mil cinco, suscrito entre Soledad Myrna Aramayo Cordero con Flaviano Demetrio Huamán Macedo y Gregoria Juipa Campo. documento que resultó ser adulterado, pues las firmas y sellos del notario Sergio A. del Castillo S. M .. contenidas en et contrato son falsificadas y los sellos provienen de diferente matriz.

II. ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. La Sala Superior sustentó su decisión razonando que la acción penal del delito de falsificación de documento, prescribiría a favor del procesado transcurrido los seis años, y al haber transcurrido más de diez años con tres  meses desde la comisión del delito, esto es, el dieciséis de junio de dos mil cinco, cuando el procesado presentó ante la oficina de la SUNAT el contrato de arrendamiento, a la fecha habría operado la prescripción de la acción penal.

III. FUNDAMENTO DE LOS AGRAVIOS

3. El representante de la Procuraduría Pública de la SUNAT fundamentó su recurso de nulidad, de página doscientos cuarenta y dos, sobre la base de los motivos siguientes:

3.1. La Sala Superior no ha considerado que estamos frente a un documento de naturaleza pública, como es el contrato de arrendamiento legalizado por notario.

3.2. No se tuvo en cuenta que el contrato de arrendamiento obrante en autos, es un documento público notarial extraprotocolar, mas no privado, como erróneamente se ha considerado, de conformidad con el artículo noventa y cinco de la Ley número veintiséis mil dos, ley del notariado.

IV. CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE PROCESO

4. El delito de falsificación de documentos, se encuentra previsto en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal, que prescribe:

El que hace en todo o en parte. un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio [ … ] con peno privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado.

5. La prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal, fundada en que la acción del tiempo trascurrido extingue los efectos de la infracción. Mediante aquella se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal, y con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del delito investigado, en este sentido, su justificación no se encuentra en la imposibilidad de generar determinados efectos futuros castigando hechos pretéritos, como pretenden los planteamientos basados en la función de la pena, sino por la falta de lesividad de tales hechos: «los conocimientos que ya forman parte del  pasado no ponen en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de contenido lesivo que justifique su sanción»1•

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL :

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la re.solución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada Competencia recursal del órgano de alzada.

7. La Queja Excepcional número quinientos sesenta y dos-dos mil dieciséis (Lima), que dio legitimidad a este Tribunal Supremo para pronunciarnos por las infracciones de rango constitucional que se presenten en este caso, en su fundamento tercero, señaló que el pronunciamiento del Tribunal de Mérito afectó el principio de legalidad y tutela jurisdiccional. en tanto, se presentó una omisión de la apreciación de la prueba y error en la interpretación de la norma penal. Este argumento, está vinculado a la naturaleza del documento falso que motiva el presente proceso penal.

8. Los dos motivos planteados, están vinculados con la naturaleza del documento materia de falsificación. Se trató de un contrato de arrendamiento fedateado y firmado por notario público, como se verificó en original de página cuarenta. El Segundo Juzgado Penal Liquidador transitorio declaró de oficio prescrita la acción penal por el delito de
falsedad documentaría. La parte civil impugnó tal decisión y expresó agravios, con la finalidad ·que el Tribunal Superior determine si se está ante un documento privado o público.

9. El documento cuestionado, es un contrato de arrendamiento del siete de junio de dos mil cinco, donde registra sellos y firma del notario público Sergio A. del Castillo S. M. , -página cuarenta-. La falsificación de los sellos y firmas del notario en un contrato, lo convierte en un documento público, de acuerdo a una interpretación sistemática del Decreto Ley número uno cero cuatro nueve, ley del notariado, el cual señala en su artículo veintiséis que: «son instrumentos públicos extraprotocolares las actas y demás certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o circunstancias que presencie o le conste al notario por razón de su función».

10.  En el artículo noventa y cinco califica como certificaciones en su inciso c, a la certificación de firmas. Así como del artículo doscientos treinta y cinco del Código Procesal Civil, que prescribe que «Es documento público: 2. La escritura pública y demás documentos otorgados antes o por notario público, según la ley de la materia».

11.  Es claro que, aún cuando el contrato de arrendamiento sea privado. los sellos y firma notarial la convierten en público en atención a la ley especial (ley del notariado). y el Código Procesal Civil. Esto trae como consecuencia que, al no haberse determinado de manera clara la naturaleza del documento falso, se realizó un incorrecto cómputo de la prescripción de la acción,penal.

12. Por otro lado, también es de tener en cuenta, que el contrato de arrendamiento tenía como destino, ser ingresado por medio de un formulario de la SUNAT, al tráfico jurídico tal, como narró la testigo Silva Nelly Calderón, cajera terminalista de la SUNAT, y que en efecto ocurrió como se verifica de página veintidós. Por lo tanto. el documento también debe ser considerado público por destino que se iba a dar.

13. Determinado que la naturaleza del documento es público, para los efectos del cómputo de la prescripción debe de tomarse en cuenta que el primer párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal, sanciona el delito de falsificación de un documento público, con una pena no menor de dos ni mayor de diez años.» El plazo ordinario de prescripción es el establecido como límite máximo en la norma. El extraordinario, es el plazo máximo de pena más su mitad, lo que para el caos vendría ser quince años.

14. En ese entender, teniendo en cuenta que la fecha a tomar como referencia para el cómputo de los plazos de prescripción fue el dieciséis de junio de dos mil cinco -fecha de ingreso del documento falso-, como se verificó de la página veintidós. la acción penal prescribiría definitivamente el dieciséis de junio de dos mil veinte, por lo que aún no prescribe la acción penal.

15. Ahora, si bien el señor fiscal supremo solicita la nulidad del auto de vista, este Tribunal Supremo al absolver el recurso de nulidad puede emitir un pronunciamiento definitivo sobre la controversia planteada, por lo que estando definido que estamos ante un documento de naturaleza pública, y que la acción penal aun no ha prescrito, corresponde revocar la decisión tanto de la Sala Superior como la de primera instancia, con la finalidad que se continúe con el trámite del proceso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. HABER NULIDAD en el auto de vista del veintitrés de setiembre de dos mil quince, emitido por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de lima, que confirmó la resolución del quince de mayo de dos mil trece, que declaró de oficio fundada la excepción de prescripción. y dispuso la extinción de la acción penal, a favor del procesado Cecilio Clemente Julcarima Espinoza [y no Cecilia Clemente Espinazo Julcarima, como erróneamente se fijó en el auto impugnado], por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad documentaria, en agravio del Estado; y reformándola, declararon INFUNDADA la excepción de prescripción de oficio.

II. DISPUSIERON, que el órgano jurisdiccional competente continúe con el tramite del proceso; recomendandose a los señores jueces superiores mayor compromiso en el ejercicio de sus funciones; y los devolvieron.

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