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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2445-2017
LIMA

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO EN EL PROCESO PENAL

SUMILLA: Tanto la presunción de inocencia como la duda en la responsabilidad del imputado (in dubio pro reo) inciden en la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, bajo una perspectiva objetiva, supone que a falta de pruebas, aquella no ha quedado desvirtuada y se mantiene incólume; en el segundo caso, bajo una perspectiva subjetiva, supone que la actuación probatoria no ha sido suficiente para despejar la duda.

Lima, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el señor fiscal superior adjunto de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima contra la sentencia del diecisiete de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que falló absolviendo de la acusación fiscal a Julio Alfonso Castro Melo como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio del Estado, con lo demás que contiene la indicada sentencia. Con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal.

Interviene como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

PRIMERO. La acusación fiscal (foja setecientos cincuenta y cinco) se sustenta en los siguientes hechos:

1.1 Al término de su gestión como Alcalde de la Municipalidad de San José de Los Chorrillos-Huarochiri –periodo del año mil novecientos noventa y nueve al dos mil dos–, el procesado Julio Alfonso Castro Melo se negó a hacer la respectiva entrega de bienes de la citada municipalidad, por lo que se le imputó de:

1.1.1 Haberse apropiado del vehículo marca Daewoo, modelo Prince, color blanco, el cual fue donado mediante Resolución de Superintendencia de Aduana N.° 1907 del siete de diciembre de dos mil a la entidad edil.

1.1.2 Haberse apropiado del dinero del Estado al no haber cumplido con realizar el balance económico de su gestión, por un monto ascendente de 285 430,00 soles.

1.1.3 Haberse apropiado del acervo documentario contable y financiero de su gestión en la referida municipalidad.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR

SEGUNDO. El Colegiado Superior emite sentencia absolutoria (foja un mil siete) basándose en los siguientes fundamentos:

2.1 Respecto a la apropiación del vehículo marca Daewoo –modelo Prince, donado a la Municipalidad de San José de los Chorrillos por Resolución de la Superintendencia de Aduanas N.° 1907 del siete de diciembre del año dos mil–, el Colegiado considera que la imputación concreta del Ministerio Público no resulta clara para determinar si el procesado se apropió del vehículo o no efectuó la entrega formal de este al finalizar su gestión como alcalde, pues conforme al acta de transferencia del treinta y uno de diciembre de dos mil dos (foja trece) el procesado hizo constar que el vehículo estaba inoperativo en su domicilio, lo cual fue acreditado con el acta de verificación (foja cincuenta) realizada por personal policial que verificó la existencia del vehículo, pero no su inoperatividad. Por consiguiente, no es posible determinar si la conducta del procesado cumple con el requisito de apropiación dolosa de un bien de propiedad de la agraviada o tuvo un actuar culposo –al igual que los directivos de la administración municipal que lo sucediera– para permitir que una tercera persona se apropiara del vehículo.

2.2 En cuanto a la imputación de no haber entregado el acervo documentario financiero y contable de su gestión –periodo del año mil novecientos noventa y nueve al dos mil dos–, pese a los diversos requerimientos del alcalde sucesor, conforme se acredita con:

2.2.1 El acta de transferencia (foja seis), por el cual se compromete a entregar los documentos el treinta y uno de marzo de dos mil tres.

2.2.2 El Oficio de la Municipalidad Distrital de San José de los Chorrillos-Huarochiri (foja setecientos cinco), que reseña la inexistencia de documentos administrativos o de gestión anteriores al año dos mil tres.

2.2.3 La declaración testimonial de la contadora externa Cira Adela Guillen Chalco, quien declaró en juicio oral que cumplió con entregar los documentos contables al procesado y al tesorero.

2.2.4 La diligencia de confrontación entre la contadora Cira Adela Guillen Chalco y el procesado, diligencia en la que la testigo le enrostró al acusado que cumplió con entregarle los documentos contables, ante lo cual el procesado cambió la versión inicial del descargo y refirió que el tesorero debía tener los documentos.

2.2.5 La declaración testimonial del contador público Juan Guillermo Carbajal, quien expresó que no encontró los documentos contables y que el procesado no le entregó los mismos, además refirió que, por el contrario, la municipalidad le debía a él.

Sin embargo, los documentos y diligencias descritas precedentemente, no contribuyen a configurar el delito imputado en razón que el acervo documentario retenido no puede considerarse caudales –toda clase de bienes dotados de valor económico–, o efectos –todo tipo de documentos de crédito negociables–.

2.3 Respecto a la imputación de haberse apropiado del dinero del Estado por no haber cumplido con realizar el balance económico de su gestión, el cargo concreto es que durante la gestión del procesado como alcalde –periodo del año mil novecientos noventa y nueve al dos mil dos– ingresó a la Municipalidad demandada la suma de 310 938,00 soles y se gastó la suma de 285 430,00 soles –monto determinado en el informe de estados financieros del año 2002 (foja 315) y que tiene como sustento las copias simples de los cheques emitidos por el Banco de la Nación a favor de la Municipalidad agraviada–. Considera el Colegiado que, no obstante estar acreditada la vinculación funcional del procesado con los caudales y efectos de la Municipalidad agraviada, la apropiación imputada de 285 430,00 soles no resulta acreditada con prueba idónea (pericia contable) que determine el perjuicio económico ocasionado al Estado, que el procesado hubiera dado una aplicación diferente al dinero o la haya dado en beneficio propio de terceros; más aún si el manejo de dinero no era exclusivo del procesado, sino también de otras personas a quien delegaba sus atribuciones.

EXPOSICIÓN DE AGRAVIOS

TERCERO: La recurrida ha sido objeto de recurso de nulidad por el señor fiscal superior (foja un mil diecinueve), quien sustenta con los siguientes agravios:

3.1 Pese a verificarse en el proceso que el vehículo está en posesión del procesado y no ha sido ubicado, como se ha indicado en la sentencia, ello lo ha apartado de la función pública sin que hasta la fecha se haya devuelto a la Municipalidad de San José de Chorrillos, por lo que fue absuelto indebidamente.

3.2 El presente caso tiene coincidencia con los presupuestos y elementos que constituyen doctrina legal conforme al Acuerdo Plenario N.° 4-2005/CJ-116.

3.3 La sentencia señaló que no fue posible practicarse la pericia contable en el juicio oral; ello debido a que el imputado generó que no se haya realizado dicho peritaje, pues este no entregó los documentos de su gestión, lo que impidió la evaluación financiera y contable de la misma. A su vez, el encausado modificó su versión sobre el destino de los documentos.

DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CASO

CUARTO. Los agravios que indica el fiscal impugnante cuestionan, en lo sustancial, la coherencia de la valoración probatoria efectuada por el Colegiado Superior que derivó en la absolución del procesado. Por consiguiente, la dilucidación del grado consistirá en verificar, a partir de la valoración de la prueba de cargo, si la decisión del Colegiado Superior de absolver al procesado se encuentra arreglada a derecho y, por consiguiente, resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de este último.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

QUINTO. Dos son las normas que rigen los fundamentos y criterios de valoración de la prueba penal. En primer lugar artículo 2, numeral 24, literal e, de la Constitución Política del Estado, la cual consagra la presunción de inocencia; y en segundo lugar, el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciadas por los jueces con criterio de conciencia. Ambas deben ser aplicadas bajo la preeminencia del derecho a la presunción de inocencia. Si bien el juez o la Sala Sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria concreta –nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo–, jurídicamente correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles–, con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia –determinadas desde parámetros objetivos– y de la sana critica.

SEXTO. La incriminación efectuada por el representante del Ministerio Público en contra del encausado Julio Alfonso Castro Melo se da por las siguientes razones:

6.1 Por apropiarse del vehículo marca Daewoo, modelo Prince, color blanco (donado mediante Resolución de Superintendencia de Aduana N.° 1907 del siete de diciembre de dos mil a la entidad edil).

6.2 Haberse apropiado de dinero del Estado, por un monto ascendente de 285 430,00 soles, al no haber cumplido con realizar el balance económico de su gestión.

6.3 Por apoderarse del acervo documentario contable y financiero de su gestión en la referida municipalidad.

En ese sentido, para el análisis de la responsabilidad penal del recurrente, debe efectuarse los alcances normativos del delito de peculado doloso. Así, el artículo 387 del Código Penal contiene la descripción típica, cuyo texto señala lo siguiente: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo […]”. Los componentes jurídicos han sido debidamente interpretados en el Acuerdo Plenario número 04–2005/CJ–116 del treinta de setiembre de dos mil cinco, emitido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Al respecto, cinco son los aspectos significativos a ponderar para entender, cabalmente, los alcances de la citada figura delictiva; los que siguen:

1. La existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. La relación funcional alude al poder de vigilancia y control sobre la cosa, sobre criterios de competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo y el poder de vigilar y cuidar los caudales y efectos.

2. La percepción consiste en la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa, pero siempre lícita; la administración engloba las funciones de gestión del objeto del delito; y la custodia se refiere a la posesión con implicancia en la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales o efectos públicos.

3. En lo atinente a la apropiación o utilización, la primera se entiende como el hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolos de la esfera de la función de la administración pública y colocándolos en situación de disposición de los mismos; en lo referente a la segunda, esta se refiere a la acción de aprovecharse de las bondades que permite el bien (caudal o efecto) sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero.

4. Lo concerniente al destinatario: para sí o para otro. En el primer caso, el sujeto actúa por cuenta propia, se apropia él mismo de los caudales o efectos; mientras que en el segundo caso, el acto de traslado del bien de un dominio parcial y de tránsito al dominio final del tercero.

5. Finalmente, en lo pertinente a los caudales y efectos, se tiene que los primeros son bienes, en general, de contenido económico, (entre ellos el dinero); por su parte, los efectos constituyen todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, ello incluye los títulos valores negociables.

SÉTIMO. En esa línea de razonamiento se advierte que para la configuración del delito de peculado debe cumplirse con cada uno de los presupuestos fijados en la acotada jurisprudencia; en ese sentido, de los medios probatorios obrantes en autos se aprecia la concurrencia de los dos primeros presupuestos (relación funcional y percepción), pues el procesado Julio Alfonso Castro Melo fue alcalde de la Municipalidad de San José de los Chorrillos, provincia de Huarochiri, departamento de Lima, durante el periodo de mil novecientos noventa y nueve a dos mil dos, conforme es de verse en la propia declaración del procesado, quien a nivel de instructiva (foja seiscientos cincuenta y seis) señaló ser ex burgomaestre de la Municipalidad de San José de los Chorrillos durante el periodo de gestión mencionado, ratificó ello a nivel de juicio oral (foja novecientos cuarenta y cuatro). De esa forma se encuentra acreditado que el procesado, en su calidad de alcalde –relación funcional– tenía la percepción, administración y custodia de los causales y efectos de la referida entidad edil; ahora bien, corresponde analizar si el procesado, al tener ese vínculo funcional y disponibilidad directa con los efectos y causales, se apropió o utilizó para sí, o un tercero, dichos bienes de la Municipalidad; en ese sentido, corresponde ver lo siguiente:

7.1 REFERENTE A LA APROPIACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA DAEWOO, en autos no se cuenta con suficientes medios probatorios que acrediten la conducta de apropiación del recurrente referente al vehículo señalado. Por el contrario, el propio procesado ha indicado que puso en conocimiento de la autoridad que asumió el cargo que el vehículo se encontraba en su casa inoperativo, lo cual se constata con el acta de verificación ¬–foja cincuenta–; de ello se advierte que el procesado no tenía interés de apropiación sobre el referido vehículo.

7.2 REFERENTE A LA APROPIACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO CONTABLE Y FINANCIERO DE SU GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS CHORRILLOS se advierte que el procesado, al terminar su cargo de burgomaestre en la Municipalidad San José de los Chorrillos, se comprometió a entregar el acervo documentario hasta el treinta y uno de marzo de dos mil trece –conforme es de verse el acta de transferencia (foja seis)–; empero, mediante el oficio de la Municipalidad de San José de los Chorrillos, provincia de Huarochiri, departamento de Lima –foja setecientos cinco–, se desprende que en el citado Municipio no se cuenta con documentos administrativos ni de gestión del ex alcalde Julio Alfonso Castro Melo. De la confrontación efectuada entre la contadora Cira Adela Guillen Chalco y el procesado Castro Melo –foja novecientos setenta y nueve–, la primera adujo al segundo que le entregó los documentos, a lo que el procesado alegó que era el tesorero quien tenía dichos documentos; el contador público Juan Guillermo Carbajal, por su lado, indicó que el procesado no le entregó ningún documento –declaración testimonial (foja novecientos noventa y seis)–, de lo cual se advierte que se encuentra acreditado que el procesado no cumplió en entregar los documentos de su gestión. Sin embargo, el representante del Ministerio Público no ha precisado ni fundamentado si el acervo documentario, libros contables y financieros, constituirían como caudal o efecto; tanto más, se advierte que el último presupuesto del Acuerdo Plenario número 04–2005/CJ–116 ha definido que los caudales son bienes en general de contenido económico –entre ellos el dinero–, mientras que los efectos constituyen todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos valores negociables. Aunado a ello, la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia ha establecido que los documentos y libros contables no pueden considerarse en manera alguna como causales, menos como efectos, en razón de que no son susceptibles de tráfico comercial, de forma que debe desestimarse este extremo de la imputación.

7.3 REFERENTE A LA APROPIACIÓN DEL DINERO DEL ESTADO, AL NO HABER CUMPLIDO CON REALIZAR EL BALANCE ECONÓMICO DE SU GESTIÓN POR UN MONTO ASCENDENTE A 285 430,00 SOLES, se debe especificar que el denunciante Cresencio Ramos –alcalde que asumió el mandato de la Municipalidad de San José de los Chorrillos, provincia de Huarochiri, departamento de Lima–, señaló que el treinta y uno de diciembre de dos mil dos ingresó a la municipalidad la suma de 310 938,60 soles, de las cuales se gastó 285 430,00 soles que no han sido sustentados. Para ello, el denunciante emitió un informe de estados financieros del año dos mil dos (foja trescientos quince), avalado con documentos de copias simples no certificadas por la autoridad correspondiente; más aún, el alcalde denunciante no concurrió a juicio oral pese a las notificaciones que se le cursaron, habida cuenta de que frente a los hechos imputados el procesado, en sus declaraciones a nivel de la instrucción y en el juicio oral (fojas seiscientos cincuenta y seis y novecientos cuarenta y cuatro), negó haberse apropiado de los causales de la institución y, por el contrario, durante su gestión acató todas las directrices de su competencia y contrató a Cira Adela Guillén Chalco para que se encargue de llevar a cabo la contabilidad de la Municipalidad. Cabe agregar, además, que en el proceso no se ha actuado un peritaje contable que determine el perjuicio económico a la entidad edil o la responsabilidad funcional correspondiente, en razón de que el procesado no era la única persona que tenía disposición plena respecto a los recursos de la Municipalidad, sino también otros servidores como por ejemplo el tesorero. Por consiguiente, no se encuentra fehacientemente acreditada la responsabilidad penal del procesado por apropiación de la suma de dinero de la Municipalidad agraviada ascendente a 285 430,00 soles, pues existe una duda razonable en cuanto a una directa y exclusiva vinculación con el hecho imputado; deviniendo que en aplicación del principio del in dubio pro reo, debe confirmase la absolución al procesado Julio Alfonso Castro Melo.

OCTAVO. Conforme con lo preceptuado en el inciso cuatro, del artículo ciento cincuenta y nueve, de la Constitución Política del Perú, se tiene que: “Corresponde al Ministerio Público: […] 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito”, lo cual guarda relación con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el Expediente N. 3960-2005-PHC/TC del veinte de julio de dos mil quince, la cual señala en su fundamento jurídico ocho que:

[…] Este Tribunal considera necesario señalar que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio; para lo cual, previo estudio de los hechos, determinará si la conducta incriminada es delictuosa; es decir, si hay razones atendibles sobre la comisión de hechos constitutivos de un delito, para luego determinar y acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado; de ocurrir la primera, calificará su procedencia formalizando la correspondiente denuncia penal: en caso contrario, archivará la denuncia. Sin embargo, en caso de no reunir la prueba suficiente sobre la constitución del hecho delictuoso o la del presunto infractor, dispondrá la realización de una investigación preliminar para reunir la prueba que considere necesaria; para tal efecto, practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, así como las demás diligencias pertinentes. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional […].

NOVENO. En mérito a lo señalado en el fundamento previo, cabe resaltar que la carga de la prueba se traduce también en la actividad del Ministerio Público para reunir los suficientes elementos probatorios que acrediten su teoría del caso, una vez que haya considerado que existen suficientes elementos para la formalización de la denuncia primigenia. Así, en el presente caso, se aprecia que dicha actividad procesal resultó insuficiente y no existen medios recopilados que puedan sustentar la acusación fiscal, por lo que las reglas de valoración conllevan a determinar la absolución del procesado al mantenerse incólume su presunción de inocencia: motivo por el cual se deberá ratificar la resolución recurrida al encontrarse conforme a ley y derecho.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de julio de dos mil diecisiete (foja mil siete), por la cual la Tercera Sala penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, falló absolviendo de la acusación fiscal a Julio Alfonso Castro Melo como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio del Estado, con lo demás que contiene la indicada sentencia; y los devolvieron.

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