Nulidad. Sala superior puede subsanar error en la calificación normativa. No tiene sentido anular fallo de primera instancia por error en la determinación de la pena si el único impugnante es el imputado.
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Robo agravado. Acreditación de la preexistencia del bien

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1742-2018
LIMA NORTE

Suficiente actividad probatoria de cargo

Sumilla. En el caso concreto, existen suficientes pruebas de cargo, actuadas y valoradas correctamente por la Sala Penal Superior, que han permitido generar convicción en este Supremo Tribunal sobre la materialidad del delito de robo con agravantes y la intervención de los sentenciados.

Lima, ocho de agosto de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por: i) las defensas de los sentenciados MIGUEL ÁNGEL LLALLAHUI DE LA CRUZ (fojas 873 y 883), REYNALDO GARCÍA SIMÓN (foja 893) y DOMÉNICA NAZARIA RAMÍREZ MIRANDA (foja 846 y 854) contra la sentencia del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (foja 777), emitida por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el extremo que los condenó como coautores del delito contra el patrimonio, robo con agravantes, en perjuicio de Georgina Pariona Huauya y Ruth Vanesa Villanueva Pariona, y como tal les impuso a los dos primeros quince años, y a la tercera doce años de pena privativa de libertad, respectivamente, y dos mil soles de reparación civil a favor de los agraviados; ii) el recurso de nulidad interpuesto por el FISCAL ADJUNTO SUPERIOR DE LA CUARTA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE (foja 880), en el extremo que absolvió a Rafael Félix Pillaca Enciso, como coautor del mismo delito.

Oído el informe oral de la defensa de la sentenciada Doménica Nazaria Ramírez Miranda. De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

AGRAVIOS FORMULADOS EN LOS RECURSOS DE NULIDAD

PRIMERO. La defensa del sentenciado Miguel Ángel Llallahui de la Cruz, en su recurso de nulidad (fojas 873 y 883), solicitó se declare nula la sentencia, con base en los siguientes agravios: i) no se compulsó adecuadamente las pruebas, pues se limitó a describirlas y no valorarlas en conjunto. Además, el policía José Luis Moreno Casachagua señaló que su patrocinado se encontraba nervioso y sudoroso, sin que existan otros elementos que corroboren su versión; ii) se sustentó en medios probatorios (imágenes de Google Maps) que no fueron incorporados al proceso ni sometidos al contradictorio; iii) se obvió valorar sus pruebas, como boletas de pago y el certificado médico, que acreditaban la versión de su defendido, quien estaba con descanso médico y por eso fue a encontrarse con una amiga; iv) la agraviada Ruth Vanessa Villanueva Pariona no lo sindicó, mientras que la agraviada Georgina Pariona Huauya, no especificó en qué consistió su participación; v) no se consideró la retractación de su coacusado Rafael Pillaca Enciso, quien manifestó no haber visto a su defendido.

SEGUNDO. La defensa del sentenciado Reynaldo García Simón, en su recurso de nulidad (foja 893), solicitó que se declare nula la sentencia, con base en que existe insuficiencia de elementos probatorios o indicios que acrediten la responsabilidad penal de su defendido, por lo siguiente: i) sus coacusados señalaron no conocerlo; ii) la declaración de las agraviadas carecen de verosimilitud, pues según sus versiones se encontraron imposibilitadas de observar a sus agresores; iii) no se acreditó la preexistencia de los bienes presuntamente objeto de robo ni se le encontró en posesión de alguno de ellos que lo vincule al ilícito atribuido; iv) existe indeterminación del momento de consumación del hecho delictivo, en todo caso se estaría ante una tentativa.

TERCERO. La defensa de la sentenciada Doménica Nazaria Ramírez Miranda, en su recurso de nulidad (fojas 846 y 851), solicitó que se declare nula la sentencia con base en los siguientes agravios: i) no existe sindicación directa por parte de las agraviadas contra su defendida, quienes denunciaron por venganza, debido a que la madre de una de ellas le tenía una deuda a su coacusado Montes Valencia; ii) no se determinó la preexistencia de los bienes robados ni se brindaron las características de estos y al momento de su intervención no se le halló objetos que la vinculen al ilícito atribuido, pese a que las agraviadas sindicaron el robo de tres celulares, dinero, laptops, entre otros; iii) se tergiversó su declaración, pues en la sentencia se señaló que fue al inmueble donde ocurrieron los hechos para cobrar una deuda suya, cuando lo que manifestó fue que la deuda era de su coacusado Montes Valencia y que ella solo lo acompañó; v) no se habría producido el apoderamiento que configura el delito de robo en grado de consumación y no se determinó su presunto grado de participación en el hecho delictivo.

CUARTO. Por su parte, el fiscal adjunto superior, en su recurso de nulidad (foja 880), solicitó que este Supremo Tribunal declare nula la sentencia en relación a la absolución de Rafael Félix Pillaca Enciso, con base en que se consideró erróneamente su conducta como neutral, pese a la existencia de elementos indiciarios que dan cuenta del conocimiento de los hechos y su participación delictiva.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

QUINTO. Conforme la acusación fiscal (foja 616), el once de enero de dos mil diecisiete, aproximadamente a las 00:20 horas, los sentenciados recurrentes Miguel Ángel Llallahui de la Cruz y Doménica Nazaria Ramírez, junto a Aldo Juan Montes Valencia y Cristian Emilio Távara Regalado, -declarados reos contumaces-, cuando Fravio Walter Quispe Bazán ingresó a su domicilio ubicado en la manzana Q, lote 33, de la urbanización San Roque, distrito de Los Olivos, lo interceptaron, redujeron y pusieron boca abajo e ingresaron. Ello fue observado por la agraviada Georgina Pariona Huauya, quien buscó refugio en una de las habitaciones y la cerró por dentro, por lo que fue inmediatamente perseguida por Távara Regalado y Llallahui de la Cruz, quienes derribaron la puerta y se identificaron como policías y le solicitaron sus documentos personales, la obligaron a echarse en el suelo bajo la amenaza de agredirla con un arma de fuego. En ese momento apareció Ramírez Miranda, juntos rebuscaron toda la habitación, instándola a indicar dónde se encontraba el dinero.

Por otra parte, la agraviada Ruth Vanesa Villanueva Pariona, al escuchar los ruidos extraños, y asomarse por la puerta, observó a personas quienes discutían con su tía Georgina, siendo alertada por su hermano, quien la tomó del brazo, la condujo a su cuarto, y le indicó que habían personas robando la casa, por lo que llamó a la central 105 y solicitó apoyo policial. En esos instantes, observaron a los agresores Távara Regalado, García Simón y Montes Valencia ingresar a otra habitación y sustraer una laptop con su impresora, luego se dirigieron al ambiente donde ella se encontraba, forzaron la entrada con una patada, la cogieron de la cabeza, la apuntaron con un arma mientras la obligaban a arrodillarse, y le dijeron que indique dónde se encontraba la droga y el dinero, bajo amenaza de llevarse a su menor hijo, en estos momentos, uno de los sujetos recibió una llamada, y se retiraron inmediatamente a la habitación posterior. Es en esas circunstancias, que apareció un vehículo policial, por lo que la fémina agresora Ramírez Miranda instó a la agraviada Georgina Pariona Huauya, bajo la amenaza de matarla, que refiera a los policías que eran primas, la tomó del brazo para bajar las escaleras, donde encontró a los otros sujetos que se hacían pasar como dueños del inmueble, y en un descuido la agraviada gritó “ratera, ratera”, y sus agresores huyeron en distintas direcciones y fueron perseguidos por los efectivos policiales. En el exterior del domicilio se encontraba un vehículo de placa de rodaje C7E-327 en el que estaba Rafael Félix Pillaca Enciso, quien esperaba a los agresores para facilitar su huida.

Los hechos fueron tipificados en el delito de robo, artículo 188 del Código Penal (CP), con las agravantes previstas en los incisos 2 (durante la noche), 3 (a mano armada), 4 (con el concurso de dos o más personas) y 8 (sobre vehículo automotor) del primer párrafo, del artículo 189, del CP. Se solicitó una pena privativa de libertad de veinte años para Llallahui de la Cruz y García Simón y doce años para Nazaria Ramírez y Pillaca Enciso; así como una reparación civil de dos mil soles.

FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR

SEXTO. La Sala Penal Superior consideró acreditados los hechos contenidos en la acusación fiscal, así como la responsabilidad de los tres sentenciados recurrentes con base en las pruebas actuadas en el juicio oral, entre otras: i) las declaraciones incriminatorias de las agraviadas, las mismas que reconocieron a los sentenciados recurrentes, y porque sus versiones fueron coherentes y persistentes en el proceso; ii) el hallazgo de dos armas a un aproximado de ciento diez y setenta metros de distancia del inmueble de las agraviadas, conforme a imágenes de referencia obtenidas de Google maps y actas de hallazgo de armas de fuego; iii) el modo y circunstancias de sus intervenciones, pues conforme a sus respectivas actas de intervención, la sentenciada Ramírez Miranda fue detenida en el inmueble de las agraviadas, ya que estas la retuvieron; mientras que los sentenciados Llallahui de la Cruz y García Simón fueron detenidos, minutos después de haberse iniciado la persecución, en calles aledañas, “sudorosos, nerviosos, y agitados”; iv) la versión primigenia de Rafael Félix Pillaca Enciso, quien dijo haber realizado un servicio de taxi y trasladó a los tres sentenciados y a los dos reos contumaces al inmueble de las agraviadas, declaración que fue coetánea al hecho, con presencia del fiscal y sin intimidación sicológica, a diferencia de su testimonio en juicio oral, en el que aseguró que solo trasladó a dos de los sentenciados.

SÉTIMO. El citado órgano jurisdiccional condenó a Miguel Ángel Llallahui de la Cruz, Reynaldo García Simón y Doménica Nazaria Ramírez Miranda, como coautores del delito de robo, por el delito de robo con agravantes por el que fueron acusados, con excepción de la agravante contenida en el inciso 8 (sobre vehículo automotor), artículo 189, del CP, pues no se acreditó que los objetos y bienes sustraídos hayan sido sobre vehículo automotor. Posición que este Supremo Tribunal comparte.

OCTAVO. En cuanto al procesado Rafael Félix Pillaca, lo absolvió de la acusación fiscal, por considerar que en autos existen documentos que acreditan que realizaba el servicio de taxi Uber (foja 469), por lo que su conducta fue neutral y no merece reproche penal, más aún si no existe el testimonio de las agraviadas que lo ubiquen en el interior del inmueble ni elementos probatorios para concluir que pretendió darse a la fuga. Respecto a los reos contumaces Aldo Juan Montes Valencia y Cristian Emilio Távara Regalado dispuso reservar su juzgamiento.

CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

NOVENO. El principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución, que establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. En el ámbito penal tiene cuatro dimensiones: i) principio; ii) regla de tratamiento; iii) regla probatoria; y iv) regla de juicio.

Como regla de juicio exige que el Estado pruebe la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. En esa perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías. Por lo que, si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla1 . En ese aspecto, el Tribunal Constitucional sostiene que el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, se convierte en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable2 .

Asimismo, este Supremo Tribunal considera que la regla de juicio de la garantía de presunción de inocencia está referida al estándar de prueba necesaria para condenar. Por tanto, se requiere una convicción judicial de culpabilidad más allá de toda duda razonable.

DÉCIMO. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, se encuentra consagrado en el inciso 5, artículo 139, de la Constitución. Establece un derecho fundamental del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y asegura que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino exige que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso3.

DECIMOPRIMERO. El delito de robo previsto y sancionado en el artículo 188 del CP tiene como nota esencial, que lo diferencia del delito de hurto, el empleo por el agente de violencias o amenazas contra la persona –no necesariamente sobre el titular del bien mueble–. La conducta típica, por tanto, integra el apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno con la utilización de violencia física o intimidación sobre un tercero. Esto es, la violencia o amenaza –como medio para la realización típica del robo– han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. En consecuencia, la violencia es causa determinante del desapoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo4.

DECIMOSEGUNDO. De la revisión de autos, compartimos la valoración efectuada por la Sala Penal Superior, en el sentido que tanto el delito como la responsabilidad penal de los sentenciados recurrentes Llallahui de la Cruz, García Simón y Nazaria Ramírez Miranda, está acreditada, con base en la sindicación uniforme y persistente de las agraviadas Georgina Pariona Huauya y Ruth Vanesa Pariona Huauya, quienes los reconocieron y a lo largo del proceso narraron las circunstancias del robo que sufrieron en su domicilio. Además, existen otros medios de prueba que dan fuerza acreditativa a sus versiones incriminatorias de conformidad con el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-1165.

DECIMOTERCERO. En efecto, la agraviada Georgina Pariona Huauya manifestó a nivel preliminar (foja 53) que fueron los sentenciados recurrentes y los reos contumaces quienes ingresaron a su domicilio, provistos de armas de fuego y sustrajeron bienes y dinero. Precisó que Llallahui de la Cruz y Nazaria Ramírez Miranda subieron a su cuarto y la redujeron violentamente al suelo, y esta última fue quien, bajo amenazas le indicó que dijera a la policía que eran primas, versión que fue ratificada en juicio oral (foja 744).

Por su parte la agraviada Ruth Pariona Huauya, tanto a nivel preliminar (foja 50) como en el juicio oral (foja 749) también narró las circunstancias del hecho e identificó a Reynaldo García Simón como la persona que la amenazó con llevarse a su hijo si no les decía dónde se encontraba el dinero.

DECIMOCUARTO. Conforme la Sala Penal Superior valoró, la versión incriminatoria de las citadas agraviadas, carece de incredibilidad subjetiva, pues entre estas y los condenados no se acreditó la existencia de enemistad o resentimiento que podría haber motivado su sindicación. La versión de la sentenciada Ramírez Miranda, en la instrucción (foja 392) y en juicio oral (foja 694), en el sentido que concurrió al domicilio de la agraviada Georgina Pariona Huauya, pues su madre le tenía una deuda a su coacusado Montes Valencia (reo contumaz), y por ello la denuncia sería por venganza, no ha sido corroborado con medio probatorio alguno y es que en efecto, quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo, lo que en este caso no ha ocurrido.

DECIMOQUINTO. Por otro lado, las declaraciones de las dos agraviadas tienen verosimilitud, pues se corroboraron con: i) el parte policial (foja 2), que da cuenta de la denuncia telefónica a la central 105, por parte de sus vecinos, según la cual se puso a conocimiento de la policía el robo que sucedía en el interior del inmueble; ii) la declaración del PNP Flavio Alberto Hidalgo Aguirre, quien en juicio oral (foja 735), manifestó que al llegar al referido inmueble fue atendido por el reo contumaz Montes Valencia, quien le señaló que no habían llamado a la policía, pero que al escuchar ruidos, este se dio a la fuga y decidieron intervenir. La captura de Nazaria Ramírez Miranda se logró en el interior del inmueble, mientras que los otros acusados fugaron por calles aledañas, y fueron detenidos, instantes después; iii) el acta de hallazgo, recojo y traslado (foja 34), en la cual se consignó el hallazgo y recojo de un arma de fuego, marca Ranger, abastecida con cartuchos en una vivienda ubicada cerca al inmueble de las agraviadas; iv) el acta de recepción de arma de fuego (foja 35), en la cual se consignó la recepción de otra arma de fuego por parte de José Cecilio Tiburcio Luna, vecino de la agraviadas, quien encontró un arma, marca Ruby, en su jardín exterior. Estas pruebas acreditan el uso de armas de fuego y empleo de violencia para perpetrar el ilícito penal; v) el acta de inspección técnica policial (foja 137) de la que se desprende la violencia en las puertas y el desorden en las habitaciones.

DECIMOSEXTO. Por otro lado, los sentenciados para justificar su presencia en el inmueble de las agraviadas y por inmediaciones de este, brindaron versiones que quedaron desvirtuadas con el reconocimiento coetáneo al hecho que las agraviadas efectuaron en su contra. Así, la sentenciada Ramírez Miranda, fue detenida por la policía, en el interior del inmueble por sindicación directa de las agraviadas (foja 20), quienes la tenían retenida. Los sentenciados Llallahui de la Cruz y García Simón fueron intervenidos en calles aledañas, agitados y sudorosos, a las 00:50 horas conforme al acta de intervención (foja 21), a pocos minutos de que la policía se constituyera al inmueble (foja 17), y de haberse producido el hecho que, conforme a la acusación fiscal, inició a las 00:20 horas.

Al respecto, la defensa de LLallahui de la Cruz en su recurso de nulidad sostuvo que el estado físico en el que se encontraba su patrocinado responde a una apreciación subjetiva del policía interviniente; sin embargo, para este Supremo Tribunal dicha versión encuentra fuerza acreditativa con el reconocimiento que efectuaron las agraviadas, y el lapso en el que fueron intervenidos, luego de la comisión del hecho.

DECIMOSÉTIMO. En cuanto al cuestionamiento efectuado por la defensa del sentenciado LLallahui de la Cruz, respecto a que la Sala Penal Superior no valoró sus boletas de pago y certificado médico que presentó para acreditar que el día de los hechos se encontraba con descanso médico y por ello aprovechó para encontrarse con su enamorada Joana Quispe Gonzales por inmediaciones del inmueble de las agraviadas. Su versión no ha sido corroborada, ya que dicha testigo no concurrió a juicio oral para brindar su declaración, y no existen otros medios probatorios en ese sentido; por el contrario, fue reconocido por una de las agraviadas, lo que hace estimar a este Supremo Tribunal, que su versión tiene fines exculpatorios.

DECIMOCTAVO. En lo que corresponde al cuestionamiento que no se probó la preexistencia de los objetos robados, y que según las declaraciones de las agraviadas se trataría de laptops, impresora y dinero en efectivo, se debe considerar que tanto el Tribunal Constitucional6, como esta Suprema Corte7 en reiterados pronunciamientos han señalado que es válido el juicio que tiene por acreditada la preexistencia del bien sustraído, que se sustenta en prueba personal. En ese sentido, las declaraciones de las agraviadas cumplen dicha finalidad probatoria.

DECIMONOVENO. Los agravios postulados por las defensas de los sentenciados García Simón y Nazaria Ramírez Miranda, resultan contradictorios, pues por un lado alegaron la inocencia de sus patrocinados, y por otro que existe indeterminación en el momento consumativo del delito, por lo que en todo caso se estaría ante una tentativa. Al respecto, este Supremo Tribunal comparte lo señalado por la Sala Penal Superior, que se trata de un robo consumado. Toda vez que se cuenta con la declaración de la agraviada Ruth Vanesa Villanueva Pariona, quien relató que le robaron mil ochocientos dólares estadounidenses, celulares y una laptop; y únicamente pudo recuperar la laptop, la que fue encontrada en una casa vecina dentro de una mochila. Asimismo, conforme al acta de intervención (foja 21) los sentenciados LLallahui de la Cruz y García Simón fueron capturados a las 00:50 horas, es decir pasado cinco minutos desde que la policía llegó al inmueble (foja 17). Tiempo en que pudieron poner los bienes a buen recaudo, como así lo hicieron con la laptop y las armas que se encontraron en las casas aledañas y el dinero que no fue recuperado.

Por las razones expuestas, se desestiman los agravios postulados por los sentenciados recurrentes.

VIGÉSIMO. En lo que concierne a la absolución de Rafael Félix Pillaca Enciso, la Sala Penal Superior consideró que habría desempeñado un rol inocuo en los hechos, y se basó en su declaración preliminar, en la que sostuvo que realizó un servicio de taxi a los cinco acusados, ya mencionados, hasta el inmueble de las agraviadas ubicado en el distrito de Los Olivos, y esperó en el exterior, pues les haría un servicio de retorno.

VIGESIMOPRIMERO. Sobre este extremo, se advierte que, no se realizó una correcta apreciación de los hechos ni se compulsó adecuadamente los medios probatorios. Así, Pillaca Enciso, en su declaración preliminar, con presencia del fiscal (foja 65), sostuvo que realizó el servicio de taxi a los tres sentenciados recurrentes y los dos reos contumaces, desde el distrito de Ate al distrito de Los Olivos y que también les haría el retorno, por lo que esperó afuera del inmueble de las agraviadas. Sin embargo, en su instructiva (foja 423) y en juicio oral (foja 704) cambió su primigenia versión de los hechos, y manifestó que únicamente trasladó a la sentenciada Nazaria Ramírez y al reo contumaz Montes Valencia, lo que precisamente se condice con la versión exculpatoria que brindó Nazaria Ramírez en su instructiva (foja 392) y en juicio oral (foja 694), en el sentido que tomó un taxi, solo junto a su coacusado Montes Valencia, con la finalidad de que este cobrase una deuda a la madre de una de las agraviadas.

Este Supremo Tribunal considera que las declaraciones de Pillaca Enciso deben ser concatenadas con las pruebas actuadas en el juicio oral, entre otras:i) El acta de intervención policial (foja 17) que da cuenta que este y el reo contumaz Montes Valencia fueron intervenidos a bordo del vehículo, de placa de rodaje C7E-327, que conducía Pillaca Enciso. Para explicar esta situación, se tiene que en su declaración preliminar (foja 65) señaló que, se encontraba afuera del inmueble de las agraviadas y al tomar conocimiento, por intermedio de un policía, del robo que se suscitaba al interior de dicho inmueble, puso en marcha su vehículo, circunstancias en que su coacusado subió por la parte posterior y le indicó que avanzara. Su explicación no resulta razonable, pues ya había tomado conocimiento del robo como para aceptar trasladar a su coacusado. ii) El efectivo policial Alberto Hidalgo Aguirre (foja 46), señaló haber visto que el referido vehículo era perseguido por el Escuadrón de Emergencias, por ello se colocó en frente del vehículo, empuñó su arma, y el conductor se vio obligado a detenerse, lo redujeron al igual que el copiloto. Su versión evidencia que el chofer se daba a la fuga con uno de sus acusados, pues fue obligado a detenerse. Además, el citado policía indicó lo siguiente: “la agraviada Ruth Villanueva sindicó al chofer y el vehículo como parte del grupo delincuencial”. iii) La declaración de la agraviada Pariona Huauya (foja 53), en la que señaló que los actos de violencia se iniciaron en la puerta de su domicilio, cuando los acusados redujeron a su esposo para ingresar a su inmueble. Sobre este punto Pillaca Enciso manifestó no haberse percatado de lo ocurrido, pues se encontraba revisando su Facebook y WhatsApp; sin embargo, del acta de registro personal que se le practicó (foja 25) no se le encontró celular alguno, por lo tanto, su versión no sería verosímil. Además, las máximas de la experiencia indican que un taxista estaría a la expectativa de la salida de sus pasajeros, más aún si estos no le habían cancelado el saldo completo.

VIGESIMOSEGUNDO. Por tales consideraciones y en atención a la facultad conferida por la última parte del artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, resulta necesario se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, quienes deberán realizar un estudio minucioso y pormenorizado de los autos, examinando en su totalidad y de forma concatenada, los medios de prueba ofrecidos por el fiscal y la defensa, con citación obligatoria de los efectivos policiales que participaron en la intervención, a fin de determinar las reales circunstancias de la participación del procesado Rafael Félix Pillaca Enciso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el extremo que condenó a MIGUEL ÁNGEL LLALLAHUI DE LA CRUZ, REYNALDO GARCÍA SIMÓN y DOMÉNICA NAZARIA RAMÍREZ MIRANDA como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Georgina Pariona Huauya y Ruth Vanesa Villanueva Pariona, y como tal les impuso a los dos primeros quince, y a la tercera doce años de pena privativa de libertad, respectivamente, además de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas.

II. NULA la sentencia anotada, en el extremo que absolvió a RAFAEL FÉLIX PILLACA ENCISO del mismo delito.

III. MANDARON se realice un nuevo juicio oral a RAFAEL FÉLIX PILLACA ENCISO, por otro Colegiado Superior, debiendo actuarse las pruebas que resulten necesarias para un real esclarecimiento de los hechos; y los devolvieron.

Intervinieron los jueces supremos Castañeda Espinoza y Chávez Mella, por licencia de los jueces supremos Barrios Alvarado y Prado Saldarriaga,


1 Corte IDH. Sentencia del 15 de febrero de 2017. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

2 STC N.° 1172-2003-HC, del 9 de enero de 2004.

3 STC. N.° 03433-2013-PA, del 18 de marzo de 2014, fj. 4.

4 Acuerdo Plenario N.° 3-2009/CJ-116, fundamento 10.

5 De 30 de setiembre de 2005. Asunto. Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado.

6 STC N.° 198-2005-HC/TC, fundamento segundo: “Respecto al alegato del recurrente de que no se habría demostrado la preexistencia del bien materia del delito, este colegiado considera que, aun cuando el derecho a la prueba constituye un elemento del debido proceso, y la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional («Sana Crítica») En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios sin que estos tengan asignado un valor predeterminado («Tarifa Legal»). […]”.

7 Recurso de Nulidad N.° 144-2010/Lima, fundamento octavo: “Que, de otro lado, si bien la prueba de la preexistencia de la cosa materia del delito es indispensable para la afirmación del juicio de tipicidad, no existen razones legales que impidan al Tribunal de instancia admitir a tales fines la propia declaración de la víctima, pues el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal en vigor no impone límite alguno a las pruebas con las que se puedan acreditar la posesión del bien, sobre todo en los casos de robo de dinero en efectivo; si se excluyera tal posibilidad, se establecerían exigencias incompatibles con su naturaleza jurídica […]”.

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