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Asociación ilícita. Falta de requisitos de permanencia y estabilidad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1739-2017
LIMA

ASOCIACIÓN ILÍCITA

SUMILLA. Si el fiscal supremo en lo penal opina no haber nulidad en el auto que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral, no es posible que el órgano jurisdiccional decida lo contrario, puesto que es el Ministerio Público a quien le corresponde la exclusividad de la persecución penal y no existe supuesto excepcional para relativizar este principio. Además, los motivos de la parte civil no fueron de recibo por el señor fiscal supremo, pues conforme a los medios actuados estos resultan insuficientes para instaurar juicio oral en contra del imputado.

Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la PARTE CIVIL, PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, contra la resolución del seis de abril de dos mil diecisiete (de páginas ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta), emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral a los encausados Corali María Chirinos Macías, Pedro Alfonso Castillo Ruiz, Jim Aldo Pezo Bollet, Yhanine Puelles Enríquez y Cecilia Lidia Pedraza Núñez, por el delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado.

De conformidad con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se atribuye a los encausados, en su calidad de coautores, Corali Chirinos Macías (gerente general), Pedro Alfonso Castillo Ruiz (presidente de la empresa Q’allpa) y Jim Aldo Pezo Bollet (asesor y apoderado de la referida empresa) haber, presuntamente, inducido a error a los agraviados al haberles ofrecido en venta departamentos de estreno del Proyecto mi vivienda multifamiliar Altamira II. En este proyecto se especificó que la edificación estaba financiada por SCOTIABANK, así como que el plazo de construcción y entrega del departamento se programó dentro de nueve meses de iniciada la obra, a más tardar en junio de dos mil once. Ello influyó en la decisión de los agraviados de adquirir un departamento al precio de ciento cuarenta y un mil ciento cincuenta soles, para lo cual entregaron una cuota inicial de cincuenta mil dólares americanos por cheque de gerencia del Banco Continental a la firma del contrato de compra venta de departamento a futuro, pues el saldo pendiente se carcelaria por crédito hipotecario.

Sin embargo, dicho proyecto no había sido financiado por el citado banco, de manera que se engañó a los agraviados y al no concretarse la venta se dejó sin efecto el primer contrato. De esa forma, se suscribió un nuevo contrato el seis de diciembre de dos mil diez por otro departamento supuestamente más amplio. No obstante, se mantuvo en error a los agraviados sobre supuestos problemas financieros y problemas legales que motivaron a los denunciantes a resolver el contrato y suscribir un tercer contrato el diez de febrero de dos mil once; el objetivo de los encausados también resolver este último contrato. Estos hechos evidenciarían la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.

Asimismo, se le atribuye a las encausadas Yhanine Puelles Enríquez, asesora inmobiliaria, y Cecilia Lidia Pedraza Núñez, secretaria o asistente de gerencia de la citada empresa, haber conformado una asociación destinada a la comisión de acciones ilícitas, para lo cual se constituyeron dos empresas, primero la Empresa Constructora Prado S.A.C., en el año dos mil uno, y luego la empresa Q’allpa Promotores e inmobiliaria S.A.C., en el año dos mil seis. Para ello se utilizó publicidad falsa, al señalar que el proyecto se encontraba financiado por el Banco SCOTIABANK, cuando no era así, ello con la finalidad de inducir a error a los clientes, como es el caso de los agraviados.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior razonó su decisión del extremo cuestionado sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. No se ha determinado el concierto de voluntades que habrían tenido los procesados para formar una asociación y cometer acciones delictivas a fin de que se configure el delito de asociación ilícita para delinquir, tampoco se ha establecido la estructura jerárquica que habrían tenido los procesados en la supuesta asociación (división de funciones), menos aún se determinó una relativa organización o la permanencia o estabilidad de la misma.

2.2. El dato indiciario por el cual el Ministerio Público denunció el delito de asociación ilícita se sustenta en que los procesados Pedro Castillo Ruiz y Corali Chirinos Macías constituyeron las siguientes empresas: i) Constructora Prado S. A. C., en el año dos mil uno; y ii) Q’allpa Promotores Inmobiliarios S. A. C., en el año dos mil seis, para acciones ilícitas. Sin embargo, el dato indiciario es insuficiente, debido a la ausencia de pruebas de cargo que confirmen la imputación, pues la hipótesis incriminatoria no se corrobora con ningún medio probatorio. Por ello, no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. La parte civil, Procurador Público Adjunto Especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, interpuso recurso de nulidad (páginas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y seis) alegando los motivos siguientes:

3.1. No se ha realizado una valoración adecuada de los hechos, pues está probado que los procesados Corali María Chirinos Macías, Pedro Alfonso Castillo Ruiz y Jim Aldo Pezo Bollet constituyeron las empresas: i) Constructora Prado S. A. C. y ii) Q’Allpa Promotores Inmobiliarios S. A. C., las cuales ofrecieron en venta departamentos de estreno del Proyecto de Vivienda Altamira II, financiado por la entidad SCOTIABANK, al público en general y en específico a los agraviados, con un plazo de construcción y entrega de nueve meses de iniciada la obra, es decir para junio de dos mil once. El precio de venta señalado fue de ciento cuarenta y un mil ciento cincuenta soles. Es así que los agraviados entregaron una cuota de cincuenta mil dólares, con cheque de gerencia a cargo del Banco Continental, a la firma del contrato de compraventa de departamento futuro y el saldo pendiente por crédito hipotecario.

3.2. El préstamo nunca fue financiado por SCOTIABANK, dicha información fue falsa y se evidencia en los hechos materia de los contratos (tres), en virtud del cual engañaron a los agraviados, lo que denota que los encausados ejecutaron una función distinta para obtener su finalidad ilícita. Es decir, constituyeron empresas pretendiendo generar una fachada de legalidad.

3.3. Las encausadas Yhanine Puelles Enríquez y Cecilia Lidia Pedraza Núñez son quienes hicieron suscribir los contratos a los afectados al haberse dejado sin efecto el primer contrato (por un departamento amplio); luego hicieron lo mismo con los del seis de diciembre de dos mil diez y doce de febrero de dos mil once, alegando problemas financieros con la única finalidad de resolverlos.

CALIFICACIÓN DEL DELITO

4. El delito contra la tranquilidad pública-paz pública, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, prevista en el primer párrafo del artículo trescientos diecisiete del Código Penal, sanciona al agente que: “forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

5. La interpretación jurídica del citado artículo se obtiene de la lectura del fundamento veintidós del Acuerdo Plenario número cero cuatro-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, del trece de octubre de dos mil seis, el que define como notas esenciales de este tipo penal a los siguientes elementos: i) relativa organización; ii) permanencia o estabilidad; y iii) número mínimo de personas.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar el auto de mérito es el principio de impugnación limitado, el cual fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. Los motivos de impugnación de la parte civil se basan en la infracción a la motivación de las resoluciones judiciales relacionadas a la valoración probatoria. Se sostiene que existen suficientes elementos probatorios que determinan la concurrencia de los presupuestos del delito de asociación ilícita contra los encausados Corali María Chirinos Macías, Pedro Alfonso Castillo Ruiz, Jim Aldo Pezo Bollet, Yhanine Puelles Enríquez y Cecilia Lidia Pedraza Núñez en calidad de coautores.

8. En el presente caso, la parte civil interpuso recurso de nulidad. La opinión del señor fiscal supremo en lo penal, al absolver en grado, es de no haber nulidad en el auto cuestionado; es decir, mostró su conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal de mérito.

9. En dicho contexto, este Supremo Tribunal ha establecido que la atribución del Ministerio Público –reconocida en el numeral cinco del artículo ciento cincuenta y nueve de la Constitución Política del Perú– es la de ejercitar la acción penal pública y de acusar; de modo tal que la ausencia de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria.

10. Ello en concordancia con el principio acusatorio, por el cual corresponde reconocer los fundamentos de la decisión del señor fiscal supremo en tanto que el Ministerio Público, a nivel institucional, se rige por el principio de unidad de función y dependencia jerárquica, salvo algún supuesto excepcional que pueda relativizar este principio, como así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

11. La posición jurídica del señor fiscal supremo (páginas nueve a doce del cuadernillo supremo formado por este Supremo Tribunal) se sustenta, en resumen, en lo siguiente:

11.1. El Tribunal Superior, al analizar el tipo penal de asociación ilícita, verificó que no se cumplen los elementos del tipo penal, esto es, la existencia de conductas que vinculen a un grupo de personas con el delito de asociación ilícita para delinquir, conforme a los parámetros señalados en la Ejecutoria Suprema, Recurso de Nulidad número mil doscientos noventa y seis-dos mil siete, donde se precisa que se trata de un delito plurisubjetivo y pluripersonal, cuya existencia debe tener un vínculo estable y duradero de varios sujetos orientados a la ejecución de un programa criminal de carácter indeterminado. Así, la agrupación debe tener por finalidad la comisión de delitos y en la pertenencia a esta debe existir una jerarquía en la cual se encuentran los fundadores y los integrantes; por último, en el aspecto subjetivo el agente debe saber que forma parte de una asociación que tiene por finalidad la comisión de los delitos.

11.2. La parte civil afirma que la construcción del departamento no estuvo financiado por SCOTIABANK, lo que implicaría un engaño sobre la situación financiera de la construcción; sin embargo, ello no significa que exista una estructura delictiva de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativos, mucho menos se advierte algún complejo grado de organización. Se tratan, más bien, de propietarios de una empresa, un abogado y dos trabajadoras que brindan atención al público. Asimismo, no se encontraron indicios, evidencias, fuentes de prueba o elementos probatorios que demuestren en forma objetiva que los denunciados hayan creado las empresas Constructora Prado S. A. C y Q’allpa Promotores e inmobiliaria S. A. C., con la finalidad de cometer actos lícitos.

11.3. Además, las referidas empresas se crearon en el año dos mil uno y dos mil seis, respectivamente, mientras que los hechos cuestionados datan del año dos mil diez. Así pues, no existe correlación entre la fundación de las mismas con la venta del departamento a los agraviados.

11.4. Tampoco existe relación con los supuestos de permanencia, estabilidad y niveles estratégicos operativos, los que exige el tipo penal, por lo tanto, no se cuenta con causa probable respecto al delito de asociación ilícita para delinquir.

12. Ahora, bajo las reglas del principio acusatorio antes señalado, cabe precisar que según la doctrina procesalista consolidada, este principio constituye una de las garantías esenciales del proceso penal que integra el contenido esencial del debido proceso (referido al objeto del proceso y determinado bajo la distribución de roles) y las condiciones en las que se realiza el enjuiciamiento del objeto del proceso penal.

13. En el caso concreto se ha diluido la imputación penal, es decir, técnicamente el titular de la acción penal en la máxima instancia ha obrado de modo que equivale a su desistimiento de la persecución del delito, conforme al contenido del dictamen del fiscal supremo, quien representa la máxima instancia de la Institución.

14. En ese sentido, respecto a la vigencia del principio acusatorio, se han emitido pronunciamientos respecto al significado y transcendencia del citado principio, orientado a respetar los fueros competenciales de cada sujeto procesal en el proceso. Así, el Tribunal Constitucional , a través de su línea jurisprudencial, ha precisado lo siguiente: i. no puede existir juicio sin acusación, debe ser formulada esta por una persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el fiscal no formula acusación contra el imputado el proceso debe ser sobreseído necesariamente; ii. no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta a la acusada; y iii. no puede atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad. De esta forma, según dicha línea interpretativa, le corresponde seguir a este Tribunal Supremo, conforme así lo ha establecido en reiterada jurisprudencia en respeto al principio acusatorio, como garantía del debido proceso.

15. No obstante a lo antes expuesto, cabe resaltar que los argumentos esgrimidos por la parte civil, en su recurso impugnatorio, no pueden prosperar en observancia a los principios antes señalados.

16. Así, este Supremo Tribunal no advierte razones objetivas que estimen que el Tribunal Superior haya incurrido en error en la valoración de los medios de prueba actuados, las que de por sí justifican la decisión adoptada.

17. Además, respecto al reclamo de la parte civil de haberse suscrito tres contratos con los agraviados Juan Carlos La Chira Ascencio y Patricia Fabiola Galarza Uchuya, ello tampoco constituye evidencia suficiente para la unión delictiva de los imputados que indique que forman parte de una organización; tampoco que esta se haya realizado en el contexto de una asociación ilícita con características de permanencia o estabilidad. Así, no es razonable sostener que la configuración típica de la asociación ilícita se constituya por el hecho de haberse ofrecido un departamento que sería financiado por Scotiabank, cuyo plazo de entrega no se cumplió.

18. Dicho lo anterior, no es posible concluir que nos encontramos frente a una organización criminal con rasgos de permanencia o estabilidad (conforme a los parámetros establecidos por este Supremo Tribunal descritos en el fundamento cinco de la presente Ejecutoria Suprema).

19. Además de ello, se tiene que –conforme lo hemos señalado– existe el pronunciamiento por el órgano fiscal en su máximo nivel jerárquico, pues de no continuar con la acción penal lo contrario vulneraría la autonomía constitucional del Ministerio Público.

20. Por último, se verifica que se han analizado los elementos de investigación colectados durante la etapa de instrucción y se ha explicado las razones por las cuales se arriba a la decisión cuestionada. Por lo tanto, se puede concluir que el auto impugnado ha respetado el derecho a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales que han sido objeto de reclamo del recurrente y no se advierte algún supuesto de infracción al debido proceso en el dictamen fiscal que pueda relativizar el principio acusatorio, como se precisó en el fundamento diez de la presente Ejecutoria Suprema. Por tal, los motivos no se estiman.

DECISIÓN

Por estos fundamentos declararon NO HABER NULIDAD en la resolución del seis de abril de dos mil diecisiete, emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (páginas ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta), en el extremo que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral a los encausados Corali María Chirinos Macías, Pedro Alfonso Castillo Ruiz, Jim Aldo Pezo Bollet, Yhanine Puelles Enríquez y Cecilia Lidia Pedraza Núñez por el delito de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, con lo demás que contiene; y los devolvieron.

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