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Peculado. Necesidad de que se detalle el título de la imputación de complicidad primaria o secundaria.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 113-2017
AYACUCHO

Insubsistente la acusación fiscal

En la sentencia impugnada se incurrió en ilogicidad de la motivación propiciada por la falta de precisión de los cargos imputados por el Ministerio Público en su acusación fiscal. Por ende, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales.

Lima, veinte de febrero de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público, el gerente general de la entidad Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S. A.-SEDA Ayacucho (en adelante, Epsasa) y el procurador público anticorrupción del Distrito Judicial de Ayacucho contra la sentencia del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, respecto a lo siguiente: i) el Ministerio Público contra el extremo en el que absolvió a Fabián Silvestre Infanzón Solier por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, en agravio de Epsasa, y ii) el procurador público anticorrupción del Distrito Judicial de Ayacucho y el gerente general de Epsasa contra el extremo en el que absolvió de la acusación fiscal a Fabián Silvestre Infanzón Solier, Edgar Andrés Mendieta Callirgos, Rayda Máxima Ortiz Porras, Gerardo Francisco Ludeña Gonzales, Javier Efraín Gonzales Alarcón, Néstor Carhuas Santa Fe, Juan Teódulo Gonzales Chinquillo, Honorato Palomino Rúa, Slim Zacarías Sánchez Otárola y Ángel de la Cruz Pomasoncco por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, en agravio de Epsasa y el Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1. Del representante del Ministerio Público

1.1.1. La sentencia impugnada no efectuó una adecuada apreciación del evento sub judice ni valoró debidamente las pruebas actuadas, lo que vulnera el derecho al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las resoluciones judiciales.

1.1.2. Los hechos por los cuales se condenó al acusado Infanzón Solier en el Expediente número 77-2007 se circunscriben a un periodo determinado del año dos mil cinco. Al ser recurrida en nulidad la sentencia, la Sala Suprema confirmó dicho extremo y ordenó la remisión de copias certificadas a fin de que se investiguen las bases fácticas de la acusación fiscal superior que, genéricamente, dan cuenta de una supuesta mayor apropiación de caudales.

1.1.3. A raíz de la investigación se verificó que el acusado Infanzón Solier, durante el periodo dos mil dos al dos mil seis, no efectuó depósitos de los caudales recaudados por la entidad agraviada por diferentes conceptos, hecho que se halla plenamente acreditado con la pericia obrante de fojas 2434 a 2453, elaborada por las contadoras públicas colegiadas Cristina Juscamaita Palomino y Olga Mendoza García, en que se establecen en cuadros las fechas y los montos no depositados por el procesado, tanto en la sede principal de Epsasa (en Huamanga) como en la sucursal de Huanta, que hacen un total de S/ 2 947 646.76 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis soles con setenta y seis céntimos).

1.1.4. El informe pericial fue sustentado por los peritos en el juicio oral y no ha sido materia de pronunciamiento por el Colegiado Superior, por lo que se evidencia una ausente o deficiente apreciación de la prueba.

1.2. Del gerente general de Epsasa

1.2.1. La sentencia impugnada es totalmente contradictoria, ya que: i) por un lado, consigna que el monto sustraído por el acusado Infanzón Solier es de S/ 2 947 646.76 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis soles con setenta y seis céntimos) y, por otro, indica que no se ha precisado el monto del dinero de la entidad agraviada apropiado por dicho acusado, y ii) considera que no se trata de los mismos hechos y montos apropiados tramitados en el Expediente número 77-2007, por lo que declaró infundada la excepción de cosa juzgada de Infanzón Solier y la aplicación del ne bis in idem planteados por la defensa de Ortiz Porras; sin embargo, en el fundamento 3.23. menciona que el sentenciado Infanzón Solier ya ha sido sentenciado en un juicio anterior, circunstancia que consideró para su absolución.

1.2.2. No se tomó en cuenta que: i) el Ministerio Público ofreció como prueba el dictamen pericial contable de fojas 2434 a 2453 elaborado por las peritos contables Olga Mariela Mendoza García y Asunción Cristina Juscamaita Palomino, en que se precisan los montos no depositados y las fechas; ii) los acusados en calidad de cómplices primarios o secundarios en el delito de peculado no requieren tener vinculación funcional con los caudales o efectos del Estado, y iii) se deben evaluar los medios probatorios actuados en el proceso penal número 77-2007, ya que este es conexo y antecedente del presente proceso. Todos los hechos delictivos acaecidos durante el periodo dos mil dos a dos mil seis y la sustracción de los depósitos judiciales efectuados a favor de la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional de Vivienda (en adelante, Colfonavi), así como la sustracción de casi S/ 3 000 000 (tres millones de soles) fueron comprendidos en ese proceso, en el que inicialmente se sentenció a los acusados Fabián Silvestre Infanzón Solier, Edgar Andrés Mendieta Callirgos y Rayda Máxima Ortiz Porras por el delito de peculado. Sin embargo, en mérito del Recurso de Nulidad número 707-2010, la Corte Suprema circunscribió el análisis jurídico penal y su pronunciamiento a los hechos incriminados por el fiscal superior acaecidos entre el primero de marzo y el treinta de noviembre de dos mil cinco, relacionados con los depósitos a Colfonavi por el faltante de S/ 120 000 (ciento veinte mil soles).

1.3. Del procurador público anticorrupción del Distrito Judicial de Ayacucho

En la pericia contable elaborada por las contadoras públicas colegiadas Cristina Juscamaita y Olga Mendoza se estableció que existe un faltante total de S/ 2 947 646.76 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis soles con setenta y seis céntimos), que sustrajo sistemáticamente el encausado Infanzón Solier en complicidad con sus coacusados desde el año dos mil dos hasta el dos mil seis, y se detalló el monto faltante cada año sin que ninguna acción de control interno o externo lo hubiera detectado.

Segundo. Contenido de la acusación

2.1. Se formuló acusación contra Fabián Silvestre Infanzón Solier (como autor), Edgar Andrés Mendieta Callirgos, Rayda Máxima Ortiz Porras, Gerardo Francisco Ludeña Gonzales, Javier Efraín Gonzales Alarcón, Néstor Carhuas Santa Fe (como cómplices primarios), Julián Teódulo Gonzales Chinquillo, Honorato Palomino Rúa, Slim Zacarías Sánchez Otárola y Ángel de la Cruz Pomasoncco (como cómplices secundarios) por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, en agravio de Epsasa y el Estado.

2.2. Fabián Silvestre Infanzón Solier, en su condición de especialista en Tesorería y/o jefe de Tesorería de Epsasa, durante los años dos mil dos a dos mil seis, sustrajo de manera sistemática las sumas de S/ 2 605 575.87 (dos millones seiscientos cinco mil quinientos setenta y cinco soles con ochenta y siete céntimos) de la agencia principal y de S/ 342 070.89 (trescientos cuarenta y dos mil setenta soles con ochenta y nueve céntimos) de la agencia de Huanta, las cuales hacen un total de S/ 2 947 646.76 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis soles con setenta y seis céntimos), sin que ninguna acción de control interno o externo lo hubiese detectado, ya que participó en complicidad con los directivos de la citada entidad: Gerardo Francisco Ludeña Gonzales, Javier Efraín Gonzales Alarcón, Néstor Carhuas Santa Fe, Edgar Andrés Mendieta Callirgos, Rayda Ortiz Porras, Juan Teódulo Gonzales Chinquillo, Honorato Palomino Rúa, Slim Zacarías Sánchez Otárola y Ángel de la Cruz Pomasoncco.

Para ello, infraccionó los procedimientos respecto al manejo de los fondos previamente establecidos en la Directiva número 001-2003-Epsasa-GG y concertó la falta de fiscalización de estos conforme a las normas de control y razonabilidad. En el Expediente número 77-2007 reconoció haberse apropiado de las sumas de dinero imputadas, con participación de sus coacusados.

2.3. Edgar Andrés Mendieta Callirgos, en su condición de asesor legal de Epsasa, condujo el proceso judicial de ofrecimiento de pago ante el Quincuagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con manejo directo de los depósitos judiciales que se hacían en dicho proceso, los cuales fueron falsificados, y se efectuaron depósitos judiciales de solo S/ 20 (veinte soles) en vez de S/ 20 000 (veinte mil soles), como se debía. Asimismo, cuando fue inminente el descubrimiento de su actuar ilícito, interceptó la comunicación del Banco de la Nación que informaba que los depósitos judiciales eran de S/ 20 (veinte soles) y no de S/ 20 000 (veinte mil soles). También solicitó dinero al tesorero de Epsasa, Fabián Silvestre Infanzón Solier, manifestándole que era para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Gerardo Francisco Ludeña Gonzales) y para las personas que integraban las instancias superiores de dicha empresa. De ahí que se le imputa ser cómplice primario del delito de peculado doloso.

2.4. Rayda Máxima Ortiz Porras, en su condición de jefa de Control de Epsasa, en forma intencional, no cumplió sus funciones de control. Realizó arqueos simulados a fin de no poner al descubierto la apropiación del dinero de la entidad agraviada, y recibió a cambio sumas de S/ 30 000 (treinta mil soles) a S/ 50 000 (cincuenta mil soles) en forma mensual. En tal virtud, cuando en la Oficina de Control Interno se recibió el informe culminado de la auditoría de Noa Santa Cruz en el año dos mil cinco –en que se advertían los faltantes de dinero durante el año dos mil cuatro con la observación de la existencia de indicios de la comisión de un ilícito penal–, la procesada, lejos de atender las observaciones, dispuso el archivamiento del examen especial y solicitó al tesorero Fabián Infanzón Solier la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles). Por ello, se le imputa ser cómplice primaria del delito de peculado doloso.

2.5. Gerardo Francisco Ludeña Gonzales, en su condición de presidente de la Junta General de Accionistas, integró una agrupación de dos o más personas con la finalidad de sustraer en forma sistemática ingentes cantidades de dinero de Epsasa. Para ello utilizó a funcionarios públicos en puestos claves –tesorero, asesor legal, auditor interno, director y presidente del Directorio–, y cada uno cumplía un papel conducente a la apropiación del dinero y a no poner al descubierto su actuar ilícito. Asimismo, otorgó poder general y especial a favor de Edgar Mendieta Callirgos pese a quem conforme al estatuto de la empresa, no estaba facultado para delegar tal representación. Con dicho poder, el asesor legal habría estado sobre el gerente general de la empresa, hecho que resulta contradictorio e ilegal.

2.6. Javier Efraín Gonzales Alarcón, en su condición de presidente del Directorio durante el periodo dos mil tres a dos mil seis, tuvo el poder suficiente para orientar las decisiones y gestiones de control y desarrollo de la empresa, así como para colocar en puestos claves a sus coprocesados para el logro de los ilícitos penales.

En dos mil cuatro, cuando el informe de la auditoría externa a cargo de Noa Santa Cruz, correspondiente al ejercicio dos mil tres –que puso en evidencia la presencia de los ilícitos penales–, fue remitido al Directorio que presidió, el encausado optó por enviarlo a la Gerencia General y a la Oficina de Personal, sin disponer acción alguna respecto a los indicios delictivos advertidos. Solo se adoptaron acciones mínimas referentes a las responsabilidades administrativas de los servidores y funcionarios que se señalaron. Asimismo, ordenó al entonces gerente general que los pagos a favor de dicha entidad se realizaran vía depósito judicial, cuyos certificados fueron posteriormente falsificados para apropiarse de dinero. Finalmente, dispuso que toda gestión relacionada a las deudas de Colfonavi debía ser canalizada por su coprocesado Néstor Carhuas Santa Fe.

2.7. Néstor Carhuas Santa Fe presidió la comisión de pagos a favor de Colfonavi. En su condición de integrante del Directorio de Epsasa durante los años dos mil tres a dos mil seis, realizó gestiones en la ciudad de Lima con el asesor legal y el presidente del Directorio. En dos mil cuatro solicitó y sustentó ante dicho Directorio que los pagos a Colfonavi se efectuasen vía depósito judicial, para luego evitar su depósito por parte del tesorero Infanzón Solier, con la colaboración de otros funcionarios de la empresa, lo cual generó la apropiación de S/ 160 000 (ciento sesenta mil soles). Ello se puso en evidencia con el Informe número 018-2005-APSASA/NCSF, del seis de mayo de dos mil cinco.

2.8. Honorato Palomino, en su condición de gerente general de Epsasa, desde el mes de febrero de dos mil seis al treinta y uno de mayo del dos mil siete, pese a tomar conocimiento sobre el faltante de algunos depósitos judiciales a favor de Colfonavi, no adoptó una acción efectiva de control o denuncia que se prevé en la Directiva número 001-2003-EPSASA-GG. Dado el cargo que ejerció en la entidad agraviada, fue quien recibió del Directorio el resultado del examen especial practicado por la empresa auditora Noa Santa Cruz. No obstante, dispuso su remisión a la Gerencia de Administración, para luego recaer en la Oficina de Personal, como si en dicha auditoría solo se hubiesen advertido responsabilidades administrativas, a pesar de la existencia de indicios de la comisión de ilícitos penales, lo cual facilitó la apropiación de dinero de la entidad agraviada. Antes de salir vacaciones, del veinte de octubre al veinte de noviembre de dos mil seis, ya había tomado conocimiento sobre el faltante de algunos depósitos judiciales a favor de Colfonavi, pero no adoptó ninguna acción.

2.9. Julián Teódulo Gonzales Chinquillo, en su condición de gerente general de Epsasa –desde el diecisiete de febrero de dos mil uno a marzo de dos mil siete y de junio a diciembre de dos mil siete–, así como en su calidad de gerente de Ingeniería desde mil novecientos noventa y nueve, se habría desempeñado como suplente para la firma de cheques –desde el siete de febrero de dos mil tres a octubre de dos mil seis–, y suscribió títulos valores a favor de Colfonavi, los cuales fueron apropiados por el tesorero de Epsasa, Fabián Infanzón Solier, y por el asesor legal Edgar Mendieta Callirgos durante dos mil cinco. El imputado no respetó los procedimientos para la firma de los indicados títulos valores y no observó que en forma irregular se giraron cheques a nombre del propio tesorero de la empresa, en vez de darse a favor de la entidad acreedora. Como funcionario de la Gerencia de Ingeniería, no era correcto que ingresara a participar en actividades propiamente asignadas a las áreas administrativas, de gestión, financieras y contables.

2.10. Ángel de la Cruz Pomasoncco, asistente de la Oficina de Tesorería de Epsasa, desde el mes de octubre de dos mil cuatro a marzo de dos mil siete, no realizó un adecuado control de los documentos contables sobre ingresos y egresos. Tampoco organizó adecuadamente el archivo de los documentos, con lo cual facilitó que sus coprocesados continuaran operando en el tiempo, no obstante a haber estado en condición de coadyuvar con el despliegue de alguna actuación encaminada a impedir la sustracción sistemática de fondos de la entidad agraviada. Su apoyo no fue indispensable o necesario, pero facilitó la apropiación de los fondos y caudales de la empresa perjudicada.

2.11. Slim Zacarías Sánchez Otárola, asistente de auditoría de la procesada Rayda Máxima Ortiz Porras en la Oficina de Control Institucional de Epsasa, desde dos mil cuatro a dos mil seis, estuvo en condiciones de conocer la frecuencia de las coordinaciones y conversaciones en agravio de la referida empresa, y por su experiencia en temas de auditoría pudo haberse dado cuenta de las irregularidades practicadas por sus coprocesados. No obstante, con la conducta adoptada facilitó la sustracción de dinero por parte de Fabián Infanzón Solier, Rayda Ortiz Porras y Edgar Mendieta Callirgos.

2.12. Por último, la acusación hace referencia a la pericia contable elaborada por las contadoras públicas colegiadas Olga Mariela Mendoza García y Asunción Cristina Juscamaita Palomino –fojas 2434 a 2453–; y, sobre la base de esta, consigna el monto total faltante y el correspondiente a cada año faltante durante el periodo dos mil dos a dos mil seis, así como los periodos en los que laboraron los acusados tanto en la agencia principal como en la agencia de Huanta.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. La Corte Suprema, en la ejecutoria recaída en el Expediente número 77-2007, circunscribió su pronunciamiento al espacio temporal del primero de marzo al treinta de noviembre de dos mil cinco –periodo en el que se advirtió un faltante de S/ 199 920 (ciento noventa y nueve mil novecientos veinte soles), debido a que se hicieron cuatro depósitos de S/ 20 (veinte soles) cada uno. Estos eran los montos originales consignados, y se pretendió hacerlos valer por S/ 20 000 (veinte mil soles) cada depósito, y finalmente existió un faltante de S/ 120 000 (ciento veinte mil soles) que no han sido depositados–, por lo que ordenó que se remitan copias a la Fiscalía Provincial para que se investigue por las bases fácticas incriminatorias del fiscal superior que, genéricamente, daban cuenta de una supuesta apropiación mayor de caudales públicos.

3.2. En el presente proceso, el Ministerio Público no precisó la imputación –ni en su acusación escrita ni en la requisitoria oral– respecto al monto de dinero presuntamente apropiado por Infanzón Solier, ni las fechas o circunstancias en que lo hizo. El sustento fáctico se limitó a remitirse al informe elaborado por las contadoras públicas colegiadas Juscamaita Palomino y Mendoza García, que ya ha sido materia de debate pericial y que, de manera genérica, alude a un faltante de dinero sin precisar fechas o montos distintos a los señalados en la ejecutoria suprema, ni las personas que habrían realizado las apropiaciones.

3.3. El procesado Infanzón Solier reconoció que se apropió de dinero de manera sistemática en diferentes fechas desde el año dos mil dos hasta dos mil seis, pero por este hecho ya ha sido condenado; además, el Ministerio Público no ha demostrado plenamente cómo se produjo este apoderamiento.

3.4. No se precisó en la acusación fiscal cuál es la vinculación funcional de los demás procesados con el dinero apropiado, ni los fundamentos por los que se atribuye complicidad primaria o secundaria. Tampoco existe una mínima actividad probatoria en contra de ellos.

3.5. De todo esto se advierte ausencia de imputación necesaria en la acusación fiscal e insuficiencia probatoria.

3.6. La excepción de cosa juzgada y la aplicación del ne bis in idem planteadas por Infanzón Solier y Ortiz Porras, respectivamente, no pueden ampararse porque los hechos en uno y otro proceso difieren notoriamente. En este caso se les acusa de haberse apropiado de S/ 2 947 646.76 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis soles con setenta y seis céntimos) y, en mérito de lo expuesto en la ejecutoria suprema expedida en el Recurso de Nulidad número 707-20107/Ayacucho, en el otro proceso se les atribuyó un faltante de S/ 199 920 soles (ciento noventa y nueve mil novecientos veinte soles) que no fueron depositados.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1. En la ejecutoria suprema del treinta y uno de agosto de dos mil diez, expedida en el Recurso de Nulidad número 707-2010, se declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida en cuanto a que condenó a Fabián Silvestre Infanzón Solier por el delito de peculado y haber nulidad respecto a Edgar Andrés Mendieta Callirgos y Rayda Máxima Ortiz, a quienes absolvió de la acusación fiscal como coautores del delito de peculado.

4.2. La razón por la cual dicha ejecutoria suprema ordenó la expedición de copias certificadas al fiscal provincial se debió a que los hechos que sustentaron la denuncia fiscal de foja 1128, ampliada a foja 1477, y el auto apertorio de proceso de foja 1143, ampliado a fojas 1493 y 9549, correspondientes al Expediente número 77-2007, que constituyeron el marco de imputación sobre el que se desplegó la actividad probatoria durante la instrucción en ese proceso, daban cuenta de una apropiación de caudales mayor a la incriminada por el fiscal superior en su acusación –que se circunscribía al espacio temporal del primero de marzo al treinta de noviembre de dos mil cinco, respecto a un faltante de S/ 199 9200 (ciento noventa y nueve mil novecientos veinte soles) por la realización de depósitos con montos falsos y un faltante de S/ 120 000 (ciento veinte mil soles)– y que fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema.

4.3. Tanto el fundamento fáctico materia del pronunciamiento en el recurso de nulidad como aquel por el cual se ordenó la remisión de copias certificadas para su investigación judicial se derivaron de las conclusiones sobre la existencia de un monto de dinero faltante correspondiente al periodo dos mil dos a dos mil seis, a las que se arribó en el informe pericial elaborado por las contadoras públicas colegiadas Asunción Cristina Juscamaita Palomino y Olga Mariela Mendoza García.

4.4.Al ser el Expediente número 77-2007 antecedente del presente proceso, debían evaluarse como prueba trasladada las pericias y demás elementos de prueba actuados en este, en la medida en que hubiesen sido ofrecidos por el Ministerio Público en su acusación, como así ocurrió.

4.5.Sin embargo, resultaba imprescindible que en este nuevo proceso se delimitase el presupuesto fáctico materia de imputación, excluyendo de este al hecho materia de pronunciamiento en la Corte Suprema.

4.6.La acusación fiscal en el presente proceso no cumplió con realizar tal precisión y se limitó a señalar que esta vez se trataba de un monto mayor correspondiente a un periodo mucho mayor al juzgado en el Expediente número 77-2007, y volvió a repetir el monto total faltante consignado en el informe pericial antes mencionado, esto es S/ 2 947 646.76 (dos millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis soles con setenta y seis céntimos).

4.7.Esta falta de precisión ha dado origen a que la sentencia impugnada en el presente proceso señale que el encausado Infanzón Solier ya ha sido juzgado por los hechos que ahora se le imputan y, al mismo tiempo, contradictoriamente, declare infundada la excepción de cosa juzgada planteada por este, con lo que incurrió en ilogicidad de la motivación.

4.8.Igualmente se aprecia que la acusación fiscal repitió los cargos contra el acusado Mendieta Callirgos ya juzgados en el Expediente número 77-2007. No se precisa en qué difieren estos hechos –relacionados a los depósitos judiciales falsificados en el año dos mil cinco– con los que fueron materia de pronunciamiento en tal proceso.

4.9. Los acusados por complicidad primaria y secundaria no requieren tener vinculación funcional con el patrimonio apropiado; pero es necesario precisar el hecho concreto llevado a cabo por estos que constituye acto de auxilio o asistencia para la comisión del delito de peculado por parte del autor. No se cumplió, pues, con realizar tal precisión en el caso de algunos de ellos.

4.10. No basta con indicar el cargo que ocupaban los encausados dentro de la empresa agraviada en el periodo imputado o afirmar que se coludieron con el autor para la apropiación sistemática. Asimismo, se debe tomar en cuenta que, conforme lo señaló la ejecutoria suprema antes mencionada, el reproche omisivo –no haber fiscalizado el accionar del procesado Infanzón Solier– resulta ajeno al verbo típico del delito de peculado.

4.11. De modo tal que la acusación fiscal no cumplió con el principio de imputación necesaria al que hace alusión el Acuerdo Plenario número 6/2009/CJ-116, que en su fundamento 7 señala que la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado, con mención fundamentada del resultado de las investigaciones. Se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas que se imputan y que han de constituir el objeto del juicio oral.

4.12. El Colegiado Superior absolvió a los procesados sobre la base del incumplimiento de este principio; pero no tomó en cuenta que tanto el Informe Pericial número 001-2007-PJ, realizado por los contadores públicos colegiados Jorge Iván Uribarri Urbina y René Martínez Zea en el Expediente número 77-2007, como el elaborado por las contadoras públicas colegiadas Asunción Cristina Juscamaita Palomino y Olga Mariela Mendoza García –ambos ofrecidos como medios probatorios en la acusación fiscal– concluyeron en la existencia de montos de dinero faltantes en los periodos imputados, aunque diferían en cuanto a las cantidades. Esto es, acreditaban la comisión del ilícito.

4.13. No apreció que sobre la base de ello existía la necesidad de llevar a cabo diligencias obviadas por el representante del Ministerio Público, que permitiesen llevar a cabo un análisis más minucioso a efectos de esclarecer el origen, destino y legalidad de dichos montos, dado que así lo había dispuesto la Corte Suprema en el proceso judicial que originó el presente.

4.14. Con ello se vulneró el debido proceso y se incurrió en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales. Por tal motivo, debe declararse la nulidad del juicio oral y la insubsistencia de la acusación, y ordenarse la realización un nuevo juzgamiento, para lo cual deberán devolverse los autos al Ministerio Público a efectos de que precise de manera concreta los hechos y la participación de los procesados.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal supremo en lo penal:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que absolvió de la acusación fiscal a Fabián Silvestre Infanzón Solier, Edgar Andrés Mendieta Callirgos, Rayda Máxima Ortiz Porras, Gerardo Francisco Ludeña Gonzales, Javier Efraín Gonzales Alarcón, Néstor Carhuas Santa Fe, Juan Teódulo Gonzales Chinquillo, Honorato Palomino Rúa, Slim Zacarías Sánchez Otárola y Ángel de la Cruz Pomasoncco por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, en agravio de Epsasa y el Estado.

II. Asimismo, INSUBSISTENTE la acusación fiscal, por lo que deben devolverse los autos al Ministerio Público para que emita un nuevo dictamen con precisión de los cargos contra cada procesado.

III. ORDENARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, que tendrá en cuenta lo expuesto en esta ejecutoria suprema.

IV. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de origen. Hágase saber.

Intervino el señor juez supremo Arias Lazarte por periodo vacacional del señor juez supremo Figueroa Navarro.

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