TID. Presencia en el lugar de los hechos. Insuficiencia probatoria
22 mayo, 2020
Homicidio. Complicidad. Absolución. Ausencia de pruebas.
24 mayo, 2020

Principio de preclusión procesal. La posición del ministerio publico es única por el principio de indivisibilidad del ministerio público.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 1731–2015
CAJAMARCA

Preclusión procesal

Sumilla. El apartamiento del recurso por el Ministerio Público en una sentencia anterior no permite un cambio de posibilidades procesales, pues con ello se vulneraría la preclusión procesal generada por su parte, se quebraría la igualdad de armas, y se infringiría el debido proceso al procurar la dilación indebida de la causa. Por lo demás, desde otra perspectiva, la Fiscalía Suprema no aceptó la tesis impugnativa de la Fiscalía Superior y pidió se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida. El desinterés del Ministerio Público, por falta de mérito de la persecución, es ostensible. Esta imposibilidad de recurrir impide un análisis sobre el mérito jurídico de la prescripción y la suficiencia de la prueba de cargo.

Lima, diez de agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR DE CAJAMARCA contra la sentencia de fojas cinco mil quinientos setenta, de siete de noviembre de dos mil catorce, en cuanto: 1.° Declaró extinguida por prescripción la acción penal incoada contra Gumercindo Vásquez Cabanillas y otras cuarenta y dos personas por delitos de daño agravado en agravio de la Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada y el Estado – Policía Nacional del Perú – Comisaría de San Miguel y Santa Cruz; y, de violencia contra funcionario público en agravio del Capitán PNP José Luis Cáceres Soto. 2.° Absolvió a Gumercindo Vásquez Cabanillas y otras treinta y siete personas de la acusación fiscal formulada contra ellos por delito de incendio en agravio de la Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS

PRIMERO. Que el señor Fiscal Adjunto Superior en su recurso formalizado de fojas cinco mil seiscientos trece, de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, insta la anulación de la prescripción y de la absolución por una deficiente apreciación de la prueba y una incorrecta interpretación de las normas sobre prescripción. Alega que, en cuanto a los delitos de daño agravado y violencia contra funcionario público, en el que también se incluye el delito de incendio, se trata de un concurso ideal de delitos, por lo que la prescripción está en función al delito más grave: incendio; en consecuencia, la prescripción opera a los quince años, por lo que si los hechos ocurrieron en dos mil cuatro aún no ha vencido ese plazo. De otro lado, en lo atinente al delito de incendio objeto de absolución, aduce que de la prueba actuada se advierte la presencia de los imputados que incitan al desalojo del campamento minero y consta qué personas se dirigían a la multitud que se encontraba frente al campamento de la empresa agraviada.

SEGUNDO. Que, según la acusación fiscal de fojas tres mil ochocientos cincuenta y siete, ampliada a fojas cuatro mil doscientos cuatro, el día dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, como a las doce horas, los encausados –pobladores de caseríos cercanos (Pulán, El Roble, Gordillos, Achira y Saucepampa), autoridades de Tongod, dirigentes del SUTEP local y de las Rondas Campesinas de San Lorenzo, Santa Cruz y de Gordillo– se concertaron con comuneros de las rondas campesinas de los distritos de Pulán y de Tongod, en Santa Cruz y San Miguel – Cajamarca, respectivamente, y en los marcos de una movilización de protesta contra la empresa minera La Zanja, persiguieron desalojar a los trabajadores del campamento minero de la aludida empresa, a los que les dieron un plazo de dos horas para hacerlo. El citado campamento minero, instalado para efectuar exploraciones geológicas, está ubicado en la localidad de Pampa, El Bramadero, Bancuyoc, distrito de Tongod, provincia de San Miguel, en Cajamarca. A las diecisiete horas con quince minutos, como el personal de seguridad de la mina no se retiró, los imputados y otros no identificados, premunidos de palos, piedras, hondas, armas de fuego, botellas conteniendo gasolina y otros objetos contundentes, ingresaron violentamente al campamento minero –se rompió las tranqueras y cercos perimétricos– y procedieron a atacar a los efectivos policiales –limitados en número–, afectar dos unidades policiales sin comprometer su operatividad, destrozar los bienes de la empresa agraviada e incendiar las carpas, oficina de geología, módulos de vivienda, baños, sala de logueo, depósito de combustible, almacén de herramientas y de muestras de rocas de la estación meteorológica, así como tres camionetas cuatro por cuatro y un camión, entre otros bienes.

Del conjunto de imputados, la Fiscalía estima que veintitrés dirigieron los hechos e incentivaron a la multitud a los actos de violencia, de modo preferente. Son los encausados Roberto Becerra Mondragón, Ynocencio Ygnacio Ventura, Víctor Sánchez Terrones, Miguel Vargas Terrones, Oscar Romero Malca, Lorenzo Vásquez Cabanillas, Marino Suarez Ventura, Horacio Barreto Sánchez, Segundo Vásquez Suarez, Celso Santa Cruz Izquierdo, Hildebrando Becerra Sánchez, Marcos Rojas Hernández, Adilma Montenegro Santa Cruz, Segundo Mendoza Cabanillas, Juan Fernández Solano, Andruval Vásquez Suárez, Wile Suarez Salazar, María Becerra Sánchez, Maruja Chávez Balcázar, Víctor Gil Sánchez, Odelmina Becerra Becerra, Horacio Romero Montenegro y Jorge León Balcázar. Los dieciséis acusados restantes participaron en los hechos: formaron parte constitutiva de los delitos de daños y de incendio.

TERCERO. Que esta causa registra tres sentencias de instancia –las dos primeras parcialmente anuladas por este Supremo Tribunal–.

A. La primera sentencia de fojas dos mil novecientos cincuenta, de once de diciembre de dos mil siete, declaró extinguida la acción penal por fallecimiento del encausado Salatiel Romero Malca, declaró fundada de oficio la prescripción respecto a cuarenta y un encausados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en agravio de Capitán Policía Nacional del Perú –en adelante PNP– Cáceres Soto y el Estado, absolvió a cuarenta imputados por el delito de robo agravado en agravio de la empresa Minera La Zanja, absolvió a Demicio Mendoza Paredes de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de homicidio en agravio de Juan Montenegro Lingán, así como condenó a treinta y cuatro imputados por los delitos de daño agravado y de incendio en agravio de la Empresa Minera La Zanja, delito daño agravado en agravio de la PNP, Estado y Empresa Minera La Zanja, y delito de violencia contra funcionario público en agravio del Capitán PNP Cáceres Soto y el Estado.

B. La Corte Suprema ratificó la sentencia antes indicada en un extremo y la anuló respecto a los delitos de daño agravado e incendio en agravio de la Empresa Minera La Zanja, daño agravado en agravio de la PNP y el Estado, y violencia contra funcionario público en agravio de Cáceres Soto y el Estado [Ejecutoria Suprema de fojas tres mil ochenta y ocho, de trece de mayo de dos mil nueve].

C. La segunda sentencia de instancia de fojas tres mil setecientos cuarenta, de veintiséis de julio de dos mil diez, declaró extinguida por fallecimiento la acción penal incoada contra Lorenzo Mondragón Sánchez y Víctor Alejandro Samamé Puelles por delito de incendio en agravio de la Empresa Minera La Zanja, por delito de daño agravado en agravio de la PNP y el Estado, por delito de violencia contra funcionario público en agravio de Cáceres Soto y el Estado, y, contra el primero, por delito de robo agravado en agravio de la empresa Minera La Zanja; y, absolvió a treinta y ocho imputados de la acusación fiscal por delitos de incendio en agravio de la empresa Minera La Zanja, daño agravado en agravio de la PNP, el Estado y la empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada, y por delito de violencia contra funcionario público en agravio de Cáceres Soto y el Estado.

D. La Ejecutoria Suprema de fojas tres mil ochocientos treinta y siete, de dieciocho de mayo de dos mil once, ante el recurso de nulidad de Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada, declaró nula la absolución respecto de los delitos de incendio y daño agravado en agravio de empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los demás delitos no fueron materia de impugnación.

E. La tercera sentencia de instancia –objeto del presente recurso de nulidad, esta vez exclusivamente el Representante del Ministerio Público– se pronunció por los delitos de daño agravado en agravio de Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada, El Estado – PNP, y de violencia contra funcionario público en agravio de Cáceres Soto (declaró prescrita la acción penal). Y, absolvió a treinta y ocho imputados de la acusación fiscal por delito de incendio en agravio de Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada.

CUARTO. Que si se toma en cuenta la segunda sentencia de instancia anulada y el recurso de la parte civil Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada, solo correspondía pronunciarse por los delitos en agravio de dicha empresa (incendio y daño), con exclusión de todos los demás. En consecuencia, esta tercera sentencia de instancia se excedió al pronunciarse por el delito de daño agravado en agravio del Estado – PNP y de violencia contra funcionario público en agravio de Cáceres Soto.

De otro lado, la extinción de la acción penal por fallecimiento respecto de Lorenzo Mondragón Sánchez y Víctor Alejandro Samamé Puelles debe comprender el delito de daño agravado en agravio de la Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada, porque la segunda sentencia de instancia no comprendió ese ilícito penal.
Asimismo, conforme se advierte del dictamen fiscal de fojas de tres mil ochocientos cincuenta y siete, de uno de diciembre de dos mil once y de la resolución de fojas tres ochocientos ochenta y uno, de dieciséis de enero de dos mil doce, la encausada Gabriela Bustamante también fue procesada por delito de incendio en agravio de la Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada; y, por error material, no ha sido nombrada en la parte decisoria de la sentencia recurrida.

Finalmente, llama la atención la ausencia de sólidos criterios de imputación jurídico penal para atribuir responsabilidad penal, por lo menos, a los dirigentes respectivos en delitos cometidos en el ámbito de la actuación individual en el marco ejecutivo de una actividad violenta y concertada de una muchedumbre, de la que ellos eran parte. No es posible, asimismo, abordar, desde las instancias probatorias, un delito colectivo como si fuese un delito individual.

QUINTO. Que, ahora bien, si se atiende al hecho de que la Fiscalía Superior no recurrió la segunda sentencia por delitos de incendio y de daño agravado, luego, no es posible que al emitirse la tercera sentencia, que reprodujo la absolución por el delito de incendio y declaró extinguida por prescripción la acción penal por delito de daño agravado, impugne por primera vez estos mismos extremos.

La posición de la Fiscalía es única, así se desprende del principio de unidad e indivisibilidad del Ministerio Público. La segunda nulidad dictada por este Supremo Tribunal acogió las razones de la parte civil, Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada, de las que ya se había apartado la Fiscalía y decidió aceptar el fallo. No se ha producido un cambio relevante en la causa, por razones o hechos sobrevinientes, que obligue a una defensa de la legalidad por encima de su posición inicial, por lo que el presupuesto procesal subjetivo del recurso no se cumple. Si la Fiscalía Superior estimó que no cabía insistir en la fundabilidad de los cargos respecto de ambos delitos –aun cuando ahora, respecto del delito de daños, se recurra al archivo de la causa por prescripción, pero con igual efecto de archivo definitivo de la causa– y por ello no interpuso recurso alguno contra la sentencia de instancia, no es posible que ante una tercera sentencia recién cambie de posición procesal. El apartamiento del recurso por el Ministerio Público en una sentencia anterior no permite un cambio de posibilidades procesales, pues con ello se vulneraría la preclusión procesal generada por su parte, se quebraría la igualdad de armas, y se infringiría el debido proceso al procurar la dilación indebida de la causa. Entre la nulidad de un fallo y la aceptación previa de su contenido no puede alegarse que se está ante una nueva situación procesal que no vincule su posición procesal con la opción anteriormente asumida, pues la causa sigue siendo la misma.

Por lo demás, desde otra perspectiva, la Fiscalía Suprema no aceptó la tesis impugnativa de la Fiscalía Superior y pidió se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida. El desinterés del Ministerio Público, por falta de mérito de la persecución, es ostensible.

El recurso acusatorio debe rechazarse de plano y así se declara. Esta imposibilidad de recurrir impide un análisis sobre el mérito jurídico de la prescripción y la suficiencia de la prueba de cargo.

DECISIÓN

Por estas razones, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal: I. Declararon NULO el auto de fojas cinco mil seiscientos veinticuatro, de once de marzo de dos mil quince; e INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por el señor Fiscal Adjunto Superior de Cajamarca de fojas cinco mil seiscientos trece; en los seguidos contra Gumercindo Vásquez Cabanillas y otras cuarenta y dos personas por delitos de daño agravado en agravio de la Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada y el Estado – Policía Nacional del Perú – Comisaría de San Miguel y Santa Cruz; y, de violencia contra funcionario público en agravio del Capitán PNP José Luis Cáceres Soto y el Estado; y, contra Gumercindo Vásquez Cabanillas y otras treinta y siete personas por delito de incendio en agravio de la Empresa Minera La Zanja Sociedad de Responsabilidad Limitada. II. RECOMENDARON al Tribunal Superior dicte una resolución complementaria a fin de que se cumpla con subsanar lo que se indica en el fundamento jurídico cuarto de la presente Ejecutoria. III. DISPUSIERON se remitan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley. Hágase a las partes personadas en esta sede suprema.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest