CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 2485-2018
LIMA

Nula la sentencia absolutoria:

Resulta razonable anular la sentencia impugnada y convocar a un nuevo juicio oral, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 298, numeral 1, 299 y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 394), emitida por la Tercera Sala Penal Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que absolvió a Marco Antonio Quincho Núñez como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve y Fernando Rafael Camino Urriaga; con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Imputación fiscal

Primero. Como se aprecia de la acusación fiscal (foja 259), se formula la siguiente imputación:

1.1. Se atribuye al encausado Marco Antonio Quincho Núñez que, contando con la participación de otro desconocido, despojó violentamente a los agraviados Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve y Fernando Rafael Camino Urriaga, de dinero en efectivo por el monto de USD 84 329.50 (ochenta y cuatro mil trescientos veintinueve dólares con cincuenta centavos), producto de un cobro de dos cheques de Gerencia no negociables, que se hicieron efectivos en la agencia de Proseguir del Banco de Crédito del Perú, ubicada en la avenida Morro Solar, jurisdicción del distrito de Surco. Los hechos se suscitaron el catorce de enero de dos mil diez, fecha en que, aproximadamente las 13:40 horas, en circunstancias en que los agraviados, luego de haber efectuado la operación bancaria mencionada, se retiraron junto a Estela Teresa Cazeneuve Alvarado, a bordo del vehículo de placa de rodaje número SGC-089, conducido por Arturo Rojas Vásquez; poco antes de llegar a su vivienda, ubicada en el jirón Carlos Cueto Fernandini número 218, urbanización Vista Alegre, jurisdicción del distrito de Surco, dos sujetos descendieron del vehículo de placa de rodaje número BOL-038, y provistos de armas de fuego los interceptaron, y bajo amenazas y golpes sacaron la llave de contacto del vehículo donde viajaban los agraviados, se dirigieron a Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve y Fernando Rafael Camino, a quienes hicieron descender del vehículo para obligarlos a entregar el dinero que llevaban consistente en USD 80 000 (ochenta mil dólares) y USD 4329.50 (cuatro mil trescientos veintinueve dólares con cincuenta centavos), respectivamente, además de documentos personales, tarjetas de crédito y teléfonos celulares, para de inmediato darse a la fuga con dirección a la avenida Velasco Astete, Surco.

1.2. El diez de marzo de dos mil diez, aproximadamente a las 20:00 horas, como consecuencia de un operativo para capturar a los integrantes de la organización criminal autodenominada Marcas de Prosegur, personal policial intervino al procesado Marco Antonio Quinche Núñez, por inmediaciones de la intersección formada por los jirones Manuel García y Ramón Guerrero, Pamplona Baja, jurisdicción de San Juan de Miraflores, al encontrarlo en actitud sospechosa; el encausado pretendió darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fue capturado, pese a la tenaz resistencia que opuso. Dentro de las investigaciones policiales efectuadas con relación a esta detención, se tuvo información confidencial de que este sujeto estaba involucrado en el robo en perjuicio de los agraviados Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve y Fernando Rafael Camino Urriaga, quienes reconocieron a este sujeto como uno de los autores del robo en su perjuicio.

II. Expresión de agravios

Segundo. El representante del Ministerio Público, en su recurso de nulidad (foja 412), alegó lo siguiente:

2.1. La intervención de Marco Antonio Quincho Núñez, del primero de febrero de dos mil diez, aproximadamente entre las 06:00 y las 07:00 horas, por personal de la División de Investigación Criminal de Barranco-Chorrillos. Se halló en poder del encausado un arma de fuego, lo que fue admitido por el encausado en su manifestación policial (fojas 16 a 20), el arma fue incautada y sometida al Dictamen Pericial de Balística Forense número 5565/5570. Este evento motivó el Proceso Penal número 05905-2010 en su contra por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y otro.

2.2. La Sala no explicó el motivo por el que las actas de reconocimiento fotográfico del encausado adolecen de las exigencias de ley, ni por qué no pueden ser consideradas pruebas de cargo; por tanto, se evidencia falta de motivación.

2.3. La Sala señaló que las diligencias de reconocimiento se efectuaron después de dos meses de acontecidos los hechos de juzgamiento y que se carecería de prueba válida de cargo; sin embargo, la Sala pasó por alto que estas circunstancias revelan una persistencia en la incriminación.

2.4. La declaración del agraviado Fernando Rafael Camino Urriaga no debe ser empleada para desvirtuar el testimonio de la agraviada Juana Yanina Urriaga Cazeneuve, en razón a que ella pudo ver de modo directo y sin obstáculos a su perpetrador, y quedó impresionada por la imagen del asaltante que se procuraba sus pertenencias, por lo que pudo reconocer de modo válido e incuestionable al agente, incluso a pesar del tiempo transcurrido, cerca de dos meses desde el momento del hecho denunciado.

2.5. Con relación a la testimonial de Arturo Rojas Vásquez, en su condición de conductor del vehículo, se tiene que trasladó a los agraviados hacia su domicilio y que, en su declaración testimonial (fojas 88 a 90), no descartó contundentemente reconocer al imputado, pues señaló que, según la fotografía del procesado que se le mostró, este tendría un parecido con el sujeto que le apuntó con un arma de fuego, pero que resultaba bastante improbable que pudiera efectuar un reconocimiento válido por el momento de súbito estresor que padeció. Por tanto, este testimonio tampoco debería servir para descartar tan sencillamente la sindicación directa que la víctima realizó hacia su perpetrador.

2.6. No se explica razonablemente la justificación que la Sala Superior hace del testimonio del acusado, que antepone a los testimonios de cargo.

2.7. La testimonial de Benigna Edelmira Quiroz Gómez (fojas 72 y 73), propietaria del vehículo BOL-038, el cual presuntamente habría sido utilizado en el robo, se estimó que un documento con contenido ajeno al propio vehículo y la mera declaración de su propietaria sirvieron para situar a la unidad en otro lugar y no en el de los acontecimientos.

2.8. Sobre el Dictamen Pericial de Balística Forense número 5565-557 (fojas 120 y 121), el Tribunal no tuvo en cuenta que si bien en la fecha de la captura del acusado –ocurrida el diez de marzo de dos mil diez– no se halló en su poder arma de fuego, el primero de febrero de dos mil diez fue intervenido en poder de un arma de fuego, la cual pudo ser el arma empleada en ocasión del robo del catorce de enero de dos mil diez.

III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. La garantía de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia, expedida tanto por esta Suprema Corte como por el Tribunal Constitucional. Así, el Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, fundamento jurídico undécimo, expresa lo siguiente:

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental […]. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma – analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que permita conocer, aun de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC, fundamento jurídico sexto, sostuvo lo siguiente:

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

Cuarto. Del análisis de la recurrida se advierte una motivación insuficiente, porque no cuenta con razones mínimas que sustenten la decisión. En efecto, se valoró erróneamente el acta de reconocimiento físico (foja 83) y el acta de reconocimiento fotográfico (foja 85), al señalar que si bien “cuentan con la presencia del representante del Ministerio Público, las mismas no reúnen las exigencias requeridas para ser consideradas pruebas de cargo. Tanto más si dicha diligencias se realizaron después de dos meses de ocurridos los hecho-materia de juzgamiento”. Al respecto, es de señalar la declaración de la agraviada Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve (foja 23), del catorce de enero de dos mil diez –día de los hechos-, en que la agraviada describió las características de la persona que le arrebató su cartera, esto es: “cabello, ondeado corto, de aproximadamente 35 a 40 años de edad, tez trigueña, ojos chicos, nariz chica, de frente amplia, vestía ropa de vestir, con zapatos negros”. Por otro lado, si bien el acta de reconocimiento físico se realizó el doce de marzo de dos mil diez, tiempo después de ocurridos los hechos, no se advierte que esto debilite su valor probatorio, ya que la referida agraviada, en su primigenia declaración (día de los hechos), pese a no señalar el nombre del encausado (quien la apuntó con un arma y le arrebató su bolso), indicó determinados rasgos y características; lo mismo ocurre con el acta de reconocimiento fotográfico, del cinco de marzo de dos mil diez. Ambos documentos se suscribieron con presencia del fiscal y, por tanto, tienen eficacia probatoria.

Quinto. Respecto a la declaración del agraviado Fernando Rafael Camino Urriaga, la Sala Superior sostuvo que él: “No puede reconocer al acusado como uno de los autores del robo del bolso de su señora madre, ya que ella estuvo del otro lado del vehículo mientras que él era agredido por un segundo sujeto”, y como conclusión: “Por lo tanto sus declaraciones resultan ser débiles para sostener una tesis incriminación en contra del acusado […]”. De lo señalado anteriormente, si bien el agraviado no puede reconocer al encausado Marco Antonio Quincho Núñez como la persona que agredió a su madre (la agraviada), esto se explica en razón de que el agraviado se encontraba al otro lado del vehículo, por tanto la persona que debe reconocer al encausado Marco Antonio Quincho Núñez es la agraviada Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve, no el agraviado Fernando Rafael Camino Urriaga, pues quien le arrebató su canguro fue un sujeto no identificado.

Sexto. Ahora bien, la Sala Superior señala que la declaración de Arturo Rojas Vásquez se contradice con la declaración de la agraviada Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve porque, en diligencia de confrontación (foja 243), ella indicó que el acusado no es la persona que la apuntó con el arma, ya que quien lo hizo tenía corte militar. Al respecto, se debe señalar que este testigo fue quien conducía el vehículo donde los agraviados se trasladaban con dirección a su domicilio y que, en declaración testimonial (foja 88), al ponérsele a la vista la ficha de Reniec del encausado para su reconocimiento, señaló: “tiene un gran parecido, aunque lo ideal sería verlo en vivo y en directo”. Por tanto, si bien no reconoció, tampoco negó que sea el encausado; además, se debieron valorar todas sus declaraciones en forma individual y conjunta, así como las declaraciones de la agraviada, quien a lo largo del proceso ha sido coherente y persistente en sindicar al encausado.

Séptimo. Frente a dicho juicio de responsabilidad, el encausado Marco Antonio Quincho Núñez, en manifestación policial (foja 16), instructiva (foja 148) y en juicio oral (foja 310), señaló dedicarse al servicio de taxi –de color amarillo, tico, de placa de rodaje número AOG-763, propiedad del señor Alfredo Lévano Ruiz–, y que el día de los hechos (catorce de enero de dos mil diez), estuvo trabajando en el servicio de taxi desde las 6:45 horas; al mediodía, fue a la farmacia a comprar un rehidratante que llevó a casa de su pareja, Eliana Janet Atencio Pulido, hasta las 15:00 horas, y siguió trabajando hasta las 23:00 horas.

Octavo. En esa línea de ideas, de acuerdo con las consideraciones señaladas, es necesaria la concurrencia de los agraviados Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve y Fernando Rafael Camino Urriaga a juicio oral, así como de Alfredo Lévano Ruiz para que declare si el día de los hechos, el encausado estuvo brindando el servicio de taxi con el vehículo de su propiedad.

Noveno. En consecuencia, para garantizar el debido proceso y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales –de acuerdo con el artículo 139, apartado 5, de la Constitución Política del Estado–, se debe declarar la nulidad de la sentencia y ordenar que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, teniendo en cuenta los fundamentos precedentes en la presente ejecutoria suprema, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 298, numeral 1, 299 y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 394), emitida por la Tercera Sala Penal Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que absolvió a Marco Antonio Quincho Núñez como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Juana Yanina Aída Urriaga Cazeneuve y Fernando Rafael Camino Urriaga; con lo demás que al respecto contiene.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, tomando en cuenta los argumentos señalados en la presente ejecutoria suprema; y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por periodo vacacional de la señora jueza suprema Chávez Mella.

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