Nulidad. Falta de análisis racional de las declaraciones del agraviado
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TID. Violación al derecho a la prueba
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO DE APELACIÓN NCPP Nº 03-2015 -San Martín

Sumilla: Del examen y valoración global de los hechos y las pruebas actuadas en primera instancia, bajo los principios de inmediación y del contradictorio, así como de lo debatido en la audiencia de apelación, se ha establecido que el procesado solicitó dinero a fin de que influya en la decisión de una investigación fiscal que se encontraba a su cargo.

APELACIÓN DE SENTENCIA

Lima, trece de octubre de dos mil quince

VISTOS: En audiencia pública; el recurso de apelación interpuesto por el procesado Roger Rodríguez Reátegui;  llevado a cabo la actuación de la prueba ofrecida por la defensa, y oída la última palabra del imputado, de conformidad con lo previsto por el artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Penal.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.

ANTECEDENTES

Primero. Que la Primera Fiscalía Superior Penal de Moyobamba, mediante requerimiento de acusación que en copias certificadas corre a fojas ochenta y dos del presente cuadernillo, aclarado mediante dictamen que corre en copias certificadas a fojas ciento diecinueve, formuló acusación contra Roger Rodríguez Reátegui como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de la Región San Martín; y solicitó que se le imponga a dicho acusado once años y seis meses de pena privativa de libertad; inhabilitación conforme al numeral dos, del artículo treinta y seis del Código Penal, por el término de cinco años; y quinientos treinta y dos días-multa a razón del treinta por ciento de su ingreso diario, que ascenderá a tres mil novecientos noventa nuevos soles.

Segundo. Que, la Sala Penal Especial de Moyobamba, llevó a cabo la audiencia preliminar de control de acusación, conforme consta del acta que en copia consta a fojas mil cincuenta y cinco.

Posteriormente se dictó el correspondiente auto que declaró fecha y hora para el juicio oral conforme al procedimiento legalmente previsto.

Tercero. Que, la Sala Penal Especial de San Martín, emitió la sentencia de primera instancia, de fojas mil quinientos treinta y cinco, del denominado «Cuaderno de Debate», de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, que condenó a Roger Rodríguez Reátegui, como autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado. El mencionado procesado apeló el fallo condenatorio y lo fundamentó mediante escrito de fojas mil quinientos noventa, del acotado «Cuaderno de Debate».

Cuarto. Que, elevada la causa en mérito al recurso de apelación contra la referida sentencia condenatoria. Asimismo, con fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas ciento veintiséis del presente cuadernillo, este Supremo Tribunal declaró bien concedido el recurso de apelación y ordenó que se notifique a las partes para que de ser el caso, ofrezcan medios probatorios conforme al artículo cuatrocientos veintidós del Código Procesal Penal.

Seguidamente, este Tribunal Supremo por decreto de fecha tres de julio de dos mil quince, corrió traslado a las partes contrarias para la absolución de agravios correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo cuatrocientos veintiuno del Código Procesal Penal.

Quinto. Que apersonados a la instancia los sujetos procesales, únicamente la defensa técnica del procesado ofreció nuevos medios probatorios, mediante escritos de fojas ciento treinta seis y doscientos diecinueve. Por resolución de fecha tres de julio de dos mil quince, de fojas trescientos dieciocho, se admitió sólo tres de las diversas pruebas ofrecidas por la defensa del apelante.

Sexto. Que instruido el expediente en Secretaría, señalada la fecha para la audiencia de apelación el día quince de septiembre de los corrientes, instalada la misma, y realizados los pasos que corresponden conforme al acta que antecede, con las intervenciones del Fiscal Supremo, el procesado recurrente, así como de su abogado defensor, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

Séptimo. Que deliberada la causa en secreto y votada el día de la fecha, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia de apelación, cuya lectura en audiencia pública -con las partes que asistan- se realizará por la Secretaria de la Sala el día trece de octubre de dos mil quince.

CONSIDERANDO

Objeto de impugnación

Octavo. Que es materia de grado la sentencia de primera instancia, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, de fojas mil quinientos treinta y cinco del «Cuaderno de Debate», que lo condenó como autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, a once años de pena privativa de libertad, que computada desde el once de septiembre de dos mil trece, con el descuento de carcelería que viene sufriendo, vencerá el diez de septiembre de dos mil veinticuatro; lo condenaron a pagar trescientos sesenta y cinco días-multa a favor del Estado, por un monto ascendente al diez por ciento de su ingreso mensual; asimismo, lo inhabilitaron por el lapso de cinco años, conforme a los incisos uno y dos del artículo treinta y seis del Código Penal; y fijó en la suma de treinta mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada; finalmente, le impusieron el pago de costas procesales

Fundamentos del recurso de apelación

Noveno. Que no obstante lo extenso de los agravios expuestos por la defensa del recurrente en su recurso de apelación, estos se pueden sintetizar en los siguientes.

a) El Colegiado ha omitido realizar un examen y motivar cada hecho y circunstancia que a su criterio se da por probada, pero también por improbada.

b) Se ha incurrido en una valoración parcializada de las testimoniales actuadas durante el proceso penal, como son las de Roberth Duran de la Cruz, Manuel Duran Raico, Angélica Bobadilla Pérez de Vallejos y Elda Vela Vela, interpretando y haciendo mención sólo de extractos que apoyan la condena, pero sin hacer mención o guardar silencio, respecto a la información que favorecía y concordaba con la tesis de la defensa.

c) La sentencia se sustentó en que las pericias de fonética forense realizadas por los peritos de la Policía Nacional del Perú y el Instituto de Medicina Legal, devienen en no sustanciales al proceso; sin embargo, luego las valora como pruebas de cargo y de convicción para arribar a una condena.

d) La Sala contradictoriamente en uno de sus considerandos subroga el criterio pericial y asume un criterio decisionista, basando su conclusión, en que luego de haber escuchado directamente a Rodríguez Reátegui al defenderse materialmente en audiencia previa al juicio, es posible afirmar que la voz que se escucha en las grabaciones del uno, siete y doce de marzo de dos mil trece, corresponden al imputado Rodríguez Reátegui.

Se asume una posición parcializada, toda vez, que se valora la versión inicial del denunciante, pero no existe ningún pronunciamiento ni valoración respecto de las declaraciones testimoniales que posteriormente brinda Roberth Duran de la Cruz

f) Está suficientemente demostrado que la primera versión que otorga el denunciante Roberth Duran de la Cruz es falsa, pues este sostuvo inicialmente, que el imputado Rodríguez Reátegui le solicitó dinero el veinticinco de febrero en su Despacho y vía comunicación telefónica también los días veinticinco, veintiocho de febrero y tres de marzo de dos mil trece, pese a ello, se ha verificado en el curso de las investigaciones, que los días que señaló, únicamente se tiene la llamada del veintiocho de febrero del año antes mencionado, pues está acreditado que nunca concurrió el veinticinco de febrero de dos mil trece al local de la Fiscalía.

Imputación penal

Décimo.Que, conforme al requerimiento de acusación, se atribuye a Roger Rodríguez Reátegui en su condición de Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nueva Cajamarca, teniendo a su cargo la conducción de la investigación contra el ciudadano Roberth Duran de la C1uz, por actos contra el pudor de menor de seis años de edad, le solicita dinero para que realice actos de investigación que le favorezcan. Dichos pedidos fueron en forma directa, personal, así como también por vía de comunicación telefónica, un veintiséis de febrero de dos mil trece, cuando el ciudadano Duran de la Cruz fue a visitarlo a su Despacho, donde éste, luego de indicarle que su caso estaba grave, le solicitó la suma de tres mil nuevos soles, para que lo favorezca, pedido telefónico que fue a partir del día siguiente de la visita. Asimismo, a partir del veintisiete de febrero de dos mil trece, comienzan las sucesivas llamadas al teléfono de propiedad de investigado por actos contra el pudor a su número 950865380, llamadas salientes del teléfono personal de la línea Claro del acusado 997078257, siendo que una de estas fue grabada por Roberth Duran de la Cruz, la misma que data de fecha uno de marzo de dos mil trece y que se encuentra transcrita. Siendo los pedidos en dichas llamadas de un mil nuevos soles y de mil quinientos nuevos soles, como adelanto de lo que ya le había solicitado.

Como consecuencia de dicho pedido fue interpuesta la denuncia por parte del ciudadano Roberth Duran de la C1uz ante el Órgano de Control Interno de Moyobamba, siendo acompañado de su señor padre, Manuel Duran Raico, quienes participan en el operativo denominado «Operación contra Magistrado en Flagrancia», por lo que, previamente al operativo se realizaron dos comunicaciones telefónicas al número 997078257, de donde provenían las llamadas de solicitud, en estas conversaciones se identifican las partes y establecen el día y hora para el encuentro, produciéndose este el doce de marzo de dos mil trece, a horas cinco de la tarde aproximadamente.

En el interior del Despacho Fiscal, Roberth Duran de la Cruz, su papá Manuel Duran Raico y el acusado, siendo ya en horario fuera de trabajo, es que Roberth Duran de la Cruz ante la indicación del acusado Roger Rodríguez Reátegui, ingresó al baño y dejó los cuatrocientos nuevos soles que era parte del dinero solicitado y siendo que los cuatrocientos nuevos soles habían sido identificados, previamente con la participación del Órgano de Control Interno. Luego que salen los señores Duran de la Cruz y Duran Raico, hacen su ingreso miembros de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, la doctora América Ayasta en su condición de Jefa, el doctor Mamani en su condición de Fiscal Provincial, quienes ingresan y ubican el dinero dejado por Roberth Duran de la Cruz en los servicios higiénicos, que era de uso exclusivo del Despacho, sobre el lavatorio, verificándose que la puerta del baño se encontraba abierta y a donde el acusado tenía contacto visual, acreditándose así que se encontraba bajo su esfera de dominio. Finalmente, se tiene que sobre la visita, las conversaciones también fueron objeto de grabación, mediante un lapicero, tipo espía, que gravaba y filmaba. Grabación que se encuentra también trascrita

Acerca del delito de cohecho pasivo propio

Décimo primero. El sustento fáctico de la acusación fiscal que es materia de pronunciamiento, ha sido encuadrado en el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, previsto y sancionado por el segundo párrafo del artículo trescientos noventa y cinco del Código Penal, que establece: «El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, miembro del Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa no menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación , conforme a los incisos uno y dos del artículo treinta y seis del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa».

Estamos frente a un tipo penal de cohecho pasivo propio de carácter específico. La corrupción de un Magistrado, sea Juez o Fiscal, siempre ha sido un tema en grado sumo delicado, por cuanto es este especial funcionario quien encarna y representa la justicia oficial de un país. Se considera, pese a no estar ello normativizado, que un Magistrado es una persona excelso, siempre por encima de las pequeñeces mundanas, que reúne las mejores y óptimas calidades profesionales, de probidad, formación jurídica, inteligencia, sabiduría y sensibilidad social. Por ello es que repugna a la conciencia del colectivo social la existencia de Jueces y Fiscales cohechadores, de aquellos sujetos que miran la judicatura como un botín o una tienda donde desarrollar sus  cualidades de mercaderes. Son estas las únicas razones de la elevada pena privativa de libertad que establece el Código Penal peruano.

Décimo segundo. Que el bien jurídico específico tutelado está dirigido a preservar la regularidad e imparcialidad en la correcta administración de justicia en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, así como los criterios de objetividad que rigen igualmente en dichos ámbitos de ejercicio público.

El medio rector en esta modalidad atribuida es la de solicitar, donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio.

El sujeto activo debe tener plena conciencia que la complacencia del que accede a la solicitud o entrega de donativo, promesa o ventaja está dirigida a influir (ejercer presión o fuerza moral) o decidir un asunto sometido a conocimiento o competencia de dicho sujeto (o sujetos).

El contexto del asunto sometido a decisión de los autores observa una extensa amplitud ( juicios civiles, penales, administrativos, laborales, etc). El tipo penal se refiere a la decisión de un asunto que deba ser tomado por el autor del delito. Un «asunto» alude tanto a la serie de actos que conforman el procedimiento, que puedan incluir resoluciones menores, como decisiones sustantivas: comparecencia, medidas de embargo, mandatos de detención, concesión de libertades provisionales, apelaciones, inhabilitación, laudos arbitrales, dictámenes periciales, archivamiento de procesos, dictámenes fiscales, decisiones administrativas, resoluciones del Tribunal Constitucional, etc.1

Décimo tercero. Que cabe precisar, que se trata de un cohecho pasivo antecedente, donde está implícito -aún cuando el tipo penal no lo pone de manifiesto- el favorecimiento o daño de una de las partes en un proceso judicial o administrativo o en los resultados de un dictamen; así como la infuncional conducta del sujeto activo que, estando al tanto de las intenciones, solicita un beneficio, corrompiéndose y lesionando los intereses de la administración pública al vulnerar el principio de imparcialidad y objetividad de todo proceso sometido a decisión.

Del ofrecimiento de medios de prueba en segunda instancia

Décimo cuarto. Que, habiéndose cumplido el plazo de los cinco días otorgados a las partes a fin de presentar medios probatorios, la defensa técnica del apelante, mediante escrito de fojas ciento treinta y seis y doscientos diecinueve del presente cuadernillo, presentó aproximadamente quince pruebas; sin embargo, por resolución de fecha tres de julio de dos mil quince, de fojas trescientos dieciocho del presente cuadernillo, este Supremo Tribunal Apelación declaró improcedente la mayoría de las pruebas ofrecidas por la defensa del recurrente, admitiendo sólo tres de ellas, entre las cuales se encontraban, la concurrencia de los peritos Luis Tito Loyola Mantilla del Instituto de Medicina Legal y Pedro José Infante Zapata de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú; asimismo, quince tomas fotográficas; y un informe de la Empresa de Telecomunicaciones «Claro, las que se actuaron durante la audiencia de apelación, conforme consta del audio de su propósito.

De la audiencia de apelación

Décimo quinto. Que la audiencia de apelación se llevó en dos sesiones, los días quince y veintidós de septiembre de dos mil quince, habiendo concurrido a la Sala de audiencias el abogado defensor del apelante, así como el señor Fiscal Adjunto Supremo, mientras que el sentenciado Roger Rodríguez Reátegui intervino por intermedio de video-conferencia desde la ciudad de San Martín, también con la asistencia de otro letrado; asimismo, concunieron los peritos Luis Tito Loyola Mantilla del Instituto de Medicina Legal y Pedro José Infante Zapata de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, quienes en su debida oportunidad realizaron sus intervenciones orales, incluso, los peritos en cuestión fueron sometidos a un debate pericial; finalmente, el sentenciado haciendo uso de la autodefensa hizo uso de su última palabra, conforme con lo previsto en el artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Penal.

Sobre el fondo del asunto

Décimo sexto. Que cabe precisar, que este Supremo Tribunal de apelación, por disposición del artículo cuatrocientos veinticinco, apartado dos, del Código Procesal Penal, no valorará independientemente prueba actuada en el juicio de primera instancia, que no sea la pericial, documental, preconstituida y anticipada.

Por imperio del artículo cuatrocientos nueve, apartado uno, del Código Procesal Penal, se concentrará a examinar la pretensión y argumento impugnatorio de la parte recurrente y, por cierto, contrastarlas con las alegaciones de las partes contrarias y en especial con el mérito de la sentencia apelada; todo ello, sin perjuicio de que también se meritúen las pruebas ofrecidas en esta instancia.

Décimo séptimo. Que el apelante sostiene que la Sala Penal Especial de San Martín ha omitido realizar un examen y motivar cada hecho y circunstancia que a su criterio se da por probada, pero también los hechos que se dan por improbados.

Tal atingencia no se ajusta a la realidad de los actuados, pues la recurrida sí realiza un juicio de hecho en donde concluye qué circunstancias están probadas; así por ejemplo, en el considerando 4.7, se concluyó que el denunciante Roberth Duran de la C11.1z, estuvo inmerso en una investigación por actos contra el pudor de una menor de seis años y que dicha investigación estuvo a cargo del ahora imputado Roger Rodríguez Reátegui, en su condición de Fiscal Provincial. De otro lado, también se concluyó que Duran de la Cruz por motivos de la investigación que se le seguía concurrió al Despacho del entonces Fiscal Rodríguez Reátegui.

Todos estos hechos probados para la Sala Penal Especial de San Martín, no  han sido cuestionados por la defensa del apelante y por ende tienen virtualidad probatoria. La controversia gira, en rigor, respecto a lo sucedido con posterioridad a la primera entrevista sostenida por el imputado con el entonces investigado Duran de la Cruz, desde cuya data se atribuyen llamadas desde el teléfono celular del imputado hacia el denunciante Duran de la Cruz en las que se solicitaba una suma de dinero a fin de favorecerlo, pero sobre las cuales, el Colegiado de juzgamiento también arribó a específicas conclusiones en los fundamentos jurídicos de la recurrida, que se harán mención mas adelante, en concordancia con los otros agravios propuestos por la defensa.

Lo cierto es que sí se estableció cuáles eran los hechos probados.

Décimo octavo. Que otra de las pruebas que generaron certeza en el Colegiado estuvo constituido por el hecho de que a su criterio se corroboró que desde el celular número 997078257, cuyo titular es el imputado Rodríguez Reátegui se realizaron llamadas al celular número 950865380, de propiedad del entonces denunciante Roberth Duran de la Cruz, los días veintisiete y veintiocho de febrero, así como los días uno y cuatro de marzo de dos mil trece, por un total de dieciséis llamadas; asimismo, no puede dejar de advertirse que no se registró ninguna llamada de devolución.

Cobra mayor relevancia la prueba ofrecida por la propia defensa del imputado, cuando ofreció como prueba en segunda instancia o de apelación, un informe de la Compañía de Teléfonos Claro, que corre inserto en el presente cuadernillo y que, cuando fue puesto en conocimiento de las partes procesales durante la audiencia de apelación, ninguno de ellos objetó u observó la información que se consignaba en dicho documento.

Lo cierto es que en este documento una vez más se informa, que el celular número 997078257 era de propiedad del ahora imputado, en la modalidad de post pago; y si bien la defensa durante todo el proceso penal ha sostenido que dicho celular era de uso de la oficina donde laboraba, y que estrictamente no era de uso exclusivo de Rodríguez Reátegui, también resulta cierto, que la Sala Penal Especial de San Martín concluyó, que sólo el procesado podía haber sido la persona que había realizado tantas llamadas, por el hecho de que los testigos Gina del Pilar Ramírez Malea y Jorge Rojas García, quienes se desempeñaban como Asistentes de Función Fiscal del ahora imputado Rodríguez Réategui, aún cuando reconocen que efectivamente dicho celular sí estaba para uso de la oficina, para ello se tenía que pedir permiso al entonces Fiscal y no podía ser utilizado sin su expresa autorización y que además, como consecuencia de dicha restricción, cada uno de ellos, no lo utilizó más de tres veces. Por otro lado, no se puede soslayar que aún cuando el imputado había facilitado su teléfono celular para llamadas urgentes del personal de su oficina, obviamente relacionadas a la función y labor que despeñaban, dicho equipo era de propiedad del imputado y era él quien solventaba los gastos, por ello, se hace creíble la restricción de su uso; a lo mencionado, debe adicionarse que aún cuando se ha demostrado que la gran mayoría de veces no se entabló una comunicación telefónica sino que se limitaron a realizarse timbradas al celular del denunciante para luego ser colgadas, por la cantidad y diferencias de tiempo entre uno y otra timbrada, necesariamente tuvo que haber sido el titular de dicho celular, quien las tuvo que haber realizado, pues era él quien estaba en permanente posesión de dicho aparato telefónico.

Que siendo así, no es posible que una tercera persona haya hecho uso de dicho teléfono celular para coaccionar al denunciante Robert Duran de la Cruz, como lo pretenden hacer creer, tanto el procesado como su abogado defensor.

Cabe precisar también, que no es cierto que las llamadas telefónicas se hallan efectuado desde un lugar distinto al local de la Fiscalía, pues el acusado y la defensa han tratado de sostener dicha versión con el informe de la compañía telefónica Claro de manera antojadiza, en tanto que, lo consignado en dicho informe es la dirección de la celda o célula desde la cual se retransmite la señal y llamada de un teléfono celular; dicho en otros términos, la celda corresponde a poste o antena ubicada en cualquier parte de una determinadas ciudad, para luego retransmitirse a otra cobertura más amplia; por lo tanto, el hecho de que la celda más cercana esté ubicada a solo cinco cuadras del local de la Fiscalía no hace más que corroborar que las llamadas sí se estuvieron realizando desde el Despacho del acusado.

Décimo noveno. Que la defensa también ha sostenido que las pericias fonéticas realizadas no llegan a ninguna conclusión determinante y que dicha situación sombría por imperio constitucional debe favorecer al imputado.

Efectivamente, en autos corre inserto el Informe Pericial Técnico Fonético número cero treinta – dos mil trece, de fojas doscientos treinta y nueve del cuadernillo, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, en la segunda conclusión, se consigna, que en una grabadora marca Olympus digital voice recorder, modelo WS-600S, con un archivo de audio incriminado «WS 600019WMA, el mismo que fue convertido a un formato «WAV», se ha verificado que una de las voces corresponde a Roberth Duran de la Cruz y que respecto al interlocutor es compatible con el proceder del investigado Roger Rodríguez Reátegui». Por otro lado, también corre inserto a fojas doscientos sesenta y nueve, el Dictamen Pericial Físico Audio, elaborado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, que concluyó, que de los resultados obtenidos de la búsqueda de coincidencias fonéticas para identificar a Roger Rodriguez Reátegui «F3», arrojó un resultado negativo de identificación por medio del método de formantes, es decir, que el registro oral del muestreado no se asemeja en todo, intensidad y timbre a los dos archivos de audio contenidos en memoria SD 2 GB MMAGRO2GUECA MB D FDF103GA131, made in Corea.

Es indudable que subsisten dos pericias especializadas con conclusiones contradictorias y que fuera el motivo para que excepcionalmente, este Supremo Tribunal aceptara la realización de un debate pericial, útil y enriquecedor al momento de inclinarse a favor de alguno de ellos, toda vez, que precisamente ha sido en la audiencia de apelación, que se ha podido establecer que el Instituto de Medicina Legal cuenta con mejores equipos, instrumentos y metodología actualizada en este rubro a diferencia de la División de Criminalística.

A este respecto, no se puede soslayar que el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público ha sido tajante en señalar, que en su examen se advirtió la existencia de oscilogramas y espectogramas; aún más, aclara que incluso el espectograma no tiene bagaje técnico determinante, sino que fue en base a los oscilogramas que se ha logrado determinar la voz del acusado Rodríguez Reátegui, pues estos son muchos más finos para el análisis de la voz que se requiere conocer, siendo el informe policial muy limitado, en donde incluso, ni siquiera hace mención de este tipo de metodología acústica.

Por tal motivo, este Supremo Tribunal de Apelaciones asume mayor credibilidad y por ende convicción, las conclusiones señaladas por el Informe Pericial Técnico Fonético número cero treinta – dos mil trece, de fojas doscientos treinta y nueve, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, que fuera ratificado, sustentado y debatido en la audiencia de apelación por el perito Luis Tito Loyola Mantilla.

Cabe precisar, que por las razones antes expuestas y teniendo este Supremo Tribunal de Apelaciones competencia para valorar la prueba y realizar un nuevo juicio de hecho sobre estas, resulta irrelevante, que la Sala Penal Superior haya sustentado su decisión erróneamente, entre otros motivos, en el hecho de que dicho Tribunal de juzgamiento afirmó que habiendo escuchado directamente a Rodríguez Reátegui, concluyó que si es su voz la que se escucha en las grabaciones de audio, lo cual si bien resulta cuestionable, dado su carencia de conocimiento técnico-científico en fonética -de ahí que se cite a peritos especialistas en la materia- de ninguna manera, anula el valor probatorio de las pericias en comentario

Vigésimo. Que, el abogado defensor del apelante se ha limitado a sostener que Roberth Duran de la Cruz se ha retractado de su incriminación inicial; y aún cuando este Supremo Tribunal de Apelaciones está impedido por la Ley
Procesal penal para valorar las declaraciones rendidas en el juzgamiento, en el entendido que carece de inmediación, sobre todo, cuando la propia defensa técnica no insistió en su concurrencia, ello no es óbice para que este Supremo Tribunal corrobore que el Tribunal de juzgamiento a este respecto haya expuesto los motivos de tal retractación, en el considerando cuatro punto siete, al fundamentar su decisión de condena, que el cambio de versión del encausado era entendible, pues cuando compareció ante los órganos de control del propio Ministerio Público, su participación fue libre y espontánea con el único propósito de no verse perjudicado con la investigación, pero tal situación no fue la misma luego del veintisiete de marzo de dos mil trece, cuando ya había tenido conocimiento de que se había dictado en su contra prisión preventiva por el delito de actos contra el pudor de menor.

Vigésimo primero. Que conforme se ha sostenido precedentemente y que constituye una regla procesal en la audiencia de apelación, en donde sí se puede valorar la prueba pericial, documental, preconstituida y anticipada, de conformidad al artículo cuatrocientos veinticinco, apartado dos, del Código Procesal Penal, se tiene que el documento denominado Acta de Intervención Fiscal, de fecha doce de marzo de dos mil doce, de fojas veintisiete, que corre en el denominado Cuaderno de Debates, se consigna información referida a que en dicha data el denunciante Roberth Duran de la C1uz y su padre Manuel Duran Raico ingresaron a las diecisiete horas aproximadamente al local de la Fiscalía y específicamente a la oficina del imputado, es decir, fuera del horario de atención al público, lo que revela sin duda alguna que había sido el propio recurrente Rodríguez Reátegui quien había facilitado el ingreso de dichas personas, habiendo incluso permanecido en dicho local fiscal por espacio de cuarenta minutos adicionales, por exclusiva responsabilidad del imputado Rodríguez Reátegui, quien como ya se ha sostenido, autorizó su ingreso y permitió su estancia por un tiempo aún mayor.

No hay objeción alguna a la conclusión, que el procesado conocía perfectamente los motivos por los que se encontraban tanto el denunciante como su padre en su Despacho, fuera del horario de atención normal al público, esto es, recepcionar el dinero que había solicitado insistentemente. De ser así, los agravios propuestos por el apelante no son atendibles.

Vigésimo segundo. Que este Supremo Tribunal de Apelaciones, considera necesario precisar en cuanto a la pena impuesta, que para la dosificación punitiva o para los efectos de imponer una sanción penal debe tenerse presente  que el legislador ha establecido las clases de pena y el quantum de estas, por consiguiente, se han fijado los criterios necesarios para que se pueda individualizar judicialmente las de este contexto debiendo observarse el principio de proporcionalidad, prevista en el artículo VIII del Titulo Preliminar del Código Penal, por el cual se realiza una operación en la que intervienen una serie de valores que deben ser ponderados entre sí y poder establecer una medida objetiva entre el ilícito y la sanción, toda vez, que proporcionalidad no significa equivalencia entre la gravedad del delito y la pena, sino que el mal que causa la pena es el mínimo posible según el grado de necesidad que surge de la falta de otros instrumentos de respuesta que no sea la violencia»2; todo ello, nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la acción desarrollada por el agente culpable bajo el criterio de la individualización, cuantificando la gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del presunto delincuente, conforme con el artículo cuarenta y seis del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos -antes de su modificatoria por Ley número 3007 6, del diecinueve de agosto de dos mil trece-.

En tal sentido, en cuanto a la pena a imponer al encausado Roger Rodríguez Reátegui, debe tenerse en cuenta lo siguiente: i) La norma penal aplicable, prevista en el segundo párrafo del artículo trescientos noventa y cinco del Código Penal, que sanciona al agente con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. ii) Sus condiciones personales, esto es, ser abogado de profesión, haber ejercido la Magistratura como Fiscal provisoriamente y ser agente primario en la comisión de actos delictivos. iii) El imputado es una persona relativamente joven, quien en la fecha de los hechos contaba con treinta años de edad. Por tanto, analizado lo antes mencionado y las circunstancias que acompañaron al presente evento delictivo, que aún cuando revisten gravedad, este Supremo Tribunal asume el criterio de imponerse como sanción, la pena mínima conminada en el Código Penal (ocho años de pena privativa de libertad), no existiendo atenuantes para efectos de rebajar por debajo de esta.

Vigésimo tercero. Que, el artículo quinientos cuatro, inciso dos del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen de oficio, conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del aludido Código adjetivo, y no existen motivos para su exoneración.

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, de conformidad con el señor Fiscal Supremo en lo Pena:

i) Declararon INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el procesado Roger Rodríguez Reátegui que obra en el denominado Cuaderno de Debate.

ii) CONFIRMARON la sentencia de primera instancia, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, de fojas mil quinientos treinta y cinco, en el extremo que condenó a Roger Rodríguez Reátegui como autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado; y lo condenó a pagar trescientos sesenta y cinco días multa a favor del Estado, en el monto ascendente al diez por ciento de su ingreso mensual declarado; lo inhabilitaron por el lapso de cinco años, conforme a los incisos uno y dos del artículo treinta y seis del Código Penal; y fijó en la suma de treinta mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

iii) REVOCARON el extremo de la referida sentencia, que impuso a Roger Rodríguez Reátegui once años de pena privativa de libertad. REFORMÁNDOLA impusieron a Roger Rodríguez Reátegui, ocho años de pena privativa de libertad, la que computada desde el once de septiembre de dos mil trece, con el descuento de carcelería que viene sufriendo, vencerá el diez de septiembre de dos mil veintiuno.

iv) CONDENARON a Roger Rodríguez Reátegui al pago de las costas del recurso, que serán exigidas por el Juez competente, de conformidad con el artículo quinientos seis del Código Procesal Penal.

v) MANDARON se devuelva los actuados al Tribunal de origen para los fines legales correspondientes. Hágase saber. Intervine el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo por vacaciones del señor Juez Supremo Villa Stein.


1. ROJAS VARGAS, Fidel: Delitos contra la Administración Pública. Editora Jurídica Grijley, cuarta edición, Lima, enero de 2007, página 718. 

2. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: Derecho Penal – Parte General, Editora Juddica Grijley, Primera Reimpresión: julio de dos mil seis, página ciento diecisiete 

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