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CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1287-2018
NACIONAL

Lavado de activos: pericia contable

i) La pericia contable es un medio probatorio esencial en los procesos penales por lavado de activos. Su elaboración debe efectuarse sobre la base de documentación que proporcione el investigado de lavado de activos o la que se hubiese recabado de entidades tributarias u otras similares.

ii) Las conclusiones sobre el desbalance patrimonial que denuncia el Ministerio Público servirán de indicio esencial en la configuración de este tipo penal y para vincularlo con la actividad criminal previa.

iii) No poseen idoneidad suficiente las pericias contables que se ejecuten con base en declaraciones o meras afirmaciones, pues no brindan datos objetivos, característica esencial de un pronunciamiento técnico de esta naturaleza.

iv) El tipo penal de lavado de activos no exige la demostración acabada de un acto delictivo específico para acreditar el delito previo ni el de sus responsables. Es suficiente una certidumbre razonable de su origen ilícito, esto es, de una actividad con capacidad suficiente para generar ganancias ilícitas.

Lima, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los representantes de la Primera Fiscalía Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativos al Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos contra la sentencia expedida el nueve de abril de dos mil dieciocho por los jueces del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, que absolvió a Walter Gamarra Lino, Edilma Solano Aldava, Josué Silvano Bailón Gamarra, Edgar Fernando Solano Aldava, Raúl Solano Aldava y Jhony Jairo Rodríguez Freitas –por diversos títulos de imputación y modalidades– de la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad agravada, en perjuicio del Estado, y en consecuencia dispusieron que se levanten todas las medidas cautelares dispuestas con motivo del citado proceso.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de impugnación

1.1. Propuestos por el representante del Ministerio Público

Pretende la nulidad de la sentencia absolutoria bajo los siguientes argumentos:

a. En cuanto a la responsabilidad de Walter Gamarra Lino, afirma que no se valoraron debidamente las pruebas ofrecidas. Esta persona fue sentenciada en mil novecientos noventa y tres por el delito de tráfico ilícito de drogas, y luego de dos años, mediante un beneficio penitenciario, obtuvo su libertad. Tal antecedente acredita el origen ilícito del dinero con el que, en mil novecientos noventa y seis, inició su negocio; y no se puede afirmar que por el grado de consumación del delito no se habrían obtenido ganancias ilegales. Además, ello no acredita el delito precedente, sino es un indicio relevante que corrobora el nexo causal. Asimismo, se debe valorar que su entorno familiar también estuvo inmerso en la realización de conductas de tráfico de drogas.

Se debe valorar que Gamarra Lino, junto con su esposa, Edilma Solano Aldava, formaron la empresa Corporación Gamarra S. R. L. en el dos mil cuatro, en la que además intervinieron sus familiares José Luis Ballón Gamarra, Bertha Luz Gamarra Simón, Samuel Valentín Lino y Augusto Zenón Bailón Gamarra. Posteriormente, en el dos mil uno, el procesado Gamarra Lino y su esposa transfirieron sus acciones al coprocesado José Silvano Bailón Gamarra, quien adquirió dos embarcaciones fluviales – denominadas Bailón I y Bailón II–. Las fechas son importantes, toda vez que en el dos mil once ya venían siendo investigados por el delito de lavado de activos. Asimismo, es necesario considerar que en la embarcación Bailón I se halló droga cuando esta era tripulada por Silvano Bailón Figueredo, quien se sometió a la terminación anticipada.

El fundamento 35 del Acuerdo Plenario número 3-2010-CJ-116 da cuenta de que no se exige la acreditación del delito previo. Igualmente, en el caso materia de acusación, se ha configurado una pluralidad de indicios que cumplen con el Acuerdo Plenario número 3-2010/CJ-116:

– Incremento patrimonial. Las pericias contables practicadas a las empresas de Walter Gamarra Lino y Edilma Solano Aldava poseen un inusual incremento patrimonial en las siguientes empresas: i) Variedades Yhelsin S. R. L., ii) Distribuidora Exclusivo Plásticos Perú Alfa S. R. L., iii) Centro Comercial Alfa S. R. L., iv) Variedades Jordán S. R. L., v) Multiplast Alfa S. R. L., vi) Representaciones Alkwa S. R. L., vii) Corporación Gamarra S. R. L., viii) Representaciones Perú Alfa S. R. L., ix) Alfa Iquitos Import S. R. L., x) Oliver Plast S. R. L., xi) Variedades Alfa S. R. L., xi) Plásticos El Águila S. R. L., xii) Plásticos La Peruanita S. A. C., xiii) Maestro Alfa S. A. y xiv) Librería Alfa S. A. C.

Por su parte, Walter Gamarra Lino, como persona natural, presenta un desbalance patrimonial por la suma de S/ 30 056 625.93 (treinta millones cincuenta y seis mil seiscientos veinticinco soles con noventa y tres céntimos), conforme al Dictamen Pericial Contable número 46-09-2011-DIRANDRO –folios 628 a 698–.

En el mismo sentido, Edilma Solano Aldava tiene un desbalance patrimonial por la suma de S/ 9 383 019 (nueve millones trescientos ochenta y tres mil diecinueve soles), según consta en el Dictamen Pericial Contable número 45-09-2011- DIRANDRO –folios 581 a 627–.

También han registrado notables desbalances Raúl Solano Aldava, Josué Silvano Ballón Gamarra, Johnny Jairo Rodríguez Freitas, la Empresa Comercializadora Don Fernando E. I. R. L. y el consorcio Don Fernando E. I. R. L. –de propiedad de Edgar Fernando Solano Aldava–.

– Dinámica de las transmisiones y manejo de dinero. Indicio que se aprecia en la conformación de las empresas Variedades Yhelsin S. R. L. y otras que fueron constituidas como empresas de fachada para dar apariencia de legalidad a los efectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas vinculadas con Walter Gamarra Lino y otros, a través de aportes de capital, aumentos de capital, depósitos, retiros y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles no sustentados que realizaron estas personas jurídicas, que se ha determinado que no eran rentables y presentaban desbalance patrimonial, conforme se encuentra acreditado en los correspondientes dictámenes.

– Insuficiencia de negocios lícitos. Ninguna de las personas naturales y jurídicas investigadas logró demostrar que su patrimonio es lícito; por el contrario, se determinaron desbalances patrimoniales y negocios no rentables.

– Ausencia de una explicación razonable. Ninguno de los procesados brindó una explicación razonable del origen e incremento de su patrimonio. Todos señalaron haber tenido actividades comerciales previas e informales que les generaron ganancias; sin embargo, en el curso del proceso no acreditaron sus aseveraciones.

– Vínculo o conexión con actividades delictivas. Los encausados Walter Gamarra Lino, Edilma Solano Aldava, Raúl Solano Aldava, Edgar Fernando Solano Aldava y Josué Silvano Bailón tienen vinculaciones con actividades de tráfico ilícito de drogas.

No se puede validar la pericia de parte porque fue elaborada sobre la base de versiones de sus beneficiarios, mas no sobre la prueba documental u objetiva.

b. En cuanto a la responsabilidad de Edilma Solano Aldava, no se evaluaron sus vinculaciones con familiares ligados al narcotráfico.

Asimismo, el recurrente cuestiona el valor probatorio concedido por el Colegiado al Dictamen Pericial Contable número 45-06- 201, debatido en juicio oral, puesto que se efectuó sin el análisis de documentación que diera cuenta de un balance a favor de la encausada.

c. Respecto a Josué Silvano Bailón Gamarra, sostiene que el Colegiado Superior, erróneamente, concluyó que los peritos de la Dirandro obviaron contabilizar como capital inicial la actividad que realizaba con anterioridad al dos mil seis, y sus actividades eran del dos mil tres y el dos mil cinco; sin embargo, no tuvieron en cuenta que Bailón Gamarra no acreditó en juicio oral la procedencia inicial de un supuesto saldo inicial.

Asimismo, el Colegiado Superior no evaluó su vinculación de hijo con Silvano Bailón Figueredo, quien fue procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas tras ser hallado en posesión de sustancias ilícitas en la embarcación fluvial Bailón I.

d. Sobre la responsabilidad de Edgar Fernando Solano Aldava, el representante del Ministerio Público sostiene que su absolución no consideró que dicho acusado fue sentenciado por una conducta similar al tráfico ilícito de drogas, y por ello le impusieron la medida socioeducativa de seis meses de prestación de servicios a la comunidad, toda vez que fue intervenido a bordo de la motonave fluvial Claudia en las inmediaciones del caserío Panguana-Sinchicuy, transportando 4.480 kg de pasta básica de cocaína, con lo cual se evidenció su vinculación con la actividad previa.

e. Respecto a Raúl Solano Aldava, el impugnante afirma que su absolución no tuvo en cuenta sus vinculaciones con actividades de tráfico ilícito de drogas, dado que su hermano, Edgar Fernando Solano Aldava, fue sentenciado por transportar droga, y tal conducta, aunada a la ajenidad en la realización de actividades lícitas, lo vinculan con la imputación de lavado de activos.

f. Sobre la absolución de Jhonny Jairo Rodríguez Freitas – relacionado a la adquisición de diversos bienes a nombre de los encausados Gamarra Lino y Edilma Solano en las modalidades de tenencia y ocultamiento de activos ilícitos–, el recurrente arguye que no se evaluó que todas las empresas que constituyó, así como los bienes muebles e inmuebles que adquirió, no le generaron ingresos, con lo que se demuestra la tenencia y ocultamiento de activos ilícitos. Su apoyo fue trascendente debido a sus conocimientos en contabilidad.

1.2. Propuestos por la Procuraduría Pública

Pretende que se declare la nulidad de la sentencia absolutoria bajo los siguientes argumentos:

a. En cuanto a Walter Gamarra Lino, sostiene que no solo es el incremento patrimonial el que justifica su procesamiento, sino su vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas durante el año mil novecientos noventa y tres.

La falta de coincidencia de cifras de las pericias tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría no desestima su contenido, puesto que en ambas se registra un desbalance patrimonial.

El Colegiado Superior, sin una base probatoria suficiente, concedió crédito a las versiones de Gamarra Lino sobre sus negocios realizados en la venta de sábanas, frutas y plásticos que le habrían permitido amasar determinada fortuna. No expresa ni identifica el documento con el que se habría acreditado o justificado objetivamente su incremento patrimonial.

b. Respecto a la procesada Edilma Solano Aldava, el recurrente arguye que los jueces han dado por cierto que los peritos de la Dirandro no tuvieron que haber consignado como egresos los préstamos que obtuvo del Banco de Crédito por la suma de S/ 1 257 493 (un millón doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres soles). Así surge la interrogante de la forma en la que cumplió con el pago de dicha acreencia y, por el contrario, amplió sus acreencias, si se debe considerar aquel monto como un egreso.

La encausada no fue comprendida en este proceso por ser esposa de Gamarra Lino, sino por realizar actos concretos de lavado, pues todos sus bienes e inversiones no tienen un sustento documentario, y ello, aunado a los antecedentes de su pareja y sus demás familiares vinculados al tráfico de drogas, permite afirmar la ilicitud de los capitales con los que formó su patrimonio.

c. En cuanto a Josué Silvano Bailón Gamarra, la Procuraduría sostiene que el Colegiado solo ha validado el hecho de que el perito de parte consignó en su pericia que realizó actividades comerciales, mas no se precisó cuáles son ni se expresó detalle alguno. Este acusado, cuando la policía le requirió documentos para elaborar su pericia, no los entregó; sin embargo, sí los presentó para realizar su pericia de parte.

Al analizar su responsabilidad, el Colegiado también valoró el préstamo por S/ 2 874 889 (dos millones ochocientos setenta y cuatro ochocientos ochenta y nueve soles); sin embargo, dicho capital tuvo que ser devuelto, y tal circunstancia no fue valorada por la Sala Superior.

Su alegación respecto a la venta de gas por la suma de S/ 771 900 (setecientos setenta y un mil novecientos soles) tampoco se acreditó con un cuadro de ventas realizadas, aunado a que sus familiares fueron intervenidos transportando droga, por lo que se tienen las bases necesarias para su condena por el incremento de patrimonio.

d. Respecto a Edgar Fernando Solano Aldava, el recurrente argumenta que el libro contable que adjuntó –en el que sustentó sus ventas– no guarda relación con la documentación que sostiene dichas anotaciones, esto es, boletas de venta, facturas, notas de crédito, pagarés, etc. Es por ello que el crédito que concedió la Sala Superior para su absolución no ha sido debidamente evaluado.

No se ha sustentado debidamente la procedencia de sus ingresos por la suma de S/ 206 934 (doscientos seis mil novecientos treinta y cuatro soles), y no precisó la actividad que la generó.

e. Acerca de Raúl Solano Aldava, arguye que el Colegiado erradamente comprendió que la imputación estuvo referida por la familiaridad que tiene con los procesados –Gamarra Lino y Edilma Solano–, y más bien fue porque los ingresos que obtuvo no han podido ser sustentados (se desconoce su procedencia lícita).

f. Respecto a Jhonny Jairo Rodríguez Freitas, indicó que la imputación no se produjo en razón de su profesión; sino que con su accionar permitió, aceptó y siempre tuvo conocimiento de que los montos que consignó en el libro contable, en las declaraciones juradas por venta no declarada en la Sunat, en los préstamos de Walter Gamarra Lino y de Edilma Solano Aldava, en la compra de bienes, entre otros, no tenían un sustento documentario que demostrara la procedencia de esas sumas de dinero; y, por ello, colaboró, permitió y favoreció dificultando la identificación de los ingresos. Asimismo, posee un desbalance patrimonial por la suma de S/ 152 434 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro soles).

g. Finalmente, expone –en consonancia con la impugnación propuesta por el Ministerio Público– los incrementos patrimoniales injustificados descritos en el apartado a) del fundamento de hecho 1.1. mencionado precedentemente.

Segundo. Acusación

2.1. Hechos imputados

A. Walter Gamarra Lino

Se le imputó haber adquirido bienes muebles e inmuebles en forma individual por la suma de S/ 1 067 565 (un millón sesenta y siete mil quinientos sesenta y cinco soles), y a través de sus empresas Centro Comercial Alfa S. R. L., Variedades Yhelsin S. R. L., Corporación Gamarra, Representaciones Perú Alfa y Maestro Alfa S. A. C. por la suma de S/ 881 761 (ochocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y un soles); asimismo, realizó aumentos de capital por la suma de S/ 1 095 700 (un millón noventa y cinco mil setecientos soles) y préstamos a sus empresas por el monto de S/ 13 115 680.44 (trece millones ciento quince mil seiscientos ochenta soles con cuarenta y cuatro céntimos) con efectos provenientes de actividades de tráfico ilícito de drogas con las cuales se encontraba vinculado de manera directa, tras haber sido condenado el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro a ocho años de privación de libertad por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, y a través de familiares directos y terceros vinculados a él, como Gregorio Gamarra Lino, Eduardo Gamarra Lino, Edgar Solano Aldava y Silvano Figueredo.

Las acciones fueron realizadas para dificultar la identificación de la fuente de financiamiento de los bienes adquiridos y las inversiones realizadas, y no se acreditó la procedencia lícita de las sumas de dinero invertidas para efectuar sus actividades comerciales. Más bien se presentó un desbalance patrimonial por la suma de S/ 30 056 625.93 (treinta millones cincuenta y seis mil seiscientos veinticinco soles con noventa y tres céntimos), según las conclusiones del Dictamen Pericial Contable número 46-09-2011- DIRANDRO-PNP/OFICRI-INTEFIN-E4, practicado a Gamarra Lino por el periodo comprendido entre diciembre de mil novecientos noventa y siete a dos mil diez.

Asimismo, se le atribuyó haber constituido las empresas Variedades Yhelsin S. R. L., Distribuidora Exclusivo Plásticos Perú Alfa S. R. L., Centro Comercial Alfa S. R. L., Multiplast Alfa S. R. L., Variedades Jordán S. R. L., Representaciones Alkiwa S. R. L., Corporación Gamarra S. R. L., Representaciones Perú Alfa S. R. L., Alfa Iquitos Import S. R. L., Oliver Plast S. R. L., Variedades Alfa S. R. L., Plásticos El Águila S. R. L., Plásticos La Peruanita S. A. C., Maestro Alfa S. A. y Librería Alfa S. A. C. con dinero de procedencia ilícita –actividades de tráfico ilícito de drogas– y como empresas de fachada para aparentar que realizaban actividades comerciales lícitas y que generaban rentabilidad. Sin embargo, de las respectivas pericias contables practicadas a cada una de las empresas se determinó que estas no eran rentables y todas ellas presentaban desbalance patrimonial, y hacían ingresar estos activos ilícitos al tráfico económico, lo cual constituye actos de conversión del delito de lavado de activos.

Además, se le imputó haber transferido en el dos mil once las acciones que tenía de la empresa Corporación Gamarra S. R. L., con conocimiento de su origen ilícito, a favor de su coprocesado Josué Silvano Bailón Gamarra por la suma de S/ 120 000 (ciento veinte mil soles) con la finalidad de cambiar la titularidad de estas acciones y, de esa manera, evitar la identificación de su origen ilícito, lo cual constituye actos de transferencia de lavado de activos.

B. Edilma Solano Aldava

Se le imputó haber adquirido bienes muebles e inmuebles, en forma individual, por la suma de S/ 215 315 (doscientos quince mil trescientos quince soles); en forma conjunta, con su cónyuge y coprocesado, Walter Gamarra Lino, por la suma de S/ 1 067 565 (un millón sesenta y siete mil quinientos sesenta y cinco soles), y a través de las personas jurídicas Centro Comercial Alfa S. R. L., Variedades Yhelsin S. R. L., Corporación Gamarra, Representaciones Perú Alfa y Maestro Alfa S. A. C. por la suma de S/ 881 761 (ochocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y un soles). Asimismo, haber constituido empresas y efectuar aumentos de capital por la suma de S/ 741 900 (setecientos cuarenta y un mil novecientos soles) y préstamos a sus empresas por el monto de S/ 7 919 841.31 (siete millones novecientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y un soles con treinta y un céntimos), con efectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas vinculadas tanto a su esposo, Walter Gamarra Lino, como a su hermano Edgar Solano Aldava –este último sentenciado por el Juzgado de Familia de Maynas, el siete de agosto de dos mil once, por el delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, y se le impuso la medida socioeducativa de seis meses de prestación de servicios a la comunidad–, además de otros familiares relacionados a su coprocesado Walter Gamarra –Gregorio Gamarra Lino, Eduardo Gamarra Lino y Silvano Figueredo–.

Igualmente, se le imputó haber constituido las empresas Variedades Yhelsin, Distribuidora Exclusivo Plásticos Perú Alfa S. R. L., Centro Comercial Alfa S. R. L., Multiplast Alfa S. R. L., Centro Comercial Alfa S. R. L., Multiplast Alfa S. R. L., Variedades Jordán S. R. L., Representaciones Alkiwa S. R. L., Corporación Gamarra S. R. L., Representaciones Perú Alfa S. R. L., Alfa Iquitos Import S. R. L., Oliver Plast S. R. L., Variedades Alfa S. R. L., Plásticos El Águila S. R. L., Plásticos La Peruanita S. A. C., Maestro Alfa S. A., y Librería Alfa S. A. C. con dinero de procedencia ilícita y como empresas de fachada a fin de aparentar que realizaban actividades comerciales ilícitas y que generaban rentabilidad. Sin embargo, de las respectivas pericias contables practicadas a cada una de las empresas, se determinó que estas no eran rentables y todas ellas presentaban desbalance patrimonial. Más bien, se encontraban destinadas a hacer ingresar al tráfico económico activos maculados, lo cual constituye actos de conversión de lavado de activos.

También se le incriminó haber transferido las acciones que tenía en la empresa Corporación Gamarra S. R. L., con conocimiento de su origen ilícito, a favor de su coprocesado Josué Silvano Bailón Gamarra, por la suma de S/ 70 000 (setenta mil soles), con la finalidad de cambiar la titularidad de estas acciones para, de esta manera, evitar la identificación de su origen ilícito, lo cual constituye actos de transferencia del delito de lavado de activos.

C. Raúl Solano Aldava

Se le imputó haber adquirido bienes inmuebles por la suma de S/436 409 (cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos nueve soles), y realizar depósitos en dieciséis cuentas bancarias por el monto de S/ 2 957 600 (dos millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos soles) y retiros por S/ 2 883 530.28 (dos millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos treinta soles con veintiocho céntimos); asimismo, constituyó el negocio personal Plásticos El Sol con efectos provenientes de actividades de tráfico ilícito de drogas vinculadas a su hermano Edgar Fernando Aldava, a Walter Gamarra Lino –cuñado– y a su entorno familiar, que eran de su conocimiento. Dichas acciones se llevaron a cabo para dificultar la identificación de la fuente de financiamiento de los depósitos, los retiros y los bienes adquiridos. No se ha podido acreditar la procedencia lícita de las sumas de dinero invertidas para realizar estas actividades comerciales. Más bien, se presentó un desbalance patrimonial por el monto de S/ 3 230 047.06 (tres millones doscientos treinta mil cuarenta y siete soles con seis céntimos), según las conclusiones del Dictamen Pericial Contable número 49-09-2011-DIRANDRO PNP/OFICRE-INITEFIN-E4, practicado a Raúl Solano Aldava durante el periodo comprendido entre el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y siete al treinta y uno de agosto de dos mil diez, lo cual constituye actos de conversión del delito de lavado de activos.

d. Josué Silvano Bailón Gamarra

Se le imputó haber adquirido los inmuebles ubicados en: i) el pueblo joven Bartra Díaz, manzana D, lote 53, Iquitos, Maynas, Loreto; ii) la calle Manuel Seoane, manzana B, lote 01, asentamiento humano Nuevo Versalles del distrito de Iquitos, Maynas, Loreto, y iii) el jirón Ucayali 616-620, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Huánuco; así como los vehículos de placas MY81491, MY81642 y MY81895, por la suma total de S/ 134 606.40 (ciento treinta y cuatro mil seiscientos seis soles con cuarenta céntimos). También realizó el aumento de capital del negocio personal Bailón II, con la matrícula número 11036409, por la suma de USD 885 000 (ochocientos ochenta y cinco mil dólares americanos), y adquirió maquinaria y equipos diversos por un total de S/ 1 783 161.36 (un millón setecientos ochenta y tres mil ciento sesenta y un soles con treinta y seis céntimos), todo ello con efectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas vinculadas a su tío Walter Gamarra Lino y demás familiares relacionados a este –que eran de su conocimiento–. Tales acciones se llevaron a cabo para dificultar la identificación de la fuente de financiamiento de los bienes adquiridos. No se ha podido acreditar la procedencia lícita de las sumas de dinero invertidas para realizar estas actividades comerciales; y, más bien, Josué Silvano Ballón Gamarra presentó un desbalance patrimonial de S/ 4 212 178 (cuatro millones doscientos doce mil ciento setenta y ocho soles), según las conclusiones del Dictamen Pericial Contable número 47-09-2011-DIRANDRO-PNP/OFICRI-INITEFIN-E, durante el periodo comprendido entre el quince de febrero de dos mil uno al treinta y uno de agosto de dos mil diez, lo cual constituye actos de conversión.

Asimismo, se le imputó haber transferido los bienes inmuebles que adquirió con efectos de actividades de tráfico ilícito de drogas a sus familiares directos: Luz Angélica López Arévalo – conviviente–, Digna Emérita Arévalo Aranda –suegra– y Clotilde Gamarra –tía–, conforme se advierte de las respectivas partidas registrales, con el claro propósito de ocultar su procedencia ilícita relacionada con actividades de tráfico ilícito de drogas, a efectos de evitar su incautación y posterior decomiso. Atendiendo a que estas adquisiciones se produjeron en fecha posterior a la apertura de la investigación fiscal del seis de septiembre de dos mil diez, en la que fue comprendido como investigado junto a Walter Gamarra Lino y otros por el delito de lavado de activos, cabe destacar que incluso se subvaluó el precio de los citados inmuebles, lo cual constituye hechos de actos de transferencia del delito de lavado de activos.

e. Johnny Jairo Rodríguez Freitas

A este encausado –quien es contador de profesión y gerente general de la Empresa Plásticos El águila S. R. L.– se le imputó haber colaborado con sus coprocesados Walter Gamarra Lino y Edilma Solano Aldava. Utilizando sus conocimientos –a sabiendas de que las empresas de sus coprocesados no eran rentables y estaban siendo investigadas por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas desde el seis de septiembre de dos mil diez por la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas-Sede Iquitos–, realizó asientos contables de regularización de las empresas mencionadas y de los procesados antes nombrados, los cuales fueron materializados a través de rectificaciones de las declaraciones juradas presentadas ante la Sunat por las empresas Distribuidora Exclusivo Plásticos Perú Alfa S. R. L., Centro Comercial Alfa S. R. L., Multiplast S. R. L., Variedades Jordán S. R. L., Representaciones Alkiwa S. R. L., representaciones Perú Alfa S. R. L., Alfa Iquitos Import S. R. L., Oliver Plast S. R. L., Variedades Alfa S. R. L., Maestro Alfa S. A. C., Librería Alfa S. A. C. y Plásticos El Águila S. R. L.

Estas acciones tuvieron como finalidad que las empresas pudieran devolver contablemente los préstamos de dinero realizados por Walter Gamarra Lino por el monto de S/ 13 115 680.44 (trece millones ciento quince mil seiscientos ochenta soles con cuarenta y cuatro céntimos), y por Edilma Solano Aldava por la suma de S/ 7 919 841.31 (siete millones novecientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y un soles con treinta y un céntimos), los cuales no se encuentran sustentados documentariamente, por lo que se desconoce su procedencia lícita –que tendría origen en las actividades de tráfico ilícito de drogas vinculadas a Walter Gamarra Lino y terceros allegados a este–. Tales acciones se llevaron a cabo para que Walter Gamarra Lino y Edilma Solano Aldava, así como sus empresas, pudieran equilibrar su actuación económica y financiera, y sustentaran sus operaciones comerciales y la adquisición de bienes, conforme a las conclusiones de los dictámenes periciales practicados a las empresas mencionadas. De esta manera, efectuó maniobras y actos comisivos tendientes a esconder y evitar que se identifique la fuente de financiamiento de las actividades comerciales desplegadas por Walter Gamarra Lino y Edilma Solano. Por tanto, a este procesado se le imputó haber realizado actos de ocultamiento del delito de lavado de activos.

2.2. Opinión fiscal

Conforme al Dictamen número 233-2019-MP-FN-1ªFSP, el representante de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare nula la sentencia recurrida.

Tercero. Fundamentos del Tribunal Supremo

3.1. El tipo penal imputado fue el de lavado de activos, previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley número 27765. Como delito precedente, el Ministerio Público imputó que los bienes, efectos, dineros o ganancias provienen del tipo penal de tráfico ilícito de drogas.

3.2. Tanto el representante del Ministerio Público como la parte civil denuncian que los jueces de la Sala Penal Nacional no han evaluado debidamente los antecedentes que vinculan a los procesados con la comisión de conductas relacionadas al tráfico ilícito de drogas.

3.3. Walter Gamarra Lino fue sentenciado por la comisión del referido delito y fue recluido en un establecimiento penitenciario en mil novecientos noventa y tres. Dos años después, egresó tras acogerse a un beneficio penitenciario.

3.4. La sentencia impugnada, en su considerando 11.3.1.2. y siguientes, concluye que el encausado Gamarra Lino no consumó su conducta. Según se infiere del razonamiento de los jueces de la Sala de origen, no se habría configurado ni acreditado el delito previo, puesto que la conducta imputada a Gamarra Lino quedó en grado de tentativa. Y, debido a su sanción, estuvo interno en un establecimiento penitenciario, y tal limitación no le habría permitido amasar la fortuna injustificada por la que ahora es juzgado.

3.5. La conclusión de la Sala Superior es errada y contraviene lo estipulado en la Sentencia Casatoria número 1-2017/CIJ-443: “La noción de actividades criminales no puede entenderse como la existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza, cronológica, intervención o roles de agentes delictivos individualizados y objeto. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico”.

3.6. La sanción de una conducta tentada en la que se halla inmersa una persona por transporte de droga –como fue el caso de Gamarra Lino– no demuestra que el procesado nunca se hubiera dedicado a dichas actividades con fecha precedente a su intervención, ni que fue la primera vez cuando lo intervinieron, y menos que no le generó ingresos precedentes, ni que su actividad ilícita hubiera cesado con su internamiento en un penal.

3.7. Este extremo merece ser analizado críticamente a la luz de su constitución como nexo causal del delito precedente. Por tanto, esta falta de razonamiento debe ser dilucidada en un nuevo juicio; tanto más si habría una vulneración a un criterio expresamente establecido por los jueces de la Corte Suprema respecto a la categoría del hecho precedente. Asimismo, se debe evaluar si los ahora procesados y su entorno más cercano tuvieron antecedentes de condena por el delito de tráfico ilícito de drogas.

3.8. De igual forma, se debe evaluar la sentencia dictada contra Edgar Fernando Solano Aldava en la sede del Juzgado de Familia de Maynas, ya que el diez de mayo de dos mil fue intervenido transportando un aproximado de 4.480 kg de pasta básica de cocaína –folios 88 060 a 88 063–.

3.9. Pese a los datos que dan cuenta de que los ahora procesados sí tuvieron una vinculación previa con actividades delictivas, la Sala Superior, sin un mayor razonamiento de desestimación de estos antecedentes, determinó la absolución por ausencia de este requisito. Tal circunstancia constituye un defecto en la motivación, toda vez que no se requiere ninguna sentencia previa dictada en sede ordinaria o en sede de familia; sino la acreditación de conductas relacionadas con determinados tipos penales, con capacidad de generar ganancias. Y, en efecto, aquella exigencia de sentencias de condena por el delito de tráfico ilícito de drogas obra en el presente caso y requiere pronunciamiento.

3.10. Los procesados, conforme a la descripción fáctica que corresponde a los términos de la acusación, han realizado ingentes movimientos financieros cuyo origen no pudieron sustentar razonadamente. La acusación no se produjo en virtud de los vínculos familiares, pues ello sería vulnerar el principio de responsabilidad personal; sino por actos concretos de presunto lavado de activos en sus diversas modalidades.

3.11. Ahora, en cuanto a la validez de las pericias contables presentadas por los encausados en las que se basó la Sala Superior para declarar la absolución, se advierte que no se delimitó debidamente el objeto de prueba de este proceso, el cual a partir de la acusación fiscal radicaría en la determinación de actos de conversión y transferencia que habrían realizado Walter Gamarra Lino, Edilma Solano Aldava y Josué Silvano Bailón Gamarra; de actos de conversión que habrían efectuado Edgar Fernando Solano Aldava y Raúl Solano Aldava; así como de los actos de complicidad primaria en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento por parte de Jhony Jairo Rodríguez Freitas.

3.12. La pericia contable es un medio esencial en los procesos penales por lavado de activos; y, sobre la base de la documentación que proporcione a quien se investigue, se emitirán conclusiones sobre el desbalance patrimonial que denuncia el Ministerio Público, para así estructurar el indicio esencial en la configuración de este tipo penal y vincularlo con la actividad criminal previa.

3.13. Es racional y crítico el señor fiscal supremo, quien advirtió serias deficiencias en los dictámenes periciales que realizó su fiscal superior y, luego de aquella autocrítica, señaló que también habría defectos en las pericias de parte que ofrecieron los imputados.

3.14. Se han realizado diversas observaciones a los siguientes informes periciales:

Informe pericial propuesto por Walter Gamarra Lino, que da cuenta de que posee un balance patrimonial que asciende a la suma de S/ 590 018.68 (quinientos noventa mil dieciocho soles con sesenta y ocho céntimos) –folios 4753 a 4796–.

Informe pericial propuesto por Edilma Solano Aldava, que da cuenta de que posee un balance patrimonial disponible de S/ 1 057 116.69 (un millón cincuenta y siete mil ciento dieciséis soles con sesenta y nueve céntimos) –folios 5165 a 5188–.

Informe pericial propuesto por Edgar Solano Aldava, que da cuenta de que posee un balance patrimonial disponible de S/ 70 786.16 (setenta mil setecientos ochenta y seis soles con dieciséis céntimos) –folios 7252 a 7268–.

Informe pericial propuesto por Josué Bailón Gamarra, que da cuenta de que posee un balance patrimonial disponible de S/ 340 864.41 (trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y cuatro soles con cuarenta y un céntimos) –folios 7577 a 7597–.

Informe pericial propuesto por Raúl Solano Aldava, que da cuenta de que posee un balance patrimonial disponible de S/ 157 745.22 (ciento cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco soles con veintidós céntimos) –folios 7820 a 7838–.

Informe pericial propuesto por Jhony Jairo Rodríguez Freitas, que da cuenta de que posee un balance patrimonial ascendente a S/ 80 492.55 (ochenta mil cuatrocientos noventa y dos soles con cincuenta y cinco céntimos).

3.15. Las conclusiones probatorias emitidas en los citados dictámenes se elaboraron sobre la base de versiones no corroboradas, como las declaraciones de sus beneficiarios. No se efectuaron sobre la base de información documentada de naturaleza financiera, por lo que son insuficientes y no pueden ser empleadas como pruebas suficientes para desestimar la acusación.

3.16. Del mismo modo, los dictámenes propuestos por la parte acusadora –peritos contables de la Policía Nacional del Perú– afirman categóricamente lo siguiente:

3.17.  Asimismo, fueron diversas las personas jurídicas evaluadas en los dictámenes periciales que dan cuenta de un desbalance patrimonial en empresas vinculadas a los ahora procesados, como las siguientes:

3.18. Las conclusiones de las pericias presentadas por el representante del Ministerio Público y las ofrecidas por los encausados requieren un pronunciamiento debido, atendiendo a la documentación que propusieron los procesados respecto a diversas empresas, conforme consta en los siguientes folios: 163 485 a 163 536, 163 800 a 163 837, y 163 841 a 163 868. Ello con la finalidad de obtener datos concretos sobre el incremento patrimonial con la vinculación delictiva por la que los acusa el fiscal.

3.19. Asimismo, se aprecia que la Sala Penal Superior evaluó como un ingreso el préstamo que efectuó uno de los imputados a la persona jurídica de la que es accionista mayoritario. Para expresar juicios de esta categoría se debe requerir un pronunciamiento expreso a los profesionales de contabilidad que concurran a juicio, para no formular su decisión sobre la base de una errónea comprensión de términos contables de una persona natural cuando integra como accionista una persona jurídica.

3.20. En esencia, se deberá llevar a cabo un debate pericial y, a partir de las conclusiones emitidas con base en pruebas suficientemente proporcionadas por las partes, se deberá emitir un nuevo pronunciamiento. No se advierte que el juzgamiento efectuado a nivel superior haya sido suficiente, por lo que se deberá llevar a cabo un nuevo juicio oral en virtud del inciso 1 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, en el que esencialmente se emitirán dictámenes periciales complementarios que evalúen la información documentaria proporcionada por los encausados; y, necesariamente, respecto a la falta de expresión de una metodología o una conclusión coherente, se habrá de efectuar el debate pericial respectivo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con la opinión del representante del Ministerio Público:

I. DECLARARON NULA la sentencia expedida el nueve de abril de dos mil dieciocho por los jueces del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, que absolvió a Walter Gamarra Lino, Edilma Solano Aldava, Josué Silvano Bailón Gamarra, Edgar Fernando Solano Aldava, Raúl Solano Aldava y Jhony Jairo Rodríguez Freitas –por diversos títulos de imputación y modalidades– de la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad agravada, en perjuicio del Estado, y en consecuencia dispusieron que se levanten todas las medidas cautelares dispuestas con motivo del citado proceso. En tal virtud, ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral a cargo de un Tribunal integrado por jueces distintos a los que emitieron la sentencia que fue objeto de este pronunciamiento.

II. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

Intervino el señor Castañeda Espinoza por licencia del señor juez supremo Figueroa Navarro.

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