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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1488-2018
CALLAO

Inmediatez del cuestionamiento a la ubicuidad

No corresponde amparar la indicación de ubicación en un lugar distinto al de la presunta comisión delictiva en aquellos casos en los que una persona, a horas de su intervención y de realizado el hecho imputado, señala que estuvo en un lugar distinto y, meses después, refiere que estuvo en otro distante de aquel lugar en circunstancias completamente diferentes. Si bien en ambos casos el imputado cuestiona su ubicuidad, esta debe ser firme y única, debido a su naturaleza. La variación de versión, más allá de constituir una imprecisión en su declaración, es una que resta crédito a su tesis defensiva. Por tanto, no corresponde que sea amparada, más aún si los medios de corroboración que ofrece no poseen precisión o especificidad sobre los datos del impugnante.

Lima, veinte de mayo de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Giomar Ronald Alva Quispe contra la sentencia expedida el seis de junio de dos mil dieciocho por los señores jueces que integraron la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el extremo en el que lo condenó como autor de la comisión del delito de homicidio calificado, en perjuicio de quien en vida fue Richar Orlando Agurto Zelaya, a veintidós años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado; con las piezas procesales y los adjuntos que integran el cuaderno de nulidad.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

Primero. Fundamentos de impugnación

El recurrente pretende la nulidad de la sentencia emitida en sede superior y, en consecuencia, que se declare su absolución. Sus argumentos son los siguientes:

1.1. No se valoró su declaración respecto a su negación de conocer previamente a su coacusado Zelaya Avanto.

1.2. La sentencia no se puede fundamentar en una inconsistencia en la versión del imputado.

1.3. La pericia de absorción atómica no debe ser valorada, dado que se obtuvo con vulneración de los derechos fundamentales. La intervención del domicilio del encausado fue ilegal y sin presencia del representante del Ministerio Público.

1.4. No se valoró su versión en la que afirmó que en el día de los hechos estuvo en Plaza San Miguel, esto es, un lugar distinto y lejano de donde se perpetraron los hechos, y que para tal cometido presentó los siguientes medios probatorios: i) un recibo de compra de McDonald’s (aunque la Sala alegó que no se cuenta con la certeza de que el encausado hizo la compra); ii) el contenido de la visualización del CD de las cámaras de seguridad de Plaza San Miguel del nueve de febrero de dos mil dieciséis, el cual no ha sido cuestionado o tachado por la Fiscalía; iii) la oralización del informe de reconocimiento facial, y iv) la declaración del testigo Guerrero Paredes en el juicio oral, quien dio cuenta de que lo acompañó a Plaza San Miguel en el día de los hechos entre las 20:15 y las 21:15 horas.

1.5. Por último, no se valoró debidamente la retractación de la declaración del testigo Marcelo Zelaya Avanto.

Segundo. Acusación

2.1. Hechos imputados

Se imputó a Giomar Ronald Alva Quispe que el nueve de febrero de dos mil dieciséis, al promediar las 20:10 horas, junto con Marcelo Zelaya Avanto, interceptaron a Richard Orlando Agurto Zelaya por inmediaciones de la cuadra 3 del jirón Zepita, en el Callao, a quien dispararon con sus armas de fuego, luego de lo cual huyeron.

2.2. Opinión fiscal

Mediante el Dictamen número 885-2018-2°FSUPR.P-MP-FN, el representante de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia impugnada.

Tercero. Fundamentos del Tribunal Supremo

3.1. Quedó acreditado en juicio oral que la causa de la muerte de Richard Orlando Agurto Zelaya fue el disparo de proyectiles por armas de fuego –folio 75–.

3.2. Entonces, sobre esa base, se le imputa al ahora sentenciado Giomar Ronald Alva Quispe haber disparado y ocasionado el resultado antes descrito. Se aprecia que en el juicio oral se actuaron los siguientes medios probatorios:

a. La declaración de Giovanna Esperanza Agurto Zelaya, quien en etapa preliminar –folios 20 a 22– sindicó a Alva Quispe como la persona que le habría disparado a su hermano, el ahora occiso. Asimismo, la precisión de su versión la brindó sobre la base de un conocimiento previo, debido a que eran vecinos de barrio. La importancia de esta declaración es que fue recabada en un tiempo posterior inmediato al suceso fáctico. Tal versión fue ratificada en la declaración brindada ante el representante del Ministerio Público –folios 24 a 28–. Esta se halla complementada con el reconocimiento físico de persona – folios 35 a 36–, y en ella, expresamente, señaló que Alva Quispe fue quien disparó contra su hermano.

La declaración de la hermana fue ratificada y complementada en sede de instrucción –folio 211–.

b. El Dictamen Pericial por Restos de Disparo número 975/16 – folio 245– concluyó en la concurrencia positiva de los cationes de plomo, bario y antimonio en las manos derecha e izquierda de Giomar Ronald Alva Quispe, que son compatibles con restos de disparo por arma de fuego. Este pronunciamiento fue debidamente ratificado con la versión de los peritos Nadia Noelia Risco Córdova –folios 306 a 308– y Edwin Glenn Lavado Rojas –folios 309 a 311–.

c. Asimismo, al iniciar las primeras diligencias, se intervino el inmueble en el que indicaba residir el procesado, ubicado en la calle Venezuela 889. En el primer nivel del referido lugar se hallaron dos cartuchos de color dorado de nueve milímetros, marca Luger, sin percutir; así como seis cartuchos de color dorado de nueve milímetros para EP, sin percutir. En el segundo nivel, en el interior de un ropero, se halló una caja que contenía doce cartuchos de color dorado con la inscripción EP 9 mm, sin percutir, y dos cartuchos de color dorado, calibre 380, AUTO CBC, sin percutir. Estos objetos poseen idoneidad para corroborar tanto la declaración de la testigo presencial como las conclusiones del peritaje de absorción atómica.

d. Por su parte, el encausado, en su primera declaración, al ser consultado sobre las actividades que desempeñaba en el día y la hora de los hechos, indicó que se encontraba en su hogar con su madre, su esposa y su hijo, y que no salió para nada de su casa en el día de los hechos en horas de la noche –folios 29 a 34–. Sin embargo, en su declaración posterior –folios 280 a 284– varió el sentido de su versión e indicó que no se encontraba conforme con su versión inicial, ya que allí refirió que no salió de su casa para nada, y ahora indicó que sí salió al centro comercial Plaza San Miguel desde las 19:30 hasta las 21:00 horas con su amigo. Esta coartada estuvo acompañada con la solicitud de visualización de las cámaras de seguridad del referido centro comercial, lo cual fue materia de evaluación en el Informe Pericial de Reconocimiento Facial número 062-2016, que concluyó: “Realizada la homologación, el análisis y estudio criminalístico, se determinó que existe similitud en las características generales, cromáticas y particulares, motivo por el cual corresponderían en forma y detalle a una misma imagen facial de la persona identificada como Giomar Ronald Alva Quispe”. Nótese que estas conclusiones no permiten afirmar que el ahora sentenciado habría estado en un lugar distinto, sino que data la coincidencia en cuanto a sus rasgos generales con otra persona. Este medio de defensa no es amparable por la judicatura, dado que la ubicuidad es una circunstancia de inmediata determinación. En el presente caso, los hechos sucedieron al promediar las 20:00 horas del nueve de febrero de dos mil dieciséis, y la primera declaración del imputado se produjo a las 6:00 horas del diez de febrero de dos mil dieciséis (esto es, luego de diez horas), y en dicho periodo de tiempo, razonablemente, una persona puede recordar qué estuvo haciendo en las horas precedentes a su intervención y declaración para negar la imputación; y no, como en el presente caso, esperar hasta el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis –luego de tres meses– para indicar una circunstancia crucial en la ubicación de una persona.

3.3. Efectuada la valoración conjunta de los medios probatorios de cargo y los que ofreció el ahora sentenciado, se aprecia que los primeros poseen suficiencia para condenar. Contra lo mencionado por el encausado, obra el momento en el que cuestionó su ubicuidad y la imprecisión del análisis de las imágenes de seguridad; tanto más si no ofreció en un momento inmediato a sus testigos Ricardo Said Guerrero Paredes –amigo que, en el día de los hechos, lo acompañó a Plaza San Miguel–, Emily Zoraida Müller Matos –quien indicó conocer a Alva Quispe, que era de su barrio y que en el día de los hechos estuvo acompañado de otra persona– y Darly Karina Calderón Reaño – quien indicó que el nueve de febrero de dos mil dieciséis, al promediar las 21:00 horas, salió a comprar unas alitas y vio a Alva Quispe, quien llegaba con otro chico–.

3.4. Las declaraciones propuestas por el encausado no poseen la información corroborada para conceder crédito a su ajenidad con el hecho imputado, y la decisión de la Sala Superior se estructuró sobre la base de una declaración ratificada y corroborada, sin que la parte imputada hubiera acreditado que la sindicación obedece a una razón ajena a la descripción de ocurrencia real. Por tanto, corresponde que sea ratificada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con la opinión del señor fiscal supremo en lo penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el seis de junio de dos mil dieciocho por los señores jueces que integraron la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el extremo en el que condenó a Giomar Ronald Alva Quispe como autor de la comisión del delito de homicidio calificado, en perjuicio de quien en vida fue Richar Orlando Agurto Zelaya, a veintidós años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado; con lo demás que contiene.

II. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

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