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Robo agravado. Cambio de título de imputación de coautor a autor no genera indefensión

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1498-2018
LIMA NORTE

Título de imputación

La variación del título de imputación de coautor a autor, cuando no hubo modificación de los hechos ni de la calificación, no genera indefensión, dado que ello no constituye una reforma peyorativa ni exige la acreditación de elementos adicionales para la determinación de este título de intervención.

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Joseph Robinson Espinoza Valderrama contra la sentencia emitida el veinte de junio de dos mil dieciocho por los señores jueces integrantes de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el extremo en el que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Sergio Diego Huamán Vargas y Ana María Vargas Requejo, y en consecuencia le impuso diez años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 2000 (dos mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil a favor de los agraviados.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

El encausado Espinoza Valderrama pretende que se declare la nulidad de la sentencia que lo condenó y, reformándola, se le absuelva. Argumenta lo siguiente:

1.1. Se vulneró el debido proceso y el deber de motivación de las resoluciones, ya que la Sala Superior no efectuó un razonamiento jurídico correcto entre los hechos y la normativa. No realizó un adecuado juicio de tipicidad.

1.2. El Ministerio Público, en su formalización, le imputó el título de coautor, mientras que en la etapa instructiva lo inculpó como autor y en juicio oral no precisó el título de intervención, con lo cual le restringió su derecho a la defensa.

1.3. Debe considerarse como prueba prohibida las declaraciones de los efectivos policiales que intervinieron en su captura, porque el operativo se realizó sin la presencia de un representante del Ministerio Público.

1.4. El reconocimiento físico efectuado por los agraviados no es fidedigno, ya que pudieron ser inducidos por los efectivos policiales, quienes lo intervinieron de manera irregular.

Segundo. Hechos imputados

El cuatro de julio de dos mil dieciséis, al promediar las 11:30 horas, Ana María Vargas Requejo y Sergio Diego Huamán Vargas (agraviados) transitaban por la calle Río Pastaza, urbanización Santa Isolina, del distrito de Comas, cuando fueron interceptados por Joseph Robinson Espinoza Valderrama, quien se encontraba provisto de un arma de fuego, la cual lo rastrilló para apuntar en la cabeza a Huamán Vargas y amenazarlo de muerte. Asimismo, despojó a Vargas Requejo de su mochila, que contenía una laptop, una calculadora científica, la suma de S/ 80, su billetera y documentos personales; y a Huamán Vargas le arrebató su mochila, que contenía una laptop, una calculadora y una billetera con sus documentos personales. Posteriormente el encausado, todavía apuntándoles con el arma de fuego, se dirigió a un taxi que lo estaba esperando con el motor encendido, y se dio a la fuga.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. La responsabilidad de Joseph Espinoza Valderrama se determinó principalmente con la declaración de los testigos agraviados Vargas Requejo (quien narró la forma como el encausado y otra persona la despojaron de sus bienes, y brindó el número de la placa de rodaje del vehículo en el que los facinerosos se dieron a la fuga) y Huamán Vargas (quien corroboró la versión de la agraviada y reiteró de forma enfática cómo fueron víctimas del robo por parte de Espinoza Valderrama).

3.2. La versión de Espinoza Valderrama no es creíble. Este señaló que solamente realizó el servicio de taxi a uno de sus vecinos (desconocía qué es lo iría a hacer en aquel lugar), ya en el lugar este vecino bajó del vehículo y retornó con dos mochilas, hecho que para el encausado no fue sospechoso. Sin embargo, como manifestaron los agraviados, el vehículo se encontraba estacionado a pocos metros de donde fueron interceptados y despojados de sus pertenencias.

3.3. Los medios de prueba que dotan de validez las declaraciones de los agraviados son el acta de intervención policial (foja 10), el acta de registro vehicular (foja 27) y el acta de reconocimiento físico (fojas 28-29 y 30 a 33). Después de efectuada la valoración conjunta, el Colegido Superior determinó la responsabilidad de Espinoza Valderrama en el delito de robo agravado.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1. Los medios probatorios valorados por el Colegido Superior que sirvieron de fundamento para condenar a Espinoza Valderrama fueron, entre otros:

i) El acta de intervención policial del cuatro de julio de dos mil dieciséis (foja 10), que da cuenta de que la intervención de Espinoza Valderrama se produjo por la denuncia interpuesta por Huamán Vargas y Vargas Requejo el mismo día de los hechos (cuatro de julio de dos mil dieciséis). En tal virtud, los efectivos policiales se abocaron a ubicar el vehículo de placa de rodaje número A9T-658, y lo hallaron por inmediaciones de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo, urbanización Lucyana, distrito de Carabayllo. En el interior de aquel se encontraba el encausado, quien pretendió darse a la fuga, aunque posteriormente aceptó haber cometido el ilícito en compañía de otro sujeto conocido como “Pelado”.

ii) Las declaraciones de los agraviados Ana Vargas Requejo (fojas 12 a 14) y Sergio Huamán Vargas (fojas 15 a 17), quienes sindicaron en todo momento a Espinoza Valderrama como la persona que los despojó de sus bienes. Su relato fue coherente, con hechos lógicos y creíbles; además, Vargas Requejo brindó el número de la placa del vehículo en el que los facinerosos se dieron a la fuga luego de despojarlos de sus bienes.

iii) Las declaraciones de los efectivos policiales Ángel Olivera Chávez y Máximo Maguiña Yta (fojas 21 a 24), efectuadas con presencia del representante del Ministerio Público, quienes indicaron que el operativo se inició por la denuncia que interpusieron Huamán Vargas y Vargas Requejo. Además, lo que facilitó la intervención del vehículo fue que la agraviada Vargas Requejo brindó el número de placa de este. También indicaron que en el interior del vehículo se halló una réplica de arma de fuego. Por otro lado, los policías ratificaron el contenido del acta de registro vehicular y precisaron que el encausado reconoció haber perpetrado el delito junto a otro individuo conocido con el apelativo de “Pelado”.

4.2. La invalidez de las declaraciones de los efectivos policiales que denuncia el recurrente no es amparable, puesto que aquellos tienen la posibilidad de declarar respecto a la intervención en la que participaron y por ende se constituyen en testigos de referencia según el momento de su intervención: i) cuando hayan intervenido de manera personal en las diligencias preliminares, ii) cuando hayan presenciado el delito, iii) cuando hayan recogido el cuerpo del delito y iv) cuando hayan detenido al autor del delito.

4.3. El Colegiado Superior, además de valorar los medios probatorios ya descritos, condenó al impugnante con base en la valoración de los siguientes medios probatorios:

i) Las actas de registro del vehículo en el que circulaba el imputado (foja 27), en el cual se encontró una réplica de arma de fuego.

ii) El acta de reconocimiento físico en rueda de imputados (fojas 28 y 29), en la que Vargas Requejo reconoció a Espinoza Valderrama como la persona que condujo el vehículo en el que se dio a la fuga junto a la otra persona que participó del robo.

iii) Las actas de reconocimiento físico en rueda de imputados (fojas 30 a 33), en las que Huamán Vargas reconoció a Espinoza Valderrama como la persona que manejaba el vehículo en el que fugó junto a su cómplice.

Los actuados en mención, en su conjunto, fueron valorados en Sede Superior, según consta en la recurrida. La postulación de Espinoza Valderrama respecto a la posibilidad de que los agraviados fueron inducidos por los efectivos policiales carece de sustento probatorio y constituye una mera alegación que debe ser desestimada.

4.4. Asimismo, se aprecia que la intervención policial del cuatro de julio de dos mil dieciséis (foja 10) se llevó a cabo sin la presencia del representante del Ministerio Público. Sin embargo, como en diversas oportunidades se ha expresado, excepcionalmente, puede otorgarse valor probatorio a dicha diligencia cuando se prescinda del fiscal como consecuencia de la necesidad y urgencia de dicha actuación, tal como ocurre en el presente caso, por lo que la diligencia de intervención policial debidamente corroborada es plenamente válida. Lo contrario implicaría que todos los casos de intervención en flagrancia sean nulos.

4.5. Finalmente, el cuestionamiento en cuanto a la variación del título de intervención no restringió su defensa, pues en la sentencia no existió variación de los hechos imputados ni del bien jurídico tutelado. Asimismo, el reproche penal de sanción a la coautoría es igual a la autoría. La definición jurídica del hecho imputado no varió y, por ende, la alegada afectación no tiene trascendencia ni generó indefensión, en virtud de lo cual debe ser desestimada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. Declararon NO HABER NULIDAD en el recurso de nulidad interpuesto por el Joseph Robinson Espinoza Valderrama contra la sentencia emitida el veinte de junio de dos mil dieciocho por los señores jueces integrantes de la Segunda para Procesados en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el extremo en el que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Sergio Diego Huamán Vargas y Ana María Vargas Requejo, a diez años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 2000 (dos mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil a favor de los agraviados.

II. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de origen. Hágase saber.

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