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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1431-2019
LIMA NORTE

Prescripción improcedente

El plazo máximo de 20 años, señalado en el cuarto párrafo del artículo 80 del Código Penal, opera para el cómputo de la prescripción ordinaria, no pretende excluir la aplicación del plazo adicional en los supuestos de interrupción de la prescripción penal

Lima, cinco de febrero de dos mil veinte

VISTOS: El recurso de nulidad interpuesto por Guillermo Contreras Campos contra la sentencia conformada, emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el extremo que: a) declaró improcedente la excepción de prescripción, que dedujo contra la imputación en su contra por el delito de peculado en agravio del Estado-Municipalidad Distrital de Independencia, y b) le impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, la cual se computará desde el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve –fecha en que se cumple la condena impuesta en el Expediente número 41-2010–, al condenarlo como autor del delito contra la administración pública –peculado doloso, primer párrafo del artículo 387 del Código Penal–, en agravio del Estado-Municipalidad Distrital de Independencia.
Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

La defensa de Guillermo Contreras Campos solicita que se declare nula la sentencia y, reformándola, se declare fundada la excepción de prescripción que dedujo; asimismo, que se deduzca del cómputo de la pena de carcelería que viene sufriendo desde el veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Sus fundamentos son los siguientes:

1.1. En cuanto a la improcedencia de la excepción de prescripción El cómputo del plazo de prescripción efectuado por el Colegiado Superior se contradice con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política y la última parte del artículo 80 del Código Penal, que regula la duplicidad del plazo de prescripción y no menciona la adición de una mitad a dicho plazo; además, se estableció un plazo de veinticuatro años, pese a que el cuarto párrafo del artículo 80 del Código Penal señala taxativamente que la prescripción no será mayor a veinte años.

1.2. En cuanto a la pena impuesta

El Ministerio Público, en su acusación, solicitó cinco años de pena privativa de libertad; el procesado se sometió a la terminación anticipada, por lo que le correspondía una reducción de la pena de hasta por lo menos el mínimo legal (dos años de pena privativa de libertad); pese a ello, se le impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva. Además, el tiempo de carcelería que viene cumpliendo se debe descontar de la pena impuesta, aunque este tiempo coincida con el cumplimiento de otra condena.

Segundo. Contenido de la acusación

El Ministerio Público sostiene que el acusado Guillermo Contreras Campos, en su condición de gerente de Servicios a la Comunidad Distrital de Independencia, se apropió indebidamente de los fondos que le fueron entregados por la entidad edil a través de los cobros de diversos comprobantes de pago puntualizados en la acusación, correspondientes a los años dos mil uno y dos mil dos, para que sufragara con ellos los gastos operativos de su Gerencia, tales como el mantenimiento de parques y jardines, arreglo de vehículos, recolección y erradicación de residuos y seguridad ciudadana, entre otros; monto que ascendió a la suma de S/ 61 099.40 (sesenta y un mil noventa y nueve soles con cuatro céntimos), de los cuales solo rindió cuentas por S/ 5194.61 (cinco mil ciento noventa y cuatro soles con sesenta y un céntimos), y quedó un saldo pendiente de rendición ascendente a S/ 55 904.79 (cincuenta y cinco mil novecientos cuatro soles con setenta y nueve céntimos), conforme se desprende del Informe Especial de Gerencia de Servicios a la Comunidad, correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre de dos mil dos, efectuado por la Gerencia de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia, el veintitrés de enero de dos mil cuatro, fondos que el recurrente, pese a los requerimientos que se le efectuaron, no cumplió con justificar debidamente.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. Sobre la prescripción de la acción penal. Por tratarse de delito de peculado, el plazo de la prescripción se duplica a partir de la sumatoria de la pena máxima y a este se le añade la mitad por la prescripción extraordinaria, lo que da un resultado de 24 años para que opere la prescripción, lo que aún no se ha cumplido.

3.2. Sobre la pena. El texto del tipo penal descrito en el artículo 387 del Código Penal, vigente a la fecha de comisión del hecho, preveía una sanción no menor de dos ni mayor de ocho años de pena privativa de libertad; el procesado tiene antecedentes penales por diversos delitos, por lo que se le impone la pena concreta de cinco años de privación de libertad, que con la reducción de un sexto como beneficio premial, por su sometimiento a la conclusión anticipada, queda en cuatro años.

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Código Penal, el cómputo de la pena se efectúa desde el cumplimiento de la pena privativa de libertad efectiva que se le impuso por los delitos de usurpación de funciones y concusión mediante sentencia del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, cuyo vencimiento es el veinte de agosto de dos mi veintitrés.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1 Sobre la prescripción

4.1.1. El artículo 80 del Código Penal regula los plazos ordinarios de prescripción de la acción penal, tanto en los delitos comunes como en los cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, previstos en el último párrafo de dicha norma; mientras que el artículo 83 del mismo código legisla los supuestos de interrupción del plazo de prescripción –por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales–, pero les pone un límite, no puede sobrepasar en una mitad al plazo ordinario.

4.1.2. No es necesario que en cada una de estas normas se señale de manera expresa el tipo de prescripción que regulan (ordinaria o extraordinaria), la interpretación lógico sistemática así lo indica.

4.1.3. En este orden, el plazo máximo de 20 años señalado en el cuarto párrafo del artículo 80, que opera para el cómputo de la prescripción ordinaria, no pretende excluir la aplicación del plazo adicional en los supuestos de interrupción de la prescripción penal.

4.1.4. Dicho párrafo tampoco pone un límite a la duplicidad del plazo ordinario de prescripción previsto en el último párrafo del mencionado artículo.

4.1.5. En el fundamento 12 del Acuerdo Plenario número 1-2010/CJ- 116 se estableció que en este último caso la ley consideró que tenía que reconocerse un mayor reproche, traducido en el plazo de la prescripción; así, se indicó:

El ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por aquellos. Eso implica un mayor desvalor de la acción –como conducta peligrosa para los bienes jurídicos– complementado con el desvalor de resultado derivado de la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tiene para encubrir sus actividades ilícitas.

4.1.6. Se señaló también en el fundamento 16 del mismo acuerdo plenario, que una interpretación distinta sería irrazonable y vaciaría de contenido la gravedad de la conducta de los funcionarios y servidores públicos respecto del patrimonio del Estado y asimilaría el hecho a delitos comunes sin ninguna diferenciación que le otorgue sentido a la disposición legal.

4.1.7. Así, atendiendo a que la pena máxima para el delito que se le imputa es de ocho años de privación de libertad –según texto vigente a la fecha de comisión del delito–, la prescripción ordinaria vencería a los 16 años y la extraordinaria a los 24, por lo que la sentencia impugnada se encuentra arreglada a ley en lo que a este extremo respecta.

4.2 En cuanto a la pena impuesta

4.2.1. La pena concreta se determina dentro de los márgenes de la pena conminada en el tipo penal que se imputa.

4.2.2. El beneficio premial de sometimiento a la conclusión anticipada no implica una reducción automática hasta por lo menos el mínimo legal, como señala el recurrente. La reducción por este concepto se efectúa una vez calculada la pena concreta, conforme los criterios de evaluación previstos en el artículo 45 y 46 del Código Penal –véase el segundo párrafo del fundamento 23 del Acuerdo Plenario número 5- 2008/CJ-116, que indica que se debe diferenciar los dos momentos finales: primero, la pena que correspondería sin la aplicación de este beneficio premial y, luego, la pena resultante de aplicar la reducción por este concepto–.

4.2.3. En el presente caso, no es aplicable el sistema de tercios (artículo 45-A del Código Penal), que entró en vigencia en forma posterior a la fecha de comisión de los hechos y que, además, no favorece al procesado.

4.2.4. Se impuso al acusado cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, incluido el beneficio premial –que no amerita una reducción de 1/6, como erróneamente señaló el Colegiado Superior, sino de un 1/7 de la pena;, en este sentido, el Acuerdo Plenario citado señaló que en los supuestos de conformidad procesal la reducción no puede ser de un sexto, debe ser un porcentaje menor, entre un séptimo o menos; no es lo mismo culminar la causa en sede de instrucción, terminación anticipada, que esperar su culminación y el inicio del juicio oral como sucede en la conformidad procesal–, pena que resulta proporcional al hecho y a las condiciones personales del acusado, quien registra antecedentes penales por diversos delitos y, además, es menor a la solicitada por el Ministerio Público (cinco años de pena privativa de libertad).

4.3 En cuanto a la fecha de inicio del cómputo de la pena

4.3.1. Según se señala en la sentencia impugnada, el procesado fue sentenciado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por el delito de usurpación de funciones y concusión, a tres años de pena privativa de libertad efectiva, con vencimiento el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve y ahora se le sentencia por hechos ocurridos en los años dos mil uno y dos mil dos; esto configura un supuesto de concurso real retrospectivo previsto en el artículo 51 del Código Penal.

4.3.2. Pero a la fecha de comisión de los hechos –años dos mil uno y dos mil dos– estaba vigente el texto de este artículo, modificado por la Ley número 26832, publicado el tres de julio de mil novecientos noventa y siete; el texto actual, que impone la sumatoria de las penas, recién entró en vigencia el trece de mayo de dos mil seis, por lo que no es correcto en el presente caso sumar ambas penas.

4.3.3. El artículo 51° del Código Penal, vigente a la fecha de comisión de los hechos, establecía:

Artículo 51: Si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado de igual o distinta naturaleza, que merezca una pena inferior a la impuesta, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, el órgano jurisdiccional o los sujetos al proceso solicitarán copia certificada del fallo ejecutoriado y en mérito de la misma, el órgano jurisdiccional dictará el sobreseimiento definitivo de la causa y ordenará archivarla.

Si el hecho punible descubierto mereciere una pena superior a la aplicada, el condenado será sometido a un nuevo proceso y se impondrá la nueva pena correspondiente.

4.3.4. Bajo este lineamiento, el Tribunal Supremo emitió jurisprudencia vinculante en el Recurso de Nulidad número 4052-2004-Ayacucho, del diez de febrero de dos mil cinco, en cuyo considerando cuarto señaló que el tratamiento del concurso real, en el caso de juzgamientos sucesivos y en orden a la imposición de la pena, apuntaba, de un lado, a evitar que el condenado sea tratado más severamente de lo que hubiese sido si el juzgamiento de sus infracciones hubiera tenido lugar simultáneamente y, de otro lado, a imponer una sola pena que sea proporcional a la responsabilidad del agente, el juez no podía acumular las penas, ya que la respuesta penal en caso de concurso real no podía estar condicionada a factores procesales referidos a la persecución, al conocimiento por la autoridad de la comisión del injusto y a la fecha de su enjuiciamiento, de ahí que la pena única se imponía como exigencia legal e, incluso, de tratamiento penitenciario.

4.3.5. Consecuentemente, en el presente caso corresponde la refundición de los cuatro años de pena privativa de libertad impuesta, con los tres años de privación efectiva de libertad que se le impuso por sentencia del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, debe computarse su cumplimiento desde el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, por lo que la pena vencerá el veintiuno de agosto de dos mil veinte.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad en parte con lo dictaminado por el señor fiscal supremo en lo penal, DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada, emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el extremo que: a) declaró Improcedente la excepción de prescripción que dedujo contra la imputación en su contra por el delito de peculado en agravio del Estado-Municipalidad de Independencia, y b) le impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva al condenarlo como autor del delito contra la administración pública-peculado doloso (primer párrafo del artículo 387 del Código Penal), la cual se computará desde el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, –fecha en que se cumple la condena impuesta en el Expediente número 41-2010–.

II. HABER NULIDAD en cuanto a la fecha de vencimiento de la pena, la que, en aplicación del concurso real retrospectivo vigente a la fecha de comisión de los hechos –texto del artículo modificado por la Ley número 26832, publicado el tres de julio de mil novecientos noventa y siete–, vencerá el veintiuno de agosto de dos mil veinte.

III. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de origen. Hágase saber.

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