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Lavado de Activos. Vulneración al principio de correlación entre la acusación y la sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2805-2017
NACIONAL

Vulneración al principio de correlación entre la acusación y la sentencia.

Sumilla. En el presente caso existe una vulneración al principio de correlación entre la acusación y la sentencia, por cuanto la resolución recurrida argumenta sobre la base de un marco fáctico distinto al planteado en la acusación fiscal.

Lima, veintidós de mayo de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los representantes del MINISTERIO PÚBLICO (foja once mil cuatrocientos setenta y nueve) y de la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (foja once mil cuatrocientos setenta y uno), contra la sentencia del veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete (foja once mil trescientos sesenta y dos) emitida por el Colegiado D de la Sala Penal Nacional (actualmente, Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios), que resolvió absolver a los procesados Leopoldo Luperio Vega López, Aurelio Taboada Palomino y Edwin Limaco Torres, de los cargos atribuidos en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artículo uno de la Ley veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, modificado por el Decreto Legislativo novecientos ochenta y seis; en concordancia con el artículo tres, último párrafo, del mismo cuerpo legal. Con lo expuesto por el representante de la Fiscalía Suprema en lo Penal. Oído el informe oral.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

FUNDAMENTOS

I. Agravios de los recurrentes

Primero. El representante del MINISTERIO PÚBLICO planteó, en su recurso de nulidad (foja once mil cuatrocientos setenta y nueve), como principales agravios, los siguientes:

Respecto al procesado Leopoldo Luperio Vega López

1.1. Presenta un incremento inusual de su patrimonio, pues la empresa Arca de Noé ADN S. A. C. (donde él es el gerente general), realizó siete exportaciones; asimismo, iba a financiar otra más que pretendía realizar a la ciudad de Amman en Jordania, es decir, asumió gastos por la compra de productos naturales, financiamiento cuyo origen lícito no pudo acreditar.

1.2. El dictamen de pericia contable N.° 07-02-201-DIRANDRO- PNP/OFICRI-UNITEFIN-EB-2, practicado a la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., respecto a su dinámica económica, concluye que: […] no se ha acreditado el nombre de los clientes y proveedores, así como los bienes o mercaderías comercializadas en el año dos mil siete, toda vez que no han sido sustentados con documentos contables dichas operaciones; asimismo, no figuran registrados en el Libro de Ventas el importe de S/ 30 504 y compras por S/ 25 350, que efectuó Arca de Noé ADN S. A. C., actividades operativas en el periodo de marzo 2006 a enero 2007, realizando ventas de productos de consumo y otros por la suma de S/ 282 923, obteniendo utilidades por S/ 3569 equivalente al 0,21 % de ventas, lo que demuestra que no ha sido rentable para los accionistas.

1.3. En el informe pericial contable financiero N.° 03-2017CHD/NE, se afirmó que el sentenciado tiene un desbalance patrimonial ascendente al monto de S/ 48 940, el cual ha sido calculado en función al sueldo mínimo vital; sin embargo, se ha obviado tener en cuenta en el citado peritaje que el acusado se encuentra sufriendo carcelería, por lo que pese al descuento efectuado, persistiría un desbalance patrimonial, el que no fue tomado en cuenta por el Colegiado Superior.

1.4. La Sala Superior obvió la versión de los testigos Yessica Ynés Cerrón Vega y Yoel Yonatan Vega Medina que, más allá de confirmar la versión del procesado respecto al rubro para la cual fue creada la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., señalaron que no realizaron ningún tipo de aporte económico para la constitución de la misma, pues fue el acusado el encargado de la dirección de la empresa en mención, cuyo origen no ha sido justificado.

1.5. Si bien los hechos de tráfico ilícito de drogas datan del diecinueve de febrero de dos mil siete y la conformación de la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., se realizó en fecha anterior, dicha situación no descarta que el capital utilizado sea de procedencia ilícita.

Sobre Aurelio Taboada Palomino

1.6. El citado procesado tuvo un incremento inusual de patrimonio, además se acreditó que viajó a Argentina en el año dos mil seis, permaneciendo en dicho país por ocho días, donde habría gastado un total de dos mil dólares americanos (monto aproximado), esto por los gastos que irrogó el viaje. Así, si se tiene en cuenta su declaración de febrero de dos mil siete, donde señaló que trabajaba en construcción, percibiendo cuatrocientos o quinientos soles mensuales, aproximadamente, con una carga familiar de dos hijos, se concluye que no tendría cómo acreditar la procedencia del dinero utilizado para financiar el citado viaje.

1.7. Se encuentra acreditado que el acusado recibió y realizó transferencias de dinero ascendentes a la suma de siete mil ochenta y tres dólares americanos, de los cuales no pudo acreditar su procedencia lícita. En ese sentido, la versión que dio respecto a que las citadas transferencias fueron por encargo del señor Hernán Álvarez Miguel, no son creíbles, pues mediante ficha de Reniec dicha persona ha fallecido.

1.8. Según el informe pericial contable financiero N.° 01-2017- CHD/NE, los miembros integrantes del Cuerpo de Peritos Contables y Financieros de la Sala Penal Nacional establecieron un desbalance patrimonial por la suma de cuarenta y tres mil seiscientos once soles; sin embargo, los peritos no tuvieron en cuenta que este procesado sufre carcelería desde el dos de setiembre de dos mil nueve, por lo que al efectuarse el descuento de dicho lapso, las conclusiones del citado informe pericial variarían sustancialmente.

En cuanto a Edwin Limaco Torres

1.9. No se tuvo en consideración la existencia de un incremento inusual en su patrimonio, lo cual fue determinado en el dictamen pericial contable N.° 03-02-2013-DIRANDRO-PNP/OFICRI-UNITEFIN- EB-2, por la suma de ciento cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete soles, con dieciocho céntimos, correspondiente al periodo de dos mil siete a diciembre de dos mil diez.

1.10. El dictamen pericial contable N.° 06-02-2013-DIRANDRO- PNP/OFICRI-UNITEFIN-EB-2 concluye que la empresa Interla S. A. C. fue constituida el dos de diciembre de dos mil cinco con un capital inicial de ciento cincuenta mil soles, pagado en bienes no dinerarios, donde el acusado aportó la suma de ciento cuarenta y ocho mil quinientos soles y Diana Betti Quispe Chuchón la suma de mil quinientos soles, empresa que no realizó actividades operativas en el periodo de los años dos mil siete a dos mil diez; es decir, después de cinco años de su constitución no realizó actividades comerciales, lo que resulta sumamente extraño.

1.11. No se tomó en consideración el dictamen pericial contable N.° 05-02-2013-DIRANDRO-PNP/OFICRI-UNITEFIN.EB-2, así como el dictamen pericial contable N.° 16-02-2013-DIRANDRO- PNP/OFICRI, UNITEFIN.EB-2, en los cuales se establece que la empresa Limacorp E. I. R. L. no ha sido rentable para sus accionistas.
1.12. El dictamen pericial contable N.° 01-02-2011-DIRANDRO PNP/OFICRI-UNITEFIN-EEA practicado a la empresa TS Peruana S.
A. C., concluye, entre otros aspectos, que de la interposición del estado de ganancias y pérdidas durante el periodo analizado (años dos mil uno a dos mil ocho), se pudo determinar que la empresa consume ingresos por ventas en el orden del noventa y siete punto ochenta y cinco por ciento en gastos operativos (venta, administración y producción), quedando un mínimo porcentaje de utilidad neta luego del pago de impuestos, del cero punto sesenta y seis por ciento, que comparado con el promedio del mercado (quince al veinte por ciento) es poco atractivo para una inversión.

1.13. Asimismo, en relación con la empresa TS Peruana S. A. C., el acusado Edwin Limaco Torres, señaló que entre los meses de enero de dos mil uno a abril de dos mil cinco, tuvo ingresos por la suma de sesenta y cinco mil doscientos sesenta y seis soles con veinticinco céntimos y por CTS la suma de cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis soles; sin embargo, dichos ingresos no han sido acreditados, al no aparecer anexo en la contabilidad de dicha empresa.

1.14. El Colegiado Superior no valoró la vinculación existente entre el procesado Edwin Limaco Torres con los actos de tráfico ilícito de drogas, pues se encuentra vinculado con el sentenciado Nilo Sulca Sosa, quien conducía el vehículo de placa de rodaje N.° SGO-534, que es de su propiedad, el que fue utilizado para el transporte de la cocaína en solución acuosa que se pretendía enviar a la ciudad de Amman, en Jordania.

Segundo. Por su parte, la representante de la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, planteó como principales agravios en su recurso de nulidad (foja once mil cuatrocientos setenta y uno), los siguientes:

2.1. Uno de los principales argumentos utilizados por la Sala Superior para absolver al acusado Aurelio Taboada Palomino fue el cuestionamiento que se realizó a las pericias contables elaboradas por los peritos de la Sala Penal Nacional. Al respecto, es necesario resaltar que dichas pericias oficiales erróneamente fueron elaboradas tomando como periodo a analizar entre enero del año dos mil siete y diciembre de dos mil diez; esto es, un periodo posterior al hallazgo de la droga incautada, de tal forma que lo correcto es analizar el patrimonio y movimientos económicos de los acusados desde un periodo anterior al delito hallazgo, pues no se puede considerar únicamente que el periodo analizado sea el originador de las ganancias ilícitas que sirvieron para la realización de los actos de conversión o transferencia imputados.

2.2. En el Acuerdo Plenario N.° 07-2011/CJ-116, se precisó que si bien por lo general las operaciones del lavado de activos tienen lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad ilícita desplegada; sin embargo, es posible que se produzcan otros supuestos, entre ellos, que el pago por la venta ilícita se haga antes de la entrega o pago por adelantado, por lo que vistas así las posibilidades alternativas de realización del delito de lavado de activos, ya sea de modo posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente de los activos ilegales, no cabe excluir a priori la comisión del citado delito de lavado de activos.

2.3. No se tuvo en cuenta que el acusado Aurelio Taboada Palomino, antes del periodo analizado por las pericias actuadas en juicio oral, presenta movimientos económicos (envíos y transferencias de dinero). Así, recibió dinero del extranjero por los montos de veinte mil ochocientos treinta y siete soles con cinco céntimos y envió cuatro mil ochocientos cuarenta y siete soles, montos que no fueron objeto de valoración por los informes periciales.

2.4. No se valoró el hecho de que la empresa Arca de Noé ADN S. A. C. registró siete exportaciones desde el año dos mil seis, además registró compras y ventas por montos dinerarios elevados, los mismos que no se encuentran objetivamente sustentados. Tampoco se consideró que la citada empresa no fue rentable debido al bajo margen de utilidad que presentó.

2.5. Se obvió tener en consideración, respecto a la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., que en febrero de dos mil seis, es decir, un mes antes de que realice su primera operación comercial (una compra en el mes de marzo por veintinueve mil quinientos sesenta y tres soles), dicha persona jurídica recibió la cantidad de treinta mil soles mediante préstamos, los cuales se encuentran sustentados únicamente con las declaraciones juradas de María Esperanza Vega López por quince mil soles, María Esperanza Guevara Terrones por siete mil soles; y, Seguvina Andrea Medina Moreno, por ocho mil soles.

2.6. La Sala Superior sostuvo como parte de sus argumentos que la falta de justificación contable no podría generar convicción respecto a la responsabilidad de los acusados; sin embargo, dicho argumento representa un desconocimiento a lo señalado por la Ejecutoria Suprema R. N. N.° 786-2012, el cual en su fundamento cuarto señala que: “[…] en el delito de lavado de activos a quien le corresponde acreditar la vinculación de los bienes cuestionados con actividades lícitas, es la persona a quien se le imputa la comisión de dicho delito –lo que resulta razonable, pues este se encuentra en mejores condiciones de acreditar el origen lícito de sus bienes, dado que debe contar con mayor información y documentación al respecto–”.

II. Hechos objeto del proceso penal

Tercero. Respecto al delito fuente de tráfico ilícito de drogas, se tiene que:

3.1. Por sentencia del dos de febrero de dos mil diez (foja nueve mil ochocientos ochenta y siete) emitida por la Sala Penal Nacional, la misma que fue confirmada por Ejecutoria Suprema R. N. N.° 1935- 2010, del cinco de octubre de dos mil diez (foja nueve mil novecientos cuarenta y tres) emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se condenó como autores del delito de tráfico ilícito de drogas con agravantes (artículo doscientos noventa y seis, primer párrafo, concordado con el artículo doscientos noventa y siete, incisos seis y siete, del Código Penal), a Leopoldo Luperio Vega López a dieciocho años de pena privativa de libertad, y a Aurelio Taboada Palomino y Nilo Sulca Sosa a quince años de pena privativa de libertad.

3.2. Los hechos que sostienen la indicada condena se circunscriben al diecinueve de febrero de dos mil siete, fecha en la que el personal de la Policía Nacional del Perú, junto a un representante del Ministerio Público y otros funcionarios, hallaron en el interior del almacén de la compañía Talma Cargo, una carga sospechosa consignada en la guía aérea N.° 02038022751, cuyo destino era la ciudad de Amman, en Jordania, consistente en treinta y cuatro cajas de cartón, que contenían cuatrocientos cuatro envases de plástico, cada una con anotaciones en etiquetas “extracto de uña de gato” (trescientos envases) y “extracto de maca” (ciento cuatro envases). En el interior de dichos envases se halló una sustancia líquida de color verde, la que sometida a la prueba de campo dio como resultado positivo para alcaloide de cocaína en solución acuosa orgánica, con un peso neto de trescientos cincuenta y ocho punto trescientos setenta y seis kilogramos.

3.3. Así, respecto a la responsabilidad penal de Leopoldo Luperio Vega López, se acreditó que fue él quien realizó todas las actividades necesarias para efectuar el envío de la droga antes citada, agenciándose de la documentación necesaria para exportar los productos naturales dentro de los cuales se acondicionó la droga, participó activamente en la compra, traslado y organización de dichos productos, utilizando para ello las botellas que compró su coprocesado Aurelio Taboada Palomino, envases donde camuflaron la sustancia ilícita. Aunado a ello se tiene que en la diligencia de registro domiciliario realizada en su vivienda se hallaron dos galoneras de plástico con adherencias de droga.

3.4. Sobre la responsabilidad penal de Aurelio Taboada Palomino, se determinó que colaboró con la adquisición de tapas, botellas y galoneras plásticas de color blanco de capacidad de un litro y medio, con las mismas características que las utilizadas por la empresa Derivados Andinos S. A. C., empresa que proveyó los extractos de uña de gato y maca a Leopoldo Luperio Vega López.

3.5. También se estableció responsabilidad penal para Nilo Sulca Sosa, pues en su condición de conductor del vehículo station wagon de placa de rodaje N.° STO 534, el catorce de febrero de dos mil siete transportó la carga hasta el inmueble de la avenida Puente Piedra setecientos quince, lugar conocido como El Gramadal, en Puente Piedra. Asimismo, el dieciséis de febrero de dos mil siete transportó del local precitado, el cargamento con droga hasta la rampa de la empresa Talma, situada en el interior de las instalaciones del Centro Aéreo Comercial del Callao.

Cuarto. La imputación de cargos, por el delito de lavado de activos, es la siguiente:

4.1. A partir de la intervención ocurrida el diecinueve de febrero de dos mil siete, se comenzó una investigación por el delito de lavado de activos contra Leopoldo Luperio Vega López y Aurelio Taboada Palomino. Posteriormente, el treinta de junio de dos mil nueve, se amplió la investigación comprendiendo a Edwin Limaco Torres y sus empresas grupo Interla S. A. C., TS Peruana S.
A. y Limacorp E. I. R. L., por haber mantenido una relación contractual con Nilo Sulca Sosa (sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas), a este último se le alquilaba el vehículo de placa de rodaje N.° STO-534, el mismo que fue empleado para trasladar la droga incautada el diecinueve de febrero de dos mil siete, desde Santa Clara hasta Puente Piedra, local de la empresa del acusado Leopoldo Luperio Vega López.

4.2. Ahora bien, al procesado Leopoldo Luperio Vega López se le acusa específicamente de haber cometido el delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, por haber formado la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., como una empresa de fachada, a fin de exportar, a través de ella, droga al exterior, insertando dinero de procedencia ilícita a la economía nacional, destinándola para la constitución de dicha empresa, compra de extractos de productos naturales, pago de toda la logística y trámites para la exportación que se pretendió realizar hacia Jordania.

4.3. En lo que se refiere al investigado Aurelio Taboada Palomino, se le acusa de haber cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia, ya que mediante sus actividades ilegales en el delito de tráfico ilícito de drogas, recibió y transfirió dinero del extranjero, cuyo origen se desconoce, puesto que el siete de diciembre de dos mil cinco recibió dinero de España de Stphen Obere; el quince de diciembre de dos mil cinco recibió dinero de Italia de Ndubuisi Chukwu; el veinticuatro de mayo de dos mil seis remitió dinero a Jordania, a Hernán Álvarez Miguel; el veintinueve y treinta de noviembre de dos mil cinco remitió dinero a Brasil; y en julio de dos mil siete envió dinero a Wilfredo Quispe y Katherine Gonzales Prada. De ello se tiene que el acusado, a la fecha, no acreditó el origen del dinero o actividades que justifique el envío de dinero al extranjero, encontrándose ligado al delito de tráfico ilícito de drogas, justamente con la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., pues conforme con la sentencia por tráfico ilícito de drogas, el citado procesado colaboró con esta empresa, proveyéndola de envases de plástico, cuyo contenido fue sustituido por drogas.

4.4. Respecto al procesado Edwin Limaco Torres, se le imputa el delito de lavado de activos, en su modalidad de actos de conversión por encontrarse vinculado al sentenciado Nilo Sulca Sosa; este último fue la persona que trasladó la droga incautada el diecinueve de febrero de dos mil siete en el vehículo de placa de rodaje N.° SGO-534, droga que tenía como destino Jordania. Específicamente, se imputa a Edwin Limaco Torres que constituyó la empresa grupo Interla S. A. C., el dos de diciembre de dos mil cinco, con el aporte de capital de ciento cincuenta mil soles, capital que a la fecha no se justifica; asimismo, constituyó la empresa Limacorp E. I. R. L., el diez de octubre de dos mil cinco, en esta empresa hubo un aumento de capital, realizado por un doble registro de sus vehículos de placas de rodajes números SGO-534 y LU-4237; dichos vehículos fueron inscritos como aporte de capital de las empresas grupo Interla S. A. C. y Limacorp E. I. R. L. Respecto a la empresa TS Peruana S. A., si bien fue constituida el dos de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se han realizado aumentos de capital, los cuales no han sido justificados.

III. Delimitación del ámbito de impugnación

Quinto. El sentido impugnativo planteado por los recurrentes, esto es, por el representante del MINISTERIO PÚBLICO (Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio) y la representante de la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS, es cuestionar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Superior; en consecuencia, solicitan se declare nula la resolución venida en grado y se ordene la realización de un nuevo juicio oral, en el cual se tengan en consideración los agravios que exponen.

Sexto. Es pertinente destacar que la representante de la Fiscalía Suprema difiere de la posición planteada por el fiscal superior, pues mediante dictamen fiscal N.° 778-2018-MP-FN-1°FSP (foja ciento uno del cuaderno formado en instancia suprema), respecto a los cargos formulados contra los acusados Leopoldo Luperio Vega López y Aurelio Taboada Palomino por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, propone que se declarare de oficio la excepción de naturaleza de acción, argumentando que la Ley N.° 27765 (vigente a la fecha de la presunta comisión del delito de lavado de activos en el presente caso), no regula el autolavado de activos; en consecuencia, al estar acreditada la responsabilidad penal de los antes mencionados procesados en el delito fuente (tráfico ilícito de drogas), no podría en sus casos, ser pasibles de sanción por la comisión del delito de lavado de activos.

Séptimo. Descrita la posición de la Fiscalía Suprema, en atención al principio de jerarquía del Ministerio Público, que concreta su efecto procesal más relevante en el sistema de recursos, en cuya virtud, la posición procesal del fiscal superior en grado que interviene en el procedimiento impugnativo es la que corresponde al Ministerio Público como órgano público que actúa en el proceso penal; se deberá dar respuesta al agravio referido a la excepción de improcedencia de acción planteado. De otro lado, en lo que respecta al procesado Edwin Limaco Torres, la representante de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal desiste de la pretensión impugnatoria planteada, pues concuerda con la decisión arribada por la Sala Superior, esto es, conviene con la absolución de los cargos por la presunta comisión del delito de lavado de activos; en consecuencia, este Tribunal Supremo no dará respuesta a los agravios expuestos por el fiscal superior sobre este extremo.

Octavo. En cuanto a la impugnación planteada por la representante de la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, esta se mantiene vigente, pues la citada parte procesal no se desistió de la misma, corresponde, en consecuencia, evaluar el íntegro de los agravios que propone.

IV. Sobre el autolavado de activos en la Ley N.° 27765

Noveno. La representante de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, respecto al extremo concerniente a los procesados Leopoldo Luperio Vega López y Aurelio Taboada Palomino, señaló que de oficio se debe declarar la excepción de improcedencia de acción por el delito de lavado de activos imputado. Fundamentó su posición señalando que la Ley N.° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, vigente a la fecha de los hechos (diecinueve de octubre de dos mil cinco al diecinueve de febrero de dos mil siete), no consideraba como sujeto activo del delito de lavado de activos a los intervinientes en el delito fuente, pues es recién con el Decreto Legislativo N.° 986 que se estableció que los intervinientes en el delito previo pueden cometer también el delito de lavado de activos.

Décimo. Sobre el particular, debe precisarse que el Acuerdo Plenario N.° 3-2010/CJ-116, del dieciséis de noviembre de dos mil diez, en su fundamento jurídico catorce, precisó que el delito de lavado de activos, pese a lo complejo de su modus operandi, el cual involucra el tránsito por tres etapas sucesivas conocidas como colocación, intercalación e integración, no desarrolla en la ley penal nacional la exigencia de calidades especiales en el sujeto activo, pues estamos ante un típico delito común que puede ser realizado por cualquier persona; por ello, la fórmula empleada por el legislador peruano no excluye de la condición potencial de autor a los implicados, autores o partícipes, del delito que generó el capital ilícito que es objeto de las posteriores operaciones de lavado de activos.

Decimoprimero. Dicha posición se afirmó por la Corte Suprema de Justicia mediante las ejecutorias supremas R. N. N.° 1052-2012 del quince de enero de dos mil trece y R. N. N.° 1403-2017, del cuatro de abril de dos mil dieciocho, en ellas además se precisa que la Ley N.° 27765 no proscribe en su regulación la sanción al autolavado de activos. Se explica que la modificación del artículo seis de la antes citada Ley por el Decreto Legislativo N.° 986 (utilizada para argumentar la atipicidad de la imputación formulada contra los procesados), no vino a cambiar la ley anterior para establecer la responsabilidad por el delito de lavado de activos del sujeto que realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino a precisar su participación como autor para evitar toda divergencia en ese asunto y mejorar la ley previa, en tanto que la primera norma nunca excluyó su responsabilidad. En ese sentido, es pertinente afirmar que en el presente caso no procede declarar de oficio la excepción de improcedencia de acción, pues la figura del autolavado de activos no se encuentra proscrita en la Ley N.° 27765.

V. Agravios de la representante de la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas

Decimosegundo. La representante de la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, en su recurso de nulidad interpuesto, señaló que existieron vicios en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Superior, los cuales ameritarían la nulidad de la resolución recurrida y la necesidad de un nuevo juzgamiento a efectos de corregir los defectos probatorios denunciados. Así, en primer lugar, cuestionó que las pericias contables elaboradas por los peritos de la Sala Penal Nacional (actualmente, Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios) erróneamente fueron elaboradas tomando como periodo a analizar enero de dos mil siete a diciembre de dos mil diez, esto es, un periodo posterior al hallazgo de la droga incautada, siendo lo correcto analizar el patrimonio y movimientos económicos de los acusados desde un periodo anterior al delito hallazgo.

Decimotercero. Este agravio, a consideración de la indicada parte procesal, guarda relación con el Acuerdo Plenario N.° 07-2011/CJ-116 (fundamentos jurídicos nueve y diez), pues allí se señala que si bien las operaciones por lavado de activos, por lo general tienen lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad desplegada; no obstante, es posible que se produzcan otros supuestos, entre ellos, que el pago por la venta ilícita se realice antes de la entrega o pago por adelantado. En ese sentido, las posibilidades alternativas de realización del delito de lavado de activos, puede comprender situaciones anteriores o posteriores a la consumación o tentativa del delito fuente de los activos ilegales.

Decimocuarto. Bajo ese contexto, este Tribunal Supremo considera que el agravio expuesto por el actor civil es de relevante importancia, en la medida que evidenciaría una vulneración al principio de correlación entre la acusación y la sentencia, así como defectos de motivación esta última, pues la Sala Superior habría fundamentado la resolución recurrida desvinculándose del marco fáctico propuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, es oportuno delimitar cuál fue la imputación que la Fiscalía realizó:

14.1. Al procesado Leopoldo Luperio Vega López se le acusó de haber cometido el delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, por haber formado la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., como una empresa de fachada, a fin de exportar, a través de ella, droga al exterior, insertando dinero de procedencia ilícita a la economía nacional, destinándola para la constitución de dicha empresa, compra de extractos de productos naturales, pago de toda la logística y trámites para la exportación que se pretendió realizar hacia Jordania.

14.2. En lo que se refiere al investigado Aurelio Taboada Palomino, se le acusó de haber cometido el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia, ya que mediante sus actividades ilegales en el delito de tráfico ilícito de drogas, recibió y transfirió dinero del extranjero, cuyo origen se desconoce y que a la fecha no ha acreditado su origen; encontrándose ligado al delito de tráfico ilícito de drogas, justamente con la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., pues conforme con la sentencia por tráfico ilícito de drogas, el citado procesado colaboró con esta empresa, proveyéndola de envases de plástico, cuyo contenido fue sustituido por drogas.

14.3. Por último, respecto al acusado Edwin Limaco Torres, se le imputa el delito de lavado de activos, en su modalidad de actos de conversión, pues constituyó la empresa Grupo Interla S. A. C., el dos de diciembre de dos mil cinco, con el aporte de capital de S/ 150 000; capital que a la fecha no justifica. Asimismo, constituyó la empresa Limacorp E. I. R. L., el diez de octubre de dos mil cinco, en esta empresa hubo un aumento de capital, realizado por un doble registro de sus vehículos de placas de rodajes números SGO-534 y LU-4237. Dichos vehículos fueron inscritos como aporte de capital de las citadas empresas. Respecto a la empresa TS Peruana S. A., si bien fue constituida el dos de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se han realizado aumentos de capital, los cuales no fueron justificados.

Decimoquinto. Conforme se aprecia, los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó a los tres procesados, en su mayoría, se circunscriben a una posible inyección de dinero ilícito, no como producto del pago recibido como contraprestación por la exportación efectiva de droga a la ciudad de Amman, Jordania (lo cual no llegó a ocurrir), sino en virtud de haberse realizado depósitos previos para solventar toda la logística y trámites necesarios para efectuar dicha exportación ilícita.

Decimosexto. Ahora bien, el ya citado Acuerdo Plenario N.° 07- 2011/CJ-116, en su fundamento diez, precisa que el pago que se recibe para el transporte de alguna sustancia ilícita, bien podría tener correspondencia con conductas de intercalación (transferencia) o incluso de integración (ocultamiento o tenencia) dentro de la estructura del lavado de activos; por lo que en el presente caso, una imputación circunscrita a posibles inyecciones de dinero para solventar la logística y trámites para efectuar la exportación de la droga a la ciudad de Amman, Jordania, es una opción válida, viable y compatible con el contenido del injusto del tipo penal analizado.

Decimoséptimo. Así, la evaluación probatoria y el pronunciamiento que el Colegiado Superior desarrolló de cara a la solución del presente caso fue incongruente con los hechos planteados por el Ministerio Público, en la medida que se analizó la configuración del tipo penal de lavado de activos, bajo una secuencia temporal errónea entre este último con el delito fuente, pues:

17.1. Se evaluó la posibilidad de un desbalance patrimonial de los procesados de manera posterior a la fecha de la incautación de la droga el diecinueve de febrero de dos mil siete, lo cual es ilógico, en la medida que no se llegó a concretar la exportación de la citada sustancia ilícita a la ciudad de Amman, en Jordania, no habiendo razones para que se haya efectuado el pago final por la droga comercializada y estos montos dinerarios hayan ingresado al dominio de los procesados.

17.2. Se valoraron dictámenes periciales que carecen de pertinencia para dar respuesta a los cargos formulados por el Ministerio Público, pues analizaron el patrimonio de los procesados teniendo como margen temporal de evaluación de enero de dos mil siete a diciembre de dos mil diez, desconociéndose, además, que en gran parte de ese tiempo, dos de los tres procesados sufrían de carcelería por la condena en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas.

17.3. Se analizó de manera general la actividad comercial de las empresas vinculadas a los procesados, buscándose determinar una intrínseca ilegalidad de estas en el lapso temporal de su existencia jurídica, sin priorizar la evaluación de las fechas cercanas al hallazgo de la droga, sobre todo algunos meses antes (lo que debió hacerse), con el fin de determinarse si existieron ingresos de dinero inusuales y, en el caso de haberlos, cuál fue el sustento, de qué manera se procedió a su contabilidad, cómo se gastaron y si dichas operaciones comerciales guardaron correspondencia con el objeto social de cada empresa; ello siempre adecuado a que la imputación fiscal se circunscribe primordialmente al ingreso de dinero ilícito para los procesados y las empresas vinculadas a ellos, con el objetivo de solventar toda la logística y trámites necesarios para efectuar la exportación de droga a la ciudad de Amman, en Jordania.

Decimoctavo. Los vicios denunciados evidencian la vulneración al principio de correlación entre la acusación y la sentencia, pues no existe conexión entre el supuesto de hecho planteado con las conclusiones arribadas por el Tribunal Superior, lo cual debe subsanarse en un nuevo pronunciamiento. Además, es posible identificar en la fundamentación de la sentencia dos defectos de motivación adicionales, los cuales son:

18.1. Respecto a la empresa Arca de Noé ADN S. A. C., se señaló que los gastos efectuados para la exportación de la droga incautada constituyeron actos para la realización del delito de tráfico ilícito de drogas, siendo un delito que ya tiene condena; sin embargo, no se fundamentó por qué en el presente caso no operaría el supuesto descrito en el Acuerdo Plenario N.° 07- 2011/CJ-116, respecto a las posibilidades alternativas de realización del delito de lavado de activos, comprendiendo situaciones anteriores o posteriores a la consumación o tentativa del delito fuente de los activos ilegales.

18.2. En cuanto al procesado Aurelio Taboada Palomino, existe una motivación aparente respecto al mérito probatorio que se le da a las transferencias de dinero que registra en fechas cercanas al hallazgo de la droga, así como del viaje que realiza a Argentina, en la medida que se descarta ambos indicios con conclusiones irrelevantes a lo que es objeto de discusión, ya que por un lado se señala que la versión brindada por el citado procesado respecto a las transferencias que realizó no sería “descabellada”, pues la persona que le habría encargado hacerlas se encontraba viva al momento en que estas se efectuaron, o que el pago del viaje (pasajes y estadía) a Argentina se encuentra corroborado debido a que las pruebas ofrecidas por el acusado para sustentarlas no fueron tachadas o cuestionadas en juicio oral.

Decimonoveno. En ese sentido, a modo de conclusión es oportuno destacar respecto a la forma en cómo se fundamentó la duda razonable en el presente caso, que no se tuvo en consideración que la prueba por indicios es el método más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, es el único posible para tener acreditada la comisión del delito de lavado de activos (Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433, del once de octubre de dos mil diecisiete, fundamento jurídico veintidós, segundo párrafo). Esto involucra que la evaluación probatoria que el órgano jurisdiccional debe realizar en estos casos, siempre será una lectura integral del conjunto de indicios presentados, a partir de lo cual pueda determinar su coherencia, correspondencia y no contradicción, por lo que los fundamentos que se deben expresar en una resolución de este tipo, ya sea para la absolución o condena de las personas que se encuentren imputadas, deben dirigirse a realizar este análisis de conjunto, esto es, explicar si existe correspondencia y concomitancia entre los indicios evaluados o, en su caso, argumentar sobre la contradicción que existe entre ellos, mas no así realizar una evaluación enfocada a la lectura individualizada de cada indicio, lo que inexorablemente derivará en restar mérito probatorio a este tipo de pruebas.

Vigésimo. En ese sentido, al haberse evidenciado defectos de motivación en la sentencia recurrida, los cuales se encuentran vinculados a la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral del presente caso, deberá declararse nula la resolución venida en grado y ordenarse la realización de un nuevo juicio oral, donde se tenga en cuenta lo señalado en los párrafos que anteceden

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

NULA la sentencia del veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete (foja once mil trescientos sesenta y dos) emitida por el Colegiado D de la Sala Penal Nacional (actualmente, Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios), que resolvió absolver a los procesados Leopoldo Luperio Vega López, Aurelio Taboada Palomino y Edwin Limaco Torres de los cargos atribuidos en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artículo uno de la Ley veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, modificado por el Decreto Legislativo novecientos ochenta y seis; en concordancia con el artículo tres, último párrafo, del mismo cuerpo legal; en consecuencia, ORDENARON que se realice nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, para lo cual deberá tenerse presente lo dispuesto en la última oración, del último párrafo, del artículo doscientos noventa y ocho, del Código de Procedimientos Penales.

 

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