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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2108-2017
AMAZONAS

La prescripción de la acción penal

Sumilla. La prescripción de la acción penal, como causa de extinción de la pretensión punitiva estatal, opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito. La acción penal por el delito de violación de la libertad sexual ha prescrito, en observancia del principio de retroactividad benigna.

Lima, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad formulado por el sentenciado don Víctor Adiel Becerra Ramos (folios doscientos sesenta y ocho a doscientos setenta y tres), con los recaudos adjuntos. Intervino como ponente en la decisión el señor Brousset Salas, juez de la Corte Suprema.

1. DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia conformada de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (folios doscientos cincuenta y tres a doscientos sesenta y tres), emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que condenó a Víctor Adiel Becerra Ramos, como autor del delito de violación sexual de menor, en perjuicio de la adolescente de iniciales M. V. G. M., le impuso tres años de privación de libertad y fijó en mil soles el monto que pagará a favor de la agraviada.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Solicita la suspensión de la ejecución de la pena, sobre la base de los siguientes argumentos:

2.1. La ejecución suspendida de la pena coadyuva a la reinserción del penado a la sociedad.

2.2. Se cumplió con los requisitos previstos en el artículo cincuenta y siete del Código Penal, puesto que la sanción no superó los cuatro años de prisión, la no gravedad del delito y la carencia de antecedentes penales.

2.3. Se deben considerar las circunstancias personales (grado de instrucción y cultura).

2.4. El procesado convive con la agraviada desde el año dos mil, y tienen dos menores hijos, quienes se dedican a los estudios superiores y secundarios respectivamente, la prisión efectiva perjudicó la economía y estado emocional de la familia, puesto que aquel sustenta el hogar.

3. SINOPSIS FÁCTICA DE LA IMPUTACIÓN

Según el sustento fáctico de la acusación fiscal, se tiene que en junio de mil novecientos noventa y tres, el acusado mantuvo relaciones sexuales con la agraviada, cuando aquella contaba con doce años y seis meses de edad. La agraviada se escapó de la vivienda de su abuelo don Tomás Malaver Aguinaga, y se fue con el acusado a Bagua, lugar donde se produjeron las relaciones sexuales. Se debe precisar que a pesar de que el acusado y la agraviada manifestaron que las relaciones sexuales fueron consentidas, producto de la relación sentimental, el bien jurídico protegido es la intangibilidad sexual, lo que invalida el consentimiento.

CONSIDERANDO PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN)

1.1. En el numeral cinco, del artículo siete, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se estableció que:
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

En la Constitución Política:

1.2. En el artículo ciento tres se indica la ley desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo.

1.3. En el numeral once, del artículo ciento treinta y nueve, se establece que la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

En el Código Penal (en adelante CP):

1.4. En el artículo seis, se establece que la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictara una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley.

1.5. En el artículo siete, se indica si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho.

1.6. En el artículo ocho se señala que las leyes destinadas a regir solo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia, aunque ya no estuvieren en vigor, salvo disposición en contrario.

1.7. En el artículo setenta y ocho, se señala que una de las causales de la extinción de la acción penal es la prescripción.

1.8. En el artículo ochenta, se establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años.

1.9. En el artículo ochenta y tres, se señala que la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

1.10. En el artículo ciento setenta y tres ─Ley número veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, publicada el cinco de junio de dos mil uno─, se señala que en el caso de quien practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de edad, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años.

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional:

1.11. En expediente número cero dos mil cuatrocientos siete-dos mil once-PHC/TC-Lima, de diez de agosto de dos mil once, fundamento jurídico segundo, se señaló con razonabilidad que:

La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existe apenas memoria social de ella.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO

2.1. El examen de los agravios formulados por el acusado y la dilucidación fáctica y probatoria, no puede soslayar la verificación de un requisito sustancial: la vigencia de la acción penal. De este modo, es preciso reconocer, como garantía inherente del debido proceso, que la persecución penal por la comisión de un delito no tenga carácter indeterminado, esto es, que se prolongue más allá de lo estrictamente necesario, razonable y proporcional; erigiéndose la prescripción, como un mecanismo legal de autolimitación del poder punitivo estatal, cuya finalidad esencial es preservar la seguridad jurídica. La base normativa esta prevista en el apartado uno punto siete del SN.

2.2. Acorde con ello, transciende que la prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional al encontrarse vinculada con el derecho al plazo razonable del proceso; el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso; constituyendo, en sí misma, una sanción ante la inacción del Estado de cara a la persecución eficaz del delito. De ahí que, en caso de mantenerse vigente la acción penal indefinidamente se vulneraría el derecho al plazo razonable del proceso. La prosecución de un proceso penal, sin ningún límite material-temporal, resulta a todas luces inconstitucional, de acuerdo con la perspectiva instaurada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver apartado uno punto uno del SN).

2.3. Sobre la base de lo expuesto, es oportuno señalar que al acusado se le imputa el delito de violación sexual de menor de edad. El hecho incriminado fue subsumido en el numeral tres, del artículo ciento setenta y tres del CP ─vigente en la época de los hechos─, que preveía una penalidad no menor de cinco años de prisión.

2.4. Sin embargo, con posterioridad, entró en vigencia la Ley número veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, de cinco de junio de dos mil uno, que modificó dicha norma sustantiva en lo concerniente a la pena abstracta, estableció una nueva escala punitiva, es decir, no menor de diez ni mayor de quince años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, en observancia al principio de retroactividad benigna, de conformidad con los apartados uno punto dos y uno punto tres del SN, corresponde la aplicación de esta última norma penal, sobre la base de un criterio jurídico-constitucional de favorabilidad.

2.5. En el caso concreto, la norma prevista es la fijada en el apartado uno punto diez del SN, es decir, está previsto con una pena no menor de diez ni mayor de quince años. Por consiguiente, los plazos de prescripción serían los siguientes: ordinario, quince años (ver apartado uno punto ocho del SN) y extraordinario, veintidós años y seis meses (ver apartado uno punto nueve del SN).

2.6. Confrontada la data de los hechos imputados, esto es, en junio de mil novecientos noventa y tres (marco referencial de la imputación), resulta evidente que este habría vencido en diciembre de dos mil quince.

2.7. Mediante resolución del tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco se declaró reo ausente al procesado. El catorce de julio de dos mil diecisiete fue detenido y puesto a disposición por la policía de Bagua. El diecisiete de julio del mismo año fue internado en un centro penitenciario por encontrarse con mandato de detención.

2.8. El veintiuno de julio de dos mil diecisiete se emitió la sentencia conformada, en el cual se le condenó a tres años de prisión efectiva y mil soles de reparación civil, a pesar de que la acción prescribió en diciembre de dos mil quince.

2.9. En esa línea, el artículo cinco del Código de Procedimientos Penales, confiere la facultad de resolver de oficio una excepción de prescripción de la acción penal, en cualquier estado del proceso. Por lo tanto, este Tribunal Supremo declara fundada de oficio la excepción señalada, ordenando archivar definitivamente la causa. Es una decisión de pleno derecho.

2.10. En consecuencia, ha cesado la persecución del delito por prescripción. Carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida y los agravios puntualizados en el recurso de nulidad.

DECISIÓN

Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, ACORDARON:

I. Declarar HABER NULIDAD en la sentencia conformada de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (folios doscientos cincuenta y tres a doscientos sesenta y tres), emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que condenó a Víctor Adiel Becerra Ramos, como autor del delito de violación sexual de menor, en perjuicio de la adolescente de iniciales M. V. G. M., le impuso tres años de privación de libertad y fijó en mil soles el monto que pagará a favor de la agraviada.

II. REFORMÁNDOLA, DECLARAR de oficio extinguida la acción penal, por prescripción, incoada contra el referido procesado, del delito y agraviada antes indicado; y, en consecuencia, fenecido el presente proceso.

III. ORDENARON la inmediata libertad del encausado, siempre y cuando no subsista en su contra orden o mandato de detención emanado por autoridad competente, procediéndose a la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales como consecuencia del presente proceso.

IV. DISPUSIERON el archivo definitivo del proceso, y se oficie en el día a la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, para los fines de la excarcelación respectiva. Hágase saber y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Brousset Salas, por vacaciones del señor juez supremo Salas Arenas.

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