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DIFAMACIÓN AGRAVADA : No se justificaron premisas que descartaban el ánimo de difamar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 806-2018
LIMA

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIÓN JUDICIAL

Sumilla. La motivación de la resolución de vista y de la de primera instancia no han justificado sus premisas, y al haber dejado de evaluar en su integridad los términos utilizados por la parte querellante, corresponde rescindirlas, con la finalidad que se dé respuesta motivada a los términos de la demanda del querellante.

Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho

VISTO: El recurso de nulidad interpuesto por el querellante ORESTES CACHAY BOZA contra el auto de vista del once de agosto de dos mil diecisiete, de páginas ciento seis a ciento diez-vuelta, emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó el auto del cinco de abril de dos mil diecisiete, de páginas cuarenta a cuarenta y dos, emitida por el Quinto Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres, que declaró no ha lugar a la querella que interpuso contra Martín Arturo Pérez Guerrero, Margarita Eva Lobatón Erazo, Eva Katiuska Bolívar Lobatón y Walter Joshua Palomino Ramírez, por delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada.

Con lo expuesto en el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS

1. Se atribuyó a MARTÍN ARTURO PÉREZ GUERRERO, MARGARITA EVA LOBATÓN ERAZO, EVA KATIUSKA BOLÍVAR LOBATÓN y WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ, que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis se publicó en la portada principal del diario La Nación, un reportaje titulado: “Ladrones y corruptos”, ello en referencia al querellado, porque en la página número tres de esa misma edición, se le mencionó: “Rector Orestes Cachay encubre robo en San Marcos”.

2. El dos de setiembre de dos mil dieciséis, la portada del diario La Nación publicó el titular: “Aprista Cachay quiere convertir San Marcos en un instituto tecnológico que produzca técnicos baratos para las grandes transnacionales”; y, en la página tres de esa misma edición, señaló: “El odio de Orestes Cachay a las humanidades y las ciencias sociales es por su bajo nivel académico ya que dicen que como proviene de la Universidad Villarreal que es su alma mater, allí no le enseñaron lo que es una universidad y la importancia de las humanidades y las ciencias sociales para formar conciencia crítica de una nación”.

3. El nueve de setiembre de dos mil dieciséis, publicaron en la portada principal de diario La Nación: “Corruptos a la cárcel por fraude en San Marcos”, la denuncia fue preparada por la querellada. El catorce y veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis volvió a publicar: “El Comité Electoral ejecuta fraude en San Marcos”, y se publicó un reportaje titulado: “Rector Cachay destruye San Marcos”, señalando que el Poder Judicial anulará su elección.

4. El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis publicó en su portada principal: “Mafia aprista toma San Marcos con Orestes Cachay”.

ARGUMENTOS DEL AUTO IMPUGNADO

5. El Colegiado Superior sustentó su decisión, sobre la base de los siguientes argumentos:

5.1. Se sostiene que las publicaciones se realizaron dentro de una contienda electoral, donde el querellante era candidato al rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y están referidos a criticar las elecciones a la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad de la citada universidad, así como a los integrantes de los comités electorales, por lo que no existió ánimo de difamar.

5.2. Los funcionarios públicos están expuestos a una limitación más amplia de algunos de sus derechos en razón del interés público, pues sus actos importan a toda la comunidad y en el presente caso, solo fueron críticas contra el querellado.

5.3. No existe ninguna afirmación que involucre aspectos de la intimidad personal del querellante que sean afectados por las publicaciones, por lo que no existe ánimus difamandi (intención de difamar).

5.4. En el supuesto negado que las publicaciones propaladas constituyan una conducta típica, se está ante la excepción de responsabilidad por el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información y de expresión, previsto en el numeral ocho, del artículo veinte, del Código Penal.

FUNDAMENTO DE LOS AGRAVIOS

6. El querellante, en su recurso de nulidad de páginas doscientos dieciocho a doscientos veinte, alegó los motivos siguientes:

6.1. Las publicaciones tienen alcance masivo y se realizaron fuera de los deberes éticos y profesionales, por lo que los términos “ladrones”, “corruptos” y “mafia aprista”, no pueden ser calificados como criticas, al ser ofensivos.

6.2. Se aplicó indebidamente la causa de justificación prevista en el numeral ocho, del artículo veinte, del Código Penal, pues el Acuerdo Plenario número tres-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, establece cuales son los límites para el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión.

CALIFICACIÓN DEL DELITO

7. El delito de difamación agravada, a la fecha de la comisión de los hechos, se encuentra tipificado en el artículo ciento treinta y dos, del Código Penal, que prescribe: “El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa […]”.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

8. El punto de partida para analizar la Sentencia de Mérito, es el principio de impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

9. El artículo trescientos catorce del Código Penal prescribe: “Los jueces instructores sustanciarán los procesos por los delitos de calumnia, difamación e injurias, perpetrados por medio de impresos o publicaciones, o prensa, o con escritos, vendidos o exhibidos o por carteles expuestos al público […]”. Este artículo implica el control de legalidad de los hechos invocados por el querellante, por lo que es necesario verificar si en el presente caso existen elementos de juicio reveladores de la existencia del delito.

10. Los motivos de impugnación son dos aspectos: a) el ánimo de difamar dentro de un contexto electoral; y b) la ausencia de justificación en las expresiones por el querellado que revelen el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información y expresión; sin embargo, se aplicó el numeral ocho, del artículo veinte, del Código Penal.

Es claro que los motivos se dirigen a subrayar que existirían indicios o elementos que vincularían a los querellados Martín Arturo Pérez Guerrero, Margarita Eva Lobatón Erazo, Eva Katiuska Bolívar Lobatón y Wálter Joshua Palomino Ramírez, con el delito de difamación agravada y está vinculado a cuestionar la motivación de las resoluciones judiciales, las que serán absueltas en conjunto. Por tanto, verificaremos si las premisas invocadas por el Tribunal Superior para sustentar su decisión, se encuentran justificadas.

11. Antes de pasar a evaluar los motivos invocados, es necesario identificar a los querellados que presuntamente habrían participado en la difusión de las notas periodísticas que se denuncia como lesivos al honor del impugnante. Se verifica que el diario “La Nación” tiene como director a “Álex Ramírez” en las ediciones del treinta y uno de agosto, dos, nueve, catorce y veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis. En la edición del diez y veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, figura como editor “Óscar Ramírez”. Este cambio en el nombre del director del propio diario, no permite identificarlo e individualizarlo como corresponde. A su vez, debe subrayarse que precisamente el director toma un papel preponderante en la difusión de una noticia –o reportaje para el caso en prensa escrita–, pues es el máximo responsable del funcionamiento y contenido del periódico.

12. También se advierte que no se explica cómo el director del diario “La Nación” no está identificado en las ediciones que han sido anexadas por el querellante. Sin embargo, él mismo indagó registralmente sobre las autoridades del diario “La Nación“, como se advierte de los reportes registrales –páginas veintiséis a veintinueve–, siendo el Gerente General Martín Arturo Pérez Guerrero –página veintinueve–, y como socios fundadores Wálter Joshua Palomino Ramírez, Eva Katiuska Bolivar Lobatón y Margarita Eva Lobatón –página veintiséis–; siendo estas las personas que han sido querelladas por el impugnante, pero no se fundamentó en qué consiste la directa intervención en las publicaciones que se cuestionan.

13. El Colegio de Periodistas del Perú, en la carta del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis –página treinta y cuatro–, señala: “si bien nuestras leyes establecen que los responsables del contenido en un medio de comunicación son el director y los editores, siendo el caso imposible identificarlos […] al conocerse que su gerente general es la Sra. Margarita Eva Lobatón Erazo debería caer la responsabilidad sobre ella”. Lo relevante de esta información, es que el gerente general también respondería por la difusión de las notas o portadas del diario. Además de ello, se tiene que Margarita Eva Lobatón Erazo a la fecha de los hechos ya no era gerente general, sino, el también querellado Martín Arturo Pérez Guerrero –página veintinueve–.

14. En este sentido, al no haberse sustentado mínimamente la presunta vinculación directa de los querellados Wálter Joshua Palomino Ramírez, Eva Katiuska Bolivar Lobatón y Margarita Eva Lobatón, con la difusión de las portadas del diario “La Nación” que se consideran lesivas al honor, y en atención a la comunicación emitida por el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Periodistas del Perú, que le atribuiría responsabilidad al gerente general del diario “La Nación”, y no teniendo los antes mencionados tal condición a la fecha de los hechos, corresponde ratificar la decisión en cuanto a estos querellados se refiere la resolución de la Sala de instancia.

15. Entonces, de los recaudos con que se cuentan, el querellado Martín Arturo Pérez Guerrero es el gerente general del diario “La Nación” a la fecha de los hechos, por lo que corresponde verificar si existen elementos que lo vincularían con el delito imputado. El primer motivo expuesto por el impugnante, tiene conexión directa con el ánimo difamandi (intención de difamar). El Tribunal Superior sustentó su decisión señalando que las publicaciones cuestionadas son solo críticas contra el querellante dentro de un proceso electoral. Es útil para el caso señalar que: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso […]” , “importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso” .

16. En el presente caso, es pertinente citar el Expediente número cero cero setecientos veintiocho-dos mil ocho-PHC/TC (Llamoja Hilares), donde el Tribunal Constitucional explicitó los tipos de motivación, entre ellas el de motivación insuficiente que se refiere básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, no se trata de dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

17.La premisa invocada respecto a que no existió ánimo de difamar, no fue justificada debidamente por el Tribunal Superior. En este caso, el Tribunal Superior ni el juez especializado analizaron con rigor cada una de las publicaciones cuestionadas por el querellante Orestes Cachay, conforme a los parámetros que dispone el Acuerdo Plenario número tres-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis – Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Supremas, de fecha trece de octubre de dos mil seis . Por ejemplo, una de las notas más relevantes, que se sostiene en la demanda del querellante, son las frases siguientes que se le atribuye al querellado: a) “Mafia aprista toma San Marcos con Orestes Cachay”; y b) “Rector Orestes Cachay encubre robo en San Marcos”, atribución de hecho o cualidad al querellante que presuntamente perjudicaría su honor y se difunden por medio de la prensa que vincularía al recurrente con una “mafia”, así como con el delito de robo.

18. Estos puntos, como se indicó, debieron ser sometidos a evaluación y no solamente señalar de manera genérica que las publicaciones son simples críticas a la función pública y dentro de un proceso electoral, más aun cuando las portadas se dieron en un tiempo posterior a las elecciones electorales universitarias, donde fue elegido como rector el querellante Orestes Cachay.

19. Por otro lado, si el Tribunal Superior era de la postura que las portadas del diario “La Nación” que se cuestionan, estaban justificadas en aplicación del numeral ocho, del artículo veinte, del Código Penal, que exime de reproche penal a aquella persona que obra en el ejercicio legítimo de un derecho, para el caso, el de información; debió hacerse un juicio de ponderación entre el derecho a la información como el derecho al honor, partiendo de conceptos claros y verificarse si lo proferido tenía indicios razonables o no en los documentos adjuntados como así lo exige el acuerdo plenario antes mencionado.

20. En consecuencia, en atención a que la motivación de las resoluciones de vista y de la primera instancia no han justificado sus premisas, y al haber dejado de evaluar en su integridad los términos utilizados por la parte querellante, corresponde rescindirlas, solo en el extremo que se dirige la querella contra Martín Arturo Pérez Guerrero, con la finalidad que se dé respuesta motivada a los términos de la demanda del querellante. En este extremo se incurrió en causal de nulidad previsto en el artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales. El recurso se ampara parcialmente.

DECISIÓN

Por tales fundamentos, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en el auto de vista del once de agosto de abril de dos mil diecisiete, de páginas ciento seis a ciento diez-vuelta, emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que confirmó el auto del cinco de abril de dos mil diecisiete, emitido por el Quinto Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres, que declaró no ha lugar a la querella interpuesta por Orestes Boza Cachay, contra Margarita Eva Lobatón Erazo, Eva Katiuska Bolívar Lobatón y Wálter Joshua Palomino Ramírez, por delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio del citado querellante.

II. NULO el propio auto de vista del once de agosto de abril de dos mil diecisiete, de páginas ciento seis a ciento diez-vuelta, en el extremo que confirmó el auto del cinco de abril de dos mil diecisiete.

III. NULO el auto del cinco de abril de dos mil diecisiete, de páginas cuarenta a cuarenta y dos, emitido por el Quinto Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres, en el extremo que declaró no ha lugar a la querella interpuesta por Orestes Cachay Boza contra Martín Arturo Pérez Guerrero, por delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio del citado querellante.

IV. DISPUSIERON que se devuelvan los actuados al Tribunal de origen y se siga el trámite previsto con la finalidad que el juez penal emita pronunciamiento en el extremo respectivo realizando una nueva calificación de la demanda de acción privada.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos, por licencia del señor juez supremo Lecaros Cornejo.

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