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PECULADO. Absolución. Insuficiencia probatoria que acredite desplazamiento de caudales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.0 1965-2017
UCAYALI

EL DELITO DE PECULADO DOLOSO

SUMILLA. En el delito de peculado doloso, previsto y sancionado en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, la acción típica supone un desplazamiento patrimonial de los caudales o efectos de la esfera de dominio del Estado a la esfera de dominio personal del funcionario público o de terceros, por lo tanto, la prueba debe orientarse a determinar la existencia de un desbalance patrimonial respecto de los bienes que en algún momento le fueron confiados a los presuntos autores con motivo de su cargo, Por lo que, es necesario establecer en primer lugar si ese desmedro patrimonial se ha producido para luego examinar si es posible atribuir responsabilidad penal.

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO contra la sentencia del veintiuno de julio de dos mil diecisiete (folio setecientos cincuenta y cuatro) que absolvió a Juan José Pagán Atencio de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado en agravio del Estado, representado por el Centro de Salud de Atalaya. Con lo expuesto con el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo CASTAÑEDA ESPINOZA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. AGRAVIOS FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO

El fiscal superior en su recurso de nulidad (folio setecientos ochenta) cuestionó la absolución dictada a favor del procesado Juan José Pagán Atencio y expresó:

1.1. Los fundamentos de la sentencia contienen una errónea valoración de los medios probatorios actuados en el proceso y en juicio oral; esta señaló que no se logró establecer que el acusado tuvo como función recaudar y/o manejar los fondos de la institución, ya que Segundo Salvador Montes Taype era la persona que se desempeñó como cajero el año en que se llevó a cabo la actividad social; que el acusado habría ordenado la realización de actividades para la mayordomía por encargo del director de la Red de Salud, Adelmo Guerrero Enciso y que no se habría logrado recabar el Manual de Organización de funciones y Reglamento de Organización de funciones del Centro de Salud; sin embargo, contrariamente a ello, existen elementos probatorios suficientes que acreditan que el imputado tuvo injerencia directa sobre la disposición que se dio a los fondos recaudados en las dos campañas realizadas profondos de la mayordomía de San Antonio de Padua.

1.2. El imputado al ostentar el cargo de director del Centro de Salud de Atalaya, no solo tenía la disponibilidad jurídica sobre dichos bienes, sino la obligación de administrarlos correctamente; sin embargo, autorizó que al dinero recaudado en la campaña de atención médica se le dé un uso particular y, si bien, cumplió con devolver el dinero gastado indebidamente en la fiesta patronal, no lo exime de su responsabilidad en el delito, pues durante el tiempo en que el dinero no fue devuelto, se privó a la entidad de la disposición que debió de tenerse del mismo.

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

2.1. La acusación fiscal (folio cuatrocientos ochenta y ocho y ampliación de folio quinientos treinta y tres) atribuyó al procesado Juan José Pagán Atencio, haber utilizado para otro, caudales o efectos del Estado-Centro de Salud de Atalaya, los mismos que estaban destinados al apoyo social traducido en la atención al público, hecho ocurrido en mayo de dos mil ocho, mediante la realización de una campaña ecográfica y de laboratorio por espacio de tres días denominada “Promayordomía de San Antonio de Padua 2008”, al haberse realizado una serie de cobros por atenciones de exámenes de laboratorio y ecografías cuyos ingresos fueron destinados para asumir la mayordomía antes mencionada.

2.2. Para contar con dichos fondos, se atendió en el laboratorio a setenta y nueve personas cobrándose a cada una cincuenta y dos soles y se realizaron veinte atenciones de ecografías, cobrándose diez soles por cada una, lo que recaudó un total de cuatro mil ciento treinta y ocho soles, conforme se advierte del Informe N.° 007-2007-CJA CHICA-SCA, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil ocho; Informe N.° 001-2008-COMISIÓN SAN ANTONIO CSA, de fecha nueve de setiembre de dos mil ocho e Informe N.° 1-2008-JJPA del nueve de octubre de dos mil ocho, destinándose la suma de dos mil novecientos veinte para el mencionado evento e ingresando a la institución la suma de mil trescientos noventa soles mediante Boleta N.° 031543.

TERCERO. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

La sentencia impugnada basa su decisión en que, con motivo de la celebración de las festividades de San Antonio de Padua, el Centro de Salud de Atalaya, asumió la mayordomía y, para el efecto, en Asamblea se nombró una comisión con la finalidad de recolectar dinero para los gastos. Según el Informe N.° 001-2008 Comisión San Antonio, del nueve de octubre de dos mil ocho, y el Informe N.° 007-2007-Caja Chica-CSA del diecinueve de setiembre de dos mil ocho, se tiene que en reunión realizada con la participación del director ejecutivo, señor Adelmo Guerrero Enciso, se dispuso que el dinero restante de la campaña sea depositado en la caja del Centro de Salud Atalaya; siendo así, no se ha logrado establecer que el acusado haya tenido como función recaudar y/o manejar los fondos de la institución, sino que fue Segundo Salvador Montes Torre, quien se desempeñó en el año dos mil ocho como cajero del Centro de Salud.

CUARTO. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA

Se evidencia que el Colegiado no ha realizado una adecuada valoración de las pruebas, en tanto de estas se desprende que el procesado en su condición de jefe del Centro de Salud de Atalaya, tenía vinculación con los caudales o fondos percibidos por dicha entidad agraviada, infringió sus deberes funcionales ya que dispuso el cobro de servicios de laboratorio, rayos X, ecografías y otros, sin que se expidiera boletas de ventas con la finalidad de no ingresar lo recaudado a la cuenta corriente bancaria de la entidad y utilizar tales fondos para una festividad religiosa. Se concluye la existencia de infracción a las garantías de la adecuada valoración de los medios probatorios y a la debida motivación de las resoluciones judiciales incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del Código de Procedimientos Penales.

QUINTO. CUESTIONES DOGMÁTICAS DEL DELITO DE PECULADO

“[…] En el delito de peculado doloso, previsto y sancionado en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, la acción típica supone un desplazamiento patrimonial de los caudales o efectos de la esfera de dominio del Estado a la esfera de dominio personal del funcionario público o de terceros, por lo tanto, la prueba debe orientarse a determinar la existencia de un desbalance patrimonial respecto de los bienes que en algún momento le fueron confiados a los presuntos autores con motivo de su cargo y, en ese sentido, es necesario establecer, en primer lugar, si ese desmedro patrimonial, se ha producido para luego examinar si es posible atribuir responsabilidad penal” . Esta instancia suprema, en reiterada jurisprudencia, ha sido clara al determinar que debe acreditarse la afectación al patrimonio del Estado para que pueda configurarse el delito en cuestión. Así pues, “De conformidad con el Acuerdo Plenario número cuatro dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis [el peculado] se configura cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza los caudales […]; para ello, se hace necesario que se acredite de forma fehaciente la indebida utilización de los fondos o efectos estatales encomendados, resultando determinante para su corroboración una pericia contable” .

SEXTO. SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El derecho a la presunción de inocencia se configura tanto regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo o elementos indiciarios válidos, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referidas a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma queda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos.
El Tribunal Constitucional, al respecto ha señalado:

[…] parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula con el hecho de que dicho derecho incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción iure et de iure o absoluta, de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria .

SÉTIMO. ANÁLISIS DEL CASO

La imputación fiscal en contra del acusado Juan José Pagán Atencio radica en que en su condición de jefe del Centro de Salud de Atalaya, habría ordenado que en el mes de mayo de dos mil ocho, la entidad antes mencionada realice la campaña de análisis de laboratorio y exámenes de ecografía y rayos X y, que los fondos recaudados sean destinados a la mayordomía de San Antonio de Padua, Atalaya, es decir gastos ajenos a la institución; sin embargo, de lo actuado en el presente caso se estableció que:

7.1. El acusado no tenía competencia funcional sobre los bienes del centro asistencial, tal como lo exige el tipo penal, pues su función fue netamente clínica.

7.2. Se trató de una actividad previamente asumida en el año dos mil siete, en el marco de la costumbre del pueblo para celebrar la festividad de su santo patrón, y que fue programada previamente por los funcionarios, trabajadores y el párroco del pueblo, realizándose con tal fin una asamblea en la que se eligió una comisión denominada San Antonio de Padua, conformada por las personas de Mónica Leveau, presidente; Agustín Huayana, tesorero; y Ana Cambero, secretaria, tal como se advierte del Informe N.° 001-2008 (folio ochenta y seis) que textualmente señala: “La dirección de la Red de Salud N.° 3-Atalaya y el Centro de Salud de Atalaya, en el mes de junio de dos mil siete, asume la mayordomía de San Antonio de Padua, compromiso que se adquiere con toda la parroquia y la población; consiste en organizar actividades de apoyo social a favor de los que menos tienen, ofrecer el almuerzo”; del acta de sesión de coordinación del comité (folio veintinueve) celebrada el catorce de julio de dos mil ocho: “el señor Agustín Huayana Sánchez toma la palabra y da a conocer acerca del acuerdo que existía del ingreso de dinero directamente como fondo para la fiesta patronal. Concepto de exámenes de laboratorio; asimismo, explica acerca de las cuotas que dio el personal del centro de salud, de la red y de la venta de rifas”; e Informe N.° 007-2007-Caja Chica CSA (folio setenta y tres) que da cuenta de la exposición y aprobación del balance de los gastos realizados.

7.3. Y no se acreditó el desplazamiento patrimonial del Estado hacia el funcionario público o un tercero, así como tampoco se causó perjuicio al Estado, ya que se trató de fondos privados recaudados a través de los aportes de los pobladores del lugar que participaron de la campaña médica cuya realización fue acordada en asamblea general.

OCTAVO. A ello corrobora el dictamen pericial contable (folio seiscientos ochenta y nueve) elaborado por los contadores públicos José Alberto Chocano Figueroa y Valeriano Atencio Ávalos, indica que el objetivo principal de la pericia fue cuantificar, identificar los hechos ocurridos en el mes de mayo de dos mil ocho, en el Centro de Salud de Atalaya; cuantificar los ingresos y gastos con comprobantes de pago para determinar el posible perjuicio económico causado al Centro de Salud e identificar a los servidores de acuerdo a las funciones desempeñadas que intervinieron en los hechos.

8.1. La pericia concluye que contablemente no se ha identificado perjuicio económico en contra del Centro de Salud de Atalaya y se ha determinado la cantidad de fondos públicos, recaudados producto de la campaña de análisis de laboratorio, exámenes de ecografía y rayos X, en el mes de mayo de dos mil ocho, en total asciende a cuatro mil trescientos ocho soles, monto que fue devuelto mediante Boletas de Venta números 001-031543 por el monto de mil trescientos noventa soles y 001-0066850 por el monto de dos mil novecientos veinte soles, más mil trescientos catorce por los intereses generados”.

8.2. El glosado dictamen fue ratificado por los peritos contables autores del mismo en sesión de audiencia del catorce de junio de dos mil diecisiete (ver folio setecientos doce) quienes precisaron: “el Informe N.° 007-2007-Caja chica SCA. Que se menciona en el numeral 5.1. Está ligado con el 5.3. Donde mencionamos que el monto que figura como gasto, fue utilizado para la mayordomía, por lo tanto, no son gastos de la entidad”.

NOVENO. Al respecto; la versión del acusado Juan José Pagán Atencio, es persistente en su negativa en la comisión del delito de peculado materia de incriminación, al señalar que por los mismos hechos se le siguió un proceso administrativo, que fue archivado por falta de pruebas, tal como consta de la Resolución Directoral N.° 498-09-GRU-DIRESAU-OAJ, de fecha catorce de julio de dos mil nueve ─folio ciento setenta y cinco─ y que la campaña médica se realizó por orden verbal expresa del director de la Red de Salud Atalaya de aquel entonces, el médico Adelmo Segundo Guerrero Enciso, quien coordinó con el cajero Segundo Montes Torres para que se realicen los cobros de los exámenes con la finalidad de recaudar fondos para el patronato de la festividad de San Antonio de Padua, por ello, en su condición de jefe del Centro de Salud en el año dos mil ocho ─cargo que ejerció del mes de enero al dos de junio de dos mil ocho─, tomó conocimiento que la red de salud había asumido la mayordomía para dicha festividad. Su labor fue coordinar el rol de turnos de los médicos y enfermeras para cumplir con la atención de los exámenes a realizarse, así como la cantidad de medicamentos e instrumentos a ser utilizados y, los cobros respectivos, los coordinó con el cajero Segundo Salvador Montes Torres, persona que fue contratada directamente por Adelmo Segundo Guerrero Enciso. Precisa, que recién en julio del citado año, cuando asistió a una reunión general, se enteró del monto recaudado y gastos generados por dicha actividad, cuando se informó sobre un balance de lo que significó la actividad y la celebración de la festividad al asumir la mayordomía por parte del centro de salud (ver manifestación policial de foja ciento sesenta y ocho, instructiva de folio doscientos cincuenta y cuatro y, en juicio oral a folio seiscientos tres).

DÉCIMO. Corrobora a lo antes señalado la testimonial de Agustín Huayana Sánchez, brindada en el juicio oral (folio seiscientos cincuenta y uno), quien afirmó que la persona de Adelmo Segundo Guerrero Enciso, director de la red de salud fue quien lo autorizó a realizar las actividades de campaña ecográfica y de laboratorio pro mayordomía San Antonio de Padua, quien además, le indicó que todo el personal estaba de acuerdo con dicha actividad para recaudar fondos, razón por la cual llevó el control de los fondos por tener la condición de tesorero de la comisión; puntualiza que la rendición de cuentas fue realizada directamente a sus compañeros y al director de la red de salud. Esta testimonial guarda relación con la declaración ofrecida por Bernardo Huayllani Taype, en la cuarta sesión de juicio oral (folio seiscientos treinta y cuatro) quien se desempeñó en el año dos mil ocho como jefe del Centro de Salud en mención e indicó que tomó conocimiento de la participación de la actividad por parte de su entidad y que se tuvo la orden del director Adelmo Guerrero Enciso para la realización de la mayordomía, siendo el cajero del Centro de Salud, el encargado de administrar el dinero recaudado de las campañas médicas.

DECIMOPRIMERO. Por todo lo expuesto, esta Sala Suprema advierte que no existen elementos probatorios suficientes que sustenten la tesis incriminatoria del Ministerio Público respecto a la comisión del delito de peculado, toda vez que los medios probatorios no acreditan que haya existido desplazamiento patrimonial de los caudales del Estado a favor del procesado en su calidad de funcionario o un tercero y, por ende, la existencia de un desbalance patrimonial que afecte a la entidad. En tales condiciones, se puede concluir que la actividad indagatoria realizada en el caso materia de análisis no ha podido desvirtuar el principio de presunción de inocencia que protege al encausado, previsto en el literal e, numeral veinticuatro, del artículo dos, de la Constitución Política. Por tanto, corresponde mantener la absolución dictada a favor de Juan José Pagán Atencio.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintiuno de julio de dos mil diecisiete (folio setecientos cincuenta y cuatro) que absolvió a Juan José Pagán Atencio, de la acusación fiscal por el delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado, en agravio del Estado, representado por el Centro de Salud de Atalaya. Y los devolvieron.

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